Sorpresiva falta de quórum del oficialismo en la Cámara de Diputados para no tratar repudio a los vetos de Milei

Esta mañana, pasadas las 12.30 horas, se declaró la desierta la sesión de la Cámara de Diputados debido a que los legisladores del oficialismo no quisieron dar quórum, a pesar de que muchos de ellos estaban en la Legislatura, como pudo constatar este medio. En total, había 20 legisladores presentes, siendo la mayoría de ellos opositores y algunos aliados del oficialismo.

El motivo detrás de esta sorpresiva falta de quórum que claramente se decidió a último momento, apuntaron los opositores presentes, sería un proyecto de la diputada Gloria Petrino, pidiendo “declarar el más absoluto repudio al veto presidencial” que afecta “el aumento de las jubilaciones, la moratoria previsional y la Ley de Emergencia en Discapacidad”, solicitándole además a Claudio Poggi “que se pronuncie públicamente sobre este veto presidencial”.

Fuera de ese tema, el orden del día incluía el proyecto de Carlos Pereira con respecto a Sadaic y la ratificación del decreto provincial que creó la Secretaría de Estado PANE. Sobre este último tema, desde la oposición adelantaron que lo iban a acompañar, aunque con el consabido pedido de que se den a conocer los proveedores del PANE.

Claramente, a nivel provincial no había ningún tema particularmente complicado para el oficialismo, por lo que desde la oposición apuntaron al proyecto de Petrino y el supuesto pacto entre el poggismo y La Libertad Avanza, que se ve reflejado en que el espacio del Gobernador haya decidido no participar de las próximas elecciones nacionales, despejándole la cancha al mileísmo.

“La verdad es que es muy llamativo, pero básicamente es muy doloroso. Muy doloroso porque el país está viviendo una situación de crueldad absoluta con esta situación del veto de Milei a la ley por la emergencia en discapacidad y a la ley para el ajuste jubilatorio. Hoy tenemos el tema aquí en el recinto planteado desde nuestro bloque para repudiar el veto del Presidente y para pedirle al gobernador Poggi que se exprese, que se pronuncie en relación a esta situación que está viviendo el pueblo argentino y el pueblo de San Luis. San Luis tiene discapacitados, San Luis tiene jubilados y es muy importante que el gobernador de la provincia se pronuncie en relación a esta situación”, dijo Petrino.

Consultada por la sorpresa que fue que el oficialismo no bajara al recinto, la opositora comentó que espera que haya sido “por vergüenza”. “Los acuerdos políticos que puede tener Poggi con Milei que sin duda lo tiene, por eso esta conducta frente a las próximas elecciones nacionales y demás, está prevaleciendo por sobre los derechos y las garantías que debemos otorgarles, y él como gobernador, le debe otorgar a los jubilados y discapacitados de San Luis. Entonces en este juego de acuerdos políticos queda de rehén la provincia de San Luis lo que realmente es muy preocupante”, concluyó Petrino.

Detuvieron a dos jóvenes por provocar un incendio en la Autopista de las Serranías Puntanas

Dos jóvenes de 18 y 20 años fueron detenidos este martes a la madrugada, tras ser sorprendidos por la Policía mientras provocaban un incendio en la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura de su intersección con Ruta 3, según informó el Ministerio de Seguridad.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:30, cuando un llamado al sistema 911 alertó sobre la presencia de dos personas iniciando un foco ígneo a la vera de la autopista. Efectivos policiales acudieron de inmediato al lugar y constataron el principio de incendio.

Al advertir la presencia policial, los sospechosos intentaron darse a la fuga. Uno fue aprehendido en el acto, mientras que el otro fue localizado y reducido pocos minutos después en las inmediaciones. Ambos se resistieron a la requisa y se negaron inicialmente a identificarse.

El fuego fue rápidamente controlado y sofocado. La fiscal adjunta de la Fiscalía N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial, Ornela Acosta, fue informada del procedimiento y ordenó imputar a los detenidos por “averiguación incendio”. También se dispuso la intervención de la Policía Ambiental.

Tras cumplirse las diligencias correspondientes, la Fiscalía dispuso que ambos recuperaran la libertad, medida que debía concretarse dentro de las 24 horas desde el momento de la aprehensión.

Energía San Luis realiza reparaciones en la zona sur de la ciudad capital

La empresa Energía San Luis informó que trabaja para reparar un caño que presenta una fuga de gas. La tarea se concentra en el puente ubicado sobre el río San Luis, en la intersección con avenida Lafinur, en el sector sur de la ciudad de San Luis.

Sobre las causas de la rotura, la firma destacó que investigan los motivos y adelantaron que se estima que los arreglos se completarán durante la mañana de este miércoles.

También explicaron que, debido a la intervención, es probable que se genere caída de presión en el suministro que llega a los barrios Estrella del Sur, Jardín Del Sur y complejos aledaños.

Fuente: ANSL

Endeiza al Superior Tribunal: defendió su independencia contando que también trabajó con albertistas

En diálogo con la prensa tras la audiencia pública de este martes, Víctor Endeiza intentó despejar las dudas que genera su designación como ministro del Superior Tribunal de Justicia, en reemplazo de Cecilia Chada. La Gaceta Digital le preguntó cómo se garantiza la independencia de un funcionario que fue parte del gabinete de Claudio Poggi en sus dos gestiones como gobernador, y que además es primo hermano del actual vicegobernador, Ricardo Endeiza. Su defensa fue: “Como soy un poquito más viejito, también trabajé muchos años, digamos, también estuve en el gobierno de Alicia Lemme, fui (asesor) en el Poder Legislativo Nacional con diputados o senadores de otro partido”.

Cuando se le repreguntó si se refería a que había trabajado con diversos sectores, el ahora nombrado ministro del Superior Tribunal respondió: “Tal cual, exactamente”. De igual manera, cabe recordar que, cuando Endeiza ocupó estos cargos, el poggismo estaba totalmente alineado al rodriguezsaaísmo.

Sin dudas, este nombramiento pone al oficialismo frente al espejo. En 2022, durante el 4to gobierno de Alberto Rodríguez Saá, el poggismo cuestionó duramente que se haya propuesto al vicegobernador, Eduardo Mones Ruiz, para integrar el máximo tribunal provincial, y denunció que eso atentaba contra la independencia del Poder Judicial. Hoy, uno de los funcionarios de máxima confianza de Poggi y pariente de su compañero de fórmula ocupará ese mismo lugar.

Lejos de desconocer esa relación, Endeiza incluso la reivindicó como una muestra de confianza del Ejecutivo: “El gobierno de Poggi me ha confiado dos veces como abogado, porque, bueno, he sido secretario legal y ahora fiscal de Estado. O sea, así como me ha confiado como abogado, bueno, me ha confiado ahora para el interior del Superior Tribunal”.

Por otro lado, cabe señalar que justo hoy, la Red Ruido reveló que que San Luis, junto con San Juan y La Rioja, encabeza el ranking de provincias donde todas las bancas del máximo tribunal de justicia están ocupadas por personas con vínculos políticos previos al momento de su designación. Esto fue algo constante durante los gobiernos de Rodríguez Saá que Poggi ahora repite. 

Sin críticas al presupuesto ni a la feria judicial
Durante la entrevista con los medios, Endeiza se alineó con el discurso oficialista y contradijo, en parte, los planteos del actual Superior Tribunal. Por ejemplo, afirmó que el presupuesto del Poder Judicial “alcanza para dar un mejor servicio” y sostuvo que “la cantidad de funcionarios y personal del Poder Judicial alcanza”.

“Todo tiene que ver con los recursos, porque del otro lado hay que darse vueltas para que el ciudadano, meterle la mano al bolsillo al ciudadano para que pague más impuestos, para poner más personal”, agregó. “Uno tiene que llegar a ese equilibrio, digamos, en que el servicio de justicia lo paga el ciudadano, y bueno, entonces no se podría tener muchos más porque después alguien lo tiene que pagar”, continuó.

Endeiza también se expresó a favor del proyecto del Ejecutivo para eliminar la feria judicial. “No es una solución mágica ni va a cambiar todo (la eliminación de) la feria, pero sí es un paso hacia eso, hacia mejorar”, declaró. “Es cuestión de organizarse, digamos. El servicio de justicia no tendría por qué parar en algún sentido. Por supuesto, eso implica el descanso de quienes son los operadores, así como los médicos se organizan y se toman vacaciones. Por supuesto que es necesario para todos, para la salud física y mental de los operadores judiciales, pero en cuanto a la cara con el ciudadano, no debería cambiar para nada”.

A pesar de estas observaciones, Endeiza no planteó medidas concretas ni estructurales para revertir este escenario, más allá de algunas coincidencias con los lineamientos del Ejecutivo. La respuesta más concreta que brindó al respecto fue: “Eso es algo que hay que trabajar”.

Senado: aprobación exprés para la emergencia económica y media sanción para la habitacional

Este martes, el Senado provincial no solo dio media sanción a la emergencia habitacional que figuraba en el orden del día, sino también a la económica que fue sancionada la semana pasada por la Cámara de Diputados. La incorporación de este tema fue a pedido de un oficialismo que, a pesar de que ya había un estado de emergencia declarado hasta el mes de diciembre, tenía un clarísimo apuro en renovarlo y quizás así tapar el superávit que tanto le reclamaron los gremios y sindicatos en la marcha del pasado jueves.

Así fue cómo, tras un breve cuarto intermedio, se procedió al tratamiento de este tema, con el oficialista Sergio Guardia repitiendo muchos de los puntos que se dijeron el pasado miércoles en Diputados y durante el tratamiento de las cuentas de inversión. Así es como Guardia mencionó la “reserva salarial y social”, “el contexto nacional que estamos enfrentando” y el “déficit financiero de 93.000 millones” del año 2023, producto de una política de Alberto Rodríguez Saá de “gasto sin control”.

“Lo que se está pidiendo es una prórroga autolimitándose en muchas cuestiones, sobre todo para asegurarles los salarios a cada uno de los empleados que depende del Estado provincial”, continuó Guardia, señalando además la preocupación que hay en torno a la coparticipación nacional, la cual representa el 75,6% de los recursos financieros de la provincia. Para finalizar, Guardia remarcó que el proyecto busca “garantizar el salario de los trabajadores, la asistencia social a los más vulnerables y la sostenibilidad de las cuentas públicas”.

Por el lado de la oposición, calificaron el tratamiento de este proyecto, que no estaba en el orden del día, como un “atropello, algo arbitrario, un destrato y una falta de respeto” hacia ellos. “No puede tratarse en 15 minutos, merece un análisis. En algunas cosas podemos estar de acuerdo, en otras no, pero merece un análisis”, dijo Hugo Olguín.

En medio de esto, Olguín criticó que el proyecto no menciona nada relativo a la “atención” de la salud, la cual “es un desastre”, de la educación ni de los salarios de la Administración Público. “Parece que no han visto la expresión de todos los trabajadores hace 3 o 4 días. No es solo pancartas que han levantado. Se han expresado”, dijo Olguín, señalando que se está copiando el modelo “motosierra” de la Nación. El opositor también dijo que, tras la aprobación de esta emergencia, el Gobierno va a buscar nuevamente “querer endeudarse y van a querer pagar el salario en 2 veces”.

Otra crítica del senador es que “se están cerrando los comercios y fábricas que están trabajando la 70%” y que el proyecto de emergencia no incluye “ni siquiera una contemplación” de esta situación.

El proyecto, tras menos de media hora de debate, se aprobó por mayoría y se convirtió en ley, gracias a la media sanción que ya traía de Diputados.

En cuanto a la emergencia habitacional, Martín Olivero fue el miembro informante y lo primero que hizo fue destacar que más de 66.000 familias se inscribieron, lo que suma casi 193.000 personas, a razón de 2,7 personas por familia. Luego explicó que se creará una Secretaría de Estado de Política Habitacional y que se destinará el 50% de los fondos de obra pública a la construcción de soluciones habitacionales.

En cuanto a la oposición, Olguín hizo algunas observaciones, como que se debería reducir el plazo de la emergencia de 5 a 2 años (hasta que finalice este mandato de Poggi), que se debe “crear un mecanismo de control sobre la autoridad de aplicación” y dar participación a los municipios. De igual manera, el bloque opositor acompañó el proyecto, el cual se aprobó por unanimidad y obtuvo media sanción.

La sesión cerró con la aprobación definitiva de una modificación puntual al Código Procesal Civil y Comercial, orientada a fijar plazos concretos para las resoluciones judiciales y combatir la mora en el dictado de sentencias. Como es moneda corriente cuando un proyecto ya tiene media sanción, los oficialistas repitieron prácticamente los mismos ejes que sus pares diputados. De este modo, el oficialista Martín Olivero sostuvo que esta modificación “elimina una de las principales fuentes de dilación”, mientras que los opositores lo calificación simplemente como “un parche” que solo afecta la parte final del proceso.

De todas maneras, hubo acompañamiento de la oposición y el proyecto se aprobó por unanimidad, a diferencia de lo ocurrido en Diputados.

El Senado prestó acuerdo para las designaciones de Cadelago Filippi y Víctor Endeiza en la Justicia

Esta mañana, el Senado prestó acuerdo a las designaciones de Eduardo Cadelago Filippi como procurador general de la provincia y de Víctor Endeiza como ministro del Superior Tribunal de Justicia, una nominación del Poder Ejecutivo un tanto polémica, ya que se trata del primo hermano del vicegobernador, Ricardo Endeiza, y funcionario de Claudio Poggi en sus dos gobernaciones.

La primera audiencia fue la de Cadelago Filippi, quien se convertirá en el jefe de los fiscales de la provincia. Al actual magistrado le preguntaron, en primer lugar, sobre la mora judicial. Su respuesta fue que se trata de una “queja” y de “un fenómeno” que responde a diversos factores y que es “posible avanzar en ciertas medidas” para solucionarla. Además, señaló que, en parte, responde “a la cantidad de causas” y a un “sistema de asignación de prioridades”.

Por otro lado, consultado por el sistema acusatorio penal que desde hace unos años se aplica en la provincia, y consideró que “se capacitó quien quiso capacitarse” y que faltó algo “organizado institucionalmente”.

A Cadelago también le preguntaron por la aplicación de la Inteligencia Artificial en el derecho y se mostró a favor, al punto de que quiere impulsar la creación de un departamento . “Como realidad que se nos impone, no hay posibilidad de eludirla”, dijo el magistrado, quien igualmente destacó que la misma puede tener “sesgos” y que se debe aplicar con “precaución”.

Ante otras preguntas de los legisladores, Cadelago Filippi consideró que, efectivamente, se necesitan más empleados en el Poder Judicial y que sería el mejor “camino” que el Poder Judicial tenga autonomía presupuestaria.

La segunda audiencia del día fue la de Víctor Endeiza en donde quedó claro que su objetivo principal es apoyar las iniciativas y mensajes que el Poder Ejecutivo viene emitiendo de manera constante en relación al Judicial. Así es como, a diferencia de Cadelago, Endeiza opinó “que el Poder Judicial tiene presupuesto”, que el mismo “cubre las necesidades salariales” y que no hay necesidad de que tenga autarquía económica.

También en consonancia con el Ejecutivo, se manifestó a favor de la eliminación de la feria judicial, algo a lo que tanto abogados como empleados del Poder Judicial y magistrados se han opuesto. “Es cuestión de organizarse, como se organiza un hospital público”, sostuvo Endeiza.

Y como no podía ser de otra manera, opinó que “el servicio que le estamos dando al ciudadano hoy no es muy bueno”, remarcando que solo 1 de cada 200 denuncias encuentra solución. “Se ha duplicado el número de funcionarios, jueces, fiscales penales, ahora hay el doble, sin embargo el sistema no ha dado la respuesta que esperaba”, manifestó luego, considerando además de que no hacen falta más empleados en los tribunales sanluiseños, a pesar de que desde el Sijupu constantemente señalan que ese es uno de los principales problemas.

Desde la oposición también trazaron un paralelo con la nominación que Alberto Rodríguez Saá hizo de Eduardo Mones Ruiz, y que tantas críticas suscitó por parte del poggismo, y le preguntaron qué opina sobre esta tendencia que se da de elegir funcionarios del Gobierno para el Superior Tribunal. La respuesta de Endeiza fue más que llamativa, sosteniendo que “eso no sería malo” porque al haber trabajado en distintos poderes “uno empieza a mirar la Justicia desde otros lados”.

En este sentido, Sergio Moreira le preguntó si su llegada al Poder Judicial “mejoraría el diálogo entre el Poder Judicial y el Ejecutivo”. Endeiza trató de evadir la pregunta, diciendo que “no tiene nada que ver”, pero ante las repreguntas del senador opositor contestó que espera “que sí”. “Pienso que sí puedo sumar al servicio de Justicia”, concluyó Endeiza.

 

San Luis lidera el ranking de cortes provinciales con jueces ligados al poder político

Una investigación publicada por Red Ruido y CONNECTAS revela que San Luis, junto con San Juan y La Rioja, encabeza el ranking de provincias donde todas las bancas del máximo tribunal de justicia están ocupadas por personas con vínculos políticos previos al momento de su designación.

En el caso de San Luis, se trata del Superior Tribunal de Justicia, cuya integración actual, según el relevamiento, está conformada en su totalidad por magistrados que tuvieron funciones políticas, legislativas, ejecutivas o vínculos laborales con gobiernos provinciales anteriores. Esto posiciona a la provincia entre las jurisdicciones donde más comprometida aparece la independencia judicial frente al poder político.

El Superior Tribunal de San Luis está integrado actualmente por Jorge Alberto Levingston, José Guillermo L’huillier, Andrea Carolina Monte Riso y Eduardo Segundo Allende. Cecilia Chada renunció hace pocos meses tras hacerse pública la causa judicial de la mafia de las escrituras que dio a conocer La Gaceta Digital.

Los cuatro jueces actuales y Chada fueron designados durante el gobierno de Alberto Rodríguez Saá.

Chada será reemplazada por el ex fiscal de Estado y primo del vicegobernador, Víctor Endeiza.

La investigación nacional abarcó las 24 cortes provinciales del país (23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), y determinó que 6 de cada 10 jueces de los máximos tribunales provinciales tuvieron vínculos con el poder local antes de llegar al cargo. En total, 88 de los 138 jueces relevados entran en esa categoría, y en 76 de esos casos, los magistrados fueron nombrados durante gobiernos del mismo signo político con el cual ya tenían relación.

En San Luis, si bien todas las designaciones se realizaron respetando los mecanismos legales vigentes, el estudio plantea que la falta de procesos de selección más exigentes y transparentes profundiza la percepción de falta de imparcialidad del Poder Judicial, en especial cuando se trata de causas sensibles que involucran al Ejecutivo.

Ver página 10 del siguiente cuadro para conocer quienes son los ministros del Superior Tribunal de la provincia y los cargos que ejercieron en el Ejecutivo.

 

“La independencia del Poder Judicial es fundamental para la democracia y sobre esa independencia se construye la confianza de la sociedad”, sostuvo la abogada y ex presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, citada en el informe. Según el Latinobarómetro, en Argentina solo el 22% de la población confía en la Justicia, una de las tasas más bajas de América Latina.

El informe también recuerda que los vínculos políticos no implican necesariamente obediencia directa, pero advierte sobre los riesgos institucionales que genera esta situación en términos de control republicano y división de poderes. “Lo relevante sería explorar qué credenciales o competencias jurídicas tienen los jueces para ocupar los máximos tribunales de justicia”, opinó Fernando Gauna Alsina, director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal.

A pesar de las diferencias de contexto, la situación de San Luis comparte similitudes con las de San Juan y La Rioja, donde los cuatro jueces de sus cortes provinciales también provienen del ámbito político y fueron designados durante gestiones del mismo color partidario.

Cómo se tramita el acta de nacimiento digital

Al entrar al sitio web oficial del Registro Civil (https://registrocivilsanluis.sanluis.gob.ar/) se debe ingresar al apartado de ‘selección de actas’, eligiendo las opciones ‘profesional’ o ‘ciudadano’. Los ciudadanos pueden solicitar hasta cinco actas y los profesionales del derecho, los escribanos, pueden solicitar hasta 10 actas por trámite.

Luego, deben ingresar los datos de la persona que está tramitando el acta, no de la de quien vamos a solicitar. Una vez hecho eso, vamos a seleccionar qué tipo de acta y para qué la estamos solicitando. Puede ser un acta de nacimiento, un acta de matrimonio, de unión convivencial o de defunción.

“Si no tiene los datos precisos, puede, en la parte de ‘observaciones’, brindar datos, luego presiona ‘enviar’ y va a recibir un código que sirve para la validación. Esto es importante, nos quedamos con un registro de quiénes son los que solicitan las actas, cuidando este interés legítimo que se debe guardar. Luego les va a llegar un mensaje de texto y un mail diciendo que, dentro de las 96 horas posteriores hábiles a mandar la solicitud, les va a llegar el acta”, comentó el director del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, Guillermo Valdevenitez.

Ya se procesaron más de 14.000 actas digitalizadas desde que comenzaron a emitirlas, el 4 de diciembre del año pasado.

Las actas solicitadas para trámites de ANSES o escolares son gratuitas. Las actas para viajar al exterior o para hacer trámites de doble ciudadanía tienen un costo de $2.060, todo el resto cuestan $1.090.

“Hoy estamos con el equipo de trabajo, al cual destaco y agradezco el compromiso, contestando las actas en el mismo día o a lo sumo en 24 horas. Pueden haber algunos casos en los que nos hemos extendido y es debido a que no se ha cumplimentado con la tasa o han faltado datos. Pero también puede ser que, por la demanda, nos hayamos demorado un tiempo más del que hemos comunicado”, explicó el Director.

A su vez, aclaró la situación de las personas no nacidas en la provincia, en caso que quieran tramitar un acta: “Es importante que tengamos en claro que cada registro civil de la provincia tiene su archivo general compuesto por todos los hechos que sucedieron en territorio provincial, en cualquier lugar, pero en San Luis. Si se desea un acta de otra provincia deben tramitarlo directamente en ese origen”.

Fuente: ANSL

Poggi encabezó una capacitación tras la adhesión de San Luis a la Ley de Riesgo de Trabajo

Este martes, en el Salón Malvinas Argentinas de Casa de Gobierno, Claudio Poggi dio puntapié inicial a la jornada de capacitación sobre la “Adhesión a la Ley sobre Riesgos de Trabajo. Creación de comisiones médicas”, una iniciativa que busca sumar competitividad y seguridad jurídica para fomentar inversiones productivas y facilitar la gestión de trámites para trabajadores y aseguradoras.

Llegar a la formación de hoy implicó pasos previos que comenzaron con la actual gestión de Poggi, quien fomentó un proyecto para adherir a San Luis a la Ley Nacional N°27.348 ‘Complementaria de la Ley sobre riesgos de trabajo’. En palabras simples, la normativa aporta seguridad jurídica y celeridad en trámites por enfermedades o accidentes en el ámbito laboral, lo que a su vez aporta seguridad para potenciales inversores, sobre todo en lo referido a la industria.

Educación y trabajo van de la mano. Nos hemos propuesto desde el comienzo de nuestra gestión propiciar todos los mecanismos necesarios para que se generen oportunidades de trabajo en San Luis. Esto viene ligado a la inversión y el trabajo. Lo que estamos haciendo, y lo que hemos hecho con la adhesión a la ley, es la implementación de las comisiones médicas como trámite obligatorio administrativo antes de llegar quizás a la instancia judicial. Esto que estamos poniendo en marcha nos hace una provincia más competitiva, más atractiva para la inversión, tanto para empresarios sanluiseños como para quienes vienen a invertir en esta hermosa provincia con muchas potencialidades a desarrollar. Y por supuesto la consolidación de los puestos de trabajo que ya tenemos”, expresó el Primer Mandatario en la apertura de la jornada.

Según el convenio que el Ejecutivo suscribió con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el nuevo sistema tiene que estar operativo el 26 de noviembre. Para que todos los actores involucrados vayan interiorizándose, los ministerios de Gobierno y Desarrollo Productivo organizaron la capacitación para autoridades de los tres poderes del Estado, para representantes de gremios, de sindicatos, de industrias, colegios de abogados de la provincia y público en general.

El Gobernador no descartó que luego brinden capacitaciones focalizadas para cada sector. De momento, quienes no hayan podido asistir este martes, Gobierno dispuso el siguiente contacto para realizar consultas: comisionesmedicasrl@gmail.com

“San Luis es una provincia industrial. La mitad de sus puestos de trabajo están directa o indirectamente relacionados a la industria y sectores asociados a la industria. Y tenemos que cuidarla, alentarla y ampliarla. Piensen que hay inversores que notaban y nos hacían ver que no tener implementada esta legislación era una debilidad. Provincias vecinas como Mendoza, Córdoba o San Juan ya la implementaron hace unos años y nosotros no. Entonces estábamos en condiciones desfavorables desde la competitividad de la provincia. Este régimen que estamos poniendo en marcha beneficia a las empresas, porque inclusive baja su costo de aporte y hay menos riesgo. Es mucha la diferencia. Beneficia a nuestros trabajadores por la celeridad del trámite, por muchas cosas que seguramente van a explicar los expositores”, sostuvo Poggi en referencia a Lucas Facheli y Juan Aramburu, encargados de las ponencias.

“Ahora el costo San Luis va a bajar. El costo de San Luis como lugar para invertir y para tener trabajo. Esto va a implicar bajar el costo a San Luis y esto va a implicar consolidar y crear nuevos puestos de trabajo. Gobernar y generar trabajo”, resumió.

Fuente: ANSL

Centro de deshabituación en La Toma: el Gobierno provincial retomará la construcción de esta obra nacional

El Gobierno provincial anunció que avanzará con una nueva licitación para finalizar la construcción del Centro de Deshabituación al Consumo Problemático y Adicciones en La Toma, una obra que había sido impulsada y financiada por el Gobierno nacional durante la presidencia de Alberto Fernández, pero que quedó paralizada en agosto de 2023, tras el triunfo de Claudio Poggi en las elecciones provinciales y la derrota del oficialismo nacional en las PASO. Desde entonces, el proyecto quedó en suspenso por decisión de la actual administración del presidente Javier Milei.

Este lunes, el gobernador Claudio Poggi visitó el predio donde se levanta el futuro centro, acompañado por los ministros de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, y de Salud, Teresa Nigra, así como por funcionarios vinculados a la obra y a las políticas de salud pública.

La iniciativa original surgió de un acuerdo entre las gestiones anteriores de Nación y Provincia, mediante el cual el Gobierno nacional se comprometía a financiar la totalidad del proyecto. Sin embargo, tras el cambio de contexto político a nivel nacional, los trabajos quedaron completamente detenidos y el contrato fue rescindido de común acuerdo.

Ahora, la Provincia buscará reactivar la obra con fondos propios. Según informaron, el centro funcionará como un espacio de contención y acompañamiento para personas con adicciones o consumos problemáticos que requieren tratamiento más allá de la fase preventiva.

El nuevo establecimiento estará ubicado a las afueras de La Toma y tendrá una superficie total de una hectárea, con dos edificios centrales actualmente a medio construir. El plan contempla reparar, refaccionar y finalizar las obras ya iniciadas, además de concluir un polideportivo que integrará funciones recreativas y terapéuticas.

La directora de Obras de Arquitectura y Vivienda, Marina Ortiz, explicó que uno de los desafíos más importantes será completar las conexiones a los servicios básicos. “Hay que diagramar las vinculaciones a redes de agua, cloacas, electricidad”, señaló la funcionaria.

El diseño del centro incluye un hall de ingreso, mesa de entrada, sala de espera, consultorios, salas médicas, área administrativa, núcleos sanitarios, un Salón de Usos Múltiples (SUM), cocina, comedor con salida a una huerta, habitaciones, vestuarios, sala de lectura, enfermería, lavadero y espacio para tender ropa. Además, se prevé un gimnasio, espacios verdes, huertas, cocheras y un cierre perimetral.

Durante la recorrida, Poggi manifestó: “La visita fue para dimensionar y ver, ya que estamos cerrando los números de este año y el que viene, si podemos incluir la propuesta en el presupuesto próximo”.

El gobernador remarcó la importancia de asumir la existencia de las adicciones como paso necesario para abordarlas con seriedad. “Tenemos jóvenes enfermos que necesitan de espacios así. No hay peor desidia que dejar abandonado un lugar que puede ser estratégico para el objetivo que tiene, por eso decidimos retomarlo”, expresó. Y agregó: “Sabemos que puede haber mucha demanda porque es un flagelo que nos tiene mal, pero la Provincia está luchando contra eso tanto desde la seguridad, la prevención, la asistencia y la recuperación”.

Por su parte, la ministra Teresa Nigra señaló: “Este centro va a servir para trabajar la parte de tratamiento de quienes tienen adicciones a cualquier sustancia o consumo problemático. El CPAA que tenemos ahora es ambulatorio, los jóvenes o adultos que requieran internación deben ser derivados fuera de San Luis. El objetivo es que una vez desintoxicados, vengan acá a hacer un periodo de tratamiento o deshabituación”. Además, indicó que la capacidad será de 30 pacientes y que los tratamientos serán de entre 3 a 6 meses, con el objetivo de que “la persona pueda retomar su vida habitual en el trabajo, estudio o la familia”.