Este miércoles 25 de febrero por la mañana, integrantes de los equipos de emergencias encontraron el cuerpo sin vida de Carlos “Panita” Godoy, el hombre de 36 años que tenía solicitud de paradero en Santa Rosa del Conlara.

Tras la localización del cuerpo, se constató que se trataba del hombre de 36 años de edad, quien se había ausentado de su hogar desde el sábado 21 de febrero en horas de la madrugada.

El cuerpo fue encontrado a la vera del río Conlara, a unos 500 metros al norte de la localidad de Santa Rosa del Conlara, tras la realización de un minucioso recorrido por dicha zona y tras remover arbustos y ramas en el sector.

En la búsqueda, que se intensificó en distintos sectores del río Conlara, trabajaron alrededor de 40 personas, entre ellos Bomberos Voluntarios de Santa Rosa del Conlara, de Los Molles, de Tilisarao, de San Pablo, de Renca, como así también policías de la Comisaría Distrito 25° de Santa Rosa del Conlara, efectivos de la Dirección General de Bomberos de la Policía con los equipos de buzos y la brigada de Prevención y Gestión de Emergencias del Ministerio de Seguridad.

Funcionarios y concejales de la Villa de Merlo y La Punta realizarán narcotest tal como se hace en los tres poderes del Estado provincial. En el caso de La Punta, el municipio se hará cargo de pagar las pruebas. En Merlo, el costo queda a cargo de cada funcionario al igual que los funcionarios de los tres poderes provinciales. Cada narcotest tiene un costo de $27.500, según confirmó días atrás un funcionario del Gobierno.

“Me gustaría destacar que San Luis ha sido pionera en este tipo de normativa. Ha sido replicada al día de hoy por seis provincias de la Argentina, estando San Luis a la vanguardia en este tipo de normativas y reglamentación”, aseguró Bruno Fernández, director de Legalidad y Ética Pública, sobre la Ley de de Ejemplaridad y Coherencia para el Ejercicio de la Función Pública también conocida como Ley Narcotest.

En la villa turística se aprobó una ordenanza de narcotest antes que la ley provincial, pero este es el primer año que se aplica. Se realizarán las pruebas 50 personas entre funcionarios del Ejecutivo municipal, del Juzgado de Faltas y concejales.

“En nuestro caso, lo hablamos con el Gabinete, vimos el tema de los costos, creo que tranquilamente podía pagarlo cada funcionario, y eso no no desacredita que tampoco lo pueda cubrir el mismo Estado”, dijo el intendente de Merlo, Leonardo Rodríguez, sobre el pago de cada narcotest.

Narcotest en La Punta

En la Municipalidad de La Punta es el segundo año que funcionarios y ediles realizarán el narcotest, ya que adhirió a la ley mediante ordenanza en 2025. El año pasado lo realizaron 60 personas, 52 funcionarios municipales, dos del Juzgado de Faltas y seis concejales. Para este año son 63 porque se suman tres ediles porque se actualizó la composición del Concejo Deliberante punteño, según detalló el intendente, Luciano Ayala.

El jefe comunal dijo que el año pasado, los 60 narcotests fueron “costeado cien por ciento por el municipio de la ciudad de La Punta” y reveló que el año pasado se destinaron $1.500.000 para los narcotest. Ayala confirmó que la Municipalidad seguirá pagando las pruebas. Para este año, el municipio de La Punta deberá pagar 1.732.500, ya que cada test cuesta $27.500.

Ayala reveló que en 2025 se detectaron tres casos positivos en el Ejecutivo municipal, pero “tenían tenía una receta médica, estaban pasando por alguna alguna situación personal. Se hizo el descargo correspondiente”.

El Tribunal Oral Federal 7 reanudó este martes las audiencias del juicio por la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas, con eje en los planteos vinculados a la situación del empresario Mario Rovella, quien pidió la nulidad de su declaración como imputado colaborador y ofreció una reparación económica para extinguir la acción penal.

Rovella, titular de Rovella Carranza SA (actualmente Semisa), había admitido durante la instrucción el pago de sumas ilegales que fueron presentadas como “aportes” a campañas políticas. En esta nueva etapa del proceso, su defensa sostuvo que aquella declaración fue realizada bajo “coacción” y que su voluntad se vio condicionada ante la posibilidad de quedar detenido.

A través de su abogado, Pablo Medrano, el empresario solicitó que se deje sin efecto su testimonio como arrepentido y planteó que el mecanismo utilizado fue incompatible con el Estado de Derecho. Además, ofreció una reparación económica cercana al medio millón de dólares con el objetivo de lograr la extinción de la acción penal. El tribunal deberá resolver si hace lugar al planteo.

En la causa figura como principal acusada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, señalada por la acusación como presunta jefa de un sistema de recaudación ilegal que habría funcionado entre 2003 y 2015. Según la hipótesis fiscal, empresarios de la construcción, la energía y el transporte entregaban dinero a cambio de beneficios para sus compañías.

Durante la audiencia también se presentaron otros planteos procesales. El exsecretario de Transporte Ricardo Jaime recusó al juez Fernando Canero, trámite que fue derivado a secretaría para no interrumpir el debate.

Por su parte, el abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, cuestionó el origen del expediente y reiteró críticas al uso de la figura del arrepentido durante la instrucción, en línea con objeciones planteadas por otras defensas.

Una vez que el tribunal resuelva las nulidades y recusaciones pendientes, dará intervención a la fiscalía y a la querella de la Unidad de Información Financiera antes de definir si se avanza hacia la etapa de producción de prueba e indagatorias.

Fuente: Agencia Noticias Argentinas

El gobernador Claudio Poggi le aceptó la renuncia a Delfor Sergnese, quien se venía desempeñando como ministro de Ciencia e Innovación. La renuncia de Sergnese se suma a la de Federico Cacace, quien dejó su cargo de secretario de Ambiente el 5 de febrero. Estos cargos son parte del acuerdo político del poggismo con el partido de Adolfo Rodríguez Saá y la UCR, respectivamente.

Según comunicaron desde el Ejecutivo, la renuncia de Sergnese se produjo este martes por la mañana en una conversación en Terrazas del Portezuelo antes de que Poggi partiera en otra jornada de la Gira Educativa.

El Ministerio de Ciencia e Innovación quedará a cargo de manera interina del ministro de Hacienda e Infraestructura Pública, Néstor Ordóñez.

Nelson Blanco inició en 2009 un juicio laboral contra la popular banda Los Playeros por su despido, tras haber trabajado casi veinte años con el grupo en tareas vinculadas a iluminación, compra y mantenimiento de equipos. Diecisiete años después, la causa todavía no tiene resolución en la justicia puntana, en un expediente que se ha extendido a lo largo de distintos juzgados y cámaras sin sentencia firme.

Nelson trabajó desde fines de los años ochenta hasta 2008 con el grupo musical. “Yo trabajé desde el año 88 hasta el 2008, que me despiden, con la banda de Los Playeros. Yo era el encargado general de la parte de iluminación, de compra y mantenimiento del equipo”, relató. Durante casi toda esa etapa, su vínculo laboral no tuvo registración formal. “Casi los dieciocho años, en negro. El último año, me hicieron un recibito de sueldo como para que ellos justificaran en AFIP que tenían gente en blanco, que no era el valor que yo ganaba, digamos. Fue el último año”, explicó.

El despido, según su testimonio, se produjo sin causa y con un telegrama que no coincidía con su realidad laboral. “Y ellos me despiden sin causa, y me despidieron con un telegrama diciendo que yo había faltado cuatro días. Y las fechas que ellos habían puesto en el despido no coincidían con los días laborales, que eran los fines de semana”, dijo.

La causa judicial comenzó en 2009 y, desde entonces, se transformó en un proceso extenso y sin resolución. Nelson explicó que su abogado mantiene la causa activa, pero apuntó directamente a las estrategias dilatorias de la contraparte. “Mi abogado está haciendo el trabajo perfectamente, lleva todo al día. Y, bueno, de la parte del abogado de Los Playeros, hace presentaciones nulas, va chicaneando el caso y, bueno, y se va estirando, se va estirando”, sostuvo. En ese marco, expresó su sorpresa por la duración del expediente: “A mí me llamó mucho la atención que un juicio laboral lleve ya ahora diecisiete años. Y toda la gente que trabaja con los Playeros está en negro, siempre estuvieron en negro, mis compañeros, mis excompañeros, siempre en negro”.

A lo largo del tiempo, la causa pasó por distintos magistrados y tribunales. “Pasó por un montón de jueces, que a veces tenían que llegar a un desempate, porque uno votaba a favor, el otro en contra, y pasaba de la cámara baja a la cámara alta, de la cámara no sé dónde, allá. Bueno, ¿viste? Eso te va agotando un poco”, relató. Y agregó: “Es muy extraño, es muy raro que lleve tantos años un juicio laboral de esta magnitud”.

Frente a la falta de definiciones judiciales, Nelson decidió hacer pública su situación y recurrir a los medios. “Que se conozca el caso, y si tengo que llegar a los medios nacionales, lo voy a hacer, porque esto no puede ser, tanto a mí como a otra gente, porque no soy el único que tiene juicios laborales”, afirmó. También sostuvo que nunca existió un intento de acuerdo: “Y nunca me llamaron para un arreglo, nunca nada, nunca tuvimos una charla de la parte de ellos”.