En medio de la polémica por la imputación y prisión preventiva del efectivo policial Matías Escudero, acusado por la golpiza a Brian Arévalo, la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, se refirió al caso y también al reclamo de su esposa, quien este lunes se encadenó frente al Poder Judicial. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con el medio Megacable.

El hecho que originó la causa ocurrió el pasado 9 de abril en la ciudad de San Luis, cuando Arévalo fue interceptado por efectivos policiales tras pedirles que redujeran la velocidad. Según la fiscalía, el procedimiento derivó en una supuesta agresión ilegítima que le provocó lesiones graves, por lo que Escudero fue imputado y quedó detenido con una preventiva de 90 días.

En ese contexto, Sosa sostuvo que desde el Gobierno provincial consideran que la medida judicial fue excesiva. “El día viernes tomamos conocimiento a última hora de una medida judicial sobre un efectivo policial que tiene que ver con 90 días de prisión preventiva. Estuvimos evaluando la situación durante el fin de semana”, dijo la funcionaria, quien confirmó que la mujer encadenada “es la esposa, la señora de este efectivo policial que ya está en el servicio penitenciario”.

“Entendemos que, a nuestro conocimiento de la materia y de las circunstancias de ese hecho, ha habido un exceso de la justicia”, afirmó Sosa.

En esa línea, comparó la medida con otras resoluciones judiciales. “Sabemos que en otras circunstancias la Justicia dicta preventivas de 10 días, de 20 días, y pareciera que sobre un efectivo policial es muy fácil dictar una preventiva de 90 días”, señaló. Además, indicó que el Ministerio intervino a través de su asesoría legal y de la Policía provincial.

“Entendemos también que se ha violado un derecho constitucional que tiene que ver con los días los ocho días de prórroga, a los que el efectivo policial no tuvo acceso”, sostuvo la ministra, quien aclaró que solicitaron el registro de la audiencia para analizar lo ocurrido. “Entendemos que fueron pedidos, no tenemos el detalle de la audiencia, hemos pedido el video de la audiencia”, agregó.

No obstante, remarcó que el Gobierno respeta las decisiones judiciales. “Si hay un exceso en la actuación policial, por supuesto, hay medidas que se deben tomar, y respetamos cualquier decisión judicial, pero entendemos que aquí ha habido un exceso de la Justicia”, expresó.

Consultada sobre la posibilidad de que la medida judicial responda a un “pase de factura”, Sosa respondió: “Yo no creo que la justicia deba manejarse con pases de factura, y nosotros no hemos criticado la justicia, nosotros hemos expuesto la situación de la justicia, que es diferente”. Y añadió: “Si alguien se ha sentido criticado y está tomando, como dice usted, un pase de factura sobre una persona, bueno, sigue hablando muy mal de la justicia”.

En paralelo, confirmó que se inició una investigación interna sobre el accionar policial. “Se está haciendo una investigación, primero, del área que actuó, que es el Comando Radioeléctrico, después, por supuesto, la comisaría de jurisdicción”, explicó. En ese sentido, puso en duda la magnitud de las lesiones informadas por la fiscalía: “Entendemos que hubo protocolos médicos inmediatos tras el traslado de la persona, el cual no denotan las lesiones que fueron ejemplificadas por la fiscal”. Luego, ante la consulta sobre una posible autolesión de la víctima, respondió: “Lo veremos”.

Por último, se refirió a la situación de Luciana Sánchez, la esposa del policía detenido, quien se encadenó con su uniforme en el edificio judicial. “Estamos evaluando la situación, entendemos también que hay una cuestión desesperante, pero hay también una cuestión institucional sobre un efectivo policial, así que próximamente vamos a tener un informe de eso”, concluyó.

“Un ciudadano que caminaba con su hijo por la calle, una noche cualquiera, dialogando con su amigo, se convirtió sin razón alguna en una víctima de violencia institucional”, dijo la fiscal de Instrucción N° 5, Débora Roy Gitto, al referirse a un hecho ocurrido el 9 de abril en la peatonal Mendoza del barrio 292 de la ciudad de San Luis.

Por el caso, este viernes se le formularon cargos a Matías Escudero, un efectivo de 37 años de la sección motorizada del Comando Radioeléctrico, por su accionar “abiertamente ilegítimo y abusivo” durante un procedimiento de identificación a Brian Arévalo. Por su parte, Escudero se abstuvo de declarar y fue asistido por el abogado Alfredo García Garro.

La fiscal solicitó la prisión preventiva del imputado mientras avanza la investigación, pedido al que hizo lugar el juez de Garantía N° 3, Marcos Flores Leyes. La medida fue fijada por 90 días, período durante el cual Escudero permanecerá alojado en el Servicio Penitenciario.

En cuanto a la calificación legal, fue imputado por lesiones graves agravadas por su condición de funcionario público, abuso de autoridad y apremios ilegales, en calidad de coautor. La fiscalía sostuvo que no actuó solo y no descartó nuevas imputaciones.

Según la teoría del caso, el hecho ocurrió el 9 de abril de 2026, alrededor de las 20:45, cuando Arévalo caminaba junto a su hijo de un año y medio y un amigo. En ese contexto, al advertir que varios móviles policiales circulaban a alta velocidad, les pidió que disminuyeran la marcha.

“El requerimiento fue a viva voz, pidiéndole a los efectivos que bajaran la velocidad”, explicó Roy Gitto, quien aclaró que “lejos de tratarse de una conducta agresiva”, no existía justificación para una intervención violenta.

Sin embargo, el pedido derivó en un procedimiento de identificación que, según la acusación, “derivó en una acción abiertamente ilegítima y abusiva”. En ese marco, Escudero habría agredido a Arévalo con golpes de puño.

“Sin que mediara una resistencia por parte del damnificado, el imputado procedió a agredirlo físicamente”, sostuvo la fiscal, quien agregó que los golpes fueron propinados incluso con los guantes del uniforme policial.

Testigos presenciales relataron la escena en la vía pública. “Lo levantan del suelo como un perro”, describió uno de ellos, y señalaron que la agresión continuó con golpes en el rostro y las costillas, aun cuando la víctima se encontraba reducida.

La fiscalía remarcó la situación de vulnerabilidad del damnificado. “No pudo defenderse, encontrándose en una clara inferioridad frente a la pluralidad de agentes estatales”, indicó.

Como consecuencia de la golpiza, Arévalo sufrió lesiones graves. El informe forense de la doctora Patricia Gallardo confirmó fractura de tabique nasal, fractura del piso de la órbita derecha, hematomas y múltiples escoriaciones. “El tiempo de curación es mayor a un mes, con igual período de inhabilitación laboral”, se señaló.

Además, Roy Gitto subrayó que el accionar policial “transformó un procedimiento preventivo en un acto de violencia ilegítima”, en violación de principios constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos.

Uno de los puntos bajo investigación es el posible encubrimiento inicial del hecho. Según se expuso, en un primer momento la policía informó el caso como una “resistencia a la autoridad” y destacó que el efectivo había resultado lesionado, sin mencionar la gravedad de las heridas de Arévalo.

“A las 23 horas se me informa una resistencia a la autoridad; recién de madrugada se me pone en contexto de la situación real”, explicó la fiscal.

La causa cuenta con testimonios, informes médicos, historia clínica y actuaciones policiales. No obstante, Roy Gitto advirtió dificultades: “Se nos va a complicar porque el personal policial evidentemente cubre a sus compañeros”.

También señaló que algunos testigos manifestaron temor. “Existe una posibilidad concreta de intimidación o condicionamiento de los testimonios”, indicó.

Al fundamentar la prisión preventiva, el Ministerio Público sostuvo que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación por la condición de policía en actividad del imputado. “El imputado pertenece a la fuerza de seguridad, lo que lo coloca en una posición objetiva de poder”, sostuvo la fiscalía, que agregó: “No estamos ante un exceso menor, sino ante un claro caso de violencia institucional”.

La fiscal también hizo hincapié en el contexto en que ocurrió el hecho, ya que la víctima estaba acompañada por su hijo. “No se puede dejar de lado el riesgo para la integridad de la víctima y su familia”, afirmó.

En esa línea, remarcó que el imputado tiene “acceso a información relevante, posibilidad de coordinar versiones y capacidad de influir sobre otros agentes intervinientes”.

Asimismo, advirtió que existen al menos cinco testigos directos cuyos datos constan en el expediente y que manifestaron temor tras declarar, en un contexto de cercanía territorial con los efectivos involucrados.

El Ministerio Público descartó la aplicación de medidas alternativas como la prisión domiciliaria. “La pertenencia a la fuerza genera una asimetría de poder que puede influir en testigos”, sostuvo.

La palabra de la víctima
Brian Arévalo relató que fue reducido y esposado mientras se encontraba golpeado, sin recibir explicaciones y sin saber qué ocurría con su hijo. “Sabía que estoy esposado, todo golpeado… y mi hijo lloraba y no sabía con quién se iba a quedar”, expresó. También denunció que fue trasladado y continuaron hostigándolo sin informarle la situación del niño. “Tengo un ojo que tengo que ver en 12 días… a ver si no lo pierdo. Pierdo el trabajo”, señaló.

Los abogados querellantes, Nego Gómez y Cristóbal Ibáñez, denunciaron irregularidades en el procedimiento policial. Indicaron que la víctima fue trasladada a otro lugar antes de iniciar las actuaciones, lo que calificaron como “el primer yerro”.

También cuestionaron el trato en el Hospital del Norte, donde —según señalaron— fue mantenido arrodillado y esposado, y donde la atención médica se limitó a constatar lesiones visibles.

Además, afirmaron que en la comisaría se le negó contacto con su familia y que su estado de salud fue minimizado, pese a encontrarse en shock. Recién tras la intervención de un familiar fue trasladado al Hospital Ramón Carrillo.

Los letrados sostuvieron que hubo un intento de instalar una versión falsa del hecho. “Desde el primer momento se intentó colocar a la víctima en el rol de victimario”, señalaron.

Finalmente, remarcaron la gravedad de las lesiones y advirtieron que, por su magnitud, “no pudieron haber sido causadas por una sola persona”, por lo que no descartaron nuevas imputaciones en el avance de la causa.

Fuente: Prensa Poder Judicial