Este miércoles a partir de las 9 horas se llevó adelante el acto de inauguración del Plan Anual de Entrenamiento (PAE 2026), dictado por la Escuela Superior, en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) ‘Coronel Juan Pascual Pringles’.

Este año, el PAE estará dirigido a 4.500 efectivos policiales y 700 agentes del Servicio Penitenciario. La propuesta forma parte de la capacitación integral permanente, que tiene como objetivo garantizar una formación sistemática, continua e integrada, orientada al fortalecimiento de competencias esenciales al personal de las fuerzas de seguridad provincial.

El plan de trabajo se estructura en tres ejes estratégicos: el Plan Anual de Entrenamiento (PAE), el Centro de Entrenamiento en Conducción de Patrulleros (CECoP) y un Curso de Actualización en Seguridad que comenzará en julio.

El Plan Anual de Entrenamiento (PAE) se desarrollará desde el 18 de febrero hasta el 23 de junio. Será de carácter obligatorio, bajo modalidad presencial con turno previo y sin perjuicio del servicio, de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 en el ISSP. La estructura incluye desarrollo de competencias psicológicas a cargo de profesionales de la Unidad de Bienestar Integral (UBI), sistema de comunicación y trabajo con escopeta larga.

Por su parte, la Escuela Superior informó que el Centro de Entrenamiento en Conducción de Patrulleros (CECoP) comenzarán las actividades el 23 de febrero con el dictado del Curso de Operadores de Motos Nivel 1, el cual está dirigido al personal de secciones motorizadas —aproximadamente 300 efectivos—, así como a agentes penitenciarios y cadetes de tercer año. La capacitación abordará mantenimiento y revisión de rodados, técnicas de conducción y frenado, tácticas operativas, uso de armas menos letales BYRNA, intervención en distintas hipótesis, aproximación y perímetros de seguridad, entre otros contenidos.

Finalizada esta etapa, el CECoP prevé ampliar la oferta formativa con cursos de operador motorizado con lanzadoras BYRNA, capacitación para aspirantes, formación de instructores y el primer curso básico de especialización en operaciones motorizadas.

Desde el ministerio de Seguridad se busca consolidar un modelo de profesionalización continua que fortalezca la capacidad operativa y preventiva de las fuerzas de seguridad provinciales en beneficio directo de los vecinos de todo San Luis.

Fuente: ANSL

Por segundo año consecutivo, el Gobierno de la provincia implementará la Ley de Ejemplaridad y Coherencia para el Ejercicio de la Función Pública, más conocida como Ley del Narcotest. “El comienzo de la toma de muestras de los análisis toxicológicos no va a ser con fecha precisa. Pero sí anticipamos que comenzará a desarrollarse en el curso de este año, con la particularidad que en 2026 se aumentará de manera considerable el universo de personas incluidas en los análisis que tienen la finalidad de detectar la existencia de consumo de drogas ilegales y, en algunos casos, el eventual exceso de consumo de drogas legales”, refirió en conferencia de prensa el secretario de Ética Publica y Control de Gestión, Ricardo Bazla.

Durante 2026, el universo (es decir, el total de personas contempladas) se ampliará a 12.200, divididos en 1.800 funcionarios de los tres poderes del estado, 4.500 policías, 5.250 profesionales de la salud (médicos, enfermeros, camilleros) y alrededor de 650 agentes penitenciarios. Por otro lado, las municipalidades de Merlo y La Punta también implementarán la ley, según informó Bazla este miércoles.

Sin embargo, no todos ellos serán testeados, ya que en total solo serán sorteadas 5.800 personas. Entre los sorteados habrá 1.800 funcionarios de los tres poderes, 2.000 agentes penitenciarios (incluyendo a cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública y a los suboficiales que se incorporan a la fuerza y al Servicio Penitenciario Provincial) y 2.000 trabajadores de la Salud Pública. Van a estar incluidos en los sorteos, que van a determinar el momento en que cada uno tendrá que concurrir a los laboratorios de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) para la realización de estos análisis, dijo Bazla.

El secretario recordó que la ley establece la obligatoriedad de someterse a estos tests si son sorteados, lo que a su vez establece la obligatoriedad. “Tiene que ver con la forma en que se eligen las y los funcionarios que vamos a concurrir a los análisis, para determinar el orden. Todos estamos obligados y, mediante sorteos que periódicamente se van a realizar en la Caja Social, se va a determinar en qué orden vamos a concurrir a realizarnos lo análisis”, dijo Bazla, quien señaló que a las personas que resultan sorteadas se les notifica con 24 horas de anticipación que deben realizarse el test.

Los sorteos serán semanales, al igual que los análisis y las tomas de muestras. Para esto último, en 2026 se sumarán nuevos laboratorios, ya que el número de personas será notoriamente mayor. “En 2025, solamente los realizamos en el laboratorio de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia (FQByF) de la UNSL, en la ciudad de San Luis. Este año va a ser en el mismo laboratorio del año pasado, en Rivadavia 1359, en el Hospital Pediátrico en la ciudad de San Luis y, en la ciudad de Villa Mercedes, en dos laboratorios dentro del Policlínico Regional”, puntualizó.

Sobre los costos del análisis, el secretario señaló que tiene un valor de $27.500 y que, en el caso de los funcionarios de los tres poderes, ellos mismos se los tienen que pagar. A su vez, este monto se eleva a $141.000 si es necesario hacer una contramuestra. Como los funcionarios se pagan su propio test, el Gobierno tendrá que cubrir el costo de 4.000 exámenes toxicológicos, para lo cual destinará $110 millones.

La Gaceta Digital consultó si se realizarán sorteos diferentes para funcionarios, fuerzas de seguridad y profesionales de la salud, a lo que Bazla contestó que esto se definirá en los próximos días.

En cuanto a la importancia de esta ley, Bazla dijo que no se puede estar, como funcionario público, “de los dos lados del mostrador” y que esta ley sirve “para garantizar la idoneidad del personal en el ejercicio del cargo”.

En cuanto a los resultados de los tests del año pasado, que fueron 1.909, hubo 48 casos que dieron positivo; 40 de ellos fueron por exceso de drogas legales y 8 por consumo de drogas ilegales. Respecto a los casos del Poder Ejecutivo, hubo 3 positivos. Dos de ellos fueron por marihuana, justificados por tratamientos médicos con la acreditación de consumo de aceite de cannabis y con autorización para el cultivo; y uno por cocaína, razón por la cual el Gobernador dictó el cese en sus funciones del funcionario en cuestión.

Respecto al nivel de toxicidad y de adicción, esto es tarea de especialistas del Centro de Prevención y Asistencia de las Adicciones (CPAA), que coordina Darío Pantano. Cuando el resultado del estudio de un funcionario público da positivo, el centro determina la estrategia de contención adecuada. Además, se pueden tomar otras medidas, como la licencia de funcionario, la suspensión hasta su recuperación o cese, informó Bazla.

El decano de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la UNSL, Sebastián Andújar, también participó de la conferencia. Dijo que los análisis se realizan dentro del marco de normativas internacionales. Se toma muestra de orina después de que la persona haya consumido suficiente cantidad de agua, para facilitar el depósito. Se constata que fue recolectada de buena forma. Se hace el análisis presuntivo, por parte de bioquímicos matriculados. En una semana el resultado se debe informar a la autoridad de aplicación.

Recordó que las personas llenan una declaración jurada, en la que en ningún momento se coloca su nombre, para preservar su identidad. “Hay un anonimato de la persona y eso se mantiene a lo largo de todo el proceso”, afirmó. Solo debe indicar si consume algún medicamento o no, es decir, si está bajo algún tratamiento médico (por ejemplo, tratamiento con pastillas por insomnio). Delante de la persona, el bioquímico divide el líquido en dos frascos. “Se genera un código de barras, que es único y que se vincula a ese número de orden que tiene la persona”, explicó Andújar sobre el proceso previo al análisis químico y bioquímico.

Luego, mediante tiras reactivas se hace el análisis presuntivo, mediante el escaneo de las 10 sustancias que se deben chequear por ley, entre ellas, sustancias legales (por ejemplo, benzodiacepinas), e ilegales, como cocaína, marihuana u otras drogas sintéticas.

En caso de dar positivo, la persona puede solicitar la confirmación de ese resultado mediante un estudio con muy alta precisión, que se hace en San Luis. Y si da de nuevo positivo, se hace la contramuestra, en la que se estudia el contenido del segundo frasco. El estudio se hace en la UBA, por convenio.

Andújar marcó que cinco provincias más están aplicando esta ley, algo que valoró como positivo. Han tenido consultas por la parte técnica y resaltó el trabajo realizado por el equipo a cargo de Pablo Guerriero en cuanto al sistema, que permite el anonimato de las personas a las que se les realiza el análisis. “San Luis es pionera en este tipo de ley”, dijo Bazla, quien también contó que ha consultas formales sobre su aplicación desde provincias como Río Negro, La Pampa, Chaco y Salta; e informales durante sus participaciones en el Foro Nacional Anticorrupción.

Un equipo coordinado por el Ministerio de Desarrollo Humano salió a las calles a partir de este miércoles con el objetivo de visitar los domicilios de las personas que resultaron sorteadas el pasado diciembre a los fines de relevar los datos que fueron informados al momento de la inscripción mediante declaración jurada.

En respuesta a inquietudes con relación a la metodología de relevamiento durante el operativo, la cartera responsable elaboró un instructivo:

¿Cuánto dura el operativo?

Comenzará el miércoles 18 de febrero y se extenderá hasta el viernes 6 de marzo. Cualquiera de esos días, incluso sábado o domingo se podrá recibir la visita de alguno de los relevadores.

¿Qué sistema se utilizará?

Para la carga de documentación se utilizará una plataforma diseñada especialmente y a la que cada relevador accede desde su teléfono lo que agilizará el proceso.

¿Qué documentación se debe presentar ante el relevador?

Toda la documentación que respalde lo declarado en la inscripción:

-DNI de todo el grupo familiar declarado
-Partidas de nacimiento de todo el grupo familiar declarado
-Acta de matrimonio o acta de unión convivencial en el caso de haber declarado alguna de estas opciones:
-Certificado único de discapacidad (CUD) si corresponde.
-Certificados de escolaridad, certificado de trabajo o libreta de salud que avale los 10 años de residencia en la provincia
-Documentación respaldatoria de los ingresos declarados oportunamente (para inscriptos en vivienda)
-Documentación del terreno en donde tienen previsto construir (para inscriptos en el crédito en materiales de autoconstrucción asistida)

A todos se les pedirá además contar con el teléfono desde el que se inscribieron para validar el número, ya que es el medio de contacto entre el Gobierno y los inscriptos.

¿Qué pasa si no se cuenta con toda la documentación al momento de la visita del relevador?

En este caso se coordinará con el relevador una nueva visita.

¿Qué pasa si no hay nadie en el domicilio al momento de la visita del relevador

Si el relevador no es atendido porque nadie se encuentra en el domicilio, se dejará un sticker informando que se realizó una visita y se volverá en los próximos días.

¿Cómo se identifica a los relevadores?

Todos contarán con una pechera y una credencial con código QR que se podrá escanear para confirmar que quien visita el domicilio forma parte del equipo autorizado para relevar.

Fuente: ANSL

La Tesorería General de la Provincia informó que los agentes de la administración pública provincial cobrarán sus salarios el viernes 20 de febrero con un 5% de incremento. Se trata del primer tramo del aumento del 10% que anunció el gobernador Claudio Poggi. El segundo tramo de 5% se pagará en abril.

Como parte de las mejoras, adicionalmente se fijó en $150.000 la Ayuda Escolar y se estableció un aumento del 20% en las Asignaciones Familiares, a percibir desde febrero.

También, el 20 de febrero se efectuará el depósito para las escuelas privadas, autogestionadas y generativas.

En lo que refiere al Plan de Inclusión Social, el organismo precisó que el beneficio será abonado también con incremento el miércoles 25 de febrero, percibirán $480 mil y en abril llegarán a los $500 mil.

En tanto, el viernes 27 de febrero se hará el pago a integrantes de los programas Jóvenes en Formación, Beca al Mérito, Construyendo Sueños y becas deportivas.

Fuente: ANSL

La Mesa Intersindical Estatal convocó a una movilización para este jueves a las 19 horas en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno del presidente Javier Milei, iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado nacional y será tratada en la Cámara de Diputados. Por otra parte, la CGT convocó a un paro general nacional para mañana.

La concentración fue anunciada en la intersección de Illia y San Martín, frente al Correo Argentino, donde los gremios manifestarán su rechazo a lo que califican como una “reforma regresiva” en materia de derechos laborales.

La Mesa Intersindical Estatal está integrada por distintos sindicatos del ámbito público provincial, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato de Judiciales Puntanos (SIJUPU) y la Unión de Trabajadores de la Educación Pública (UTEP San Luis), entre otras organizaciones sindicales.

Según informaron los convocantes, también participarán trabajadores nucleados en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la CTA Autónoma, ampliando la convocatoria a distintos sectores del movimiento obrero.

En el plano legislativo, el tratamiento del proyecto en la Cámara baja se da luego de que el Gobierno nacional introdujera modificaciones al texto original, entre ellas la eliminación del artículo 44, vinculado al régimen de licencias médicas, con el objetivo de facilitar su debate en sesión.

Es importante mencionar que si la Modernización Laboral se aprueba en Diputados la modificación mencionada, deberá ser tratada nuevamente en el Senado la próxima semana. El Gobierno nacional tiene como objetivo que se sancione antes del 1° de marzo.

La Municipalidad de San Luis anunció este miércoles una serie de mejoras salariales y de beneficios para los trabajadores municipales, incluyendo un aumento salarial del 7%, en una presentación encabezada por la secretaria General, Fabiana Malamud, quien detalló las medidas adoptadas por decisión del intendente Gastón Hissa.

“Hoy estamos acá trayendo una buena noticia. Sabemos que no es sencillo el tema nacional en cuanto al económico para todas las familias. Por eso, el intendente Gastón Hissa tomó la decisión de otorgar un aumento salarial para toda la familia municipal”, expresó Malamud al inicio del anuncio.

Entre las disposiciones comunicadas se encuentran un aumento del 7% sobre el salario básico, el traslado de un 20% de una cifra no remunerativa otorgada en 2024 al básico, un incremento del 32% en las asignaciones familiares, la duplicación de la ayuda escolar anual y el doble de la ayuda escolar mensual por hijo, además del aumento de las ayudas económicas, que pasan a un total de 450 mil pesos.

La funcionaria también hizo referencia a la evolución de los salarios durante la actual gestión municipal y al contexto económico. “Desde enero del 2025 a febrero de este año, ya el intendente Gastón Hissa ha realizado cuatro aumentos salariales que suman un total del 48,3% del aumento del salario básico sobre una inflación estimada, según el Indec, a febrero del 2026 del 38,95%”, afirmó. “Estos datos son muy importantes porque hablan del esfuerzo que está haciendo el intendente Gastón Hissa desde el municipio y venimos siempre evaluando y analizando los salarios como fuente principal de ingreso de todos los agentes municipales”, añadió.

En ese marco, sostuvo que la decisión se adopta pese a las dificultades del escenario general. “En la provincia, ya lo dijo el gobernador, se ha visto reducido este mes el ingreso de la coparticipación. Entonces, el intendente ha pensado en hacer este esfuerzo para toda la familia municipal, fundamentalmente haciendo hincapié en el salario básico, que impacta en varios ítems y fundamentalmente a la gente municipal”, remarcó la funcionaria.

Sobre la aplicación del aumento, confirmó que el 7% se percibirá con los haberes de febrero y que aquellos trabajadores que perciben ítems como trabajo insalubre o riesgo “quizás en el bolsillo lo ven impactado cerca de un 10%”.

Respecto de las asignaciones escolares, precisó que la ayuda anual “pasa de 38.436 a 76.872 por hijo, y la mensual de 1.700 pasa a casi 3.500 también por hijo”, y aclaró que “la anual es a medida que van presentando los certificados de escolaridad”. Luego agregó que todos estos aumentos se van a ver reflejados en los haberes de febrero.

Finalmente, al ser consultada por el proceso de incorporación de sumas no remunerativas al básico, señaló que “había dos decretos no remunerativos. Uno se completó en diciembre, y este decreto también del 2024, del monto total, se pasa el 20%”, y agregó que el resto se va a pasar al básico “en forma paulatina” y “por etapas”.

La provincia de San Luis registró un intenso movimiento turístico durante el fin de semana largo de Carnaval, con niveles de ocupación que alcanzaron el 100% en varios destinos y un fuerte impacto económico en el sector comercial y de servicios, según datos oficiales de la Agencia de Noticias y un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno provincial, localidades como Villa de Merlo, Potrero de los Funes, La Carolina, Juana Koslay y El Trapiche alcanzaron ocupación plena, consolidándose entre los puntos más elegidos por los visitantes.

En tanto, otras ciudades también mostraron altos niveles de alojamiento cubierto, con un 92% en la San Luis, 82% en Villa Mercedes y 72% en La Punta, lo que reflejó una distribución del turismo en todo el territorio provincial.

Desde la Agencia de Noticias señalaron que uno de los datos destacados fue la anticipación en las reservas, ya que, a contramano de la tendencia registrada en los últimos años (marcada por decisiones de viaje a último momento), en esta oportunidad muchos turistas planificaron con tiempo su estadía y eligieron la provincia como destino principal del feriado.

El informe de CAME precisó que el movimiento turístico se mantuvo sostenido durante todo el fin de semana largo, con un gasto promedio diario por visitante de $83.917 y una estadía media de 3,5 días. Este flujo generó una dinámica favorable en rubros como gastronomía, comercio y servicios vinculados a la actividad turística.

Entre las propuestas más concurridas se destacaron las excursiones a Salinas del Bebedero, los recorridos hacia la Cascada Esmeralda y las visitas a la Reserva Antu Ruca, que formaron parte de una oferta que combinó naturaleza, actividades recreativas, turismo activo y experiencias culturales.

Efectivos de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial intervinieron este sábado por la noche tras detectar a un puma herido a la vera de la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 27.

El procedimiento se realizó alrededor de las 22:15, cuando personal del Departamento Motorizada de Caminera (DV1) llevaba adelante tareas de prevención y reducción en movimiento en sentido este–oeste. En ese marco, los uniformados advirtieron la presencia de un animal aparentemente atropellado sobre la banquina izquierda.

Al descender para verificar la situación, constataron que se trataba de un ejemplar juvenil de puma que aún presentaba signos vitales.

De inmediato, los efectivos dispusieron un operativo preventivo con las motocicletas policiales para resguardar la zona y evitar nuevos siniestros viales. A través de COVIAL se solicitó la intervención de la División Brigada Ambiental. También colaboró personal de la Comisaría Distrito 1° de Estancia Grande, que mantuvo las tareas de prevención hasta la llegada de los especialistas.

El procedimiento quedó a cargo de las áreas competentes, que avanzaron con la asistencia y resguardo del animal silvestre, además de labrar las actuaciones correspondientes.

Este domingo, el juez de Garantía Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial, Marcos Flores Leyes, concedió los ocho días de prórroga solicitados por la defensa de Carlos Fausto Barroso, acusado de homicidio doblemente agravado por el concurso de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, en perjuicio de Carlos Javier Moyano.

En la audiencia de formulación de cargos, el Ministerio Público Fiscal, representado por el Fiscal de Instrucción Penal Nº 3, Esteban Roche, dio su versión del hecho. Al respecto, relató que el 13 de febrero de 2026, entre las 19:50 y las 20:00 hs., cuando Carlos Moyano circulaba en su moto por el carril derecho de la Avenida Quinto Centenario, en el Barrio 1º de Mayo, en sentido oeste a este.

Al llegar a la altura de la manzana L, fue atacado desde un vehículo de color gris oscuro en el que se trasladaban Carlos Barroso junto a otras personas, el imputado efectuó varios disparos de arma de fuego que impactaron en el cuerpo de Moyano.

Tras el ataque, los ocupantes del vehículo se dieron a la fuga. Moyano cayó al suelo y falleció minutos después como consecuencia de un shock hipovolémico, provocado por perforación en ambos pulmones por arma de fuego.

La defensa, representada por Guillermo Levinsgton, solicitó la prórroga de ocho días, amparada en el artículo 40 de la Constitución de la Provincia de San Luis.

Finalmente, el juez de Garantía concedió la medida peticionada por la defensa.

Fuente: Prensa Poder Judicial