La defensa del diputado nacional Ernesto “Pipi” Alí recusó con expresión de causa a la jueza de Garantías Nº 4, Luciana Banó, al sostener que todavía no hizo efectivo el levantamiento de las medidas de coerción que pesaban sobre el exfuncionario provincial, pese a que el Tribunal Nº 3 del Colegio de Jueces declaró nula su prórroga y ordenó su cese inmediato el pasado 26 de agosto. El planteo provocó además la suspensión de una audiencia en la que debían volver a discutirse nuevas restricciones solicitadas por la Fiscalía no solo en contra de Alí, sino también de Luciano Anastasi, Claudio Latini, Jeremías Vivas y Mario Canali.

En una entrevista exclusiva con La Gaceta Digital, el abogado defensor Nedo Gómez explicó que la recusación se funda en lo ocurrido después de aquella resolución. Como informó este medio, el Colegio de Jueces hizo lugar a los recursos presentados por las defensas y dejó sin efecto la prórroga por 30 días que Banó había dispuesto sobre las medidas que alcanzaban a los acusados. 

La decisión implicaba el cese inmediato de restricciones como la prohibición de salir de la provincia, la obligación de firmar periódicamente el libro de imputados y la inhibición general de bienes. Sin embargo, Gómez aseguró que comprobaron mediante informes solicitados a los registros correspondientes, donde “no ha sido instrumentado el levantamiento de dichas medidas”.

Como ejemplo, el abogado mostró a este medio un informe del Registro Automotor, del día de hoy, donde todavía figura la inhibición ordenada por la jueza. 

Dos presentaciones y, según la defensa, ninguna respuesta
Gómez relató que la defensa acudió en dos oportunidades al Juzgado de Garantías Nº 4 para reclamar el cumplimiento de la resolución. “El 1º de septiembre presentamos un escrito con habilitación de día y hora, atento a la urgencia del levantamiento, que había sido decretado el 26 de agosto y se notificó el día 27”, explicó. Según indicó, esa presentación no fue proveída y el 3 de septiembre realizaron un nuevo pedido, que tampoco había obtenido respuesta al momento de la entrevista.

Para el abogado, los términos utilizados por el Tribunal Nº 3 no dejaban margen para esa demora. “Lo que corresponde aquí es que, de inmediato, tal y como lo manifestó el Tribunal Nº 3 en el auto interlocutorio, se debió haber realizado el levantamiento de esa medida. Esto causa, por supuesto, un perjuicio a mi defendido”, cuestionó.

La recusación se apoya además en otra circunstancia que la defensa contrapone con la falta de respuesta a sus escritos. Mientras los pedidos para hacer efectivo los ceses de las restricciones todavía no han sido resueltos, “la misma jueza le hizo lugar a un pedido de audiencia para tratar nuevamente las medidas de coerción realizado por el Ministerio Público Fiscal”, señaló Gómez.

Esa audiencia había sido fijada para este lunes, pero no llegó a realizarse. “Por supuesto, fue suspendida de acuerdo al planteo recusatorio realizado por esta parte”, indicó el defensor.

Una discusión que comenzó con la nulidad de la prórroga
El nuevo planteo se produce después de que el Tribunal Nº 3 del Colegio de Jueces cuestionara la actuación de Banó durante la audiencia del 29 de julio. En aquella oportunidad, la magistrada prorrogó durante otros 30 días las medidas de coerción después de consultar a la Fiscalía si solicitaría su continuidad, pese a que la audiencia había sido convocada originalmente para tratar pedidos de sobreseimiento y un planteo de incompetencia.

Al resolver las apelaciones de las defensas, el tribunal consideró que Banó había excedido el rol que corresponde a un juez de garantías dentro del sistema acusatorio. La jueza Laura Molino, cuyo voto fue acompañado por Jorge Sabaini Zapata y Yanina Del Viso, sostuvo que su intervención había suplido una carga procesal que correspondía al Ministerio Público Fiscal y afectado la garantía de imparcialidad. Por esa razón, declaró la nulidad absoluta de la prórroga y dispuso el cese inmediato de las restricciones.

La Fiscalía reaccionó posteriormente con una nueva presentación. Debido a que las cautelares anteriores habían vencido y su prórroga había sido anulada, la fiscal de Instrucción Nº 6, Linda Maluf Martínez, pidió que se analizara nuevamente la procedencia, necesidad, proporcionalidad y duración de medidas de coerción contra los imputados. Esa era la discusión que debía producirse en la audiencia que finalmente quedó suspendida por la recusación.

Ahora, antes de que esa cuestión pueda avanzar, deberá resolverse el planteo contra Banó. “En primer lugar, esperar la resolución del incidente de recusación y luego continuar con el proceso conforme se viene realizando”, resumió Gómez sobre los próximos pasos.

Este martes, se desarrolló una audiencia en el Colegio de Jueces de la Segunda Circunscripción Judicial en el marco de la causa donde se investiga la comisión de hechos delictivos en la Casa de la Música del Molino Fénix de Villa Mercedes. La defensora oficial en lo Penal en representación de Diego Torres, planteó  un recurso de apelación en relación a la formulación de cargos.

En primer lugar, la defensora dijo que la resolución dictada por el juez de Garantía ocasionó un gravamen irreparable para su asistido y consideró que Fiscalía no logró determinar en forma clara cuál fue la conducta desplegada por Torres en relación a la comisión de los delitos atribuidos.

En ese sentido, dijo que el Ministerio Público Fiscal no indicó con precisión cual es la evidencia que sustentó la imputación, como así tampoco se diferenció entre los imputados.

Destacó las circunstancias en que su asistido se desempeñaba en el Molino Fénix y, en este sentido, aclaró que era un empleado público contratado y que nunca tuvo capacidad de administración. La Defensa consideró que Fiscalía partió desde una premisa errónea y esa confusión atravesó la imputación.

En esta misma línea explicó que su asistido cumplió diferentes funciones en el Molino Fénix, siempre dentro de una estructura jerárquica, pero no tenía la capacidad de disponer de fondos. Aclaró que tampoco tenía una formación profesional específica.

Mencionó el testimonio de tres personas que fueron compañeros de oficina de su asistido y que dan cuenta de quién daba las indicaciones y qué tareas realizaba su asistido.  Destacó que Diego Torres nunca fue funcionario y no tenía poder de decisión.

• En cuanto a la atribución del delito de asociación ilícita, consideró, entre otros aspectos, que no existe una evidencia que acredite cuándo se había configurado la misma y en qué momento su asistido expresó en forma libre y voluntaria su voluntad de formar parte de la misma.
• En cuanto a la figura de administración fraudulenta, consideró que el simple hecho de que una persona trabaje en una oficina administrativa no puede ser un indicio de que tenga a cargo la administración de la misma.
• En cuanto a la destrucción o ocultamiento de evidencia, consideró que no existen evidencias de que su asistido haya participado de esos actos.

Por otra parte, la Defensora realizó un planteo atento lo  previsto en el Art. 34 – Inc. 4º- del Código Penal Argentino y en este sentido, consideró que su asistido desarrollaba tareas bajo instrucciones de quienes era sus superiores. Destacó que esta circunstancia está sostenida por el testimonio de tres personas que trabajaban junto a Torres en el Molino Fenix.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal consideró que todo lo expuesto por la Defensa no fue desarrollado durante la audiencia de formulación de cargos. Manifestó que en aquella oportunidad fueron claros en cuanto a la función desarrollada por Torres en la comisión de delitos.

Detalló que desde su teoría, Torres fue participe en innumerables operaciones y en el manejo de la caja chica del Molino Fénix. También mencionó la entrega de vales y consideró que es inaplicable la figura de obediencia debida. Solicitó se rechace el recurso de apelación.

En el mismo sentido se expresó Fiscalía de Estado, consideró que la audiencia de formulación de cargos fue suficiente, en cuanto a los elementos de convicción mencionados por el Ministerio Público Fiscal, que dieron sustento a la imputación.

Asimismo, mencionó evidencias digitales que vinculan a Torres con otro de los imputados y que lo ubicarían cumpliendo un rol dentro de la asociación ilícita.  Explicó que desde esas mismas pruebas surgen elementos que dan cuenta de que Torres contribuyó a la sustracción de elementos probatorios.

Por último, estimó que no corresponde decir que Torres estaba coaccionado y consideró que se pudo acreditar la distribución de roles de la asociación ilícita con la evidencia aportada por Fiscalía. Solicitó se rechace el recurso de apelación.

Luego de escuchar a las partes, el Tribunal informó que dará a comunicar la resolución en el plazo de Ley.

La audiencia  se desarrolló en la Sala Nº 3 del Colegio de Jueces, intervinieron Hernán Herrera, María Monserrath Bocca y Marcelo Bustamante Marone.

Por el Ministerio Público Fiscal estuvo presente José Olguín, por la Querella y en representación de la Fiscalía de Estado, Flavio Ávila y la Defensora Oficial en lo Penal –adjunta-, Ximena Bertoli en representación de Diego Torres.

Fuente: Prensa Poder Judicial

Un joven de 20 años fue imputado por el delito de estafa mediante la utilización de tarjeta de crédito hurtada o extraviada, previsto en el artículo 173 inciso 15, en relación con el artículo 45 del Código Penal, luego de que el fiscal de Instrucción N° 1, Francisco Assat, le formulara cargos por realizar la compra de dos iPhones con una Tarjeta Visa que previamente había sido sustraída.

En una audiencia realizada este lunes ante el juez de Garantía N° 3, Marcos Flores Leyes, la Fiscalía detalló que el hecho ocurrió el cinco de junio pasado cuando una camioneta Volkswagen Amarok perteneciente a otro hombre se encontraba estacionada. Según la teoría del caso, autores desconocidos rompieron uno de los vidrios del vehículo y sustrajeron del interior una mochila que contenía documentación y tarjetas bancarias de la víctima.

De acuerdo con la investigación fiscal, el imputado habría utilizado posteriormente una de esas tarjetas para realizar compras por un total de $2.650.000 en el local comercial ubicado en calle Belgrano de la ciudad de San Luis. Según Assat, con la tarjeta Visa del dueño de la camioneta se adquirieron dos teléfonos iPhone 13 Pro Max y el joven también habría mostrado interés por una motocicleta que se encontraba a la venta en el comercio.

Assat explicó que la investigación permitió identificar al acusado a partir del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, además de otras medidas investigativas. Entre las evidencias mencionó la denuncia de la víctima y su ampliación, el testimonio del propietario del comercio, registros de las compras, fotografías e imágenes de los locales y el resumen de la tarjeta de crédito.

“Naturalmente se puede ver al imputado realizando estas compras”, afirmó el representante del Ministerio Público Fiscal al referirse a los registros fílmicos incorporados a la investigación.

Respecto de las medidas de coerción, Assat señaló que el imputado compareció citado y en libertad, por lo que solicitó medidas menos gravosas: firma del libro y prohibición de salir de la provincia durante 60 días. El fiscal explicó que durante ese período la investigación podría quedar en condiciones de ser elevada a juicio o permitir avanzar en una salida alternativa, teniendo en cuenta el perjuicio económico ocasionado.

El joven investigado se abstuvo de declarar y fue representado por la abogada María de los Ángeles De Pascuale, quien no se opuso a las medidas solicitadas por la Fiscalía. La abogada además destacó que su asistido es un joven de 20 años, sin antecedentes y manifestó su intención de reparar integralmente el perjuicio económico ocasionado, abonando los $2.650.000 utilizados con la tarjeta de crédito de la víctima, además de ofrecer disculpas.

La defensa reconoció que su cliente utilizó la tarjeta, aunque aclaró que, según su versión, no fue quien la sustrajo, sino que la encontró y posteriormente hizo uso de ella. Por este motivo, solicitó que durante los 60 días de las medidas de coerción se procure alcanzar un acuerdo de reparación integral o un criterio de oportunidad que permita resolver el conflicto sin necesidad de avanzar hacia un juicio.

Finalmente, Flores Leyes tuvo por formalmente formulados los cargos contra el imputado, al considerar que la Fiscalía presentó elementos suficientes para esta etapa inicial de la investigación y que no existían vicios formales. En cuanto a las medidas de coerción, hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dispuso que el imputado continúe el proceso en libertad, con dos reglas de conducta durante 60 días: deberá firmar el libro de la Fiscalía del 1 al 10 de cada mes y tendrá prohibición de salir de la provincia, salvo situaciones de salud, urgencia o trabajo que sean comunicadas previamente.

El magistrado valoró especialmente la juventud del imputado y la ausencia de antecedentes, considerando que una medida más gravosa podría resultar perjudicial. Al mismo tiempo, le advirtió que la causa continúa en trámite y que deberá cumplir estrictamente las reglas impuestas.

Ante el planteo de la defensa para reparar integralmente el daño, el juez invitó a la Fiscalía a analizar la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la víctima. Señaló que, al tratarse de un delito patrimonial, no existiría en principio un obstáculo para avanzar con una reparación integral. Si no fuera posible concretar el acuerdo con intervención de la Fiscalía, habilitó a la defensa a presentar formalmente la propuesta ante el juzgado.

Fuente: Prensa Poder Judicial