El adolescente de 16 años investigado por el homicidio de Javier Moyano continuará bajo prisión domiciliaria durante 60 días más. La jueza Penal, Juvenil y Contravencional, Ivana Benenati, hizo lugar este viernes al pedido de la Fiscalía N° 3, con acuerdo de todas las partes. El joven permanece bajo supervisión de sus tíos y con control policial. En la mañana de este viernes, familiares de Moyano se manifestaron frente al edificio del Poder Judicial para pedir la prórroga de la preventiva al menor.

Moyano fue asesinado el 13 de febrero en la Avenida V Centenario de la ciudad de San Luis. El adolescente está imputado junto con Carlos y José Barroso como presunto autor del delito de homicidio doblemente calificado, por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, según los artículos 80 inciso 6 y 41 bis del Código Penal.

Durante la audiencia, el fiscal Esteban Roche explicó que la investigación preparatoria todavía continúa abierta y que quedan medidas de prueba por producir. Entre ellas mencionó una pericia sobre un teléfono celular y nuevas entrevistas a testigos.

La Fiscalía fundamentó el pedido de prórroga en la existencia de riesgo de fuga y de posible entorpecimiento de la investigación, además de la gravedad del hecho. Roche también señaló que la medida busca resguardar al propio adolescente ante el clima de tensión existente en el barrio.

La jueza Benenati dispuso además que continúe el seguimiento del Instituto de Reinserción Social, la asistencia psicológica a través del área Penal Juvenil y las medidas necesarias para garantizar que el adolescente continúe sus estudios de manera virtual.

La situación de los otros dos imputados

En relación con los otros dos investigados, Roche indicó que José Barroso continúa en prisión preventiva, medida que, en principio, se extendería hasta noviembre.

Por su parte, Carlos Barroso fue condenado durante el desarrollo de la investigación a una pena superior a cinco años por un robo calificado y actualmente cumple esa condena en el Servicio Penitenciario.

La situación procesal del adolescente se encuentra alcanzada por las normas específicas de la Justicia Penal Juvenil, que establecen un régimen diferenciado para los procesos en los que intervienen menores de edad y contemplan medidas de coerción acordes a ese régimen.

El reclamo de la pareja de Moyano

Antes de la audiencia, Laura Suárez, pareja de Javier Moyano, se presentó en el Poder Judicial y reclamó que la investigación avance. También expresó su preocupación por la situación del adolescente y por la seguridad de su hijo de 9 años, quien, según relató, encontró a su padre después del homicidio.

“Venimos nuevamente al Poder Judicial a pedir que la muerte de Javier no se olvide, porque él no se decidió a morir. A Javier lo mataron”, sostuvo Suárez antes de conocer la decisión judicial.
La mujer cuestionó además que, según afirmó, su hijo no habría recibido asistencia psicológica después de haber encontrado a su padre en esas condiciones. “Yo no vengo acá a pedir venganza. Yo vengo acá a pedir justicia que también se vele por la seguridad de mi hijo”, manifestó.

Suárez también sostuvo que las personas investigadas viven a pocas cuadras de su domicilio y manifestó su temor ante una eventual liberación del adolescente. “Si decide liberarlos, me está exponiendo a que me maten”, afirmó.

Respecto del contexto previo al homicidio, la mujer aseguró que había realizado denuncias por episodios vinculados con disparos en la zona y consideró que el crimen podría haberse evitado.

Cómo ocurrió el homicidio

Según la teoría del caso presentada por la Fiscalía, el 13 de febrero, entre las 19:50 y las 20:00, Moyano circulaba en motocicleta por el carril derecho de la Avenida V Centenario, en sentido oeste-este.

Al llegar a la altura de la manzana L, habría sido interceptado por un automóvil gris oscuro en el que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, se desplazaban los imputados.

Desde el interior del vehículo se habrían efectuado varios disparos con un arma de fuego que impactaron contra Moyano. Luego del ataque, los ocupantes del automóvil se dieron a la fuga.

La víctima cayó sobre el asfalto y falleció minutos después como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por heridas de arma de fuego que le perforaron ambos pulmones, según la descripción realizada por la Fiscalía.

Con la resolución adoptada este viernes, el adolescente continuará bajo prisión domiciliaria por otros 60 días, mientras la Fiscalía avanza con las medidas de prueba pendientes.

El Superior Tribunal de Justicia de San Luis fijó las fechas del primer receso judicial bajo el nuevo régimen de reducción de la feria judicial, que comenzará a regir a partir del 31 de diciembre de 2026. Hasta ahora, la feria judicial de enero se extendía durante todo el mes, mientras que la nueva normativa establece un receso de dos semanas al inicio del año y otra semana a mediados del año judicial. Para enero de 2027, el Superior Tribunal estableció que el receso será desde el lunes 4 hasta el domingo 17 de enero, inclusive.

El Acuerdo N° 176-STJSL-SA-2026 fue firmado el 1 de septiembre por los cinco ministros del Superior Tribunal y publicado este viernes en el Boletín Oficial. La resolución establece las primeras pautas para implementar la modificación introducida por la Ley N° IV-1174-2025, que modificó el artículo 19 de la Ley Orgánica de Administración de Justicia.

La nueva normativa establece que habrá receso judicial durante las dos primeras semanas de enero y una semana a mediados del año judicial, cuya fecha será determinada por el Superior Tribunal con suficiente antelación.

Para establecer las fechas de enero, el Superior Tribunal consideró que el 1 de enero de 2027 será viernes y feriado nacional, seguido por el sábado 2 y el domingo 3. Por ese motivo, interpretó que las dos primeras semanas debían comprender dos semanas completas y consecutivas y fijó el receso entre el lunes 4 y el domingo 17 de enero.

La semana de receso correspondiente a mediados de 2027 todavía no fue establecida. El Superior Tribunal indicó que la fecha será determinada posteriormente y comunicada con suficiente antelación.

El acuerdo fue emitido como una actuación preparatoria para la implementación del nuevo régimen y también contempla la organización anticipada de las licencias del personal judicial. El Régimen de Licencias fue modificado previamente para adecuarlo al nuevo esquema de recesos y establece un procedimiento para planificar la prestación del servicio durante esos períodos.

Dos acciones de inconstitucionalidad

La implementación de la reducción de la feria judicial se produce mientras la modificación legal es cuestionada ante la Justicia por los colegios de abogados de San Luis y Villa Mercedes.

El Colegio de Abogados y Procuradores de la Ciudad de San Luis presentó el 1 de julio una acción de inconstitucionalidad contra la ley que redujo la duración de la feria judicial. La entidad cuestionó, entre otros aspectos, que los poderes Ejecutivo y Legislativo hayan avanzado sobre facultades que considera propias del Poder Judicial.

El planteo también incluye cuestionamientos vinculados con la organización del trabajo de los tribunales y de los estudios jurídicos, además de la afectación que, según el Colegio, la reducción puede generar sobre el descanso de los trabajadores judiciales y los profesionales del Derecho.

La acción del Colegio de San Luis se encuentra en trámite ante el Superior Tribunal de Justicia. Según informó la institución, se dio vista al procurador general para que se expida sobre la admisibilidad formal de la demanda, antes de que las actuaciones regresen al máximo tribunal.

A esta presentación se suma otra acción de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Villa Mercedes, también contra la reducción de la feria judicial.

Mientras ambos planteos judiciales continúan su trámite, el Superior Tribunal avanzó con la implementación del nuevo régimen y estableció oficialmente las fechas del primer receso judicial de 2027.

El acuerdo dispone además que sea publicado en la página web institucional del Poder Judicial y en el Boletín Oficial y Judicial de la Provincia. También ordena comunicarlo al personal y a los organismos del Poder Judicial y a los Colegios de Abogados y Procuradores de las tres circunscripciones judiciales.

El Tribunal Nº 3 del Colegio de Jueces en lo Penal rechazó por unanimidad las apelaciones presentadas por las defensas del ex juez Agustín Ruta y del abogado Juan Cruz Domínguez, quienes son investigados junto al ex secretario judicial Marcos Figueroa por presuntas irregularidades cometidas durante la tramitación de una ejecución de sentencia contra Banco Macro.

De esta manera, los jueces Laura Molino, Adriana Lucero Alfonso y Fernando De Viana confirmaron la resolución que había dictado el 2 de julio la jueza de Garantías Nº 4, Luciana Banó, quien rechazó distintos planteos con los que las defensas buscaban cuestionar la continuidad y validez de la investigación. El Tribunal ordenó que las actuaciones regresen al organismo de origen para que continúe la causa penal.

La investigación está a cargo del fiscal de Instrucción Nº 3, Esteban Roche, y tiene como imputados a Ruta, Domínguez y Figueroa. Los hechos se desprenden de un litigio civil iniciado en 2010 entre Codapri S.A., representada por Domínguez, y Banco Macro, que contó entre sus abogados con Néstor Nóbile. Tras años de trámite, Codapri obtuvo una sentencia favorable y posteriormente se inició un incidente para ejecutar el fallo y cobrar los montos reconocidos judicialmente.

El acta que la Fiscalía considera falsa
Uno de los puntos centrales de la causa es un acta correspondiente a una supuesta reunión realizada el 10 de diciembre de 2020 en el Juzgado Civil Nº 4. De acuerdo con ese documento, Domínguez y Nóbile habrían acordado no recurrir determinadas decisiones relacionadas con el embargo, un plazo fijo y la disponibilidad del dinero.

La hipótesis del Ministerio Público Fiscal es que esa reunión nunca ocurrió y el acta es falsa. El documento solamente aparece firmado por quien entonces era secretario del juzgado, Marcos Figueroa, y no por los abogados que supuestamente participaron del encuentro.

Otro elemento que la Fiscalía considera relevante es que el acta fue incorporada formalmente al expediente recién el 1º de septiembre de 2021, aproximadamente nueve meses después de la fecha que figura en ella. Para ese momento, Nóbile ya había fallecido, por lo que no podía confirmar ni desmentir el contenido que se le atribuía.

La acusación cuenta además con informes de trazabilidad correspondientes al período de restricciones sanitarias por Covid, que no registrarían el ingreso al edificio judicial de algunos de los supuestos asistentes; análisis técnicos del archivo digital; declaraciones de empleados judiciales; y testimonios de familiares de Nóbile, quienes afirmaron que el abogado permaneció con ellos durante la mañana del 10 de diciembre de 2020 porque ese día era su cumpleaños.

Según la teoría fiscal, el acta fue utilizada posteriormente para respaldar decisiones adoptadas dentro de la ejecución de sentencia y considerar consentidas determinadas resoluciones, lo que permitió avanzar con la liberación de aproximadamente $34 millones en favor de Codapri.

Ruta fue destituido y Domínguez está imputado en otra causa
La actuación de Agustín Ruta en este expediente fue también uno de los hechos analizados durante el proceso que terminó con su destitución como juez. En la causa penal actual, la Fiscalía le atribuyó junto con Figueroa, en carácter de coautores, los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica.

Domínguez, por su parte, fue imputado por falsedad ideológica. El abogado también se encuentra acusado en otra investigación de gran magnitud dada a conocer por La Gaceta Digital: la denominada “Mafia de las Escrituras”, en la que fue señalado como presunto líder de una organización dedicada a distintas maniobras delictivas vinculadas con inmuebles.

Los cargos contra los tres fueron formulados en mayo ante Banó. En aquella audiencia, las defensas ya habían cuestionado distintos aspectos de la acusación. Los abogados de Domínguez, por ejemplo, plantearon la “atipicidad manifiesta de los hechos”, al sostener que las conductas descriptas por la Fiscalía no configuraban los delitos atribuidos y que el acta cuestionada no había sido determinante para las decisiones vinculadas con el movimiento del dinero.

El Tribunal respaldó la resolución de Banó
Los cuestionamientos continuaron posteriormente y derivaron en la resolución del 2 de julio, mediante la cual Banó rechazó planteos de falta de acción, atipicidad y nulidad. Esa decisión fue apelada por las defensas de Ruta, ejercida por Carlos Bianchi, y de Domínguez, representado por Carlos Gabriel Varela y Hugo Scarso.

Ahora, el Tribunal Nº 3 descartó que la decisión de la jueza haya sido arbitraria o estuviera sustentada en una fundamentación meramente aparente. Por el contrario, consideró que Banó analizó los planteos y explicó las razones por las cuales correspondía rechazarlos.

Los magistrados remarcaron además que no alcanza con señalar una eventual irregularidad para conseguir la nulidad de una actuación judicial. Quien realiza ese planteo debe demostrar qué perjuicio concreto le ocasionó y de qué manera afectó su derecho de defensa, una afectación que debe ser real y efectiva y no simplemente teórica.

Con esos argumentos, el Tribunal rechazó por unanimidad las apelaciones, confirmó lo resuelto por Banó y dispuso que el expediente vuelva al organismo de origen. De esta manera, la investigación contra Ruta, Figueroa y Domínguez continuará adelante.

El Superior Tribunal de Justicia estableció un período de adaptación de un mes para la implementación del nuevo sistema de registro de asistencia y comunicación de ausencias para magistrados y funcionarios titulares del Poder Judicial. La medida fue dispuesta mediante el Acuerdo N° 175-STJSL-SA-2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

El período transitorio comenzó el 1 de septiembre y se extenderá hasta el 30 de septiembre. Durante ese tiempo, los magistrados y funcionarios alcanzados por el nuevo régimen deberán continuar registrando sus horarios de ingreso y egreso y comunicando sus ausencias mediante la aplicación implementada por el Poder Judicial.

La diferencia durante este primer mes estará en las consecuencias de eventuales incumplimientos formales. La falta o demora en el registro del ingreso o egreso no será considerada por sí misma como prueba de una ausencia. Del mismo modo, la falta o demora en comunicar una ausencia no generará automáticamente la presunción de que se trató de una inasistencia injustificada. En ambos casos, Recursos Humanos deberá verificar la situación y podrá requerir que sea regularizada o justificada.

El STJ explicó que la decisión responde a la necesidad de contar con un período inicial de adaptación que permita detectar y corregir eventuales dificultades operativas, técnicas o interpretativas derivadas de la puesta en funcionamiento de las nuevas modalidades de registro y comunicación.

El nuevo régimen de licencias y asistencia comenzó a regir el 1 de septiembre y alcanza a magistrados, funcionarios y empleados judiciales. Entre otras disposiciones, establece que las enfermedades deben ser comunicadas hasta las 8:30 del primer día de ausencia a través de la aplicación, mientras que el control médico deberá realizarse dentro de las 48 horas hábiles.

También establece mecanismos para controlar las ausencias por enfermedad, incluyendo la posibilidad de realizar controles domiciliarios cuando se haya indicado reposo absoluto y la obligación de presentar los certificados correspondientes para solicitar una extensión de la licencia.

El régimen también establece que las consultas o prácticas médicas previamente programadas y que no tengan carácter de urgencia no justifican la inasistencia durante el horario laboral. En esos casos, deberán realizarse fuera de la jornada de trabajo, salvo determinadas situaciones vinculadas con traslados fuera del distrito judicial o de la provincia.

Uno de los puntos que establece expresamente el nuevo régimen está relacionado con las intervenciones quirúrgicas. Las cirugías estéticas que no tengan carácter reconstructivo no son consideradas inasistencias justificadas, por lo que no habilitan una licencia por ese motivo.

Además, el reglamento dispone que no serán aceptados certificados médicos emitidos por profesionales que sean familiares cercanos del trabajador, magistrado o funcionario, ni por su cónyuge o conviviente.

En cuanto al control horario, los empleados judiciales de los tres distritos utilizan sistemas de registro biométrico, mientras que magistrados y funcionarios deben registrar el ingreso y egreso mediante la aplicación. El registro de ingreso debe realizarse dentro de la primera media hora del horario establecido para comenzar la jornada.

El régimen también contempla sanciones frente a reiterados incumplimientos. Se establece que seis inasistencias injustificadas durante un año calendario constituyen una falta grave. También se prevén consecuencias para la reiteración de llegadas tarde superiores a 30 minutos una vez agotada la tolerancia mensual prevista.

La nueva normativa establece además que toda salida durante la jornada laboral requiere autorización previa y debe quedar registrada en la aplicación y en los sistemas de control correspondientes. Para los magistrados y funcionarios, la salida de la provincia requiere autorización solicitada con dos días hábiles de anticipación, salvo situaciones urgentes debidamente justificadas.

El período de adaptación dispuesto ahora por el STJ no suspende ni modifica las obligaciones establecidas por el nuevo régimen. El propio Acuerdo N° 175 señala que durante septiembre los magistrados y funcionarios deberán continuar cumpliendo con el deber de asistencia, permanencia y prestación efectiva del servicio.

La disposición aclara, además, que si durante el período transitorio se comprueba que existió una ausencia efectiva, podrán adoptarse de inmediato las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio y las sustituciones que correspondan.

A partir del 1 de octubre, una vez finalizado el período de transición, las disposiciones del nuevo sistema comenzarán a aplicarse plenamente también respecto de las consecuencias derivadas de la falta o demora en los registros y comunicaciones establecidos.