Este lunes, el Gobierno provincial dio a conocer información sobre los lotes de vehículos que irán a subasta el 7 de diciembre, a partir de las 9:00, en el salón Malvinas Argentinas de Casa de Gobierno, bajo la modalidad de martillo corrido.

Para conocer los vehículos antes de la subasta, los interesados podrán asistir al predio del Parque Automotor del Gobierno de San Luis, ubicado en calle Reynaldo Anzulovich esquina Zoilo Concha, en el Parque Industrial Sur de la ciudad de San Luis.

Los días de visita serán el 28 y 29 de noviembre de 14:00 a 18:00; el 30 de noviembre y 1° de diciembre de 9:00 a 13:00, y del 2 al 5 de diciembre de 14:00 a 18:00.

Además, los detalles de los lotes, precios base y dominios se pueden visualizar a través de este link.

Este domingo, Raúl Gil y Claudia Brusasca lanzaron sus candidaturas a rector y vicerrectora de la Universidad Nacional de San Luis, a través de la lista Consenso e Identidad Universitaria. Gil es el actual secretario General de la UNSL, doctor en Química y profesor titular del área de Química Analítica, mientras que Brusasca es magíster en Neuropsicología, docente del área de Psicobiológica y decana de la facultad de Psicología.

“Estudiantes, docentes, nodocentes y graduados tienen en sus manos la responsabilidad de decidir quiénes guiarán nuestra universidad. Nos proponemos aportar a la construcción de una universidad innovadora, abierta al diálogo, protagonista del cambio social y comprometida con su territorio y su comunidad”, reza la presentación de la fórmula en Instagram.

Las elecciones serán el 21 de mayo y las nuevas autoridades asumirán el 17 de septiembre. Por el momento, la de Gil y Brusasca, que tiene el visto bueno del actual rector de la UNSL, Víctor Moriñigo, es la única fórmula que se ha presentado.

La Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS), junto a otros sindicatos, continúa con el reclamo al Gobierno provincial de recomposición salarial. La semana pasada, gremios estatales remitieron una nota al gobernador Claudio Poggi solicitando una urgente recomposición salarial y un bono de fin de año “contundente” para todos los trabajadores.

“Lo que estamos pidiendo es una recomposición salarial en una mesa de negociación donde participemos los integrantes de los gremios como representantes de los en esta situación que estamos atravesando. Aprovechando su condición de contador, le hicimos llegar también al señor gobernador los porcentajes, los números en los que nosotros creemos que estamos por debajo de la recomposición salarial que necesitamos”, dijo la secretaria general de APTS en comunicación con La Gaceta Digital (LGD).

En la nota que envió la Mesa Intersindical se consignó que la inflación acumulada desde noviembre de 2023 a octubre de 2024 es del 290,64%, y el aumento otorgado por el Ejecutivo provincial a sus trabajadores es del 45% en lo que va del año. “Los salarios han quedado pulverizados, por lo que resulta imprescindible una recomposición salarial urgente acorde a la inflación”, dice una parte de la nota.

Según los sindicatos estatales, el salario más bajo debería ser de $1.080.781 para mantener el poder adquisitivo de noviembre de 2023.

“No hemos conseguido respuesta y además también hicimos una nueva presentación al ministro de Hacienda. Nosotros, desde el APTS, venimos solicitando hace rato porque justamente la canasta básica del trabajador de la salud tiene particularidades específicas y exclusivas del sector salud, como es todo el tema de capacitaciones. Hay mucho personal que viene de otras provincias; no tenemos recursos humanos formados en salud lo suficiente como para abastecer nuestra propia provincia”, detalló Porter.

Otros aspectos que mencionó son que los trabajadores de la salud deben usar su propia movilidad para viajar de un lugar de trabajo a otro y que deben pagarse la indumentaria. “Si vos sacás todo lo que te lleva el salario para realizar tu función, ahí estamos mal, muy mal”, dijo la secretaria. En el caso de los técnicos de la salud es peor porque los salarios no llegan a la canasta básica.

“Necesitamos reunirnos con gente que tenga la decisión política de cambiar esta situación. Sí o sí lo tienen que hacer el señor Gobernador con su ministro de Hacienda, porque en el Ministerio de Salud no tiene incumbencia sobre lo salarial”, consideró Porter.

Así lo establece la ley provincial, que instituyó ese día de cada año como día no laborable para el personal de la administración pública. No habrá asistencia a los lugares de trabajo para el personal de todos los sectores, incluidas la administración central y sus reparticiones descentralizadas.

El artículo 21 de la Ley XV-0390-2004 instituye al 4 de diciembre como el Día del Empleado Público Provincial. “Esta fecha lo será con exclusión de cualquier otra fijada en forma legal o consensuada, en todas las actividades desarrolladas en el ámbito de la Administración Pública Provincial. Ese día será NO LABORABLE para el personal de todos los sectores de la Administración Pública, incluyendo la Administración Central y reparticiones descentralizadas de la misma”, reza el texto de la norma.

Este domingo, alrededor de las 21:30, se produjo un accidente de tránsito en la ruta nacional 79, a unos 9 kilómetros al norte de la localidad de Quines.

En ese lugar, una mujer de 27 años de edad circulaba en una moto Motomel 150cc de sur a norte y por razones que se tratan de establecer fue impactada desde atrás por un colectivo Mercedes Benz de la empresa Blanca Paloma, conducido por un hombre de 53 años que circulaba en la misma dirección.

La mujer (quien se desempeña como efectivo policial y en ese momento salía de servicio y se dirigía en su moto particular desde Quines hacia su domicilio en Candelaria) sufrió distintos golpes en su cuerpo debido al impacto. Fue asistida en el lugar por personal de salud de Quines y fue trasladada en ambulancia en primera instancia hacia el hospital de esa localidad.

Posteriormente, fue derivada hacia el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, donde permanece internada en terapia intermedia, de acuerdo a la información policial.

El Gobierno provincial incluyó a 230 adjudicatarios como parte de la construcción de viviendas para darle cumplimiento a los inscriptos en los planes Progreso y Sueños. Lo insólito es que muchos de estos 230 inscriptos cumplieron fuera de término con algunos de los requerimientos establecidos, como el pago de cuotas, actualización de datos. 

El ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, confirmó lo mencionado en una conferencia de prensa que brindó junto a una funcionaria este lunes por la mañana. El funcionario mencionó que el sábado pasado se reunieron con el grupo de vecinos que se inscribieron en el Progreso y Sueños “que no habían cumplido en una primera instancia, tal vez con todos los requerimientos de aquellos que actualizaron sus datos y fueron incluidos para el sorteo que se realizó el día 13 de julio en la Caja Social. Esto significa que había algunos que tal vez al 10 de diciembre no estaban al día con las cuotas, pero que luego sí se pusieron al día y hoy tienen 60, 70 cuotas pagas. Hay algunos casos donde se inscribieron en forma tardía, o sea, no actualizaron los datos en el momento en que estuvo abierto, que fue hasta el 31 de mayo, pero luego se enteraron, a lo mejor no habían tenido acceso a la información y pudimos comprobar que cumplían con todos los requisitos establecidos”.

Bertolini mencionó que también hubo casos de personas que pagaron sus cuotas, pero que en la gestión anterior “prácticamente” se los forzó a que aceptaran el reintegro de las cuotas abonadas.

“Hemos considerado que toda esta gente se inscribió en el Plan Progreso y Sueños, confió en una política habitacional del Gobierno de la Provincia y en definitiva el Gobernador siempre dijo que lo primero que había que cumplir es la palabra empeñada. Así que por eso se generó esta reunión. Eran alrededor de 230 familias las que asistieron, a las que se les informó que sus viviendas van a estar incluidas y se van a construir seguramente a partir de febrero de este año”, expresó el ministro.

La Gaceta Digital preguntó si esta situación no iba a sentar un mal precedente en lo relativo a viviendas, teniendo en cuenta que se han presentado los requisitos fuera de término. Carola Díaz, subdirectora de Regularización Dominial, tardó unos segundos en responder la pregunta. “Ahora agregamos estas personas, que es en forma de reparación de las malas acciones del gobierno anterior”, respondió.

Díaz detalló que este grupo de personas se convocará para que en febrero haga la presentación física de la documentación requerida, como el DNI del titular y el grupo familiar.