SIJUPU, APTS, UTEP SL, SIEP, ATE y APEL elevaron un nuevo petitorio al Gobernador de la Provincia, solicitando urgente recomposición salarial y un bono de fin de año “contundente” para todos los trabajadores y trabajadoras provinciales.

En la nota, los gremios dan cuenta de la gran pérdida del poder adquisitivo de los y las trabajadoras estatales. Teniendo en cuenta que el último aumento de la gestión Rodríguez Saá fue en octubre de 2023, el Frente Gremial expresa que frente a la inflación acumulada desde noviembre de 2023 a octubre del 2024, que suma un 290,64%, y el magro aumento de 45% en lo que va del año, “los salarios han quedado pulverizados, por lo que resulta imprescindible una recomposición salarial urgente acorde a la inflación”.

“Al considerar estas cifras, el salario más bajo en noviembre de 2023, que era de $372.000 y superaba la canasta básica de ese momento, hoy debería estar en $1.080.781 para mantener el mismo poder adquisitivo. Sin embargo, el salario actual estimado apenas alcanza los $571.994, lo que representa una pérdida del 47% del poder adquisitivo en menos de un año”, dice la nota del Frente.

“Por todo lo expuesto, solicitamos una recomposición salarial urgente que permita recuperar el poder adquisitivo perdido, garantizando que los salarios superen los valores de la canasta básica total y un bono no remunerativo contundente, que actúe como salvavidas inmediato para las economías familiares, castigadas por la inflación y las deudas acumuladas desde el desdoblamiento salarial”, continúa la nota.

Desde el frente gremial, además se remarca que el “responsable máximo” de garantizar un salario digno a los y las trabajadoras estatales de la provincia es el Gobernador. “Sr. Gobernador, el bienestar de las y los trabajadores estatales es responsabilidad directa de su gestión. Hacer frente a esta situación es un verdadero acto de coherencia que no solo reforzará la confianza de los trabajadores en sus instituciones, sino que también enviará un mensaje claro de que su gobierno está dispuesto a priorizar las necesidades reales de la población”, concluye la nota, mientras que, mediante un comunicado de prensa, desde el Frente aseguraron que “hay disposición para dialogar y contribuir a solucionar este gran problema salarial”.

El intendente de La Punta, Luciano Ayala, recibió este martes al gobernador Claudio Poggi, para poner en marcha la obra de infraestructura para la construcción 20 viviendas en el sector Sur del Barrio 36 Viviendas, ubicado entre Módulo 8 y Bº 125.

La construcción de estas viviendas es una reparación histórica que lleva adelante el Gobierno Provincial para los programas Progreso y Sueños de 2011 y con estas acciones se salda una deuda que la administración anterior no cumplió.

Durante el acto, Poggi señaló que estas 20 viviendas forman parte de 1.300 viviendas en toda la provincia, lo que representa un avance sustancial en materia de desarrollo habitacional.

“Agradecer al gobernador que va a cumplir con lo que hace 13 años él comenzó y que hubo un gobierno y que hubo un gobierno que le dio la espalda a los vecinos que hubo un gobierno que le dio la espalda a los vecinos que no construyeron esas casas que ustedes tenían las cuotas pagas entonces creo que es un día para para festejar y para agradecer también”, dijo el intendente.

El jefe comunal, subrayó la importancia trabajar codo a codo con el Gobierno Provincial y dar continuidad a políticas habitacionales como el programa Progreso y Sueños, que garantizan el acceso a ser propietarios. “Tuvieron que pasar más de 10 años para hoy comenzar una nueva etapa es de poder construir veinte viviendas por gestión municipal. Esta obra representa un avance para darle respuestas concretas al vecino, además de generar empleo para unas 40 familias de la construcción reactivando la economía local”, afirmó Ayala.

Un grupo de padres de niños con discapacidad que asisten a la escuela de equinoterapia de San Luis manifestó su preocupación por los constantes cambios de docentes y la falta de comunicación por parte de las autoridades. Paula Catánea, representante del grupo, expresó: “Los profes han puesto toda la garra y lo mejor de ellos, pero desde las personas que están a cargo no se ve lo mismo. No los conocemos, no se dieron nunca a conocer.”

Catánea agregó que los cambios repentinos en los encargados del tratamiento son especialmente difíciles para los niños. “De golpe nos íbamos encontrando con que la persona a cargo del tratamiento no estaba más. Si conocemos algo de discapacidad, sabemos que para nuestros hijos es muy difícil los cambios, y más si son repentinos.” Además, afirmó: “Por lo que sé, a la persona que tenía a cargo mi hijo la echaron de golpe. Nadie ha dado la cara hasta el momento.”

Estos cambios permanentes y otras cuestiones han conducido, según Paula, a un ambiente “dificilísimo”. “Para los chicos nuestros calculo que es peor todavía, porque ellos tienen la parte sensorial mucho más desarrollada que uno. Uno por ahí, estando con toda la locura de lo que es tener hijos con discapacidad, por ahí ni lo ve o no lo notan. Pero en este caso sí se nota y los chicos calculo que lo deben notar mucho más”, comentó.

Por su parte, el secretario de Personas con Discapacidad, Luis Giraudo, negó los rumores sobre el cierre de la escuela. “Se les transmitió a los papás que no se va a cerrar equinoterapia. Esto va a continuar, hay presupuesto para el año que viene”, dijo el funcionario, en declaraciones a Reporte San Luis, donde también expresó que “el grupo de docentes es espectacular” y que le “gustaría que continúen los mismos”.

Por otro lado, Giraudo atribuyó los motivos de los reclamos a conflictos internos entre los profesores. “Hay una ida y trae entre un grupito de docentes y otro, donde dicen que hay acoso laboral y hostigamiento. Eso no debe existir. Para eso me he venido a hablar, a ver de qué se trata”, sostuvo.

Actualmente, la institución atiende a unos 80 chicos y la lista de espera es de más de 100. En este sentido, señaló lo largo que son estos tratamientos. “Sí, va lento y necesitamos más espacio, más lugar. Pero bueno, a la gente le gusta, lo quiere y no es plata malgastada”, manifestó.

“Yo les explicaba a los padres que estoy en toda la provincia, viajo a Arizona, como viajo a Quines o Candelaria. Entonces voy viajando de acuerdo a la demanda que hay de personas con discapacidad. Que me he encontrado con personas con discapacidad que no tienen DNI. Entonces voy a decir, bueno, también hay que priorizar a los pueblos que no tienen nada. Los pueblos no tienen ONG, no tienen alguien que empuje. No tienen este equipo de padres que van pechando, van pechando. Que está bien. Entonces yo tengo que tener la presencia de los pueblos. Pero bueno, voy a tener más presencia acá. Esto lo voy a seguir de cerca. De cerca porque los chicos lo quieren y es el bien para ellos”, finalizó Giraudo.

El gobernador Claudio Poggi firmó un decreto de rescisión de la relación laboral con seis empleados públicos que presentaron certificados médicos falsos durante los años 2023 y 2024. Hasta el momento son 68 los trabajadores cesanteados por los certificados médicos apócrifos. Se presume que podrían ser más de 100 los empleados públicos provinciales que presentaron estos certificados.

El decreto rubricado por el primer mandatario provincial señala que se detectaron que agentes de distintos sectores de la administración pública presentaron certificados médicos apócrifos para gozar de licencias pagas por razones de salud, lo cual generó la decisión de desvincular a los involucrados.

Las certificaciones contienen inconsistencias en los datos personales al igual que en las matrículas de los profesionales, a los que de manera falaz fueron atribuidas. En consecuencia, las faltas quedarán injustificadas y se descontarán los haberes abonados por los días comprendidos en la estafa.

Los casos son encuadrados en la cláusula sexta de los contratos de prestación, que integran los servicios suscriptos con el Gobierno de la provincia de San Luis. Por lo tanto, se rescinde el contrato a los agentes implicados y se da por concluida la relación laboral.

Más casos con personal de planta permanente

Cabe señalar que esta semana se inician los sumarios a 33 trabajadores de planta permanente, que presentaron certificados falsos para gozar de licencias pagas por enfermedad.

Los trabajadores, según lo que establece el Estatuto del Empleado Público, serán suspendidos por 90 días sin el pago de sus haberes hasta que se realice el sumario. Los mismos pertenecen a diferentes organismos del Estado provincial.

Fuente: ANSL

Los agentes de la administración pública provincial cobrarán sus sueldos este viernes 29 de noviembre con un aumento del 4%. Se trata del último tramo de una mejora salarial del 20% que implementó el Gobierno provincial para los empleados del Poder Ejecutivo, tanto de la administración centralizada como descentralizada.

Educación

Los directores, vicedirectores y regentes de los niveles inicial, primario y secundario, percibirán sus remuneraciones con un 6% adicional al estipulado. Dicha mejora alcanzará a 541 directivos.

En lo referente a fechas, cabe precisar que el próximo viernes 29 tendrán depositados sus aportes las escuelas públicas de gestión privada, autogestionadas y generativas. En tanto la Beca al Mérito se pagará el 6 de diciembre.

Salud

Serán recategorizados 777 médicos de la carrera sanitaria, que percibirán un aumento salarial promedio del 12% adicional al previsto para este mes.

Planes sociales

Los beneficiarios del Plan de Inclusión Social cobrarán el próximo 4 de diciembre. Como lo anunció el gobernador, Claudio Poggi, desde noviembre la totalidad de los integrantes percibirán, sin distinciones, una remuneración de $400.000.

Jóvenes en Formación

Por otra parte, los beneficiarios de la iniciativa Jóvenes en Formación cobrarán el 6 de diciembre.

Fuente: ANSL

El Gobierno provincial inició sumarios a 33 empleados que hicieron uso de licencias con certificados falsos. El resultado parcial de la auditoría de la Dirección de Recursos Humanos ha detectado que estos trabajadores de planta permanente, presentaron certificados falsos para gozar de licencias pagas por enfermedad.

A estos trabajadores de la administración pública, siguiendo lo que establece el Estatuto del Empleado Público, serán suspendidos por 90 días en el pago de sus haberes inter se realice el sumario. Los mismos pertenecen a diferentes organismos del Estado Provincial.

Cabe recordar que, a la fecha, 62 contratados fueron cesanteados por la misma razón. A estos empleados, siguiendo lo establecido en la legislación vigente, se les rescindió el contrato.

El Ejecutivo no ha dado a conocer hasta el momento el listado de los cesanteados como tampoco de las trabajadores a los que se les inició sumarios.

Fuente: ANSL