El ministro de Vivienda habló al respeto y sobre el proceso de selección de preadjudicatarios y la nueva Ley de Viviendas.

El ministro de la Vivienda, Eduardo D’Onofrio,  se mostró preocupado ante la falta de colaboración en el cruzamiento de datos con el Gobierno por parte de la Municipalidad. El funcionario habló también habló sobre el proceso de selección de preadjudicatarios y la nueva Ley de Viviendas.

Al ser consultado sobre en entrecruzamiento de datos con la Municipalidad de San Luis, para no repetir preadjudicatarios, D’Onofrio aclaró que desde su repartición se contactaron con el Municipio para acceder al listado de preadjudicatarios y así realizar los chequeo pertinentes. Ante esto, el Municipio se comprometió  a enviarlos pero nunca los envió.

En ese sentido, el ministro de Vivienda indicó que pudieron acceder al listado recién cuando fue publicado por el Municipio Capitalino y al analizarlo detectaron varias personas que actualmente están inscriptas en los planes provinciales.

Según explicó el funcionario, a las personas que figuran en las dos listas, se las llama por teléfono para constatar si renuncian a la inscripción del Gobierno o las continúan pagando y renuncian a las casas que construye el Municipio.

Respecto a la nueva Ley de Viviendas, el funcionario señaló que a través de esta Ley, el plazo de habitabilidad es inmediato, “tienen 30 días para ocupar las casas” y agregó que una vez cumplidos los 5 años de habitabilidad, recién podrán cancelarla y poder venderla o alquilarla.

En lo referido al modo de selección de los preadjudicatarios, D’Onofrio indicó el criterio utilizado es privilegiar la cantidad de ocupantes, además el 10% de las casas que se construyen van destinadas a familias con algún integrante discapacitado, “en ninguna Provincia se prioriza esta cantidad de casas a discapacitados”.

Una nueva nota de opinión sobre el tema de Tochi Moreno. El 30 de noviembre de cada año finaliza el período de sesiones ordinarias del Poder Legislativo de San Luis (Art 114 de la Constitución). Y en este período 2012 tampoco los legisladores provinciales cumplieron con su obligación legal de designar al Defensor del Pueblo, cargo vacante desde noviembre de 2004. Vacancia ésta que tuvo la particularidad de contar con un defensor trucho hasta 2008, algo incomprensible y que sólo puede ocurrir allí donde la Constitución y las instituciones de la república no se respetan.

Si bien se espera que ningún gobernante, ni ningún legislador ignoren  sus responsabilidades y  para que nadie dijera “me olvidé”, este año le envié dos cartas documentos al Vice Gobernador de la provincia Ing. Jorge Raúl Díaz  pidiéndole que les recuerde a los legisladores que deben cumplir con el procedimiento que marca la ley para proponer primero y designar después al Defensor del Pueblo. También le envié carta documento a la Presidente de la Cámara de Diputados, Lic. Graciela Mazzarino. Y una nota a los presidentes de los distintos bloques de diputados: Amitrano, Ponce, Haddad, Ceballos y Giraudo.

El Sr. Vice Gobernador pese a que le recordé la vigencia del Art 17 de nuestra Constitución que le obliga a responder por escrito al peticionante, no me respondió. Por lo que parece ser que eso de respetar la Constitución no es para él.  Formuló declaraciones a la prensa oral en las que demostró no tener idea de qué es un Defensor del Pueblo. Hay referencias a que una de mis notas pasó a Comisión en la Cámara de Senadores. Quizás así  los senadores  sepan de qué se trata.

La Lic. Mazzarino  me respondió  eludiendo su responsabilidad como Presidente de la Cámara de Diputados, sin asumir que  le cabe  recordar a sus presididos  las  obligaciones que les son propias.

El Diputado Amitrano no contestó como era de esperar ya que es la voz oficialista en la cámara y  uno de los principales  responsables de no mover un dedo para cumplir con la Constitución y la Ley en este tema.

Los presidentes de los bloques de diputados de la “oposición” no  contestaron,  ni tengo noticias de que hayan formulado algún planteo sobre el tema en alguna sesión, tampoco sé de  declaraciones a la prensa.

La causa penal que abrí en el 2007 en el Juzgado de Instrucción Penal Nº 3 está a resolución de la jueza desde hace bastante tiempo. Se me ocurre pensar que si la denuncia no tuviese sustento o si estuviese mal planteada ya se habría expedido rechazándola.

La prensa oficialista ha desarrollado  una extraordinaria capacidad para tapar el tema. Sabe muy bien que de eso… NO SE HABLA.  ¡Pero se auto alaban como informadores!

Así las cosas. Tenemos una situación de flagrante incumplimiento de la Constitución (Art. 235)  y de la ley que la reglamenta  (Ley  VI -0167-2004).  Pese a la gravedad institucional que esta situación reviste,  a ninguno de  los responsables se les mueve un pelo.

La mayor responsabilidad le corresponde al oficialismo ya que son los únicos legisladores que pueden reunir el número suficiente de firmas para proponer un candidato.  También es responsable el  Poder Ejecutivo porque es el Vice Gobernador quien debe convocar a la Asamblea Legislativa para elegir al Defensor. También es dable esperar que en una democracia republicana  un  Gobernador se preocupe para que funcionen todas las instituciones en su provincia, aun cuando a él no le quepan responsabilidades directas.

Se ha conocido una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la
cual ratifica que los jueces y demás funcionarios judiciales pueden y deben actuar de oficio ante una inconstitucionalidad.

¿Servirá esta sentencia para que la justicia provincial se ocupe de las inconstitucionalidades que venimos sufriendo en San Luis? ¿Servirá para que mueva el tema de la no designación del Defensor del Pueblo desde noviembre de 2004?

Es evidente que sigue imperando el capricho antidemocrático de  los señores feudales, los hermanos Rodríguez Saá.   Éstos no quieren Defensor del Pueblo, han dado muestras de ello y sus lacayos cumplen temerosos de molestar a los amos de la política provincial.

Eso está bien para el oficialismo.

Pero, ¿y los “opositores”? ¿No deberían al menos instalar el tema permanentemente ante el pueblo todo de la provincia, como muestra acabada del accionar totalitario de todas las expresiones de este gobierno?   Su inacción me duele más que la del oficialismo gobernante.

Unos y otros, todos han jurado cumplir con la Constitución y las leyes.

Muchos de ellos, además,  aspirarán a representarnos como legisladores municipales, provinciales o nacionales en el año venidero.

Entre los principales se encuentran el protocolo para la reglamentación del aborto no punible en la provincia, la tasa a los cigarrillos para financiar la medicina de alta complejidad y la ley de monotributo social.

Con el paro de ayer y la falta de quórum para sesionar comenzó el extensísimo periodo de 4 meses de vacaciones que tienen los legisladores provinciales. Y al igual que todos los años, esto significó que una gran cantidad de proyectos de la oposición queden durmiendo en las distintas comisiones de la Cámara de Diputados. La oposición solicitó una prórroga de las sesiones hasta el 14 de diciembre, para así poder tratar una gran cantidad de temas que tienen “preferencia de despacho”, pero el pedido no fue escuchado por el oficialismo. 

El principal tema, claro está, que quedará sin ser tratado es el protocolo para aplicar el aborto no punible en la provincia de San Luis. El primer proyecto al respecto fue presentado por el villamercedino José Giraudo (foto), en abril de este año. Un mes después, el radical Fidel Haddad presentó un proyecto de su autoría.

Después de que el gobernador, Claudio Poggi, condenara y se lavara las manos del tema, ya que el Gobierno tranquilamente puede dictar un protocolo, los diputados del oficialismo, siempre temerosos de desafiar al Ejecutivo, decidieron convocar a una serie de audiencias públicas para debatir el tema, pero no sin antes dilatar el asunto por más de 2 meses, aduciendo que era muy complejo armar la lista de oradores. Las audiencias comenzaron a principios de agosto y se extendieron hasta septiembre, e inclusive Alberto Rodríguez Saá fue uno de los oradores a favor del dictado del protocolo del aborto no punible.

Sin embargo, las semanas comenzaron a transcurrir desde la última audiencia, sin que el tema volviera al recinto, confirmando que las mismas no fueron más que una especie de pantomima democrática de un oficialismo que no se anima a tratar un tema que sí o sí va a acarrear algún tipo de condena social por uno u otro sector de la sociedad puntana.

De igual manera, los principales legisladores del oficialismo, junto a los autores de los proyectos, fueron convocados a una reunión, que no fue hecha pública, con la ministra de Salud, Teresa Nigra, quien habría dicho que el protocolo iba a salir a través de un decreto del Poder Ejecutivo. Nuevamente, las semanas corrieron, y el decreto no salió, mientras los diputados oficialistas se encargaron de dormir ambos proyectos.

Otro proyecto de Giraudo, presentado a fines del mes pasado, que se tomará unas largas vacaciones es el que busca establecer una tasa a la venta de cigarrillos, para así poder financiar la construcción y funcionamiento de Instituto Médico de Alta Complejidad, a crearse en el parque La Pedrera del barrio La Ribera de la ciudad de Villa Mercedes.

El proyecto tuvo una gran aceptación para parte de algunos sectores de la sociedad, e inclusive dentro del oficialismo legislativo, y también una importante repercusión a nivel nacional. Inclusive, se presentaron proyectos similares en otras provincias del país, que hasta podrían llegar a aprobarlos antes de que el proyecto local sea siquiera vuelto a tratar.

Por el lado del bloque Frente Para la Victoria, el diputado Carlos Ponce se refirió a los proyecto de su sector que fueron dormidos. El primero que destacó fue el proyecto de ley de monotributo social, ya implementado por la Nación, en el cual le solicita a la Provincia que le deje de cobrar ingresos brutos a
aquellas personas que están dentro de esta categoría.

También dormirá una ley de adhesión a la ley nacional de habilitación y rehabilitación de discapacitados, al igual que un pedido de informe al ministro de Inclusión Social sobre el cumplimiento de ley provincial que establece la igualdad laboral frente a las personas con discapacidad. “Acá, todo pedido de informe muere en la comisión de Legislación General, porque pareciera que está prohibido preguntarle a un ministro sobre algún problema o tema de su área”, opinó Ponce, señalando que el proyecto de su compañero Sergio Amieva para que instrumente en San Luis el voto a los 16 también quedó en comisiones, por lo que prácticamente sería imposible que, en el milagroso caso de que el oficialismo aprueba esta ley, se aplique en las elecciones del año que viene.

Finalmente, Ponce señaló que la presidenta de la Cámara, Graciela Mazzarino, puede prorrogar las sesiones por resolución a referendum del cuerpo, pero, de igual manera, duda que la oficialista lo haga.

Los requisitos para realizar el trámite. La Municipalidad de San Luis recuerda a todos los vecinos que es el único centro emisor de las licencias de conducir en la ciudad de San Luis. El horario de atención es de lunes a viernes de 7 a 19 en la Ex Estación de Trenes. Podrán realizarse trámites de renovación de licencias, consultas, y duplicados.

En el caso de aquellas personas que van a solicitar la licencia por primera vez deben rendir el examen teórico y práctico. El horario para solicitar turnos para efectuar examen es de lunes a viernes de 8 a 10.

Los requisitos para tramitar el carné son: original y fotocopia de DNI (con domicilio en la ciudad capital de San Luis con tres meses de residencia); y el certificado de libre deuda del Juzgado de Faltas municipal. El sellado a abonar es de $52,50 por año, para las categorías A1, A3, B1, B2, B3. El trámite es personal.

La extensión de la licencia varía según los años del solicitante: hasta 45 años se le extiende por 5 años, de 45 a 65 años se extiende hasta por 3 años, de 65 años en adelante, la renovación es anual, sin excepción.

Apenas salió de su reunión con Mazzarino, Jorge Gil, uno de los delegados, rápidamente informó que la diputada no aceptó ni siquiera uno de los reclamos de los trabajadores, quienes están exigiendo, principalmente, que se les pague el adicional por empleado legislativo que se paga en la mayoría de las provincias del país y que se ponga en vigencia un escalafón propio.

“Hace más de un año que le venimos pidiendo soluciones para el bolsillo de nuestros empleados. El no fue rotundo con respecto al aumento que nosotros pedíamos. Lamentablemente no hay posibilidades de nada”, dijo Gil cuando salió de la reunión, transmitiéndole a sus compañeros que Mazzarino dijo que habrá aumento cuando el Ejecutivo otorgue uno para toda la Administración Pública. La presidenta de la Cámara inclusive se negó a firmar un acta que establezca un compromiso a trabajar para mejorar la situación de los empleados.

A su vez, cabe destacar que nuevamente los empleados del Senado no participaron del reclamo. “No se qué promesa les han hecho por lo que están tan quietos. Espero que por lo menos vengan y den la cara con los reclamos que estamos haciendo todos los empleados”, comentó Gil (foto).

“Le hemos planteado al gremio que la política salarial que vamos a seguir es la que fije el Ejecutivo provincial. No podemos acceder porque tenemos que actuar en un marco de responsabilidad y creemos que esto es lo que corresponde en ese marco, en una situación complicada de inflación. Cuando se abra la agenda salarial, ellos van a tener el aumento que fije el Poder Ejecutivo”, dijo, por su parte, Graciela Mazzarino, quien al parecer no recordaba que, en 2011, para esta misma época, los diputados se duplicaron su ya de por sí jugosos salarios.

“Están pidiendo un estatuto. En principio no vamos a avanzar en eso en este año”, dijo Mazzarino, al ser consultada si al menos se podría tratar este tema, dejando de lado el reclamo salarial. “No hay decisión para hacerlo”, agregó, ante la insistencia de este medio.

Cabe destacar que mientras todo esto ocurría los diputados de la oposición no abandonaron ni un minuto el recinto. De igual manera, los diputados del oficialismo, que en su gran mayoría se encontraban en el edificio, nunca fueron a sesionar, por lo que la jornada se declaró desierta por falta de quórum. “Reivindicamos los reclamos que tienen los empleados legislativos. Sostenemos que los salarios, no solo los del Poder Legislativo, sino de la Administración Pública en general, inclusive la Policía y Salud, están por muy por debajo de la media nacional”, opinó el diputado Carlos Ponce sobre el reclamo que se estaba realizando en las puertas del recinto.

Volviendo a los empleados legislativos, estos, tras más de una hora de debate, decidieron continuar con el paro, con asistencia al lugar de trabajo, hasta las 24 horas del día de hoy. El lunes buscarán mantener una nueva reunión con las autoridades de la Legislatura. Si se topan con una negativa tan rotunda como la de hoy, probablemente se declaren en paro indeterminado.

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La mujer afirmó que una noche la encontró inconsciente en el piso, mientras que el hombre negó ser el padre.

En horas de la mañana de ayer, el Tribunal de la Cámara Penal Nº 2 de la Ciudad de San Luis, dio continuidad al debate oral del Caso Guadalupe, en el que Miguel Ángel Riquelme y su pareja, Alejandra Videla, están acusados de homicidio, mientras que Débora Di Falco, la madre de la niña asesinada en 2010, está procesada por abandono de persona. 

El día de ayer, declararon Humberto Núñez, presunto padre de Guadalupe,-, y Julieta Lourdes Tesntracoste, una joven que vivió en la casa de los imputados cuando la niña estaba viva. A su vez, cabe aclarar que Débora Di Falco estaba citada la madre para prestar declaración, al igual que la hermana de Riquelme, Marta Cabral, pero ambas se ausentaron.

Llamada a declarar, Tentracoste relató que, en el año 2010, habiendo arribado de Mendoza, vivió 21 días, junto a su pareja, en la casa de Riquelme y Videla. Según contó, conoció a los imputados en la feria de ropa, donde éstos les ofrecieron alquilarles un cuarto en su vivienda, a cambio de que ella cuidara a los menores y que su pareja ayudara a Riquelme en tareas metalúrgicas. Sin embargo, al poco tiempo decidieron irse porque “a Guadalupe la maltrataban mucho psicológicamente, la retaban todo el tiempo y a veces no le daban de comer”, y “le decían constantemente que no servía para nada y que su madre la había abandonado”.

Consultada por el tribunal sobre la autoría de este maltrato, la testigo sostuvo que era por parte de los dos. “Una vez me quedé sola con Guadalupe, y ella me pidió que si me iba la llevara conmigo”, afirmó. Además, sostuvo que pudo ver que tenía muy lastimada las manos y la boca y que, cuando le preguntó, ésta le dijo que se los hacía ella porque “estaba nerviosa y no tenía a su mamá”.

Sin embargo, dos días antes del fallecimiento de Guadalupe, alrededor de las 3 de la mañana, declaró que encontró a la niña tirada en el piso, inconsciente. Ante ello, llamó a su pareja y le hicieron respiración boca a boca, hasta que reaccionó. De todos modos, Videla y Riquelme no la dejaron llamar a la ambulancia y le dijeron que “si se metía iba a terminar mal”. El día en que falleció Guadalupe, la testigo afirmó que estuvo en la casa hasta el mediodía, pero sostuvo que no notó nada anormal. Al regresar, a las 17 hrs., fue, según su testimonio, cuando se enteró de la muerte de la menor. Dos días después del hecho, regresó a Mendoza.

Ante la pregunta del fiscal Fernando Rodríguez sobre los “baños” que le daban a Guadalupe, afirmó que en varias ocasiones pudo observar que la introducían desnuda en un tacho que se encontraba en el patio. Ante una consulta realizada por la defensora de Videla, la testigo afirmó que “Guadalupe me contó que Riquelme le había agarrado la mano y se la había colocado en las partes genitales”. Además, agregó que en varias ocasiones pudo escuchar los gritos de Guadalupe cuando le pegaban.

Cuestionada sobre los motivos por los cuales nunca hizo una denuncia policial por lo ocurrido antes de la muerte de Guadalupe, la testigo afirmó que “yo quería hacer algo por ella, no se merecía lo que le hicieron, pero tenía miedo”.

Por su parte, Humberto Núñez, presunto padre de Guadalupe, de 74 años, sostuvo que a Débora la conocía del barrio, pero que tenían solo una relación de amistad, en donde, según palabras del testigo, creció un sentimiento de cariño. Consultado por la Dra. Sartor, el testigo sostuvo que “la conocí a Débora cuando tenía alrededor de veinti-pico de años”. Ante la aclaración de la Dra. Sartor, de que Débora actualmente tiene 22 años, sostuvo que nunca le preguntó la edad, y que la conoció siendo ya madre. “No se si me enamoré de Débora, no lo podría precisar”, sostuvo, y aclaró que en la joven encontró un refugio,
un apoyo, y que con ella podía charlar y sentirse bien.

Ante la posibilidad de que él sea el padre, Núñez afirmó que “hace por lo menos diez años” que no puede “funcionar”. Además, agregó que siempre que podía la ayudaba económicamente, pero que lo pasional era solo de palabra, ya que “nunca pasó nada carnal con ella”. Consultado por su presunta paternidad con respecto a Guadalupe, afirmó que “tiene mil dudas”.

La audiencia se realizó ayer a la mañana.

Según informó la Dirección de Prensa de la Municipalidad de San Luis, ayer a la mañana, el intendente, Enrique Ponce, asistió junto a sus abogados a la audiencia de conciliación dispuesta por la jueza Penal N° 3, Virginia Palacios, para que el conductor del canal estatal Alberto Trombetta se retracte de los dichos injuriosos que profirió contra el jefe comunal.

Sin embargo, Trombetta no se presentó, por lo que los abogados del Intendente presentarán, dentro de los próximos cinco días, la acusación penal para que continúe el trámite de la vindicación correspondiente a un funcionario público, tal como lo establece el artículo 28 de la Constitución Provincial.

Cabe recordar que la causa fue iniciada por Ponce a principios de noviembre. El letrado municipal, Ricardo Bazla, en representación del Intendente, interpuso en el Juzgado del Crimen Nº 1 una demanda por supuestas calumnias e injurias contra Trombetta. Por otra parte, Ponce se vindicará en la Justicia contra las acusaciones del periodista por sus manifestaciones en su programa de Canal 13.

Será dirigida por Valeria Ramón Collado. El secretario de Empleo de la Nación Enrique Deibe participó del acto.

En un acto realizado en calle Bolívar al 670, el intendente, Enrique Ponce, junto a Enrique Deibe, secretario de Empleo de la Nación, y otros funcionarios nacionales y municipales pusieron oficialmente en funcionamiento a la Oficina de Empleo de la Municipalidad, la cual estará conducida por Valeria Ramón Collado. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8 a 14.

La función de esta nueva dependencia municipal es capacitar a los jóvenes que no tengan experiencia laboral, además de gestionar con distintas empresas para darle respuesta a quienes necesiten un trabajo.

La metodología para la solicitud de trabajo es presentar una nota por mesa de entrada de la Municipalidad, en San Martín y Belgrano. Desde allí será enviada a la Oficina de Empleo, donde se gestionará una entrevista con el solicitante.

Por su parte, Enrique Deibe, secretario de Empleo de la Nación fue declarado Huésped Distinguido de la Ciudad por el intendente Enrique Ponce. “Tenemos un equipo con mucha fuerza liderado por un hombre que ha mostrado su fortaleza siguiendo la política nacional para construir una Argentina mas significativa y más justa”, dijo el funcionario nacional sobre el intendente de la ciudad de San Luis.

“Con esta Oficina de Empleo me lleno de orgullo porque se le brindan posibilidades a todos los sujetos de derecho. Se los trata con respeto, con valoración. Son bien atendidos, se les dan las respuestas que necesitan. Hay un esfuerzo que hay que saber agradecer. Porque los compañeros desde la militancia y la administración, desde su trabajo, honran su propia dignidad porque saben que cada expediente no es sólo un expediente. Es una familia”, sostuvo el intendente Ponce.

Fue solicitado en base al artículo: “ULP: el Rector nombró a un proveedor como funcionario y luego adjudicó a su firma una licitación”.

La semana pasada, el rector de la Universidad de La Punta, Roger Alejandro Munizaga, solicitó a este medio ejercer su derecho a réplica, en base a la nota “ULP: el Rector nombró a un proveedor como funcionario y luego adjudicó a su firma una licitación”.

En la misma, se pone en tela de juicio el nombramiento de Eduardo Cardone, ex apoderado de una empresa proveedora de la ULP, como gerente técnico de la Autopista de la Información, en septiembre de este año. Como al momento de escribir dicha nota contábamos con información de que una reciente licitación fue adjudicada a la firma de la que Cardone formaba parte, ITSG, y de que la correspondiente notificación fue enviada al domicilio particular del funcionario en octubre pasado, La Gaceta planteó lo siguiente: “Obviamente, si Cardone todavía pertenece a ISGT, estaríamos ante un más que serio acto de corrupción”.

Molestos por esta frase, que, cabe destacar, al estar escrita en potencial no asevera nada; la ULP solicitó ejercer su derecho a réplica y La Gaceta se lo concedió el mismo día que fue publicado nuestro artículo. De igual manera, la nota enviada no incluía pruebas de lo dicho, pero las mismas fueron generosamente facilitadas luego de que este medio las solicitara. Por otro lado, atribuyeron a un “error administrativo” el hecho de que la notificación de la adjudicación de última licitación ganada por ITSG fuera enviada al domicilio particular de Cardona, quien para ese entonces ya no era apoderado de la firma.

A continuación, reproducimos en su totalidad la nota enviada por la Universidad de La Punta:

La medida se aplica desde hace varios algunos meses en Córdoba. Por orden del Gobernador, el ministro de Hacienda y Obra Pública, José María Emer, comentó que analiza aplicar un impuesto cada vez que se cargue combustible. El objetivo de la medida es recaudar fondos para financiar obras viales que serán coparticipados a los municipios. La medida ya se aplica en Córdoba.

“Es una tasa ínfima de centavos sobre el litro de combustible que está destinada principalmente a obras viales pero destacando que sea una medida que se aplique en San Luis, después de hacer los análisis pertinentes, debe ser coparticipado a los municipios. Recién estamos empezando a estudiar el tema”, explicó Emer.

En agosto pasado, la Legislatura de Córdoba convirtió en el el impuesto al consumo de combustible. La tasa que se aplica por litro es de $ 0,30 de nafta súper y común, $0,20 gasoil, $0,15 GNC.

La iniciativa cordobesa prevé que los expendedores de combustible serán los responsables de liquidar e ingresar el importe recaudado, al tiempo que especifica que el incumplimiento del pago devengará los intereses y sanciones previstos en el Código Tributario. Además, la ley faculta al gobierno cordobés para modificar trimestralmente el monto de la tasa, como también establecer excepciones o exclusiones.

Es importante destacar que la tasa no se le aplica a las empresas de transporte urbano e interurbano, lo que evita que el precio se traslade al valor del boleto.