Ayer a la tarde, la Secretaría de Prensa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dio a conocer que el órgano “resolvió admitir su competencia” en la demanda que el Estado Nacional, a través de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, radicó contra la “Ley de Medios Provincial” que impulsó, a fines de 2010, el gobierno de Alberto Rodríguez Saá y aprobó el oficialismo legislativo de ambas cámaras. Si Alberto Rodríguez Saá todavía fuese gobernador, este sería su sexto fallo en contra, todo un testimonio de la política de enfrentamientos con la Nación que tuvieron sus dos gestiones.

De acuerdo a la demanda, el informe de prensa de la CJSN destaca que, la demanda, busca obtener “la nulidad por inconstitucionalidad” de la ley de medios de San Luis, “en virtud de la cual la provincia pretendería arrogarse jurisdicción sobre todas las materias relativas a los servicios de radiodifusión, televisión abierta y por cable que se prestan dentro de sus límites, lo cual implicaría una intromisión del gobierno local en el ámbito de competencia de la autoridad federal y, en consecuencia, una violación de lo dispuesto por los arts. 16, 31, 75, incs.13 y 19, 126 y 128 de la Constitución Nacional, de la ley 26.522 y de los tratados internacionales (Torremolinos, 1973 y Nairobi, 1982, entre otros) ratificados por la República Argentina”.

Asimismo, la Corte “admitió la medida cautelar solicitada por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y dispuso que la Provincia de San Luis se abstenga de aplicar la ley I-0735-2010, y de concretar cualquier otro acto relacionado con la radiodifusión que requiera la conformidad de la autoridad nacional y no cuente con ella”.

“Tal decisión se basó en precedentes dictados por la Corte en materias relacionadas con la interjurisdiccionalidad de las ondas de radiodifusión y teniendo en cuenta que resulta necesario mantener el estado de cosas existente con anterioridad a la sanción de la ley provincial, pues de tal manera se evitarán los efectos y perjuicios que su aplicación inmediata podría generar, si, al dictarse la sentencia definitiva, se admitiese la demanda”, explica el parte de prensa de CSJN.

Por otra parte, en otra causa relacionada, la Corte le reconoció la legitimidad de provincia de San Luis, dada su condición de titular de la emisora LV 90 TV Canal 13, para cuestionar la constitucionalidad de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nacional. De igual manera, este reconocimiento no cambia en lo más mínimo la decisión de la Corte en relación a la “Ley de Medios Provincial”.

“Si uno ve el artículo 75 que habla de medios audiovisuales y analiza los fallos y las jurisprudencias que ha asentado la Corte Suprema en varios casos, se pude dar cuenta tranquilamente que el órgano federal es el que tiene que llevar adelante la aplicación de una ley de medios. Es el órgano federal el que tiene que tener el poder de policía para dar las autorizaciones de las frecuencias. Además el espacio radioeléctrico es uno, no se divide en provincias”, le advirtió el ex diputado opositor Eduardo Gargiulo, allá por noviembre de 2010, al necio oficialismo legislativo que estaba determinado en aprobar otra ley inconstitucional.

Propone financiar la medida con los millones de pesos en gastos no personales que se han asignado a la Jefatura de Gabinete.

Ayer, el concejal Raúl Laborda Ibarra (a la izquierda en la foto) dio detalles a La Gaceta de su más reciente proyecto de ordenanza, el cual seguramente lo volverá a enfrentar con el Intendente y cuyo objetivo es lograr que se blanquee al personal de Ayudas Económicas, otorgándoles un aumento salarial de mil pesos y pagándoles aportes jubilatorios y una obra social. El proyecto de ordenanza ya tiene estado legislativo, por lo que Laborda pedirá el día de hoy que se trate sobre tablas, “para no dar tantas vueltas”.

“Todo se debe a una promesa electoral. Nosotros en la campaña, como Frente Para la Victoria, dijimos que íbamos a tener muy en cuenta el tema de los Ayuda Económica, que es la gente que está en negro en la Municipalidad, sobre todo teniendo en cuenta que hay mucha gente que está hace más de 10 años. No tienen obra social, no se les hacen los aportes jubilatorios y cobran $1.200. Dijimos que, con la Municipalidad de Enrique Ponce, íbamos a mejorar su situación, los íbamos blanquear. Cosa que ya llevamos 6 meses y todavía nadie dice ni hace nada. Yo propongo incorporarlos a la planta de contratados, lo que supondría, además del pago de aportes jubilatorios y obra social, un aumento de mil pesos para cada trabajador”, comentó el concejal.

De acuerdo a los cálculos de Laborda, hoy en día son alrededor de 700 los beneficiarios que perciben Ayudas Económicas. Contemplando solo el aumento de mil pesos por trabajador, esta ordenanza implicaría un gasto de $700.000 mensuales y casi $8.400.000 al año. El proyecto también contempla que solo sean incorporados a la planta de contratados aquellos que lleven más de 2 años como mínimo en el cargo, “para eliminar los ñoquis recientes”.

“¿De dónde vamos a sacar la plata si se aprueba como ordenanza? La vamos a sacar de la Jefatura de Gabinete, que es un cargo inventado para hacer campaña política. Entonces, antes de beneficiar a uno, beneficiemos a 700”, disparó Laborda Ibarra, haciendo una clara referencia a los más de 6 millones de pesos en gastos no personales que se le han asignado a la Jefatura de Gabinete municipal, a cargo de Luis Macagno.

Al ser consultado por la posibilidad de que Ponce vete esta ordenanza, como lo hizo con su proyecto de boleto estudiantil gratuito, Laborda recordó que, al asumir, el Intendente envió una carta personalizada, “a cada uno de los Ayuda Económicas, diciéndoles que les iba a mejorar la situación y que los iba a blanquear”. “Yo no pierdo la esperanza. Además, siendo una palabra empeñada en la campaña electoral”, concluyó el polémico concejal.

La joven era pasante en el Programa de Capital Humano.

Una docente de la UNSL denuncia públicamente que a su hija le dieron de baja la pasantía en el Programa de Capital Humano que desarrollaba como estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Católica de Cuyo. De acuerdo a la madre, la titular de Capital Humano creyó que la joven milita en La Cámpora.

A continuación se transcribe la nota enviada a La Gaceta por Ana María Garraza.

En el mes de enero de 2012, una de mis hijas, Andrea D. Caviedes Garraza, fue contratada como Pasante, en el Programa Capital Humano, del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas del Gobierno de la Provincia de San Luis. La Pasantía fue otorgada a través de SAPEM, por convenio con la Universidad Católica de Cuyo, institución en la que mi hija cursa la carrera de Administración de Empresas.

En estos cinco meses, Andrea ha sido destacada por su dedicación, esmero, puntualidad y compañerismo. Por eso, cual fue su sorpresa, la de toda la familia, de sus compañeros de trabajo y amigos, cuando el día 23 de mayo, la Jefa de Subprograma le manifestó que la Jefa del Programa Capital Humano, la Sra. Alejandra Iscaro decidía que cesaba la Pasantía porque
Andrea “…ESTA AFILIADA A LA CAMPORA…”.

Esta disposición lleva a recordar a situaciones de nuestra historia, en las que PENSAR DIFERENTE era motivo suficiente no sólo para perder el trabajo, sino para ser secuestrado, exiliado, detenido, desaparecido o asesinado. Este tipo de hechos forman parte de la historia familiar de
Andrea.

Es probable que la Sra. Iscaro ignore que la familia paterna de Andrea partió al exilio desde su Chile natal, en el año 1973, por PENSAR DIFERENTE. También es probable que la Sra. Iscaro ignore que toda la familia materna de Andrea fue secuestrada, torturada y encarcelada durante siete años, entre 1976 y 1983, en nuestro país, por PENSAR DIFERENTE.

Es probable que la Sra. Iscaro ignore estas historias; si es así, ignora buena parte de la historia reciente, académica y política de nuestra provincia. Lo que NO es probable es que la Sra. Iscaro ignore que ese tipo de prácticas se realizan en el marco del Terrorismo de Estado de los gobiernos autoritarios y represivos. En estos casos, durante las Dictaduras de Pinochet y sus aliados en Chile, y de Videla y sus aliados en Argentina. Es decir, lo que una funcionaria de un gobierno constitucional no debería ignorar es que en DEMOCRACIA lo legítimo y saludable es PENSAR DIFERENTE.

Esta decisión de la Sra. Iscaro resulta contradictoria, ya que el equipo de trabajo que integra Andrea ha sido distinguido por su labor en el Ministerio de pertenencia.

Por último, lo que es seguro que la Sra. Iscaro ignora (porque le informaron mal) es que Andrea NO pertenece a La Cámpora, ni a ningún otro grupo político; no porque no sea legítimo que los jóvenes participen o militen en ésta u otra agrupación, sino porque Andrea decide por si misma, si lo hace o no. Los padres de Andrea, mi esposo y yo, hemos formado y formamos a nuestras hijas en valores que consideramos esenciales: protección al desvalido, solidaridad y afecto, apego a la justicia, pasión por el estudio, empeño en el trabajo, cultivo al pensamiento autónomo y crítico, respeto por la opinión de los otros. Valores que son, y esto la Sra. Iscaro no debería ignorar, los pilares fundamentales de una sociedad democráticamente constituida.

Ayer, varios medios radiales dijeron que solo cobrarán 21 días trabajados y no 30.

Ayer, el secretario de Hacienda e Ingresos Públicos, Esteban Pringles, desmintió los rumores esparcidos por varias estaciones de radio locales, los cuales afirmaban que los empleados municipales, en sus haberes de este mes, solo cobrarán 21 días trabajados y no 30. 

Según las versiones radiales, esto se debe a problemas que se suscitaron cuando se pasó del presupuesto del año pasado al actual. Si bien Pringles reconoció que estos problemas si existen, aseguró que los mismas no significarán ningún inconveniente para los empleados municipales a la hora de cobrar.

“Es un problema de sistema, porque estamos cambiando al presupuesto nuevo. Tenemos que hacer un corte del viejo presupuesto, tener los saldos y adecuarlos al nuevo presupuesto; pero eso es un tema teórico, técnico y exclusivamente presupuestario. Los sueldos se van a cobrar normalmente”, explicó Pringles. “Ya firmé las planillas y vi los sueldos completos”, concluyó el funcionario, tratando de que no queden dudas.

Es por el derrame de efluentes cloacales de la Planta de Tratamiento.

San Luis Agua SE intimó a la Municipalidad para que ejecute un plan de acción y realice las obras necesarias para la purificación de los efluentes cloacales que se derraman desde la Planta de Tratamiento, ubicada en cercanías del Autódromo Rosendo Hernández.

El organismo estatal emitió la Resolución N° 1023, con fecha 29 de mayo del 2012, al comprobar los hechos denunciados por la empresa Protambo SA, ubicada  en la Autopista Serranías Puntanas Km. 807 margen sur.

Ante esta acción que significa una infracción al Código de Aguas de La Provincia, a la Ley Nacional de Residuos Peligrosos y su Decreto Reglamentario, el cuerpo de Policía del Agua intervino inmediatamente, realizó las inspecciones, constató la situación e intimó a la comuna para que presente, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, un Plan de Acción o Remediación para evitar que continúe la contaminación del curso de agua.

El cuerpo del documento señala de manera particular la infracción al Capítulo III del Código de Aguas (el que versa sobre la Contaminación de las Aguas) enunciado en su artículo 167: “Las aguas cloacales y las que contengan residuos nocivos de los establecimientos industriales, no podrán ser vertidas en los cursos de aguas naturales o artificiales, si no han sido sometidas previamente a un procedimiento de purificación que evite su contaminación, cualquiera sea el grado de ella, de acuerdo a lo que fije la reglamentación y las leyes y reglamentos que se dicten en relación a la defensa ambiental.”

El intendente Enrique Ponce ya tomó conocimiento de la situación en una reunión que mantuvo con la ministro de Medio Ambiente, Daiana Hissa, y el presidente de San Luís Agua, Felipe Tomasevich, quienes trabajan en conjunto ante este tipo de situaciones.

“Es un dibujo. No responde a las pautas establecidas y obligatorias por nuestra normativa vigente, que es el presupuesto por programa. No se establecen los objetivos ni cuales son las metas a seguir. En consecuencia, al momento de evaluar las cuentas de inversión va a ser imposible”, opinó el diputado radical Jorge Lucero, cuyo bloque propuso que el proyecto volviera a la comisión de Asuntos Municipales y fuera reenviado al intendente de Estancia Grande, para que “redacte y proyecte el presupuesto conforme a la normativa vigente”. Obviamente, el poderío que ostenta el oficialismo en la Legislatura hizo que esta propuesta fuera fácilmente rechazada.

Para que se tome una dimensión de lo inflado del presupuesto de Estancia Grande, el diputado recordó que el de Zanjitas, aprobado hace 2 semanas, es de tan solo $1.532.236, a pesar de que ambos municipios tienen prácticamente la misma cantidad habitantes (500). Continuando con esta tendencia, los presupuestos que les aprobaron a La Vertiente y Juan Llerena, dos municipios que tienen un padrón de votantes ligeramente superior al de Estancia Grande, tampoco superan los $1.600.000. Lo que es más, el municipio de La Toma, que es cabecera del departamento Coronel Pringles y tiene más de 7 mil habitantes, ascendió el año pasado a $7.498.780.18.

De acuerdo a Lucero (foto), la desproporción del presupuesto queda aún más marcada “con la diferencia que existe entre los recursos que pertenecen a la provincia y los genuinos del municipio, que son $1.200.000”. Según estimó el diputado, Estancia Grande cuenta con el presupuesto más elevado de todos los municipios comisionados, y el 5to o 6to más alto de la provincia en general, incluyendo las localidades que tienen concejos deliberantes. 

“No sorprende este presupuesto. Lo que sí, hace caer la careta del actual gobernador, Claudio Poggi, que decía que venía a generar su propia impronta y con el slogan de ‘un cambio y seguimos’. Evidentemente, lo que estamos haciendo es seguir sin ningún cambio”, concluyó Lucero.

Los pagos serán a partir del día de hoy.

La Municipalidad de la ciudad de San Luis, a través del área de Tesorería, confirmó que el próximo jueves 31 se pagarán los haberes correspondientes a mayo a personal de Ayudas Económicas, contratados y planta permanente.

Por el lado del Gobierno, según informaron desde el Ministerio de Hacienda y Obras Públicas, los empleados públicos provinciales percibirán sus haberes los días 30 y 31 de mayo. Cabe destacar que los salarios para los docentes incluyen el incentivo docente correspondiente a la 3ra cuota del 3er trimestre de 2011, por la suma de $255 o su proporción según la carga horaria de los distintos cargos. Los sueldos se abonarán de acuerdo al siguiente cronograma:

Día 30 de mayo de 2012 – Personal de:
Secretaría de General de Estado Legal y Técnica
Ministerio de Hacienda y Obras Públicas
Ministerio de Salud
Ministerio de Turismo y las Culturas
Ministerio de Deportes
Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Transporte
Honorable Tribunal de Cuentas
Fiscalía de Estado
Poder Legislativo

Día 31 de mayo de 2012 – Personal de:
Ministerio de Relaciones Institucionales y Seguridad
Ministerio de Educación
Ministerio de Medio Ambiente
Ministerio del Campo
Ministerio de Inclusión Social
Ministerio de la Vivienda

Finalmente, este viernes 1ro de junio percibirán sus haberes los trabajadores del Plan de Inclusión Social, quienes deberán concurrir a sus habituales lugares de pago, acompañados por su DNI sin excepción alguna.

Más de una docena de municipios firmaron un acuerdo con el Gobierno. En un concurrido acto, el Gobernador presidió la firma de 17 importantes convenios en el marco del Acuerdo Quinquenal del Bicentenario Provincia – Municipios para instrumentar el Plan Construyendo con tu Pueblo, que duplica la cantidad de fondos que reciben los municipios de la soja (que la Nación le coparticipa a la Provincia).

Cabe destacar que este plan, materializa el aporte conjunto igualitario del Gobierno de la Provincia y los Gobiernos Municipales que comprometen los recursos del Fondo Federal Solidario, con el objeto de concretar obras en beneficio de todos y cada uno de los habitantes de los pueblos de la provincia de San Luis.

El objeto de los convenios rubricados consiste en la pavimentación con carpeta de concreto asfáltico sumando una superficie de146.072 metros cuadrados, equivalentes a 185 cuadras, construcción de cordón cuneta, empedrado artesanal, totalizando un monto conjunto de $14.811.210.

Los municipios que firmaron el acuerdo son: El Trapiche, Justo Daract, Naschel, Potrero de los Funes, Quines, Villa de Praga, Santa Rosa, Juana Koslay, El Volcán, Bagual, Carpintería, La Carolina, La Toma, Los Molles, Renca, San Francisco y Alto Pencoso.

“Es una alegría poder trabajar con los intendentes en épocas de crisis mundial, sobre todo en esta oportunidad donde podemos demostrar que la obra pública en nuestro país es un elemento ante la crisis”, manifestó Poggi.

Tras las firmas de los 17 convenios, el Gobernador destacó “el respeto de los municipios ante los acuerdos que se han mantenido  con los gobiernos anteriores y los que se han sumado en este tiempo, en la capacidad de visualizar que los pactos firmados en San Luis han sido para crecer, ya que no han tenido otro objetivo que este”.

A modo de anuncio compartió con los presentes, la propuesta de promover la radicación de empresas que  fabriquen los insumos que en nuestra provincia no se hacen y que se utilicen  para la completar la ejecución de las viviendas. “Porque el rasgo distintivo de mi  gobierno, es la política de vivienda”, afirmó Poggi.