Respondió el ministro de Seguridad cuando la prensa le preguntó de quién es la culpa de que no haya registros de la existencia de un curso dado por el Gobierno.

“Eso no es algo que tenga que decirlo yo”, respondió, ayer, el ministro de Seguridad, Eduardo Mones Ruiz, cuando la prensa le preguntó de quién es la culpa de que no haya registros de la existencia del último curso para auxiliares de policía que dictó el Gobierno. La pregunta, obviamente, fue realizada en base a las conclusiones a las que llegó la comisión investigadora creada por el Ministerio de Seguridad.

“Queríamos saber cómo se había dado. Siempre dijimos que era muy importante conocer donde estaba la resolución de convocatoria. Esto no significa que la responsabilidad del tema sea de los aspirantes. Lo que decimos es que es irregular desde el mismo momento en que no encontramos el llamado a convocatoria fijando las reglas del juego. Surgen elementos que nos permiten decir que el curso se hizo, pero no que se hizo de la manera que debió hacerse”, opinó Mones Ruiz, quien logró irse de la conferencia sin tener que nombrar a un solo culpable por la vergonzosa implementación del último curso de auxiliares de policía.

El tema central del encuentro fue el aborto no punible. Los diputados provinciales radicales se reunieron ayer por la mañana durante un par de horas con el obispo Pedro Daniel Martínez,  en la sede del Obispado. La invitación del obispo fue para manifestar la postura de la Iglesia en contra del aborto no punible.

Además del aborto no punible, los radicales aprovecharon la ocasión para intercambiar opiniones con Martínez sobre la implementación de educación sexual en las escuelas y la salud sexual reproductiva.

“Ha sido una conversación reconfortante donde, por supuesto, en estas temáticas hay convicciones de moral y cuestiones dogmáticas están planteadas, uno debe partir del respeto por las diferentes miradas. Para nosotros ha sido una charla enriquecedora, de la que se ha derivado el compromiso de trabajar en algunos otros temas de políticas públicas”, concluyó eldiputado Walter Ceballos.

Es importante destacar que el presidente del Bloque Radical remarcó que no hay que poner en disputa lo que no está en este momento en discusión. “Lo que nosotros tenemos para debatir en la Provincia es de qué manera se reglamenta el fallo de la Corte Suprema de Justicia. No está en discusión una reforma del Código Civil ni una modificación del Código Penal. Que la provincia de San Luis implemente un protocolo que garantice el acceso a aquellas mujeres que han sido violadas de poder tener un aborto no punible. Como lo establece el fallo de la Corte Suprema, porque el aborto sigue siendo un delito” recalcó Ceballos.

Desde el Bloque Radical se consensuó que es un tema que debe discutirse con todos y de cara a todos. Por ello se propuso la realización de Audiencias Públicas, y los legisladores radicales agradecen que se realicen desde las comisiones específicas de la Cámara de Diputados.

El convenio tiene la duración de un año. La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) firmó un convenio de contraprestación de servicios con la Municipalidad de la Ciudad de San Luis. La DNV aportará maquinarias y asesoramiento profesional al Municipio entre otros aspectos del convenio.

Del acto participaron el Intendente  Enrique Ponce; el Jefe del 14° Distrito de la DNV, Ing. Víctor Rivero; el Secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, Ramón Zarrabeitía; y el Director de Vialidad Municipal, Enrique Picco.

El Intendente agradeció la “posibilidad de materializar una solución para la ciudad por medio de este convenio, que va a posibilitar que llevemos nuestro plan de obra pública, fundamentalmente en lo relativo a pavimento”.

El convenio tiene un monto de $720.000 y una duración de 12 meses. Vialidad Nacional aportará asesoramiento profesional, pondrá a disposición un equipo que está incorporando de micropavimento en frío, y maquinaria vial como motoniveladoras, camiones regadores, entre otras. También en tareas de demarcación horizontal y vertical. La contraprestación del municipio será de mano de obra técnica y profesional, como así también de materiales para las obras con micropavimento.

Por su parte, el jefe del Distrito San Luis de Vialidad Nacional señaló la “satisfacción de poder colaborar con el municipio capitalino. Vialidad Nacional tiene una gran trayectoria de colaboración con comunidades, y este convenio afianza esa tradición. Y en particular, colaborar en mejoras y repavimentaciones con nuevas tecnologías es doblemente satisfactorio. Nuestro trabajo llega de manera directa a la comunidad, con un Estado Nacional presente, activo y eficiente”.

Las prestaciones de la Vialidad Nacional en este tipo de convenios es con equipos que operan en la red vial nacional para mantenerla en un determinado nivel de servicio. Cuando ese nivel de servicio está garantizado, esos equipos pueden ser puestos a trabajar en ámbitos municipales en el marco de convenios de contraprestación.

Kolina defiende el veto del boleto estudiantil gratuito. En un contexto de dudosa intención de mejorar el acceso a la Educación en la Ciudad de San Luis, con un Proyecto de Ordenanza de Compromiso Federal se pretendió implementar un Boleto Educativo gratuito cuyo costo sería afrontado por los ciudadanos puntanos a través del Municipio.

El proyecto lejos de ser popular se traduce en un populismo demagógico e irresponsable que no tiene otra finalidad que la de digitar los fondos del presupuesto municipal, aprobado por el Concejo Deliberante días pasados, en una suerte de intento de co-gobierno producto de la impotencia de los que hoy no ejercen el Ejecutivo en la Ciudad.

El debate planteado en torno al Boleto Educativo gratuito a partir de una Ordenanza que no prevé la forma, los periodos y el alcance del beneficio que contempla, lo que se traduce en una falta total de estudios serios y fundamentos para encarar la problemática, se ve alentado por los medios hegemónicos voceros del oficialismo provincial, a través de comparaciones y mediocres estrategias mediáticas que banalizan hechos trágicos y tan caros para nuestra historia, como lo es la Noche de los Lápices, la cual se dio en un contexto histórico nefasto que se llevó a 30 mil compañeros y por los cuales aun hoy se busca verdad y justicia.

Esta actitud muestra a las claras que la impotencia que genera la verdadera presencia del Proyecto Nacional y Popular en San Luis, representado por el Compañero Enrique Ponce, Intendente de la Ciudad, obliga a sumar fuerzas entre los opositores y los traidores al Proyecto, en pos de obstruir una gestión que demuestra cada día que avanza y concreta en cada uno de los sectores aquello por lo que se trabajó denodadamente para poder ser hoy protagonistas de este cambio en la Política Pública, que no es mas que un Estado Municipal presente contenedor y promotor de acciones tendientes a igualar oportunidades, asumiendo responsabilidades y siendo respetuoso de los mandatos que le fueron asignados.

Una vez más  y subestimando a los ciudadanos, se quiere confundir a la opinión pública con argumentos falaces y retaceados, donde no se deja en claro quién tiene la principal responsabilidad de garantizar el acceso a la Educación. Por mandato Constitucional corresponde a la Provincia esta tarea, lo que no quita que haga participe de ello a los municipios, pero no puede pretender que ellos sean el único sostén de este derecho tan fundamental para el desarrollo de la sociedad en su conjunto.

En una Provincia en la que se destinan fondos para tantas actividades superfluas y propagandísticas vacías de contenido y que no implican un fortalecimiento permanente de los distintos sectores que forman nuestra sociedad, nos preguntamos: ¿Es la Municipalidad de San Luis la que no quiere el reconocimiento de los derechos fundamentales? Es la Municipalidad de San Luis la que obstruye el acceso a la educación?

La respuesta es muy clara, el Municipio desde su gestión es el principal propulsor de políticas de Inclusión y de justicia social a través de la Construcción de Viviendas, de la realización de talleres de oficios en los barrios puntanos, con la defensa de la autonomía municipal en todos sus órdenes, con el abordaje de la problemática más profunda de los sectores más vulnerables de nuestra ciudad.

En una muestra más de conducta Republicana y Democrática el Compañero Enrique Ponce anunció la formación de una Comisión para debatir en profundidad y de manera responsable un proyecto de Boleto Educativo, donde estarán representados todos los sectores involucrados. Esto en contraposición a la propuesta del bloque formado por el oficialismo provincial y algún traidor funcional a sus intereses, que sólo pretenden obstruir la gestión municipal como así también el desfinanciamiento de Transpuntano, una Empresa propiedad
en su mayoría de todos los vecinos.

Sería  bueno que en esta oportunidad, habiendo sido invitados al diálogo y a la participación, el oficialismo demuestre su verdadero interés de aportar a una política pública de transporte que mejore el acceso a la Educación, haciéndola extensiva a todo el territorio de la Provincia, donde seguramente no encontrará objeción en aquellos lugares en los que Compromiso Federal es el ejecutivo municipal además de ser la mayoría en los Concejos Deliberantes y en la Legislatura, de acuerdo a lo demostrado por el voto en bloque de esa fuerza en el Concejo puntano; y especialmente implementarla en aquellos lugares donde nuestros niños deben recorrer varios kilómetros a pie o a caballo para asistir a una escuela; de lo contrario quedará evidenciado que su único interés fue el de avanzar con un proyecto inviable con el sólo fin de perjudicar la actual gestión municipal de la Ciudad de San Luis.

Por todo esto desde nuestro espacio de participación política nacional y popular, apoyamos la iniciativa planteada desde el Ejecutivo Municipal, convencidos de que la ciudadanía de San Luis no se deja engañar con proyectos desestabilizadores y se hace eco en el reconocimiento del manejo responsable de los fondos públicos para el beneficio de quienes más lo necesitan como lo establece el verdadero concepto de Justicia Social.

“Nosotros, cuando hicimos este veto, lo hicimos compartiendo los fundamentos de adhesión que significa un boleto estudiantil gratuito. Es nuestra idea llevarlo a cabo, sumada a la idea de cómo debería hacerse la instrumentación y, por sobre todas las cosas, garantizando la seguridad jurídica y también el bolsillo y patrimonio de los vecinos, que son los verdaderos dueños de la empresa de transporte de colectivos”, dijo Ponce, quien agregó que la ordenanza vetada, autoría del concejal Raúl Laborda Ibarra, “es inviable en términos económicos” y que transgrede una ordenanza del año 1986 que “prohíbe colocar a las sociedades concesionarias imposibilidad de cumplimiento o en explotación deficitaria”, por lo que él podría ser “objeto de una denuncia penal”.

De todos modos, el grueso de la conferencia se centró en la invitación que el decreto extiende al Gobierno provincial a participar de la comisión. “Dicho esto, en este decreto se va a invitar al Gobierno de la provincia a que, junto con nosotros, instituya el boleto estudiantil, educativo y gratuito en toda la provincia de San Luis”, dijo el Intendente, quien remarcó que, “según la Constitución Nacional y Provincial, es el Estado provincial el que tiene la principal función y competencia de garantizar el acceso a la educación”.

“Además, también sería bueno saber qué pasa con el Concejo Federal de Educación y con los fondos que vienen a las escuelas provinciales, donde se asignan partidas específicas para garantizar el traslado a las escuelas de los pibes”, agregó Ponce, chicaneando un poco al Gobierno.

Volviendo al tema de la comisión, esta deberá fijar, en el proyecto de ordenanza que luego se redacte, los siguientes puntos: el periodo de gratuidad, si se beneficiará a estudiantes de escuelas públicas o privadas, si se incluye a docentes, no docentes y acompañantes; los requisitos para acceder al beneficio y los necesarios para mantenerlo , el periodo durante el cual se podrá gozar de la gratuidad del boleto, los horarios nocturnos en los que podrá viajar, de qué manera se financiará el sistema y cómo se determinará el número de boletos que se otorgarán a cada beneficiario, entre otras cosas.

Sin embargo, cabe destacar que el decreto firmado ayer establece que dictamen de esta comisión no será vinculante para la Municipalidad, y que la misma no tiene ningún plazo de tiempo determinado para definirse al respecto.

En cuanto a su composición, la asesora letrada municipal, Estela Aragón, precisó que será la siguiente:

– Secretario de Gobierno municipal
– Secretario de Transporte municipal
– Secretario de Desarrollo Humano y Social municipal
– Presidente del directorio de Transpuntano
– Un representante del Gobierno de la provincia
– Un representante de las organizaciones de defensa al consumidor
– Un representante de la Liga de Amas de Casa
– Un concejal de la oposición municipal
– Un concejal del oficialismo municipal
– Un representante de los centros de estudiantes de la ciudad de San Luis
– Un representante de los gremios docentes de la ciudad de San Luis
– Un representante de los gremios de transporte
– Un representante de los propietarios de transporte urbano e interurbano
– Un representante de los propietarios de transporte escolar

Ponce sigue sin fijar la posición del municipio

Por más que sostenga que es idea del municipio “llevar a cabo” el boleto estudiantil gratuito, Ponce sigue sin fijar cuál es su posición con respecto a cómo se lo debe instrumentar. “Vamos a poner sobre la mesa el balance de la empresa, los costos”, dijo en un momento, pero cuando este medio le pidió más detalles, esquivó la pregunta, ofreciendo la siguiente excusa: “yo no quiero despertar ahora el debate y fijar una posición dominante. Quiero que se discuta todo”.

Prácticamente, no existen registros de que el curso jamás haya existido.

Ayer, el Ministerio de Relaciones Institucionales y Seguridad dio a conocer las alarmantes conclusiones arrojadas por la investigación sobre el 8vo curso de aspirantes a auxiliares de policía. Cabe recordar que, hace unas semanas, “egresados” de este curso entraron en conflicto con el Gobierno porque no se les permitía ingresar a la Policía. Durante ese lapso de tiempo, Berta Arenas, ministra de Seguridad en la última gestión de Alberto Rodríguez Saá, fue despedida de su puesto al frente de Laboratorios Puntanos.

Más allá de que el gobernador, Claudio Poggi, había dado una orden expresa de que ya no se incorporen más auxiliares a la fuerza, desde el Gobierno alegaron que había serias irregularidades con respecto al curso, como por ejemplo que nunca se firmó el decreto que establecía la incorporación de los egresados a la Policía. En virtud de ello, se conformó una comisión que investigó el tema en profundidad.

En virtud de los antecedentes analizados, las declaraciones vertidas en la investigación y las observaciones efectuadas, la comisión encontró las siguientes irregularidades administrativas en relación al ya mencionado curso:

1. No se encontró instrumento legal alguno de llamado a inscripciones para el 8vo curso.
2. No consta instrumento legal en relación al desarrollo del mencionado curso en sus diferentes etapas.
3. No hay constancia del egreso y/o aprobación de cada uno de los aspirantes al mencionado curso.
4. No existen planillas de calificaciones y/o evaluaciones.
5. No existe orden de merito.
6. No consta el inicio de expediente administrativo alguno para la incorporación de los aspirantes a auxiliares.
7. No consta partida presupuestaria, ni autorización formal alguna para la incorporación de los mismos.
8. En el protocolo de continuidad de gestión no se hace referencia al 8vo. Curso de aspirantes a auxiliares de policía, ni se hace mención de la situación administrativa.

Por el momento, estos son los únicos detalles que se han dado a conocer a través de la Agencia de Noticias gubernamental. Seguramente, en una próxima conferencia de prensa, algún funcionario del Gobierno, preferiblemente el ministro Eduardo Mones Ruiz, podrá ofrecer más detalles de cómo casi 300 personas hicieron, por 6 meses, un curso que nunca existió.

Chocó contra un colectivo de línea.

Ayer al mediodía, en la autopista de las Serranías Puntanas, cerca de Villa Mercedes, un camión térmico brasileño, que transportaba uva desde Chile a Brasil, colisionó contra la parte trasera de un ómnibus de la empresa Aconcagua, el cual venía de Río Negro con destino a Tucumán, llevando 40 pasajeros.

Como consecuencia del impacto, el camionero, Carlos Luiz Suárez, de 47 años de edad y oriundo de Brasil, quedó atrapado en la cabina del vehículo, hasta que fue liberado de los hierros por bomberos voluntarios de El Fortín. Luego se lo trasladó al hospital de Villa Mercedes, donde se encuentra internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado, debido a las graves lesiones sufridas en la zona toráxica y abdominal, según informaron los médicos de la guardia.

El ómnibus, que era conducido por Julio César Campos de 34 años, circulaba a muy baja velocidad porque había sufrido un desperfecto en su caja de cambios. Solo 2 de los 40 pasajeros que llevaba el ómnibus sufrieron traumatismos leves y fueron rápidamente dados de alta tras ser atendidos en el nosocomio de Villa Mercedes.

El concejal Mariano Stinga escribió sobre la situación de la salud pública de Merlo. Los merlinos nos enteramos de la renuncia pública, que hizo a su cargo, la directora del hospital.  La dimisión fue desencadenada por una serie de problemas que, al parecer, comenzaron hace algunos meses, pero que en realidad, son producto de la falta de políticas para el área durante décadas.

En la provincia de San Luis está vigente, por ejemplo, una ley de Carrera Sanitaria que le quita la posibilidad a los profesionales de atender consultorios externos a los hospitales públicos en los que trabajan.  Esto no sería tan malo, de no ser por los magros sueldos que perciben, teniendo en cuenta que en una ciudad turística como Merlo, los alquileres son muy altos y esto evita la radicación de especialistas en el interior del territorio provincial.

A las renuncias, se le suman también los despidos o, las más cobardes, “no renovaciones de contrato”  a personas que “osan” denunciar los problemas del sistema, tal es así el caso del enfermero  Guillermo Mohamed quien fue echado (afirmación de quién suscribe) de su puesto de trabajo luego de enviarle una carta (más que respetuosa) al Dr. Canteros, Jefe del Programa de Medicina del interior, Ministerio  de Salud de la provincia de San Luis, de la cual creo importante repasar lo siguiente:

“…El día domingo 1 de enero del corriente mes y año, nuestro hospital sufrió un corte de energía eléctrica, ante lo cual, quién le escribe junto a dos hombres (un enfermero y un chofer de ambulancia) intentamos infructuosamente durante media hora encender un grupo electrógeno, totalmente cubierto de polvo, lo cual desnuda la sistémica falta de mantenimiento preventivo que padece el hospital.

Concomitantemente a la misma jornada laboral, debí acudir de noche a un accidente de tránsito en la ruta 5, con ambulancia interno 4/323 dominio HOR 180, en las condiciones habituales en las que solemos salir a saber: sin linternas, sin tabla rígida, sin operador de radio en hospital, sin médico ni camillero acompañante, y ante la necesidad de inmovilizar a la víctima que se trataba de una adolescente atrapada en una camioneta con lesión en su miembro inferior izquierdo, la férula inflable se encontraba pinchada con fuga sostenida de aire.

La única ambulancia de mediana complejidad con la que contaba el hospital, se encuentra hace más de un mes en taller. La cual carecía de elementos necesarios para la seguridad y efectividad de los traslados, a saber: matafuegos, linternas, sujeción firme de tubo de oxígeno, reparación de ciclador de oxígeno, y aspirador de secreciones , provisión de desfibrilador, reparación de tren delantero, reparación sujeta silla de ruedas, reparación de luces de destello laterales, bolso primeros auxilios ambulante. Y era la ambulancia que en mejor estado estaba en el hospital…”

Es decir, que a los problemas cotidianamente denunciados por los vecinos (falta de insumos, falta de especialistas, falta de nombramientos, colas interminables desde la madrugada para conseguir un turno que no siempre se consigue) se le suma la catastrófica noticia: El hospital de alta complejidad más cercano en territorio provincial se encuentra a 200 kilómetros y no hay una ambulancia preparada para derivar casos graves.

¿Y por casa cómo andamos?

Villa de Merlo cuenta en su haber con una ordenanza  que crea cinco Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), descentralizando lo que, a mi entender, es la instancia más importante de un sistema público: La Prevención.

La realidad es que, ni los que gobernaron hasta el 10 de diciembre de 2011, ni los que gobiernan actualmente, le dieron y le dan a esta ley municipal la importancia que se merece.  

La ordenanza 652 establece que un 3% del presupuesto anual debe ser destinado al sistema
de atención primaria. En la anterior gestión, se creó un solo CAPS y que es el único que funciona en la actualidad (el CIC funciona pero con fondos nacionales).

Después de todos los esfuerzos realizados desde la banca del socialismo, que incluyeron denuncias públicas, pedidos de informes, etc.,  la anterior gestión nunca contestó ni avanzó en el  tema.

Cuando asumen  la Intendencia,  las nuevas autoridades elevan el presupuesto para el año 2012, al revisar cuestiones de forma y fondo, reparo en que el porcentaje destinado a todo el sistema de salud es de solo el 2% que se traduce en $ 659.000,00, de los cuales $ 600.000,00 son destinados a sueldos y los $ 59.000,00 restantes se dividen en bienes de uso, de consumo y servicios no personales para todo  el 2012.

Pedí en la reunión de comisión con la secretaria de Hacienda, que se reasignara alguna partida para completar el 3% estipulado y me pidieron que dijera yo de donde se sacaba la plata, mi respuesta fue muy rápida: “Si fuera ejecutivo revería lo destinado a “eventos culturales”  que,  a pesar de que me parece bueno destinar $ 1.300.000,00 a ese ítem, me parece más importante para el Merlo de hoy, el tema salud.”

Cuando devuelven el presupuesto corregido, no habían modificado el pedido, que ya no era mío, sino de  todo el Concejo Deliberante que había votado la devolución.  En un acto de buena voluntad y para agilizar una herramienta como el presupuesto,  lo aprobamos por unanimidad con la condición (en el articulado) que en las próximas reasignaciones se solucionara el problema acomodando los porcentajes.

Hace algunas semanas, ingresa una modificación presupuestaria del Ejecutivo, oh sorpresa, no solamente no se corrige el tema salud, sino que se incrementa en $ 100.000 lo presupuestado para eventos culturales.

No voy a cuestionar un buen presupuesto para cultura (soy el autor de la ordenanza que crea un registro de artistas y asegura un porcentaje de contratación en eventos para los artistas locales, y que fue aprobada por unanimidad) pero veámoslo de esta manera y saquemos nuestras propias conclusiones:

-Presupuesto Secretaría de Cultura $ 1.057.407,00
-Presupuesto  Festivales y Eventos Culturales $ 1.400.000,00
-Total Secretaria de Cultura y Festivales y Eventos Culturales $ 2.457.407,00
-Presupuesto total  de Salud $ 659.000,00
En la opción entre lo urgente y lo importante, cada agrupación política define su rumbo, no es casualidad que en el nuevo organigrama municipal, Salud haya dejado de ser una Dirección, para pasar a ser una simple Coordinación.

El tiempo pasa….

Hace ya casi 30 años que gobierna la provincia de San Luis la misma agrupación partidaria, es inaceptable que la Ministra de Salud haga recaer la responsabilidad en los directores y en los profesionales de los hospitales, a la hora de explicar por qué el sistema no funciona.

El paralelismo entre las definiciones de lo urgente y lo importante en los presupuestos de la provincia y del municipio, no son casualidad, ya que el nuevo gobierno merlino pertenece a la agrupación partidaria que gobierna San Luis desde hace 3 décadas. Para algunos, pan y circo, para muchos, solo circo.

Ahora, si durante 30 años gobernó el mismo partido, y en todas las campañas políticas, los temas más cuestionados por los vecinos son salud y educación,  la pregunta es: ¿habiendo tantos recursos económicos para otras cosas, a mí ver, secundarias, por qué, sacar un turno, conseguir un especialista, hacer una radiografía, es tan difícil en el sistema público de salud después de tanto tiempo? y se me ocurren dos respuestas:

1-Que la inoperancia del gobierno de la provincia es tal, que ni siquiera puede resolver los temas más básicos que hacen al sentido común.

2-Que una comunidad más educada cuestionaría demasiado al poder, y que una comunidad que no tiene que preocuparse por su salud tendría tiempo, también, para pensar y cuestionar.

Me cuesta mucho pensar que son inoperantes. Creo que “no hacer” es una manera de “hacer” política.

A la hora de criticar, criticamos a los que nos gobiernan, como si no los hubiéramos votado nosotros, y puedo entender que una mentira dure 4 años, un periodo, hasta dos a lo sumo (para ser optimista), pero si 30 años después estamos hablando de lo mismo, ya no solo es culpa de quienes nos gobiernan.

La herramienta para solucionar los temas inherentes a las necesidades básicas está en nuestras manos, y se llama participación…y se llama voto.

El evento será a fines de este mes.

A las 10.30 del próximo jueves 31 de mayo, el nuevo Palacio de Justicia, sito en la antigua Casa de Gobierno, será formalmente inaugurado mediante un acto que contará con la presencia de la Comisión Directiva de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el gobernador de la provincia, Claudio Javier Poggi, y representantes de todos los Poderes Judiciales del país.

Cabe recordar que, tras el anuncio de la construcción de la actual Casa de Gobierno, Terrazas del Portezuelo, la gestión de Alberto Rodríguez Saá anunció que se cedería el edificio histórico al Poder Judicial. Muchos esperaban que la mudanza sea inmediata, pero al día de hoy, 22 meses después, todavía no se ha concretado. “Hay que cambiar toda la cañería. Es un trabajo costoso. El edificio está espectacular, lo que está deteriorado es la cañería. No se puede ir a un lugar donde no tenemos ni agua ni calefacción. Hay que arreglar los cielorrasos y hacer una nueva estructura eléctrica”, dijo, en junio del año pasado, la ex presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Lilia Novillo.

Volviendo a la inauguración del nuevo Palacio de Justicia, el presidente del STJ, Horacio Guillermo Zavala Rodríguez, y los Sres. Ministros del Alto Cuerpo Judicial, junto al primer mandatario provincial, realizarán el corte de la cinta inaugural y el descubrimiento de Placas.

A continuación, ya en el Salón Blanco, se procederá a entonar el Himno Nacional Argentino, que será interpretado por un tenor, y Zavala Rodríguez hará uso de la palabra para referirse a la importancia del día y su significado. Luego será Poggi quien también se dirigirá a los presentes. Una vez finalizado el acto, el Dr. Alfonso Santiago (h), profesor de la Universidad Austral, ofrecerá una disertación para todos los presentes.

Las actividades continuarán por la tarde, a partir de las 15 horas, con la Asamblea Ordinaria de Ju.Fe.Jus., en donde se renovará la Comisión Directiva.

El mismo será no reintegrable y se entregará en tres cuotas.

El viernes al mediodía, el ministro de Industria, Comercio, Minería y Transporte, Walter Padula, concretó la firma de un importante convenio con apoderados de la cooperativa Indiel, ex Prestolite, a través del cual el Gobierno de la provincia se compromete a entregar un subsidio no reintegrable de 90 mil pesos.

El mismo estará destinado a solventar diversas necesidades iniciales de la cooperativa de San Luis, y se entregará en tres cuotas mensuales de 30 mil pesos. Tras la primera entrega, la cooperativa deberá presentar una rendición de cuenta para justificar los gastos y, de esa manera, poder acceder a la segunda y tercera entrega.

“Con instrucciones del gobernador Claudio Poggi, seguimos de cerca la situación, desde el comienzo de la problemática. Estamos apoyando la conformación de la cooperativa y acompañamos la gestión que llevan adelante todos unidos. Consideramos que lo más importante es que continúen con la actividad productiva, se mantengan sus fuentes laborales, y se respeten sus derechos como trabajadores”, enfatizó Padula. “Estábamos tan ansiosos como ellos para firmar el convenio”, agregó.

“Hemos ofrecido y nos ponemos a disposición para brindarles todo tipo de asesoramiento en relación a la nueva etapa de asociativismo, porque apuntamos a que la cooperativa sea exitosa”, señaló, por su parte, el jefe del Programa Industria, Paulino Gómez Miranda.

El representante del nuevo organismo, Alberto Cuello, acompañado por el vocero Ricardo Lucero, agradeció la ayuda realizada por el Ejecutivo Provincial, y destacó que harán un análisis para determinar dónde destinarán el subsidio. “Nos reuniremos con autoridades de Edesal y Ecogas para conseguir la conexión de los servicios para que la planta pueda comenzar a operar. El subsidio también podrá ser destinado a la compra de algunos insumos necesarios para lanzar la producción”, subrayó Cuello, quien también manifestó que, para esta semana, esperan comenzar con la operatoria de la cooperativa.