La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley prohibición del uso de técnicas de modificación del clima para evitar lluvias y tormentas en la provincia de San Luis. Desde hace años se responsabiliza a los aviones rompetormentas como los culpables de las sequías de los últimos años con el objetivo de evitar la caída de granizo para preservar los cultivos.

El diputado Javier Giménez fue el miembro informante del proyecto, quien contó que la iniciativa surgió por reclamos y planteos que les hicieron vecinos y productores a los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, en relación a los aviones rompetormentas. “Trajeron una documentación muy extensa sobre el tema, en la cual señalaba los métodos, los mecanismos que implicaba la modificación del clima. Se inició una serie de conversaciones sobre el tema, escuchar a productores, vecinos que acudían a hacer estos planteos. Desde la comisión surgió la necesidad de llevar adelante esta iniciativa legislativa”, argumentó el legislador.

El diputado remarcó que el despacho del proyecto salió por unanimidad.

El artículo 1 del proyecto al que se le otorgó media sanción dice que “se prohíbe el uso de cualquier técnica, actividad, mecanismo, sistema y/o tecnología destinada a alterar/modificar artificialmente la fase atmosférica del ciclo hidrológico en las etapas de condensación o precipitación sobre nuestro territorio, y/o provocar cambio artificial del clima”.

El siguiente artículo establece que la autoridad de aplicación será la Secretaría de Medio Ambiente o lo que designe el Poder Ejecutivo.

El proyecto aprobado hoy será remitido al Senado para ser sancionado.

La Municipalidad de San Luis presentó el proyecto de tarifaria para el año 2025, que ya fue remitido al Concejo Deliberante, y mantiene el esquema de actualización trimestral en base a la inflación. Según detalló en conferencia de prensa la secretaria General del municipio, Fabiana Malamud, esta modalidad sigue el modelo implementado en la tarifaria anterior, donde los valores se ajustan cada tres meses según la inflación del trimestre anterior.

Malamud explicó que “el proyecto que nosotros presentamos es con actualización trimestral igual que la última modificación”, destacando que esta metodología se aplicará a lo largo de todo el 2025, con el fin de mantener una tarifa acorde a los incrementos de precios.

La funcionaria contó además que el proyecto incluye un beneficio adicional para aquellos que paguen las tasas municipales mediante débito automático. Quienes se adhieran a esta modalidad y abonen en tiempo y forma los primeros 11 meses del año, serán bonificados con el último mes de tasas, es decir, el 12vo mes será gratuito.

Por otro lado, la tarifaria también mantiene un descuento anual para los contribuyentes que opten por pagar la totalidad del año en un solo pago, como se contempla en ordenanzas previas. En este sentido, Malamud sostuvo que ambos descuentos son compatibles. De esta forma, quienes paguen anualmente de manera anticipada podrán acceder tanto a este descuento como a la bonificación del débito automático.

Cabe recordar que hoy, primero de octubre, la unidad monetaria municipal (UMM) aumenta a $72,14, lo que totaliza una suba del 370% en todo 2024. Este valor regirá hasta diciembre de 2024, y será la base de la que se partirá para los ajustes inflacionarios del próximo año.

El proyecto también introduce modificaciones en otras áreas, como la recategorización de contribuyentes para el uso del agua, estableciendo nuevas categorías y diferenciando entre tarifas planas y con medidor. Esta medida busca fomentar el cuidado del recurso hídrico y mejorar el control sobre el consumo.

Este martes por la mañana, el Senado provincial dio la media sanción restante, convirtiendo en ley, al presupuesto 2025 y a la adhesión al polémico Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que tantas críticas ha despertado en el sector ambientalista.

El tratamiento de ambos proyectos fue muy similar al que se dio en la Cámara de Diputados. El del presupuesto fue el más largo de los dos, con una alocución de Sergio Guardia, el miembro del oficialismo que generalmente aborda todo lo relativo a lo económico.

En su alocución, Guardia resaltó que el proyecto de presupuesto 2025 del Gobierno de San Luis busca equilibrar las cuentas públicas, eliminando el déficit fiscal. Señaló que este avance es clave tras años de desmanejo que llevaron a la emergencia financiera en 2024. “Este es un paso necesario para estabilizar las finanzas provinciales”, comentó.

El presupuesto proyecta ingresos por más de $1,84 billones, pero Guardia advirtió sobre la fuerte dependencia de recursos nacionales, ya que solo el 22% provienen de ingresos propios. Además, destacó la importancia de “sincerar” las cuentas, redefiniendo los gastos corrientes y de capital, donde un 19% se destinará a la inversión pública, con un enfoque especial en la construcción de viviendas, que recibirá el 47% de las partidas para obra pública.

Guardia insistió en la necesidad de generar condiciones para que el sector privado recupere terreno y se fortalezcan las políticas de promoción del empleo. “Hay que apostar al sector privado para mejorar los indicadores económicos y sociales”, afirmó. En este sentido, Guardia destacó que, además de equilibrar las cuentas, el presupuesto 2025 busca fortalecer el sector privado para corregir las “asimetrías generadas por el crecimiento del sector público en los últimos años”. Señaló que el gobierno continuará implementado programas como “Mi Próximo Paso” y “Compre San Luis” para incentivar el empleo y la competitividad, además de subsidios para líneas crediticias destinadas a proyectos de inversión.

Por el lado de la oposición, se emitió un despacho por minoría que fue leído por el secretario Legislativo de la Cámara, Said Alume. El despacho por minoría presentado por los senadores Hugo Olguín y Alejandro Torres expone una crítica al presupuesto 2025 debido a varios factores, entre los que destaca la “creciente dependencia de recursos nacionales”, que según el análisis de la oposición, se ha profundizado, alcanzando el 78% del total del presupuesto. Esta situación, afirman, aumenta la vulnerabilidad financiera de la provincia y compromete su autonomía. Además, criticaron que el presupuesto no refleja un esfuerzo genuino para aumentar los ingresos provinciales.

En una página que pareció tomada del poggismo cuando era oposición, en el despacho señalaron el uso “inadecuado” de activos financieros para cubrir déficits operativos, lo que implica, según los senadores, una dilapidación del patrimonio provincial. “Esto implica que la provincia no está generando suficientes recursos genuinos y recurre a la venta de activos financieros como títulos públicos, saldos bancarios y dólares para mantener el equilibrio presupuestario. El uso de estos activos se ha justificado en los años anteriores como una medida excepcional, pero en este presupuesto se ha convertido en una práctica recurrente”, dice el despacho.

Luego, el senador Hugo Olguín, en su intervención, comentó que este presupuesto es “la crónica de una oportunidad desperdiciada”, y expresó que perpetúa “el estancamiento y la dependencia”. Según Olguín, San Luis ha pasado de ser un ejemplo de progreso a estar en “modo de supervivencia”, dependiendo cada vez más de fondos externos, lo que, a su juicio, compromete el futuro de la provincia. También cuestionó el uso de activos financieros para equilibrar las cuentas, calificando la medida como un “parche temporal” que no resuelve los problemas estructurales.

Asimismo, Olguín criticó el aumento salarial del 38% proyectado en el presupuesto, afirmando que es insuficiente frente a una inflación estimada del 41,3%, lo que implicaría una pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos. Añadió que este presupuesto no sólo afecta a los trabajadores, sino que también contribuye a la recesión económica al reducir el consumo interno.

Finalmente, el senador destacó la reducción de la inversión pública, que históricamente ha sido un motor de desarrollo en la provincia, señalando que el presupuesto 2025 destina apenas un 11% a esta área. Además, denunció un supuesto “desbalance en la asignación de recursos”, criticando el incremento presupuestario destinado a la Secretaría de Asuntos Institucionales y Enlace Parlamentario y a la Secretaría de Comunicación, mientras que los programas de infraestructura y desarrollo en los municipios recibirán una proporción menor.

Por otro lado, el tratamiento de la adhesión al polémico Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) fue mucho más breve. El miembro informante por el oficialismo fue el senador Martín Olivero, quien sostuvo que esta adhesión permitirá promoverá “la creación de nuevas oportunidades de trabajo, la incorporación de valor agregado a los productos primarios en el territorio provincial” y “fortalecer el tejido económico”. “Estamos de acuerdo con los planteos de distintas asociaciones ambientales, que las hemos recibido y hemos dialogado, en cuanto a la elaboración de una audiencia pública. Nos comprometemos a que, en el caso de que haya algún proyecto que quiera radicarse en la provincia, vamos a impulsar dicha realización”, aseguró el senador oficialista.

En este sentido, remarcó que se trata de “una adhesión con reservas” y leyó los artículos 2 y 3 que ya expuso el diputado oficialista Carlos Pereira cuando el proyectó pasó por la Cámara de Diputados. En aquella ocasión, Pereira explicó que, con el artículo 2, se apunta a “excluir cualquier posibilidad de desarrollo de megaminería o minería metalífera”, ratificando la vigencia de la ley 0634/2008 de Preservación y Restauración Ambiental del Sector Minero. En particular, el diputado destacó el artículo 1 de esta ley de 2008, el cual da un largo listado de sustancias químicas prohibidas “a los efectos de garantizar la preservación de los recursos naturales y para proteger el recurso hídrico, la biodiversidad y calidad de vida de los habitantes”.

Finalmente, Pereira explicó, y Olivero hoy reafirmó, que este artículo se rige por el 47 de la Constitución Provincial, el cual establece que corresponde “al Estado controlar y prevenir la contaminación y sus efectos”; y en el título segundo de la Constitución Nacional, que habla de las facultades de la provincia no delegadas a la nación. “Es importante que destaquemos que los recursos naturales son dominio originario de la provincia”, acentuó Pereira. A esto, le agregó que el artículo 3 destaca que la autoridad de control es el Ministerio de Desarrollo Productivo, o el que lo reemplace.

Por el lado de la oposición, Sergio Moreira advirtió que esta adhesión “podría hipotecar nuestro futuro por décadas”. “Nos prometen prosperidad y desarrollo, pero me pregunto, ¿a qué precio? ¿Cuál será el costo real de estas supuestas inversiones?”, planteó el legislador opositor, quien sostuvo que estas inversiones “vienen para llevarse nuestros recursos y dejarnos a nosotros con suelos devastados, ríos contaminados y comunidades desamparadas”.

Al igual que sus pares diputados opositores, sostuvo que todos los conflictos que surjan por la aplicación de esta ley “no será nuestra Justicia la que determine, sino tribunales extranjeros que poco o nada saben de nuestras tierras”. “La provincia tiene soberanía sobre sus recursos naturales, sin embargo el RIGI vulnera este principio fundamental. Este régimen no solo cede nuestra soberanía ambiental, sino también jurídica al establecer que cualquier norma provincial o municipal que obstaculice los intereses de las grandes empresas será nula de nulidad absoluta”, dijo Moreira, quien tampoco cree que los artículos 2 y 3 de la adhesión local vayan a surgir efecto alguno. “Es un crimen al futuro”, sostuvo.

Párrafo aparte merece lo que ocurrió en el recinto, con asesores, funcionarios y otros miembros del oficialismo provincial coparon las gradas para, con esa excusa, no permitir el ingreso al recinto de los ambientalistas que en la puerta reclamaban.

Ambos proyectos se convirtieron en ley con 5 votos afirmativos (de los 3 senadores poggistas más sus dos aliados peronistas) contra los 4 del PJ.