El Colegio Forense de la Provincia de San Luis presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Superior Tribunal de Justicia, cuestionando el acuerdo 191, que establece un nuevo tipo de notificación electrónica en el ámbito judicial. Sobre este mismo tema, el Colegio de Abogados y Procuradores de la ciudad de San Luis dio una conferencia de prensa donde expresó su preocupación por la continua práctica del Superior Tribunal de legislar a través de acuerdos.

“Los tipos de notificaciones están legalmente previstos en nuestro el Código de Procedimiento. Y vos tenés ahí tres artículos fundamentales. Tenés el artículo 133, que te establece de modo genérico las formas en las que se notifican las resoluciones martes y viernes, es decir, que en general los abogados quedamos notificados de la mayoría de las resoluciones los días martes y viernes automáticamente. Y como en el derecho siempre hay excepciones, la excepción está prevista en el artículo 135, que te dice que, respecto de determinadas resoluciones, como las sentencias, vamos a quedar notificados cuando nos llegue una notificación electrónica. Y hay otro artículo más, que es el 134, que se utilizaba en la época en que estaba el expediente de papel, que establece la notificación personal. ¿Qué hace el Superior Tribunal con este acuerdo 191? Toma un poquito de cada artículo. Toma del 134 la denominación, notificación ficta, pero le agrega electrónica. Toma del 133 los días martes y viernes y directamente respecto del 135 lo deroga, porque lo que dice es que no va a tramitarse más, no va a diligenciarse, no va a emitirse más la cédula electrónica. Entonces, al no emitirse más la cédula electrónica, está tácitamente derogando el 135. No lo puede hacer. Para derogar el 135 sí o sí tiene que haber una ley. Y lo mismo para crear otro tipo de notificación, tiene que haber una ley. De ahí que sostenemos que es ilegal, pero sobre todo que es inconstitucional. Porque hay una clara violación al principio republicano de gobierno”, explicó, en detalle, Pucciarelli.

“Ha habido diálogo con el Superior Tribunal. Nosotros estuvimos citados y planteamos esto, pero el Superior Tribunal sostiene que ellos se amparan en una ley del año 2009 que los habilita a reglamentar todo lo relativo a documentos electrónicos. ¿Cuál es el punto? Reglamentar no es lo mismo que modificar una ley. Es muy distinto. Se están excediendo claramente en el uso de sus facultades”, añadió la presidenta del Forense.

Cabe señalar que, como ya informó este medio, la implementación de este sistema de notificación ha quedado pospuesta hasta febrero de 2025. En este sentido, Pucciarelli reafirmó que la intención del Forense es “continuar y evitar que entre en vigencia este acuerdo el 2 de febrero”, pero teniendo en cuenta que, al ser demandado el Superior Tribunal y que es ante este organismo que se presenta una demanda por inconstitucionalidad como ésta, “los plazos siempre se amplían”. Por lo pronto, el Forense recusó a los integrantes del STJ y dos de ellos, Carolina Monte Riso y Eduardo Allende, ya se han excusado.

“No pasa solamente por el exceso facultades. Hay una cuestión vinculada a la seguridad jurídica. El sistema hoy por hoy no ofrece la seguridad jurídica suficiente para implementar este tipo de notificación”, dijo la abogada, dando como ejemplo el sistema que se implementó la semana pasada y que tuvo como resultado que decenas de abogados no fueran vinculados a los expedientes que están trabajando. A raíz de esto, el STJ tuvo que suspender términos por 6 días hábiles. “Hay una cuestión vinculada estrictamente de derecho a la inconstitucionalidad, pero también hay inseguridad jurídica. Entonces, el sistema no es viable. Esto que pretenden no es viable desde ningún punto”, sostuvo Pucciarelli.

Finalmente, Pucciarelli vinculó este conflicto a una crisis institucional más amplia dentro del Poder Judicial, agravada por la falta de jueces titulares y la excesiva dependencia del presupuesto de Tribunales respecto de las decisiones del Poder Ejecutivo. Por ello, además de la demanda, el Forense sacó un comunicado donde realiza una exhortación a todos los poderes del Estado.

“El Poder Legislativo tiene que trabajar en una ley que otorgue efectivamente la autarquía que menciona la Constitución. La Constitución de la provincia habla de autarquía, pero tiene que haber una ley que efectivamente la concrete, porque la ley que existe actualmente supedita el presupuesto de Tribunales a lo que el Ejecutivo disponga y el Legislativo apruebe. Y por otro lado hay un tema preocupante y es que nos están faltando jueces en los tribunales. El Consejo de la Magistratura eleva las ternas, pero el Poder Ejecutivo no hace las designaciones, entonces estamos todavía con juzgados sin jueces o con muchísimos juzgados con jueces provisorios, que no es la solución tampoco. Necesitamos jueces definitivos”, concluyó la Presidenta del Forense.

Este mediodía, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) tomó juramento a Cintia Paola Martín y a Daniel Gustavo Sanchiño, quienes asumieron como jueza del Colegio de Jueces en lo Penal de la Segunda Circunscripción Judicial Villa Mercedes y juez de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de la Tercera Circunscripción Judicial, respectivamente.

El acto se realizó en Salón Blanco del Palacio de Justicia y estuvo presidido por el presidente del STJ, Eduardo Allende, quien estuvo acompañado por los integrantes del alto cuerpo Carolina Monte Riso, Cecilia Chada; Jorge Levingston y Guillermo L’Huillier. También estuvo presente el defensor general Gastón Pascuarelli. En la ocasión, el Presidente del STJ felicitó a los flamantes jueces y les deseó éxitos en su función.

Fuente: Prensa Poder Judicial

Tras la formulación de cargos contra la subinspectora Marina Silva, quien está con prisión preventiva imputada de “homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía agravado por el uso de arma de fuego”, se hizo público que antes de dispararles a sus hijos cuando dormían provocó una pérdida de gas. Por otro lado, trascendió que Silva tenía deudas por una suma cercana a los $7 millones.

La fiscal adjunta Antonella Romagnoli manifestó en la audiencia de ayer que “Silva y sus dos hijos se encontraban en su domicilio. Estaban durmiendo en una cama matrimonial, en una habitación ubicada al fondo de un pasillo. Fue allí que la acusada tomó su arma reglamentaria y se dispuso a darle muerte a sus hijos. Antes, había colocado una garrafa celeste, dejando abierta la llave de gas, produciendo la pérdida de gas y la somnolencia de sus hijos. Luego disparó contra el colchón del lado izquierdo a la altura de los pies de la cama, a los fines probar el correcto funcionamiento del arma. Después colocó una almohada y una toalla encima del rostro de sus hijos y les propinó dos disparos a quemarropa”.

A los niños de 2 y 7 años les metió dos tiros. Uno en el lado izquierdo del pecho y otro en el lado derecho de la cabeza a la altura de la oreja. El informe forense determinó que la niña de 7 años murió por lesión cerebro cardiopulmonar por pasaje de proyectil de arma de fuego. El niño de 2 años le arrebató la vida por lesión cerebro pulmonar a consecuencia de pasaje de proyectil de arma de fuego.

Luego de realizar los asesinatos, la policía escribió una carta. “Ni Jonathan ni mi mamá me hicieron embargar el sueldo, yo sola me llene de deudas. Perdón, ya no pude más, no es culpa de nadie, pero necesito paz. Pa y Ma perdón, perdón por no seguir más. No quiero que mis hijos sean una carga para nadie, los amo tanto que quiero que estamos juntos”.

El día de hoy, a las 13.30 horas, se realizó la audiencia de formulación de cargos en contra de la subinspectora Marina Silva, quien este martes a la madrugada asesinó a Bautista y Sofía, sus hijos de 2 y 7 años respectivamente.

La jueza de Instrucción N° 4, Natalia Lazarte Otero, le dictó 120 días de prisión preventiva a Silva por el crimen de “homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía agravado por el uso de arma de fuego”.

Las víctimas tenían 2 y 7 años y eran hijos de Silva. La mujer se desempeñaba como policía en la Comisaría N° 34 de Juana Koslay y el hecho ocurrió este martes a la mañana en esa misma localidad, en la vivienda ubicada en la Manzana 7 del barrio Fresnos Americanos.

En la audiencia de imputación, que se realizó en la Sala de Oralidad N° 2, la acusada se abstuvo de declarar y fue representada por el Defensor Oficial en lo Penal N° 1, Carlos Salazar, quien presentó un hábeas corpus porque entendía que estaban vencidos los plazos de detención y pidió la inmediata libertad. Sin embargo, la jueza de Garantía lo rechazó.

La juez Lazarte Otero, además de hacer lugar al pedido de la fiscalía, ordenó que se le hiciera saber a las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial “que van a tener que extremar las medidas de contención y de cuidado y también de asistencia psicológica y psiquiátrica que necesite la señora Silva”.

Un mensaje de despedida

La fiscal adjunta Antonella Romagnoli detalló los hechos que fueron materia de imputación. “Silva y sus dos hijos se encontraban en su domicilio. Estaban durmiendo en una cama matrimonial, en una habitación ubicada al fondo de un pasillo. Fue allí que la acusada tomó su arma reglamentaria y se dispuso a darle muerte a sus hijos. Antes, había colocado una garrafa celeste, dejando abierta la llave de gas, produciendo la pérdida de gas y la somnolencia de sus hijos. Luego disparó contra el colchón del lado izquierdo a la altura de los pies de la cama, a los fines probar el correcto funcionamiento del arma. Después colocó una almohada y una toalla encima del rostro de sus hijos y les propinó dos disparos a quemarropa”.

Los menores presentaron un disparo en el pecho, del lado izquierdo, y otro disparo al costado derecho de la cabeza, a la altura de la oreja. La muerte fue inmediata.

“La imputada luego escribió una carta que decía ´ni Jonathan ni mi mamá me hicieron embargar el sueldo, yo sola me llene de deudas. Perdón, ya no pude más, no es culpa de nadie, pero necesito paz. Pa y Ma perdón, perdón por no seguir más. No quiero que mis hijos sean una carga para nadie, los amo tanto que quiero que estamos juntos´. Luego dejo dos carteles, uno pegado a la puerta que da a la salida del patio que decía ´no entres´. Otro decía ´llama a la policía, no entres´. Silva luego se retiró del domicilio a las 06:40 horas, dejando la puerta cerrada y las llaves de ingreso tiradas en el piso, dejando entreabierta la puerta de la reja. Después envío un mensaje al win (celular) de la comisaría donde pedía que mandaran un móvil a la casa, que estaba la puerta abierta”.

A los pocos minutos llegó personal policial a la vivienda de Silva. Allí estaba la hermana de la acusada, que vive a pocos metros. “Ella contó que a las 7 se levantó y advirtió que en el grupo de Whatsapp de la familia preguntaban por Marina y si alguien sabía algo, por los mensajes que había dejado. Estaba en shock. Vio los carteles que había dejado su hermana, sacó la garrafa, abrió unas ventanas, pero después le pidió al inspector que ingresara y recorriera la casa”, dijo la fiscal adjunta.

El informe forense determinó que la niña de siete años murió por lesión cerebro cardiopulmonar por pasaje de proyectil de arma de fuego mientras que el niño de dos la causal de muerte fue lesión cerebro pulmonar a consecuencia de pasaje de proyectil de arma de fuego.

Mientras sucedía esto, otro grupo de policías estaba abocado a la búsqueda de Silva. Por las cámaras se la pudo observar que camina hacia el dique Cruz de Piedra. “La encontraron sentada en piso, llorando, junto a un arma de color negro. Al lado había una sábana. Con cautela, una policía se le acercó, la abrazó y con los pies corrió el arma de fuego. Silva le dijo que se quería ir con sus hijos y su abuela, en referencia a que su abuela había fallecido hace dos meses.”, describió la funcionaria. Por el estado emocional que presentaba la mujer la trasladaron a la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia, donde trabaja un equipo de psicólogos.

“Es la única comisaría que tiene personal psicológico para poder brindar contención quedando allí el resguardo ya que la imputada en varias oportunidades reiteraba que quería quitarse la vida”, explicó Romagnoli.

La fiscal de Instrucción María del Valle Durán fundamentó la solicitud de prisión preventiva por la existencia de riesgos procesales de fuga, entorpecimiento de la investigación y el riesgo para la integridad de la víctima o de su familia; además de todos los elementos de convicción y evidencia que posee el Ministerio Público Fiscal.

“En este caso tan grave, es lógico pensar en el riesgo en que la impulsada va a tratar de evitar la condena, de fugarse o inclusive de quitarse la vida. Es por ello que existe un riesgo de fuga por lo que debemos cautelar la investigación. Asimismo, el riesgo de entorpecimiento y el riesgo para las familias de las víctimas y para la misma imputada”, sostuvo la fiscal de Instrucción.

“La prueba contra la imputada es demoledora. Después de haber cometido tan atroz y semejante hecho habría arrojado su teléfono celular a las aguas del Dique Cruz de Piedra, eso es un claro ejemplo de que intentaría obstaculizar la investigación. Entiendo que la aquí imputada ha actuado con un único fin y propósito que era el de quintales de vida a sus dos hijitos menores de edad y claramente observamos atento a la solidez de la imputación como así también la evidencia y las pruebas demoledora que alcanzó tal fin y objetivo”, expresó el abogado querellante, Esteban Bustos.

Fuente: Prensa Poder Judicial