Adeuco realizó un relevamiento y llama la atención de sobreprecios.

De acuerdo a un relevamiento realizado por Educo hay escasez de azúcar de primeras marcas en las grandes cadenas de supermercados de la ciudad. Por otra parte, el estudio reveló sobreprecios en segundas marcas de azúcar.

“Si esto no se regulariza, esto se va a acentuar y vamos a repetir la historia del año pasado cuando en teoría no existirán razones para que ocurra. Se anticipó la zafra el año pasado, teóricamente este año no debería haber problemas de producción”, manifestó Jorge Olguín, presidente de Adeuco.

Olguín maneja algunas hipótesis sobre la escasez. Una de ellas es la exportación ya que arroja mayores ganancias que abastecer al mercado interno. Otra alternativa puede ser el acopio por parte de algún sector de la cadena de comercialización con el fin de especular con los precios.

Según explicó el presidente de Adeuco, hay un acuerdo vigente para garantizar el abastecimiento entre el gobierno nacional y sectores de la industria azucarera que fabrican las marcas sobre las que hay escasez en las góndolas de los supermercados.

La obra forma parte de las soluciones que Vialidad Nacional busca darle al surgimiento del Río Nuevo.

A través de un comunicado, la Oficina de Prensa del 14º distrito de la Dirección Nacional de Vialidad dio a conocer que han quedado habilitados los dos puentes en el kilómetro 689 de la Ruta Nacional N° 7, en cercanías de Villa Mercedes. Los puentes habilitados, uno sobre cada mano de la autopista, son parte de las “obras de Construcción de alteo, alcantarillado, obras hidráulicas y de drenaje” que Vialidad está llevando a cabo en la zona.

Estas tareas forman parte de las obras para dar solución definitiva a las problemáticas que ocasionó el surgimiento del llamado Río Nuevo. Comenzaron a fines de 2009, tienen un plazo de ejecución de 18 meses y prevén la ejecución dos puentes más, ubicados en la Ruta Nacional N° 8. Al finalizar las obras, Nación habrá realizado una inversión total que superará los 60 millones de pesos.

Cabe destacar que la importancia de las obras se debe a que las Rutas Nacionales Nº 7 y Nº 8 constituyen la principal vinculación este-oeste de la zona de la Pampa Húmeda con los puertos del Pacifico en Chile, siendo las Rutas de mayor tránsito de la Provincia. Ya con los puentes habilitados, la canalización del Río Nuevo y sus afluentes funcionando con normalidad, la obra que lleva adelante Vialidad Nacional se acerca a su finalización.

Lo afirmó el abogado de la querella sobre el hombre que torturó a su pareja.

“Quedó probado, según la apreciación de los testigos, el señor Olmos estaba plenamente consciente de sus actos”, expresó Alejandro miranda, abogado de Ana María Ledesma, quien fue torturada por su pareja Marcelo Olmos apodado Cara de Pollo. Por el hecho, se le dictó la prisión preventiva al acusado bajo la carátula de tentativa de homicidio y privación calificada de la libertad.

La defensa de Olmos planteó que no se acordaba del hecho porque estaba bajo la influencia de un cóctel de pastillas y alcohol. Ledesma fue golpeada, obligada a desnudarse, atada a un árbol y quemada en los dedos de un pie. Casi todos lo actos sucedieron delante de uno de los dos hijos que la mujer tuvo con el agresor tuvo con Olmos.  El conflicto se habría originado cuando Cara de Pollo pasó a buscar a sus hijos y Ledesma se negó a entregárselos.

“Cada una de las acciones que realizó estaba premeditando cada acto y eso no lo puede hacer una persona que no esté plenamente consciente en sus actos. Para que el chico no presenciara cuando la quería quemar, lo retiró y lo puso a resguardo en otro lugar”, comentó al abogado.

En caso de que Olmos sea hallado culpable de los cargos que se le imputan pude ser condenado a 12 años de prisión.

Conozca los detalles del caso.

Un oficial inspector denunció ante el juez Sabaíni Zapata que en la comisaría de La Toma los autos secuestrados son desarmados por un mecánico de la zona, con el visto bueno del jefe de la comisaría. Además el policía, quien luego de la denuncia fue puesto en disponibilidad, denunció ante asuntos internos de la policía que la comisaría de La Toma protege a un proxeneta, el cual pagaba al responsable de la comisaría tres mil pesos mensuales a cambio de no ser molestado.

Jorge Medero, el policía denunciante actualmente sancionado, imputó al comisario Javier Funes y al mecánico Flavio Flores los delitos de robo, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y amenazas (los tres últimos delitos solo imputados al comisario Funes) luego de que ambos procedieran al desmantelamiento de los vehículos que se encontraban secuestrados en la comisaría, con la intención de proveer de repuestos a otros vehículos también secuestrados, los cuales están en poder de efectivos policiales para uso particular.

Medero aseguró en su denuncia que “todos los móviles entraron a la comisaría funcionando, salvo un Fiat Uno y una Pick Up bordó, los cuales ya estaban en la comisaría cuando el denunciante fue destinado allí”. Medero denuncia que el mecánico se presentó a fines de 2010 en la comisaría diciendo que era amigo del comisario Funes y que tenía orden de él de retirar los vehículos de la comisaría, para trasladarlos a su taller, con el objetivo de reemplazarles las piezas en buen estado por otras inservibles, colocando los repuestos buenos en otros vehículos particulares.

Medero aporta dijo en su denuncia que “el mecánico se presentaba en la comisaría siempre después de las 23 horas, argumentando que era el momento en el que dejaba de trabajar en su taller, accionar que era respaldado por el mencionado comisario Funes, quien personalmente o vía telefónica daba la orden de que lo dejaran entrar, pero sin que se asentara el ingreso en el libro de guardia”.

El policía sancionado denunció que a partir de que tanto él, como el oficial Juan José Rodríguez, se negaron a permitir las continuas incursiones del mecánico dentro del predio de la comisaría, ambos comenzaron a “ser perseguidos, hostigados y amenazados por el comisario Funes y por el oficial Villegas, quien por ser el oficial que seguía en jerarquía a Funes, siempre quedaba encargado de la comisaría”.

Medero, quien también denunció el manejo discrecional de los vales de combustible por parte del comisario Funes y del notable incremento del consumo de combustible con respecto a la gestión del comisario Astudillo (antecesor de Funes), asegura que en enero de 2011 la comisaría recibió varias denuncias de pobladores quienes aseguraban que en un prostíbulo cercano conocido como “El Cruce”, eran explotadas menores de edad. De acuerdo con la denuncia, “en ese momento se encontraba a cargo de la comisaría el oficial Villegas porque Funes estaba de licencia”.

En la denuncia ante Sabaíni Zapata (foto), Medero no detalla los resultados de la investigación respecto a la veracidad de las denuncias contra el prostíbulo, lo que sí hace en su descargo ante Asuntos Internos de la Policía. Según relata Medero, el prostíbulo se encuentra a unos cinco kilómetros de La Toma (en la intersección de las autopistas 55 y 20) en jurisdicción de la comisaría de El Morro, y ante las insistentes versiones de que en el tugurio había menores ejerciendo la prostitución, el mismo Medero se comunica con la comisaría correspondiente para
trasladarles la inquietud, hecho que no consigue llevar a cabo porque en la comisaría no atendía nadie el teléfono. Es entonces que Medero habló con el oficial Villegas a cargo de la comisaría, quien, ante la falta de una orden de allanamiento, autorizó una inspección superficial de la que participan diez efectivos repartidos en los dos móviles de la comisaría.

De acuerdo con la versión de Medero, en el lugar no encontraron menores, pero sí 14 mujeres extranjeras y dos argentinas, las cuales vivían en un espacio reducido aparentemente “bajo llave”. El operativo realizado el 29 de enero casi a la media noche, no agradó a José Alberto Camejo quien en ese momento se encontraba como encargado del lugar. Medero asegura que Camejo, antes de permitirles el ingreso al prostíbulo les aseguró a los policías que “ustedes son muy chiquitos para mí, porque mi jefe ya arregló con el jefe de ustedes”, además de asegurarles que tiempo antes, en ocasión de una fiesta organizada por policías en Saladillo, el prostíbulo había “colaborado” con fernet y otras mercaderías.

El oficial, hoy sancionado, asegura que grande fue su sorpresa al llegar al prostíbulo y descubrir que en un costadito del mismo, cerca de una puerta lateral, se encontraba el patrullero de la comisaría de El Morro, con la dotación completa de policías, razón por la que nadie les había atendido el teléfono un rato antes, “los cuales no se encontraban realizando procedimiento alguno, sino tomando bebidas frescas”.

Con la vuelta de Funes a la comisaría, el oficial Villegas desmintió conocimiento alguno del operativo y Medero asegura entonces que fue recién allí que Funes en persona fue a buscar a un abogado, de nombre Antonio Quiroga, para que denunciara a Madero y Rodríguez de haberle pedido al encargado del prostíbulo una coima de 25.000 pesos, la cual luego se habría reducido a 10.000 para luego bajar a una última oferta de 7.000 pesos.

“Me llama la atención que habiendo participado diez oficiales de policía en la inspección al prostíbulo, sólo nos hayan sancionado a mí y al oficial Rodríguez, los cuales ya estábamos en la mira de Funes por no dejar entrar en nuestro turno a la comisaría al mecánico que sacaba piezas de los autos. Respecto a la coima es infantil pensar que se le puedan pedir 25.000 pesos a un prostíbulo que se cae a pedazos y que esa noche sólo tenía dos clientes. Evidentemente, nos hicieron una cama”, dijo Medero.

En otro orden de cosas, se renovó la licencia por enfermedad del concejal Francisco Torres, quien no ha podido concurrir a ninguna sesión desde comienzos de 2010.

“Espero que el oficialismo haga los aportes que considere pertinentes para ver si se puede enriquecer este proyecto para poder traerlo rápidamente al Concejo y aprobarlo”, manifestó el concejal Francisco Guiñazú, ayer a la mañana, luego de que su proyecto que propone la creación de la figura del viceintendente fuera devuelto a la comisión de Legislación. 

Según el manifestó el oficialismo durante el debate, para aprobar un proyecto de esta magnitud se necesita una reunión previa con el Ejecutivo municipal y una reforma integral de la Carta Orgánica, para lo cual, a su vez, se requiere la realización de un congreso constituyente. Todo este proceso prácticamente impediría que esta enmienda sea aprobada a tiempo y luego ratificada por el electorado puntano en las próximas elecciones.

Como para la aprobación de esta clase de proyectos hace falta el voto positivo de dos tercios del Concejo Deliberante, a la oposición, que por si misma no podía alcanzar esa cifra, no le quedó otra que apoyar la vuelta a comisión que propuso el “independiente” Jorge Aníbal Sopeña, quien en esta sesión se mostró claramente del lado de los oficialistas.

En otro orden de cosas, el oficialismo, Sopeña incluido, también logró que se renovara, por medio año, la licencia por enfermedad del opositor Francisco Torres, quien no ha podido concurrir a ninguna sesión desde comienzos de 2010, pero se niega a renunciar a su banca. Todo el oficialismo votó por la afirmativa, mientras que la oposición, que a fines del año pasado intentó suspenderlo, se abstuvo de votar.

“Para poder otorgarse una licencia de estas características, es menester que se realice una junta médica. Ha pasado mucho tiempo, todo 2010 y parte de 2011. Esta extensión en la licencia está comprometiendo esta forma representativa de gobierno, porque el concejal representa una porción de los vecinos de San Luis que, lamentablemente, hoy no se ve representada”, dijo Guiñazú, al término de la sesión, sobre la abstención a votar de la oposición.

Conozca de quien se trata.

Ayer por la mañana, la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Mazzarino, le tomó juramento como legislador a Luis Alberto Schlussel, quien reemplaza en la banca al fallecido Nilo Vilchez.

“Es nuevo esto así que me tendré que interiorizar y trabajar para el departamento Chacabuco. No tenía nada preparado (un proyecto) porque fue un imprevisto. Hoy que asumo, mañana me voy a poner a trabajar en el departamento y voy a visitar los municipios que son los receptores de los problemas”, comentó el legislador.

Schlussel fue concejal en Concarán entre 2003 y 2007 por el Movimiento Vecinal Independiente de Concarán. También ocupó el cargo de secretario de Obras Públicas y recientemente se desempeñaba como director de Agua Potable en Concarán.

El flamante diputado ocupará la banca por unos meses, ya que el período de Vilchez termina en diciembre, a no ser que Schlussel sea reelegido.

La Comisión de Poderes integrada por los diputados Marcelo Amitrano, Adolfo Romero Alaniz, Elva Novillo, Julio Braverman, Arnaldo Joaquín Schulze, Carlos Ponce y Héctor Casal revisaron la documentación presentada Schlussel y dieron su aprobación para que asumiera la banca.

El ministro de Salud habló sobre la no presencia de camiones sanitarios de la Nación que funcionarios nacionales solicitaron. Por su parte un funcionario nacional contestó al ministro las declaraciones del ministro.

El ministro de Salud, Julio Quevedo, negó que no haya autorizado la presencia de un par camiones sanitarios de la Nación para prestar servicios en Villa de la Quebrada. Como publicó ayer La Gaceta, funcionarios nacionales alegan que se pidió la autorización para que los camiones estuviera en la festividad religiosa y que la misma fue negada sin motivos. 

Quevedo explicó que los camiones sanitarios de la Nación son utilizados en situaciones de crisis y que la presencia de los vehículos debe ser realizada mediante solicitud de los ministerios de salud provinciales. El funcionario negó que se hubiera pedido la presencia del camión sanitario para Villa de la Quebrada y que no era necesario pedirlo.

“No tengo ninguna comunicación oficial de oferta de camiones por parte de Jorge Macsvi que es el referente nacional, ni tampoco por parte del Ministerio de Salud de la Nación”, dijo Quevedo.

El 28 de abril pasado, se le envió al ministro una nota que solicitaba la autorización para que dos camiones sanitarios en Villa de la Quebrada los días 1, 2 y 3 de mayo. La nota estaba firmada por Enrique Ponce, articulador del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La mencionada nota fue recibida el 28 de abril a las 19.30 en el Ministerio de Salud. 

“Si algún otro operador hace un trámite ajeno al Ministerio de Salud, yo lo tengo totalmente desconocido porque mi contacto es directo con el Ministerio de Salud de la Nación y no con otros ministerios que pueden ser parte del gobierno nacional”, comentó el funcionario.

Por otra parte, Quevedo hizo referencia a las críticas que hizo el de Salud de la Nación, Eduardo Bustos Villar, sobre el tema de los camiones. El ministro dijo simplemente: “Me llama la atención”.

“El ministro Quevedo miente”, expresó Luis “Piri” Macagno, gerente de Asuntos Internacionales de Anses en referencia a las declaraciones del funcionario de Salud.

Macagno hizo hincapié en que se pidió la autorización para la instalación de los dos camiones como parte del operativo conjunto que Anses, PAMI y el Ministerio de Desarrollo de la Nación en Villa de la Quebrada.

“No sólo le pedimos la autorización pertinente, sino que además lo invitamos a participar de este operativo. Más aún, el articulador del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social y dos funcionarios nacionales de Anses se dirigieron el día 29 a la oficina privada del Ministro en busca de alguna respuesta, pero no fueron atendidos por Quevedo. Posteriormente y a través de una comunicación telefónica, el permiso fue denegado sin darse a conocer los motivos de dicha prohibición”, puntualizó Macagno, coordinador del operativo.