El Gobierno de San Luis transfirió este lunes 30 de marzo un total de $960.361.100,46 a 10 instituciones prestadoras que brindan atención a 471 personas con discapacidad, con el objetivo de sostener su funcionamiento y garantizar la continuidad de servicios fundamentales en la provincia. El aporte otorgado es reintegrable y será devuelto en 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas.
La medida fue autorizada por el gobernador Claudio Poggi mediante el decreto N°2762-MdeS-2026, y se concretó este lunes 30 de marzo a través de una asistencia financiera excepcional.
La respuesta provincial fue impulsada a partir de una gestión articulada entre el Ministerio de Salud y la Secretaría de Discapacidad, luego de los reclamos planteados por instituciones que atraviesan una situación crítica por la falta de pago de prestaciones que corresponden al Programa Nacional ‘Incluir Salud’.
La Provincia dio una respuesta concreta y hoy fueron acreditados $209.346.098,72 para Ailen SRL; $254.252.308,92 para Centro de Día La Esperanza SA; $12.288.932,93 para Colibríes Centro de Día SAS; $37.194.887,26 para Fundación Beatriz Ramseyer; $94.538.565,34 para Qatro SRL; $183.144.923,40 para Newen SA; $51.852.498,60 para López Cynthia Magali; $6.683.156,54 para Mediavilla David Fernando, Alarcón Agustina Lourdes y Alarcón Luciana Sociedad de Hecho; $20.448.360,00 para Fundación Valduvieco – Apoyo Integral a Personas con Discapacidad y su Entorno; y $90.611.368,74 para Antu SRL.
Una respuesta ante una situación urgente
La situación se originó por una deuda que el Programa Nacional ‘Incluir Salud’ mantiene con instituciones radicadas en San Luis que brindan prestaciones a sus afiliados, entre ellas, centros de día, centros terapéuticos, centros de rehabilitación y transporte. Según lo informado formalmente por la subdirección Incluir Salud, esas prestaciones deben ser financiadas por Nación en el marco del convenio vigente.
De acuerdo con ese informe, la demora en los pagos comenzó en octubre de 2025, en el contexto de una reorganización del área nacional de la que dependía el programa, con cambios de estructura, nuevas designaciones y un proceso de auditoría. Esa transición derivó en atrasos sostenidos que afectaron la liquidez de las instituciones y comprometieron la continuidad normal de los servicios.
Ante ese escenario, los prestadores realizaron presentaciones y reclamos para obtener una respuesta. En una audiencia mantenida el 9 de marzo con autoridades nacionales, se les informó que la demora persistiría por tiempo indefinido. Frente a esa situación, las instituciones solicitaron al Gobierno provincial un aporte reintegrable para sostener gastos operativos y de funcionamiento. La Provincia dio una respuesta concreta y hoy los fondos ya fueron transferidos.
Fuente: ANSL


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