El secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, brindó detalles sobre la implementación de la Ley de Ejemplaridad y Coherencia en el ejercicio de la función pública, conocida como Ley de Narcotest, que establece la realización obligatoria de análisis toxicológicos para funcionarios de los tres poderes del Estado provincial.

Bazla informó que el procedimiento se llevará a cabo mediante un sorteo. “Ya hemos elaborado un registro numérico de funcionarios públicos en donde cada uno estamos identificados con un número que solamente obra en conocimiento de la autoridad de aplicación”, explicó. A partir de este registro, la Caja Social y Financiera de la provincia realizará sorteos para determinar qué funcionarios deberán someterse a los análisis. El primer sorteo será el miércoles 5 de marzo y seleccionará a 100 funcionarios. Las notificaciones se enviarán el 6 de marzo y las muestras se tomarán el 7 de marzo. “Esto hasta completar la totalidad de integrantes del registro de funcionarios”, precisó Bazla.

Cabe recordar que los primeros tests no se realizaron de manera aleatoria, como indica la Ley, sino que, amparándose en un decreto que regía en aquel momento, el gobernador Claudio Poggi se lo hizo cuando él lo decidió, mientras que Bazla anunció cuando se lo tenían que realizar ministros y secretarios de Estado.

Los costos de los estudios, estimados “entre 40 y 50 mil pesos” por análisis según la última valuación de la Universidad Nacional de San Luis, serán afrontados por los propios funcionarios. “No va a ser el pueblo de la provincia de San Luis quien solvente o quien se haga cargo de esta garantía de idoneidad que forma parte de la demostración de no poseer rastros de consumo de drogas ilegales”, dijo el secretario.

El anuncio de que los funcionarios pagarán su propio test llega luego de las críticas que surgieron luego de conocerse los costos de las pruebas y a cuántas personas alcanzaría, totalizando alrededor de 900 millones de pesos. De igual manera, los testeos que se realizarán en una segunda etapa al personal de seguridad y de salud pública, si serán cubiertos por el Estado.

El funcionario también explicó que quienes se nieguen a realizarse el test serán sancionados. “Está previsto en la ley y en la reglamentación que quien se niegue a someterse al análisis toxicológico va a ser considerado una falta grave”, indicó. En el caso del Poder Ejecutivo, esto implicará el cese en el ejercicio de las funciones. En el Poder Judicial, se notificará al jurado de enjuiciamiento, mientras que en el Legislativo se informará a las autoridades correspondientes para evaluar un posible juicio político.

De igual manera, aclararon que si un funcionario resulta positivo en el test, se ofrecerá asistencia a través del Centro de Prevención y Asistencia a las Adicciones. Asimismo, podrá solicitar que se haga una segunda prueba. “Se realizaría con la misma muestra que se tomó al comienzo, es decir, no es una muestra diferente. No es que tenga que tener una nueva muestra de orina, sino que al momento de la primera toma de muestra, la cantidad de orina se divide en dos frasquitos, uno se somete al primer análisis y el segundo queda reservado”, explicó Bazla.

Finalmente, el secretario de Ética Pública subrayó que la ley busca evitar que funcionarios públicos estén “de los dos lados del mostrador”. “Si estoy consumiendo cocaína, la estoy comprando, la estoy adquiriendo en un circuito ilegal. Por lo tanto, no puedo al día siguiente, como funcionario público, firmar un decreto, tomar una decisión que afecte a toda la ciudadanía, no puedo dictar una sentencia o formular una acusación de corte judicial, o no puedo legislar porque estaría convalidando una situación absolutamente ilegal”, concluyó.Los estudios estarán a cargo de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis y consistirán en pruebas de orina para detectar la presencia de sustancias ilegales como cocaína, éxtasis, anfetaminas, opiáceos y marihuana. La obligatoriedad alcanza al gobernador, el vicegobernador, ministros del Ejecutivo, legisladores, jueces, fiscales y demás funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como al Tribunal de Cuentas y al defensor del Pueblo.

La Dirección de Prevención y Gestión de Emergencias (DPYGE) ha establecido nuevas medidas para la realización de quemas controladas en la provincia de San Luis, mediante la Resolución N° 02 DPYGE 2025. Esta normativa busca prevenir incendios forestales y garantizar un manejo responsable de estas prácticas.

Es importante destacar que la solicitud de quemas controladas se extiende a municipios, empresas y personas, los cuales deberán cumplir con la normativa vigente pautada por la Resolución N° 02 DPYGE 2025.

Requisitos para la realización de quemas

Para llevar a cabo quemas de pastizales o residuos vegetales en zonas rurales y forestales, será obligatorio obtener un permiso especial y abonar la tasa y los aranceles correspondientes, según lo solicitado.

Condiciones y límites

• Quemas bajo monte: con un intervalo mínimo de 4 años entre cada quema.
• Quemas en pastizales implantados: el intervalo mínimo es de 2 años.
• Superficie máxima autorizada: hasta 250 hectáreas por día.
  Para áreas mayores a 2.000 hectáreas: se permitirá un máximo de 500 hectáreas por día.

Sanciones y control

Quienes realicen quemas sin autorización estarán sujetos a multas que van desde 100 hasta 700.000 litros de nafta Premium. Con el valor actual del combustible ($1.423 por litro), la multa máxima podría alcanzar los $996.100.000.

Desde la DPYGE, se han articulado protocolos de acción con la Policía de la Provincia para actuar ante sospechas de quemas no autorizadas, con el fin de identificar a los responsables y aplicar las multas correspondientes.

Información y contacto

Para solicitar permisos y conocer más sobre la normativa en vigencia, los interesados pueden dirigirse a la dirección de Prevención y Gestión de Emergencias del ministerio de Seguridad, ubicada en la planta baja del edificio Sur de la Casa de Gobierno de San Luis.

Fuente: ANSL

Personal de la División Lucha Contra el Narcotráfico secuestró este martes dos ladrillos de marihuana valuados en más de $19 millones que eran transportados en un auto que circulaba por Juana Koslay. La droga secuestrada se podía fraccionar en 5.600 dosis.

De acuerdo a la información del Ministerio de Seguridad, el operativo policial se realizó en calle Las Tapias, antes de la intersección con Av. Los Eucaliptos, en el ingreso al Barrio Dupuy. En ese lugar, los efectivos interceptaron un automóvil Ford Taunus de color negro, en el que se desplazaban un hombre y dos mujeres.

Tras la inspección del vehículo, se procedió al secuestro de los siguientes elementos: tres teléfonos celulares, dinero en efectivo: 11.320 pesos argentinos, 1.000 pesos chilenos y dos paquetes rectangulares recubiertos con cinta de empaque marrón, conteniendo en su interior una sustancia vegetal con características similares a la marihuana.

El peso total de la sustancia incautada equivale a la elaboración de aproximadamente 5.601 dosis, con un valor estimado en el mercado ilegal de $19.603.500. La droga fue detectada por el can Keila del Departamento Canes Detectores de Estupefacientes.

Además, se procedió al secuestro del vehículo involucrado. Como resultado del operativo, el Juzgado Federal de San Luis ordenó la detención e incomunicación de los ocupantes del automóvil, un hombre de 35 años y dos mujeres de 39 y 43 años.

Los detenidos quedaron a disposición de la justicia por infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes, en tanto se define su situación procesal.

Este miércoles, efectivos de la sección móvil del Comando Radioeléctrico demoraron a un hombre de 34 años en la ciudad de San Luis, luego de un operativo derivado de un caso de violencia de género.

El procedimiento se inició cuando el Centro de Operaciones Policiales alertó a los uniformados sobre un incidente en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles 2 de Abril y Bolzán, en el barrio El Bolsón.

En el lugar, los agentes entrevistaron a una mujer de 33 años, quien denunció que su ex pareja había ingresado a su domicilio trepando por los techos, luego de no poder acceder por la puerta principal. Según su relato, el hombre la empujó, la insultó y la amenazó mientras ella estaba junto a sus dos hijas. Además, intentó romperle el teléfono celular para impedir que activara el botón antipánico, pese a que sobre él pesa una orden judicial de restricción de acercamiento.

El agresor se retiró antes de la llegada de la Policía, pero con los datos aportados por la víctima, los efectivos iniciaron su búsqueda y lograron localizarlo en la calle Reconquista al 400. Al advertir la presencia policial, el hombre intentó escapar, pero fue interceptado y demorado a pocos metros.

Tras el procedimiento, fue trasladado a la Comisaría Seccional 2°.

El gobernador Claudio Poggi, el intendente de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa, y el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, firmaron este miércoles el convenio de Construyendo con Tu Pueblo 2025, que contempla una inversión superior a los $3.600 millones. Estos fondos se destinarán a obras de repavimentación, bacheo, iluminación y la construcción de 2 km de bicisenda. La inversión representa un 50% más que en 2024.

El acto de la firma del convenio se realizó en el Salón de las Mujeres, ubicado en el edificio de la Municipalidad de San Luis, ante la presencia de trabajadores, funcionarios y concejales.

En Construyendo con Tu Pueblo 2025, la Municipalidad de San Luis intervendrá 50 cuadras con trabajos de repavimentación, cambios de paños de hormigón, bacheo de pavimento y hormigón. El financiamiento de Construyendo con Tu Pueblo seguirá siendo en un 50% por el Gobierno y el restante 50% por el Municipio.
“En la segunda edición de Construyendo con Tu Pueblo, hemos capitalizado la experiencia del anterior, hemos mejorado y hemos optimizado todo el sistema administrativo financiero para que todo salga mejor. Fue un éxito en 2024 y reeditamos el primer semestre de 2025”, expresó Poggi a medios locales.

Durante su discurso, Hissa reveló que está prevista la colocación de 6.000 luminarias LED para llegar a las 10.000, pero que se hará por gestión municipal. “Lo hemos sacado del Plan Construyendo con Tu Pueblo para enfocarnos puntualmente en la repavimentación y en una cláusula que establece también el convenio que tiene que ver con la infraestructura de las bicisendas”.

Una de las condiciones que puso el Gobierno a los municipios para este año de Construyendo con Tu Pueblo es que se destine el 10% del presupuesto para el arreglo o construcción de bicisendas. En el caso de la ciudad de San Luis se construirá una sobre la avenida Lafinur y tendrá una extensión de 2 kilómetros hasta llegar al barrio Serranías Puntanas. Se invertirán $300 millones en la obra.

Lo que fue Construyendo con Tu Pueblo 2024

Antes de la firma del convenio, Hissa hizo un repaso de la primera edición de Construyendo con Tu Pueblo y los objetivos alcanzados a través de los programas Mejorando Tu Cuadra e Iluminando Tu Barrio.

“Cumplimos acabadamente con cada cuadra que íbamos a repavimentar y que íbamos a hacer las tareas de bacheo integral, lo hicimos, lo cumplimos. Eso es la importancia de decir que vamos hacia un segundo convenio sabiendo que cumplimos acabadamente lo que firmamos y suscribimos con el Gobierno de la provincia en el primer convenio por allá por el 8 de junio del año pasado”, afirmó Hissa.