Escrito por Andrés Vallone ( Ex Diputado Nacional)
La única manera de evitar una escalada de represión en Venezuela parece ser, por improbable que parezca, la apertura de un canal de negociación con el presidente Nicolás Maduro. La Comunidad Internacional ya ha agotado muchas de las herramientas disponibles, y es necesario explorar nuevas vías para abordar la crisis.
Las elecciones del pasado domingo en Venezuela no han resuelto la incertidumbre política, sino que han exacerbado la tensión social y política. La negativa de Maduro a presentar evidencias claras de su supuesto triunfo frente al candidato opositor Edmundo González Urrutia ha intensificado la crisis interna y ha provocado una reacción internacional contundente, aumentando la presión sobre el régimen para que proporcione transparencia en los resultados electorales.
Gobiernos latinoamericanos de izquierda, como los de Brasil, México y Colombia, han solicitado una “verificación imparcial” de los resultados del 28 de julio. Estados Unidos y la Unión Europea exigieron desde el principio la publicación de las actas de votación, señalando que son fundamentales para verificar los resultados proclamados. Washington fue más allá al reconocer oficialmente a González Urrutia como el vencedor legítimo, apoyándose en lo que describen como “pruebas abrumadoras” de su victoria.
La oposición ha denunciado fraude electoral, afirmando tener copias de actas que demostrarían una clara victoria de González Urrutia. Estas acusaciones, junto con la falta de transparencia en el proceso, han generado un creciente escepticismo tanto dentro como fuera del país. El Centro Carter, una organización internacional de observación electoral, publicó un informe crítico que cuestiona la legitimidad del proceso. A pesar de ello, el Consejo Nacional Electoral (CNE), dominado por el chavismo, proclamó a Maduro ganador con un 51,2% de los votos basándose en un conteo provisional del 80% de los sufragios. Este anuncio ha sido recibido con escepticismo y rechazo por parte de la oposición y la comunidad internacional.
En respuesta a la situación, se han intensificado las movilizaciones populares, que han sido recibidas con una dura represión por parte de las fuerzas de seguridad. Organizaciones de derechos humanos reportan entre 10 y 20 muertos, decenas de heridos y cientos de detenidos hasta el viernes. María Corina Machado, una destacada líder opositora inhabilitada para participar en las elecciones, se refugió en un lugar seguro tras recibir amenazas de Maduro, quien insinuó que tanto ella como González Urrutia deberían ser encarcelados. A pesar de ello, Machado se presentó en una manifestación en Caracas, recibiendo el apoyo de sus seguidores.
Frente a la presión interna e internacional, Maduro y su círculo cercano han optado por una postura defensiva, negándose a divulgar las actas electorales y justificando su reticencia con excusas como un supuesto ataque informático desde Macedonia del Norte y la violencia en las calles. En una movida que parece destinada a ganar tiempo, el gobierno solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo, que realizara una auditoría de las elecciones, ofreciendo entregar las actas a esta instancia. Sin embargo, dado el control gubernamental sobre el TSJ, esta acción es vista con escepticismo como una táctica dilatoria.
En un contexto de crecientes demandas de transparencia, el régimen de Maduro rompió relaciones diplomáticas con siete países latinoamericanos, incluidos Argentina, Perú y Chile, cuyo presidente, Gabriel Boric, ha sido un crítico vocal del gobierno venezolano. Además, Maduro divulgó un memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos durante negociaciones en Qatar el año pasado, una maniobra que no aborda la cuestión fundamental de la legitimidad de las elecciones. En respuesta, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, reiteró la posición de su gobierno, afirmando que cuentan con pruebas concluyentes de la victoria de González Urrutia.
Ayer, Venezolanos distribuidos en todos los Países de América ,Estados Unidos y Europa manifestaron denunciando las irregularidades electorales y hasta la ex presidenta Argentina Cristina Kirchner pidió “En honor al legado de Chávez “ , que se publiquen las Actas del Escrutinio. La situación en Venezuela se encuentra en un punto crítico, y la comunidad internacional continúa presionando por una resolución transparente y democrática. La apertura de un diálogo genuino podría ser el primer paso hacia una salida pacífica de esta crisis, pero las tensiones actuales hacen que este camino sea incierto y desafiante.


El viernes por la tarde, Dosep remitió una carta documento al Círculo Médico San Luis (CMSL), para que levante la suspensión de las prestaciones a la obra social. La suspensión dispuesta por el CMSL comenzó el pasado viernes a las 14 horas como una medida principalmente ante la falta de acuerdo en el valor de las prestaciones.
Ayudas económicas y créditos blandos para seguir respaldando al sector privado. Esa fue una de las actividades que encabezó el gobernador Claudio Poggi en el auditorio de la Universidad Provincial de Oficios (UPrO) Eva Perón, junto con el ministro de Desarrollo Productivo, Federico Trombotto, cuya cartera administra el programa ‘Mi Próximo Paso’.
Este viernes al mediodía, durante la gira institucional que lo lleva a recorrer todo San Luis, el gobernador Claudio Poggi arribó al hospital Juan Domingo Perón, en Villa Mercedes, para firmar el decreto de llamado a licitación del primer tramo de la obra del nosocomio, durante la cual se renovarán integralmente los quirófanos, la unidad de terapia intensiva y un sector para internación, dependencias ubicadas en la planta alta.
Cerca de las 6 de la mañana de este viernes, y mientras se realizaban recorridos de prevención en la jurisdicción de la comisaría Sexta, un patrullero fue impactado por un vehículo marca Chevrolet, modelo Corsa Country, en la intersección de las calles Ejército de los Andes y Constitución de la ciudad Capital.
La directora de Dosep, Teresa Nigra, dio a conocer que se inició una investigación judicial por los casos de tres farmacias y un profesional ante presuntas irregularidades detectadas en las recetas digitales porque se habría prescripto medicamentos que no necesitan los afiliados para sus tratamientos.
Como consecuencia
Entre todas las peleas políticas y declaraciones de interés que suelen copar el Concejo Deliberante, la semana pasada se aprobó un proyecto de ordenanza presentado por el concejal Mario Silvestri, que busca modernizar las normativas respecto a las veredas de la ciudad, estableciendo que las mismas deben ser “no resbaladizas”. Esta iniciativa responde a la necesidad de actualizar las regulaciones sobre materiales y diseño de las veredas, ya que las normativas anteriores datan de décadas atrás.
Hoy, jueves primero de agosto, Enrique Ponce concluyó su mandato como defensor del Pueblo de San Luis, un puesto que estuvo vacante por 19 años, sin que el organismo funcionaria. El nombramiento de Ponce se produjo el año pasado, gracias a una nominación del sector de Alberto Rodríguez Saá. La misma fue