Este jueves iba a tomar estado legislativo el pedido de juicio político a la presidente del Concejo Deliberante, Agustina Arancibia Rodríguez, que impulsa el peronismo y no hubo quórum para sesionar porque el oficialismo no entró al recinto. Arancibia Rodríguez ni los vicepresidentes (también oficialistas) estuvieron en el recinto para declarar desierta formalmente la sesión. Desde el oficialismo no se brindó ninguna explicación sobre el tema, recién este viernes por la mañana, harán declaraciones sobre lo sucedido hoy.

“Esto es una visión muy personal, pero entiendo que es para encubrir, hay alguna cuestión con respecto al juicio político y lo están encubriendo”, fue la síntesis que hizo el concejal Juan Martín Divizia sobre lo sucedido en el Concejo.

La fachada del Concejo, el patio interno, y las bancas de los ediles de la oposición tenían varios carteles criticando que Arancibia Rodríguez incumple la orden judicial para reincorporar 14 trabajadores que desde hace meses están en el edificio sin cumplir tareas. “$10.000.000 de astreintes. Cumplí la orden judicial”, “reincorporación a los puestos de trabajo ya”, “Incumplir una orden judicial es un delito”, era las frases de algunos de los carteles.

“El Concejo Deliberante no puede estar incumpliendo una orden judicial, un organismo del Estado. Esto es muy delicado y de altísima gravedad institucional”, consideró Divizia.

Los ediles del peronismo esperaron por una hora a sus pares del oficialismo, pero no apareció ninguno. La concejala aliada del poggismo, Laura Sánchez, notificó que no concurría al Concejo y presentó un certificado médico.

Pasó una hora y desde la oposición se planteó que alguna autoridad del Concejo debía declarar oficialmente la falta de quórum. En este sentido se señaló que se debía ir a buscar a la presidente Arancibia Rodríguez; o el vicepresidente primero, Mario Silvestri; o la vicepresidente segunda, Johana Medina. Incluso se dijo que Silvestri fue visto en el edificio.

Pasaron los minutos hasta una de las mujeres de la Mesa Directiva tomó la decisión de declarar desierta la sesión y se retiraron del recinto.

Un dato a mencionar es que en el canal de YouTube del Concejo no está el video de lo sucedido hoy. Sin embargo se transmitió en vivo.

Los $150.000 diarios

A fines de febrero, la Justicia provincial ordenó la reincorporación de los trabajadores de planta permanente dados de baja del Concejo. Como no se cumplió con la orden, a fines de marzo, la jueza Civil y Comercial N° 3, Valeria Benavidez, intimó al cumplimiento bajo la pena del pago de $150.000 diarios en concepto de astreintes.

Como informó La Gaceta Digital, hace poco menos de dos meses, la jueza rechazó la apelación de las astreintes porque la defensa de Arancibia Rodríguez hizo una presentación fuera de término.

Este miércoles, concejales del bloque Justicialista del Concejo Deliberante Capitalino dieron una conferencia de prensa, ya que mañana tomará estado legislativo el pedido de juicio político a la presidenta de esta institución, Agustina Arancibia Rodríguez, en el marco de la causa por la desobediencia a la orden judicial que ordena la reincorporación de los 14 trabajadores de planta permanente que ella despidió apenas asumió.

Juan Martín Divizia, presidente del bloque del PJ, destacó que el pedido es también por otras cuestiones, como “ordenanzas mal sancionadas y ordenanzas tratadas dos veces”. Con esto, el concejal opositor hace referencia a la aprobación de la emergencia económico que actualmente rige en San Luis y a la autorización a tomar un crédito bancario por parte de la Municipalidad.

“El Concejo Deliberante no puede seguir más en esta situación. Está impidiendo el normal desempeño del Concejo y está comprometiendo las arcas del Concejo Deliberante, porque también una de las ordenanzas judiciales es que se litigan astreintes. Astreintes es una multa diaria de 150.000 pesos por el incumplimiento de esta orden judicial. Con lo cual, lo que nos preocupa es que el Concejo Deliberante, que es un lugar donde se dictan ordenanzas o leyes, está incumpliendo una ley”, dijo Divizia, quien pidió fortalecer el diálogo político.

En cuanto a cómo sería este proceso de juicio político, Agustina Gatto explicó que el proceso comenzará por la sala acusadora, donde se debe constituir una comisión de investigación para que se estudie el caso y “en un lapso de 30 días emita un dictamen en relación a si es procedente o no esta acusación”. “En el caso de que sea afirmativo se pasa a la Sala Juzgadora, donde obviamente se le da el derecho a defenderse y a que ofrezca un descargo la persona acusada con asesoramiento inclusive letrado. Luego de ello se emite un dictamen donde, si se considera que ha sido pausible de todos los requisitos, queda destituida esta persona”, explicó Gatto, señalando que la destitución debería ser aprobada con el voto de dos tercios de los concejales, o sea 10.

Esta cantidad de votos complica a la oposición, que solo tiene 7, pero al ser consultada sobre esto, Gatto respondió: “Cuando hay un pedido de juicio político es una medida extrema donde ya se deben haber agotado todos los medios para que se subsanen las cuestiones que están fuera de la ley. Entonces ya deja de ser una cuestión de votos o no votos, sino de cumplir con el deber que a su vez pesa sobre todos los concejales. Si hay un pedido de juicio político se debe estudiar cabalmente y se tiene que cumplir con lo que dispone el reglamento, la constitución y las leyes”.

La concejal agregó que si ellos no actúan están avalando “que un funcionario público decida por propia voluntad no cumplir, generando un gasto inconmensurable en la ciudad de San Luis, que hasta el día de hoy serían 15.150.000 pesos, porque mientras estamos charlando tenemos hoy 150.000 pesos más de las astreintes”, agregó la concejal opositora.

“Si antes de comenzar el juicio político estamos contando los votos, lo que estamos haciendo es prejuzgar, y eso podría teñir la resolución de nulidad absoluta”, añadió Gastón Témoli, en sintonía con Gatto.

Consultado sobre si este pedido de juicio político afecta de alguna manera a los secretarios y prosecretarios de la mesa directiva del Concejo, Alejandro Cordido respondió: “No, este pedido es concreto, se direcciona a la presidenta del Concejo Deliberante es verdad que venimos advirtiendo y lo venimos haciendo en resguardo de la institucionalidad y además de las propias personas que hoy ocupan esos cargos. Porque efectivamente, no sólo la secretaria legislativa ha participado en estos hechos que decíamos y por lo tanto también está en análisis y corresponde a todo el cuerpo más allá de los signos de representación política evaluar la continuidad o no. Porque ante estos hechos una posibilidad cierta es que se pida el apartamiento de alguna de las secretarias y eso también ante el pedido se tiene que votar con dos tercios. No en el marco de este juicio político, pero también eso impacta en las acciones que han trascendido las puertas del Concejo y tienen que ver con las acciones judiciales las acciones penales, sobre todo”, concluyó.

Este miércoles, la Cámara de Diputados dio media sanción a uno de los proyectos en materia de seguridad que el gobernador, Claudio Poggi, mencionó en discurso de Asamblea Legislativa: la derogación de la ley que permitía a personas condenadas desarrollar proyectos productivos y/o económicos en parajes de la provincia de San Luis.

Si bien para el legislador Carlos Pereira esta ley tuvo “unos propósitos nobles”, consideró que la iniciativa quedó a “mitad de camino” el diálogo entre la voluntad política y lo jurídico, y eso llevó a que quede malogrado el texto de la norma”

Remitiéndose a la versión taquigráfica de la sesión en que se aprobó esta ley, en noviembre de 2020, Pereira destacó que diputadores opositores de aquella época criticaron que no se tuvo en cuenta, para la confección de ese proyecto, la palabra de las víctimas ni de los habitantes de estos parajes. “Todos destacan que el proyecto tuvo poca discusión y deliberación”, dijo Pereira.

El diputado también indicó que, desde que se aprobó a la fecha, solo una persona se acogió a este régimen, que no se cumple el control vía geolocalización del condenado y que “no hay ningún tipo de custodia policial”, lo que pone en “un grado de crisis” a la víctima. Otra falencia que destacó el legislador oficialista es que “falla el texto de la ley en darle participación al juez de ejecución de sentencia”.

Cerrando, destacó que esta ley constituye un “conflicto de poderes”, ya que pasa a ser el Poder Ejecutivo, y no el Judicial, el que modera los regímenes de libertad de los condenados. A esto fue lo que se refirió Poggi en aquel momento, cuando definió a esta ley como “contraria a la Constitución Nacional y a la normativa nacional de fondo”.

Curiosamente, por el lado de la oposición, en vez de defender esta iniciativa de Alberto Rodríguez Saá, decidieron acompañar la derogación de esta ley, para “ayudar a que esto tenga otro tipo de solución”. De esa manera, el proyecto obtuvo media sanción por unanimidad y pasará al Senado para su revisión.

En cuanto al resto de la sesión, lo más destacado fue el proyecto de ley para instituir el día 2 de mayo de cada año como “Jornada Provincial en honor a los valientes hijos de San Luis, que entregaron sus vidas en el trágico hundimiento del ARA Crucero General Belgrano”. Con la presencia de excombatientes, el proyecto fue aprobado por unanimidad y celebrado por todos los presentes.