Ante un caso de mala expulsión de un alumno del Instituto San Marino en 2025, la Justicia provincial hizo lugar al amparo interpuesto por la familia del menor y ordenó su reincorporación presencial en octubre del año pasado. En un fallo de segunda instancia que salió hace unos días, la Cámara instó a la institución educativa a capacitar a su personal con mejores herramientas pedagógicas para afrontar conflictos.
La Gaceta Digital informó en septiembre del año pasado que un alumno de tercer año fue expulsado por un hecho de violencia en el que se lo acusó de agredir a otro alumno y a una preceptora de la institución. Incluso se le endilgó haber intentado usar un objeto como arma. Sin embargo, un video de una cámara ubicada frente al colegio demostró que el alumno expulsado en realidad fue víctima de una agresión por la espalda por parte de un estudiante de sexto año y que otro alumno le robó $40.000 de la mochila.
“La jueza hace lugar a la acción de amparo y ordena la inmediata restitución del menor al cursado presencial de sus estudios y condena en costas a la demandada, que es el Colegio San Marino – Barquito de Papel. No contento con esto, el colegio apela e insiste en sus fundamentos, en sus agravios, en que la jueza había interpretado mal no solo la Ley de Educación, sino que ellos tienen un derecho de admisión y habían actuado conforme a la reglamentación vigente y habiendo hecho las comunicaciones al Ministerio de Educación, lo que, por supuesto, no estuvo probado ni fue así”, explicó el abogado Lucas Sosa.
El letrado agregó que la jueza Viviana Oste dejó en claro en su sentencia que, si bien el San Marino es una institución privada, “una medida arbitraria no puede ir en contra de derechos constitucionalmente consagrados y normativa local”, además de tratados internacionales que garantizan el derecho a la educación.
La Cámara de Apelaciones, en la sentencia del 9 de marzo firmada por María Celeste Rodríguez y Nerina Carina Pereira, ratificó este argumento de primera instancia y declaró abstracta la apelación sobre la reincorporación del menor, ya que el ciclo lectivo 2025 finalizó.
“Lo interesante del fallo de la segunda instancia es que insta a las autoridades del colegio a capacitar a su personal a los fines de que estos episodios sean prevenidos y, ante alguna de estas situaciones, sepan cómo dar contención a los participantes”, detalló Sosa.
El abogado también apuntó contra la concejal Paulina Calderón, quien fue ministra de Educación durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá. “Lo llamativo es que entre uno de los principales asesores de la comisión directiva y los directivos de la escuela se encuentra una exministra de Educación, actual concejal por la ciudad, que no digo que tenga que saber el protocolo de actuación de memoria, pero sí, al menos, cómo acudir en ayuda del Ministerio de Educación o del Ministerio de Salud, como el protocolo manda a actuar en estos casos”, cuestionó.


El Gobierno provincial entregó decretos de homologación a diez empresas que incorporarán a más de 50 beneficiarios del Plan de Inclusión al mercado laboral formal, en el marco del programa de Inserción Laboral.
El Gobierno provincial entregó créditos financiados por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) a cuatro emprendimientos productivos de San Luis. Tres de los proyectos que recibieron financiamiento están liderados por mujeres. Durante el acto también se distinguió a la empresa Biocap por su participación en el Laboratorio Federal de Mujeres Productivas.
El próximo lunes 16 de marzo, a las 9.30, se realizará la audiencia de formulación de cargos contra cuatro policías en el marco de la causa que investiga la muerte de Florencia Magalí Morales, ocurrida en abril de 2020 en la Comisaría N° 25 de Santa Rosa de Conlara. La muerte ocurrió en el contexto de la pandemia y fue inicialmente caratulado como un suicidio; por ello es que todas las personas que luchas por el esclarecimiento de este caso llevan como slogan “nadie se suicida en una comisaría.
El intendente de Juana Koslay, Alejandro Tagliente, inauguró el período legislativo 2026 del Concejo Deliberante con un discurso centrado en la continuidad de la gestión municipal y en la planificación del crecimiento de la ciudad.
Una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.397.671 en febrero para no ser considerada pobre y $644.088 para cubrir el costo de los alimentos básicos, según el informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
El gobernador Claudio Poggi encabeza el ranking nacional de imagen positiva entre mandatarios provinciales elaborado por CB Consultora Opinión Pública para marzo de 2026. En el mismo informe, el intendente de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa, se ubicó entre los ocho jefes comunales mejor valorados del país.
El informe también señala que Poggi fue el gobernador que más creció en imagen positiva respecto de la medición anterior, con una suba de 2,3 puntos porcentuales. En el ranking previo el mandatario puntano se había ubicado en el tercer lugar, por lo que en esta medición avanzó hasta el primer puesto.
El ranking de intendentes es encabezado por Matías Stevanato, intendente de Maipú (Mendoza), con 61,4% de imagen positiva. Lo siguen Leonardo Stelatto, de Posadas, con 60,5%, y Jorge Jofré, intendente de la ciudad de Formosa, con 59,5%.
El Índice de Precios al Consumidor de San Luis (IPC-SL) registró en febrero un aumento del 3,4% respecto a enero, según el informe difundido por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos. Con este resultado, la inflación acumulada en el primer bimestre del año alcanzó el 6,0%, mientras que la variación interanual llegó al 33,3% en comparación con febrero de 2025.
Esta mañana, fuentes de este medio confirmaron que el próximo martes la audiencia de formulación de cargos en contra del secretario de Estado de Ética Pública y Control de Gestión de la Provincia, Ricardo Bazla, será el próximo martes 25 de marzo en Villa Mercedes.