Este viernes, como resultado de una investigación policial de varios meses, efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico llevaron a cabo un allanamiento en la localidad de Candelaria, departamento Ayacucho.

El allanamiento fue ordenado por el Juzgado Federal de San Luis y se realizó en una vivienda del barrio Hipódromo, donde los policías incautaron y secuestraron: 34 envoltorios de marihuana y 51 cigarrillos armados (tipo casero) de marihuana, suficientes para la elaboración de 282 dosis, valuadas en $940.000; dinero en efectivo ($97.920); una balanza digital; un teléfono celular; una netbook; y una motocicleta Honda CG Titán.

Tras el procedimiento, desde el Juzgado Federal de San Luis se ordenó la detención e incomunicación de un hombre de 26 años de edad por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

El operativo contó con la colaboración de personal policial de la Comisaría de Candelaria y de Policía Científica de la UROP 5.

Desde la Comisaría Distrito 48° de Balde informaron que este viernes, alrededor de las 13:30, se produjo un accidente en la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del kilómetro 861, cerca del peaje de Desaguadero.

En ese sector, un hombre de 77 años de edad (con domicilio en la provincia de Mendoza) que conducía un auto Fiat Punto Attractive de este a oeste, perdió el control del vehículo e impactó contra un guardarraíl, desplazándose hacia el sector derecho de la banquina y volcando en ese sitio.

Personal médico que acudió al lugar asistió al hombre, quien no presentaba lesiones y no requirió traslado hacia algún hospital.

De acuerdo a lo manifestado por el propio hombre, se habría quedado dormido instantes antes de sufrir el accidente.

El Programa de Fortalecimiento Institucional de las ONG, puesto en marcha por el gobernador Claudio Poggi para regularizar y apoyar a las asociaciones civiles ha generado, según comunicaron, “un movimiento inédito, a través del cual miles de dirigentes se capacitaron, regularizaron sus instituciones y reactivaron clubes deportivos, centros de jubilados, asociaciones vecinales, bibliotecas populares, cultos y cooperadoras escolares, entre otras entidades”.

Fue tanto el interés por participar y acceder al financiamiento, que el Gobierno se vio obligado a postergar el cierre de inscripciones hasta fin de año. Luego de regularizar su situación institucional, las ONG pueden recibir financiamiento para sus proyectos.

Hasta la fecha, 214 de estas entidades ya recibieron hasta un millón de pesos de parte del Gobierno provincial. Para recibir el aporte del Estado, las entidades debieron cumplir con los siguientes requisitos: el reempadronamiento, estar regularizadas ante la dirección de Personas Jurídicas y que el presidente, secretario y tesorero hayan realizado las seis jornadas de capacitación.

Quienes no hayan cumplido con los requisitos requeridos, deben acercarse a la oficina de Personas Jurídicas más cercana para regularizar su situación, o bien comunicarse telefónicamente al 2664-204805 o 2664-452000 interno 1193. Mientras que quienes no hayan completado las capacitaciones, podrán hacerlo desde el siguiente link, siguiendo los pasos pertinentes.

Fortalecimiento Institucional
En diciembre de 2023, la dirección de Personas Jurídicas estaba en una situación alarmante, sin información sobre las asociaciones existentes en la provincia y sobre el estado de cada una.

Ante esta situación y teniendo en cuenta la importancia del aporte de las ONG a la sociedad, surgió el Programa de Fortalecimiento Institucional. Como resultado de esta iniciativa, hay a la fecha más de 1.500 entidades registradas, de las cuales más de 695 lograron su regularidad y 179 se constituyeron este año.

En el transcurso del 2024, se logró pasar del 8% de regularidad a un 43%. Se espera que este porcentaje se continúe incrementando en lo que resta del año.

Fuente: ANSL

El viernes de la semana que viene, el Gobierno provincial lanzará el plan Chau Garrafa, que consiste en el otorgamiento de créditos destinados a la conexión domiciliaria de gas natural para más de 3.000 viviendas sociales. Los créditos se pagarán en 10 cuotas fijas que se abonarán en la boleta del servicio de gas.

Corrado Comastri, director de Infraestructura Hídrica y Energética, explicó que esta primera etapa del plan está destinada a las viviendas sociales que ya tienen las conexiones internas para el gas natural y con el tendido de la red hasta la puerta del domicilio.

“El plan se basa en entregar un préstamo a los vecinos que directamente se les va a pagar a los gasistas. Ese préstamo es para que en las zonas donde tengan red en la puerta de la casa y no se hayan podido conectar por el costo que tiene, el costo nosotros lo hemos estimado en $350.000. El Gobierno les va a prestar este dinero para que ellos puedan conectarse a hacer uso del gas. Se va a generar trabajo con los gasistas matriculados y el usuario o el vecino lo va a devolver en 10 cuotas fijas e iguales de $35.000”, explicó el funcionario.

Las viviendas aptas en la primera parte del plan son las del barrio Mirador del Portezuelo, una parte de Serranías Puntanas en la ciudad de San Luis, 2900 viviendas de barrios de la zona este de Villa Mercedes, barrio 24, 15 y 10 Viviendas en Potrero de los Funes, el 279 Viviendas de Merlo y el 59 Viviendas de Quines. Un punto a mencionar es que en estos barrios el servicio de gas está a cargo de Ecogas.

Una vez que Chau Garrafa sea lanzado, tanto las personas que necesiten la conexión de gas, como los gasistas matriculados (habilitados por Ecogas) deberán registrarse en un sitio web oficial del Gobierno. Los gasistas deberán elegir la zona de trabajo en la que se desempeñarán.

El funcionario comentó que el gobernador Claudio Poggi se reunió ayer con gasistas en Villa Mercedes para hablar sobre cuestiones relativas al plan.

Este jueves en Villa Mercedes, el gobernador Claudio Poggi hizo declaraciones sobre la denuncia que interpuso el Ejecutivo sobre certificados falsos dentro de la administración pública provincial.

Según explicó Poggi, la presentación fue realizada luego de detectar un posible fraude al Estado. “Presumimos que existe una organización que emite y comercializa estos certificados falsos, incluso falsificando sellos y nombres de médicos”, dijo.

En ese sentido, el Gobernador se refirió a las medidas que tomará el Estado luego de que finalice la investigación. “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en este tema, por respeto a todos los empleados públicos y a los ciudadanos de San Luis que pagan sus impuestos”, aseguró.

Por último, el Jefe de Estado señaló que continuarán investigando y adelantó que en los próximos días habrá más información. “Es injusto que se pague un salario a alguien que no va a trabajar por una licencia médica falsa, especialmente cuando el 99.9% de los empleados públicos cumple con su labor diariamente”, concluyó.

Fuente: ANSL

A partir de una investigación realizada por la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno provincial, se detectó la presentación de certificados apócrifos destinados a justificar y tramitar licencias por enfermedad de diferentes empleados de la administración.

La investigación da cuenta que, en los últimos dos años, se presentaron certificados médicos falsos que equivalen a cientos de días pagados por el Estado sanluiseño a personal que no asistía a su lugar de trabajo mediante una justificación fraudulenta, causando un perjuicio económico al erario público y ético a la administración.

Los certificados detectados pertenecen a tres profesionales, a quienes les adulteraron su sello y firma. En la investigación se detectó una falsificación en el número de la matrícula o alguna letra del nombre del profesional. Lo llamativo es que aunque pertenecen a diferentes profesionales, todos los certificados poseen rasgos caligráficos similares.

Uno de los profesionales médicos al que le falsificaron su identidad reside hace más de 10 años en la Villa de Merlo y no ejercía su profesión en San Luis. A pesar de esto, diferentes agentes de la administración radicados en la capital provincial presentaron certificados del médico radicado en el departamento Junín.

El Fiscal de Estado, Víctor Endeiza, realizó una presentación ante la Justicia destinada a que se investigue la adulteración de los documentos. Se sospecha que se podría estar frente a una o mas personas que se dedicaban a ofrecer certificados médicos a cambio de una retribución económica, destinados a justificar irregularmente licencias por enfermedad.

La Dirección de Recursos Humanos de la Provincia se encuentra analizando las licencias gozadas mediante el uso de este tipo de certificados, en especial relacionados con las identidades médicas adulteradas, por lo que se estima que en los próximos días se ampliará la denuncia penal.

Fuente: ANSL

* Nota actualizada. Ver penúltimo párrafo.

Esta mañana, el gobernador Claudio Poggi fue el primer en realizarse el narcotest, pero no en el marco de la recientemente aprobada Ley de Ejemplaridad y Coherencia, sino en el del decreto 10.936 que dictó cuando el proyecto no conseguía tracción en la Legislatura puntana. Sobre este tema informó el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, quien además habló sobre la promulgación de la Ley y el costo que tendrá aplicarla.

“Así es que ya nos hemos puesto de acuerdo con la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, concretamente con el decano, el doctor Sebastián Andújar, para que, a partir del martes próximo, en dos oportunidades en la semana, probablemente martes y jueves, vamos a concurrir el resto de los funcionarios que integramos el Gabinete Provincial para someternos también a estos exámenes toxicológicos”, dijo Bazla.

Cabe señalar que la ley establece que el proceso debe ser aleatorio, ya que si alguien sabe cuándo le va a tocar el test puede fácilmente ajustar su consumo a ello. Sin embargo, todo parece indicar que el decreto no establece esta misma aleatoriedad y que, al menos hasta que entre en vigencia la Ley, los funcionarios van a saber exactamente cuándo les va a tocar hacerse el test.

La Gaceta Digital consultó a Bazla sobre esta aleatoriedad, pero la respuesta del funcionario fue un tanto evasiva. “No es que estemos eligiendo, sino que alguien tiene que comenzar, y ha sido precisamente el gobernador de la provincia quien ha iniciado esa ronda de toma de muestras”, dijo el secretario, quien agregó que Poggi quiere dar el ejemplo.

Un dato importante que aclaró Bazla responde a críticas que realizó la oposición, señalando que también se incluye el abuso de drogas legales. “Acá estamos hablando de drogas ilegales que son las que están, obviamente, previamente definidas en los anexos que tiene la ley de estupefacientes. Y, por supuesto, incluye cocaína, marihuana y también lo que se conoce como benzodiazepinas, que concretamente es, por ejemplo, el clonazepam. Esto respecto del uso abusivo de drogas legales. Entonces estamos hablando de que el objetivo es detectar la existencia de drogas ilegales y, eventualmente, la existencia de drogas legales utilizadas en términos abusivos, porque científicamente está comprobado que el consumo de drogas legales en sentido abusivo, con un criterio, si se quiere, adictivo, también producen trastornos en la personalidad”, explicó Bazla, quien además aseguró que todo este proceso se va a realizar contemplando las exigencias de la Ley de Protección de Datos Personales.

“La ley obliga y comprende a la totalidad de los poderes, es decir, Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Tribunal de Cuentas de la provincia, defensor del pueblo, así todos los que se conocen como órganos extra poder. Estamos hablando también de la obligatoriedad del personal de la policía de la provincia, del servicio penitenciario y del personal de la salud. Estamos hablando en términos generales o redondeando de aproximadamente 5.800 efectivos policiales, más el personal del servicio penitenciario, más todo el personal de la salud pública que hace, y a eso sumado los funcionarios ejecutivos, los legisladores, senadores, diputados y los integrantes de las mesas directivas, más el Poder Judicial, estamos hablando de ministros del Superior Tribunal, de camaristas, de fiscales, de jueces de primera instancia, de defensores. Estamos redondeando en aproximadamente 10.000 personas”, precisó Bazla, refiriéndose a los alcances de la medida.

En este sentido, La Gaceta Digital consultó cuál es el costo de cada test, y Bazla respondió que “por 22 exámenes toxicológicos, que es esto que ha iniciado el gobernador en el día de hoy, el costo ha sido de 2.000.000 de pesos”. Esto arroja un costo de $90.909 por test, por lo que se puede estimar que el Estado podría llegar a gastar más de $909 millones en los tests para 10.000 personas.

Actualización: Tras la publicación de este artículo, el secretario Bazla solicitó a La Gaceta Digital realizar una aclaración, en la que destacó que el presupuesto de $2.000.000 es por los primeros 22 tests y que eso no significa que los próximos vayan a tener necesariamente un costo proporcional similar. “Todavía no está definido ese punto y hay que trabajar sobre las imputaciones presupuestarias. Es decir, son muchos aspectos a tener en cuenta que, obviamente, hay que respetar desde el punto de vista legal, de la Ley de Contabilidad de la provincia y todas las limitaciones que existen en ese sentido. Es decir, no hay absolutamente nada definido desde el punto de vista presupuestario sobre este tema. Solamente está definida la realización de estos 22 análisis que están en curso”, dijo Bazla, en comunicación con La Gaceta Digital.

En cuanto a qué ocurre si un funcionario da positivo, el Secretario sostuvo firmemente que “cesa en sus funciones”, al igual que si se niega a someterse al mismo. “Y una situación totalmente distinta es el caso de los policías que se rigen por un estatuto en particular. El caso del personal que está incluido dentro del Estatuto del Empleado Público. Es decir, cada persona va a tener el índice de protección y de recuperación de una eventual adicción de acuerdo al régimen legal que dirige o dentro del cual está incluido”, dijo el funcionario. “Pero por sobre todas las cosas me interesa puntualizar e insistir en que hay todo un procedimiento que se va a poner en práctica, sobre el cual está trabajando la Ministra de Salud, junto con la Ministra de Seguridad y con quien les habla, precisamente para la contención de aquellas personas que padezcan una adicción”, agregó.