Este jueves, Juan Manuel Rigau presentó, por motivos personales, su renuncia “indeclinable” como titular del Ministerio de Turismo y Cultura, cargo que ocupó desde el pasado 10 de diciembre.
El funcionario acordó con el gobernador Claudio Poggi continuar al frente del Ministerio hasta fin de mes a los efectos de concluir diferentes políticas de gobierno que venía llevando adelante, como por ejemplo, los Intercolegiales Culturales y la Feria del Libro.
Texto de la renuncia:
AL SR. GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS
C.P.N. Don CLAUDIO JAVIER POGGI
Su Público Despacho
Vengo por la presente a expresar mi renuncia indeclinable al cargo que me ha honrado de ministro de Turismo y Cultura de la Provincia.
Motiva la misma, cuestiones de índole estrictamente personal que impiden desarrollar mis funciones tal como acostumbro hacerlo con entrega total.
Mi deseo por ver un San Luis cada día mejor y mas próspero serán siempre mi anhelo.
Doy gracias a todas las personas de buena voluntad y buen corazón que me han rodeado en este tiempo, personal de inclusión social, empleados públicos, colaboradores y funcionarios, sector privado e independientes, a todo el mundo de la cultura, amigos y fundamentalmente a mi familia, respaldo incondicional y formadora de los valores que se deben sostener en la vida. Gracias a Dios, fuente de todo bien y a la Divina Providencia por marcarme este camino.
Sin otro particular, saludo a Ud. Gobernador, agradeciendo su elección hacia mí y deseando que el buen Dios le guarde.
¡Ave María Purísima!
A casi un año de la implementación de las nuevas tablas de control de salud para recién nacidos, la mayoría de los padres aún desconoce las frecuencias, lo que pone en evidencia la necesidad de difundir de manera más efectiva esta información clave para la salud infantil.
La frecuencia de los controles de salud en la niñez, tanto en la etapa neonatal como en fases posteriores, ha sido un tema de debate a nivel mundial, y no existe un consenso uniforme sobre la recomendación ideal. Con el objetivo de actualizar y unificar criterios, la Dirección de Salud Perinatal y Niñez realizó consultas en las 24 jurisdicciones del país, recabando información sobre las recomendaciones provinciales en cuanto a la periodicidad de estos controles.
Además, se mantuvieron reuniones con la Sociedad Argentina de Pediatría, con la participación de expertos de los comités de Pediatría Ambulatoria, Crecimiento y Desarrollo, y Estudios Feto-Neonatales (Cefen).
Como resultado de este proceso de análisis y consulta, el Ministerio de Salud de la Nación definió un cronograma actualizado para los controles de salud desde el nacimiento hasta la pubertad. En el primer mes de vida, el esquema propuesto establece cuatro controles para los recién nacidos en el período neonatal:
– Primer control: pre-alta hospitalaria
– Segundo control: Entre las 48 y 72 horas posteriores al alta (4-5 días de vida)
– Tercer control: A los 7-14 días de vida
– Cuarto control: Al cumplir el primer mes de vida
Estos controles son fundamentales para asegurar el adecuado seguimiento del crecimiento y desarrollo del bebé en sus primeras semanas de vida. La difusión de este cronograma entre los padres y cuidadores resulta crucial para garantizar que los niños reciban la atención médica recomendada desde sus primeros días, fomentando una cultura de prevención y cuidado temprano de la salud infantil.
Este jueves, alrededor de las 5.45, un joven de 20 años falleció por un siniestro vial cuando transitaba en moto por la Autopista 25 de Mayo, a la altura del kilómetro 8, entre la ciudad de San Luis y La Punta.
Desde la Comisaría Seccional 28° de La Punta informaron que el joven de 20 años de edad conducía de sur a norte una moto Honda Wave 110cc perdió el control del rodado, y por razones que se tratan de establecer, impactó contra una luminaria del cantero central. El joven quedó tendido sobre el mismo cantero central y con el casco colocado, mientras que la motocicleta quedó en el carril contrario.
Al lugar acudió personal médico en una ambulancia del Sempro para brindar las primeras atenciones al conductor de la moto. Luego fue trasladado hacia el Hospital Central Dr. Ramón Carrillo, lugar donde falleció debido a los múltiples golpes sufridos por el impacto.
Este miércoles, la Cámara de Diputados dio media sanción a dos proyectos más que importantes: la Ley de Prevención contra las Violencias Físicas y Digitales; y la adhesión a la Ley Nacional 27.453 de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, conocida como Ley de Barrios Populares.
El primer proyecto, la Prevención contra las Violencias Físicas y Digitales, tiene su origen en la reforma del Código Contravencional de San Luis, el cual incorpora, valga la redundancia, contravenciones relacionadas con la salud, la educación y transgresiones o violencia digital. En base a esto, el diputado Carlos Pereira, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, remarcó la urgencia de aprobar esta nueva ley de prevención antes del cierre del año escolar, remarcando la necesidad de que la “comunidad conozca lo que se ha legislado y los eventuales autores ya estén disuadidos de consumar algunas de estas contravenciones”.
En este aspecto, mencionó el trabajo realizado en la comisión que preside, partiendo de las iniciativas presentadas por los diputados Fernanda Spinuzza y Cristian Gurruchaga, a lo que se sumó la visita de un funcionario de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente de Desarrollo Humano, quien les informó que “ya están trabajando en un plan o campaña orientado a la prevención y concientización sobre estas violencias”. Por ello, consideró “oportunísimo” este dictamen, el cual permitirá “sinergizar nuestros esfuerzos como legisladores con los esfuerzos que realiza un gran equipo del Poder Ejecutivo”.
“Nos proponemos sancionar la creación de un plan provincial de prevención, cuyo objetivo es establecer mecanismos para prevenir, sensibilizar y evitar la violencia digital, que esté orientada al hostigamiento, la intimidación, el acoso y cualquier acto que afecte la integridad o identidad digital de las personas”, dijo Pereira, dando como ejemplo la creación de una guía de abordaje para conflictividad que se de, por ejemplo, en las aulas, con violencias como hostigamiento, acoso, sextorsión y más.
Por su parte, Fernanda Spinuzza, autora de una de las iniciativas que componen este proyecto, remarco que “esta temática va a seguir creciendo, más rápido, más violenta, y era muy necesario empezar a tener legislaciones actualizadas a las nuevas dinámicas”. Por ello, agradeció la “urgencia” con la que Pereira buscó estos dictámenes, para “de esta manera, empezar a corregir un poco, a través de las sanciones, conductas que están haciendo mucho daño”.
“Hay violencias que afectan a las infancias en su integridad física, pero también desarrollando comportamientos potencialmente patológicos, como el tema de la ludopatía. Esto empieza en casa, cuando las infancias, sin el control o la supervisión adulta está conectada a internet y naturaliza comportamientos, suplantación de identidad, cyberbullying, acoso digital, sextorsión”, dijo la legisladora, quien durante todo el año ha impulsado iniciativas relativas al mundo digital y la protección de la comunidad, especialmente de las infancias.
Señalando que muchos padres no se enteran de estas violencias que sufren sus hijos, o que no tienen las herramientas para manejarlo, Spinuzza remarcó que se necesitan políticas para concientizar a “la comunidad adulta y las infancias para que ellos mismos puedan ser garantes de su seguridad en línea”.
La legisladora cerró su discurso comentando que espera que antes de fin de año se apruebe en el Senado la modificación del Código Contravencional, para así poder a nueva etapa que incluya acciones como “brindar información sobre como denunciar esas contravenciones, qué información se adjunta, cómo se hace la presentación ante el padecimiento de una violencia”.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad, con el aplauso de todos los legisladores presentes.
En cuanto a la Ley de Barrios Populares, este proyecto, enviado por el Ejecutivo, “responde a uno de los principales ejes del gobierno de Claudio Poggi, que apunta a la reconstrucción del tejido social fracturado que heredó luego de años de abandono”, según destacaron desde el oficialismo. Según el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), San Luis posee 32 barrios populares distribuidos en ocho municipios, en los que habitan más de 4.000 familias.
Foto gentileza de Prensa Cámara de Diputados
El diputado Carlos Pereira explicó que esta normativa nacional busca formalizar la tenencia de tierras y garantizar el acceso a servicios esenciales en los asentamientos informales relevados. “Existen asentamientos en municipios del interior que no nos imaginábamos, pero que ya son barriadas consolidadas y carecen de títulos de propiedad. Esta adhesión va a ser muy importante, ya que articula con una cuestión fundamental: la seguridad jurídica y el derecho efectivo a la vivienda. Es parte de una política del Poder Ejecutivo de escrituración de viviendas sociales que carecían de ese título, lo que también permitirá darle una identidad registral definitiva al inmueble. Esto resulta beneficioso también para quienes titularizaron un inmueble y ya no están vivos, ya que sus herederos podrán disponer de él, cederlo o transferirlo”, detalló.
El proyecto de adhesión propone además la creación de un Observatorio Provincial de Barrios Populares, encargado de relevar y sistematizar datos sobre las condiciones de vida, el acceso a servicios básicos y la situación dominial de esas comunidades.
Según un relevamiento de la dirección de Barrios Populares del ministerio de Desarrollo Humano, realizado en los 13 barrios populares ubicados en el tejido urbano de la ciudad de San Luis, el 41,5% de las familias que viven allí no cuentan con servicio formalizado de electricidad, agua de red, gas natural ni cloacas. El 32,1% sólo cuenta con uno de esos cuatro servicios y el 18,1% con dos. Esto significa que un 91,7% de las familias cuentan con apenas dos de esos servicios o incluso menos. Respecto a la infraestructura de las viviendas, un 17,6% de las familias no tiene baño.
Si bien este proyecto salió por unanimidad, hubo múltiples críticas de la oposición, la cual pidió una adhesión a la modificatoria de la Ley Nacional de Barrios Populares que el oficial no aceptó, a la vez que criticó como el Gobierno provincial es “cómplice” de la gestión de Javier Milei que ha “quitado” beneficios sociales e impulsado distintos tarifazos.
Este mediodía, además del anuncio del aumento para beneficiarios de Inclusión Social, el gobernador Claudio Poggi habló sobre una variedad de temas, incluidos la boleta única de papel (BUP), el narcotest a funcionarios y el caso de Jonathan Vogel.
“Desde los consensos y creo que desde la calidad de la democracia la boleta única papel nos da un salto importante. La campaña de los partidos el año que viene va a ser más explicar cómo se vota”, dijo sobre el primero de los temas, destacando que se terminan las trampas que se utilizaban con la lista sábana.
En cuanto al proyecto de Ejemplaridad y Coherencia, más conocido como narcotests a funcionarios, dijo que esperaba, si hoy era informado por el Senado de la aprobación de ayer, poder “promulgar la ley y ya comenzar a practicarla”, asegurando que él va a ser “el primero en hacerlo”.
Además, aseguró que si a un funcionario le da “deja de ser funcionario”, pero que van a tratar de “que sea con mucha discreción”.
Sobre el caso de Jonathan Vogel, que contaba con permisos especiales para salir de la cárcel a pesar de estar condenado a perpetua por homicidio y de haberse fugado en dos ocasiones, el Gobernador consideró que “esas personas tienen que estar el resto de sus años en la cárcel”. “¿Qué más daño queremos que haga? Para mí, hay personas que no tienen arreglo. La única forma de pagar lo que han hecho y el riesgo que significan que ande dando vuelta, que es muy grave, la única salida es la cárcel”, sostuvo Poggi.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) puso en circulación el nuevo billete de $20.000, que será distribuido desde este jueves a través de la red de sucursales bancarias y cajeros automáticos de todo el país.
Este billete completa la familia “Heroínas y Héroes de la Patria” creada en 2022. El anverso del billete presenta la imagen de Juan Bautista Alberdi, inspirador de la Constitución Nacional de 1853. El reverso ilustra la recreación de la casa natal del abogado, escritor, periodista, filósofo, economista, diplomático y político argentino.
La incorporación de billetes de mayor denominación y la programación monetaria efectiva permiten reducir los costos directos del BCRA y los costos operativos del sistema financiero en su conjunto.
Un billete de mayor denominación permite imprimir una menor cantidad de billetes para afrontar un mismo nivel de demanda de efectivo por parte de la sociedad. Menos billetes en la economía reducen el costo de reposición de cajeros automáticos y el tiempo de procesamiento en las sucursales.
La programación adecuada de la adquisición de billetes mejoró los procesos de logística y de coordinación, reduciendo los costos de transporte a un quinceavo, al utilizar barcos en lugar de aviones. Para las entidades financieras, la distribución y el reabastecimiento de este billete serán más eficientes. En contraste con las últimas experiencias, el BCRA implementó un cronograma de trabajo en conjunto con las entidades financieras que incorporó el nuevo billete de $20.000 a los sistemas de cajeros automáticos de forma anticipada mientras se completaba su producción, lo que resultará en una adopción del nuevo billete de manera más veloz.
La adquisición de billetes, a través de licitaciones internacionales competitivas, disminuyó el costo desde los USD 126 por millar de billetes en el contrato heredado con Casa de Moneda, a USD 48 por millar de billetes en la última licitación realizada en agosto.
La confirmación de que el índice de inflación observado se encuentra en los niveles más bajos de los últimos tres años, a pesar de la puesta en circulación del billete de $10.000 (cinco veces la denominación del mayor billete disponible hasta ese momento) desestima el argumento de que aumentar la denominación de los billetes produce presiones inflacionarias.
Medidas de seguridad
El nuevo billete de $20.000 cuenta con estrictas medidas de seguridad que fueron incorporadas mediante sistemas de impresión especiales y que permiten el reconocimiento por máquina. A continuación, los principales elementos de seguridad:
Marca de agua: se observa al trasluz y reproduce el retrato de Juan Bautista Alberdi acompañado de las iniciales JBA, en tono muy claro.
Hilo de seguridad aventanillado: está inserto en el billete y se revela en tres ventanas. Es de color azul y presenta un efecto dinámico al mover el billete. Al trasluz, se ve como una banda continua y se aprecia la sigla BCRA.
Tinta de variabilidad óptica: la representación simbólica de la Constitución Nacional, ubicada en el ángulo superior derecho, cambia del magenta al verde al inclinar el billete y presenta un efecto dinámico tridimensional.
Imagen latente: dentro de un motivo ornamental situado en el ángulo inferior derecho aparecen las letras RA al observar el billete con luz rasante.
Motivo de complementación frente-dorso: el valor 20.000 ubicado en el ángulo inferior izquierdo se complementa por transparencia con el reverso.
Además, el billete cuenta con identificación para personas con ceguera. En los bordes verticales del billete se percibe al tacto un código con relieve.
El gobernador Claudio Poggi anunció este miércoles que 20.000 beneficiarios del Plan de Inclusión Social que actualmente perciben $220.000 pasarán a cobrar $400.000 con los haberes de noviembre.
“Los trabajadores de Plan de Inclusión, que percibían la mitad de la compensación a principios de año, cuando cobren lo correspondiente a noviembre van a igualar al resto. Van a percibir $400.000 pesos por mes en el ingreso correspondiente a noviembre. Los 20.000 trabajadores de Plan de Inclusión van a percibir lo mismo”, confirmó el Gobernador en declaraciones a los medios locales.
Hay que recordar que estos 20.000 beneficiarios eran los que menos cobraban en relación al grupo que percibía $345.000 desde octubre de 2023, y actualmente cobra $400.000. Este grupo fue el que la gestión de Alberto Rodríguez Saá les prometió un contrato, pero solamente les equipararon el monto al salario más bajo de un empleado público.
El grupo que menos cobraba, percibía $184.500 hace unos meses y se les aumentó a $200.000 desde mayo.
El intendente de San Luis, Gastón Hissa, visitó este martes la intersección de las avenidas España, Lafinur y Ejército de los Andes, donde puso en marcha nuevas etapas de los planes Mejorando tu Cuadra e Iluminando tu Barrio. “Es una arteria que necesitaba repavimentación. Había una mezcla de hormigón y asfalto que producía mucho abultamiento y eso lentificaba el tránsito y también ocasionaba accidentes viales”, dijo Hissa en primer lugar, refiriéndose a las tareas de repavimentación de 5 cuadras que deberían demorar aproximadamente la misma cantidad de días.
En este sentido, el intendente subrayó que el pavimento en este sector estaba “en un estado calamitoso, un estado feo que realmente le generaba molestias a todos los vecinos que ingresan y transitan por estas arterias”. Según explicó, las mejoras en la zona permitirán que este espacio, de alto tránsito y con numerosos comercios, sea “más competitivo también con el pavimento bien hecho”.
Hissa informó que las obras realizadas en este tramo forman parte del plan “Mejorando tu Cuadra”, en el que se han repavimentado 80 cuadras y se busca llegar a 100 para diciembre. “Esto viene desde hace muchos años sin una política pública clara de repavimentación, no se había repavimentado en los últimos años, junto al deterioro normal y habitual de las lluvias, de los malos trabajos anteriores y la falta de mantenimiento hacen que hoy las cuadras estén en esta situación. Por eso lanzamos esta política pública, que se va a sostener durante los cuatro años de mi gestión”, puntualizó el intendente.
Consultado por el financiamiento de estas obras, Hissa respondió: “Esta obra en realidad es mixta porque nosotros hemos suscrito un convenio con el Gobierno de la provincia, en el marco del Construyendo con tu Pueblo, pero la realidad es que todos los fondos ahora en gran parte son por gestión municipal y, a medida que vamos certificando, van ingresando los fondos a las arcas municipales”. Este modelo mixto también se utiliza para la provisión del pavimento, ya que una parte proviene de la planta municipal y la otra se licita.
“No me da vergüenza decirlo. Comenzamos tapando baches con tierra y la verdad que, a través de la gestión de la eliminación de los gastos superfluos, de una buena administración y de la transparencia estamos trabajando fuertemente con la obra pública”, continuó el intendente.
Con respecto a la renovación de luminarias en la ciudad, Hissa explicó que hasta el momento se han colocado 3.200 luminarias LED, con el objetivo de llegar a 4.050 para fin de año. “Hoy colocamos 200 luminarias LED, reemplazamos las de sodio por las de LED en los barrios ATE 1, Gobernador Alric, Los Fresnos”, detalló el intendente, quien remarcó que el reemplazo permite una mejor visibilidad y mayor seguridad en estos sectores.
Además, al ser consultado sobre la provisión de agua potable para el verano y los posibles cortes, Hissa afirmó que se monitorean los niveles de las plantas potabilizadoras y que, aunque actualmente están bien, la falta de lluvias es una preocupación. “Es muy importante que el vecino sepa que quizás no tengamos tantas lluvias este año. Es importante que el vecino internalice el concepto del cuidado real del agua, significa optimizar el recurso, cuidarlo”, sostuvo. En este sentido, el intendente recordó que, aunque se han realizado obras de menor envergadura para mejorar el suministro en ciertos barrios, “si la derrochamos claramente nunca va a alcanzar”.
Finalmente, Hissa se refirió al trabajo en los canales de desagüe de la ciudad, en el cual la Municipalidad está colaborando con San Luis Agua. “Se está trabajando en eso. Hemos empezado por canales que han estado muy tapados de basura a limpiarlos y estamos próximos a trabajar conjuntamente para limpiar los canales de mayor porte”, concluyó.
Este martes, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) declaró personas no gratas, a modo de sanción pública, a los diputados nacionales Karina Bachey, Alberto Arancibia Rodríguez y Carlos D’Alessandro por haber respaldado al veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario. Bachey es del PRO y fue electa diputada nacional gracias a que iba en segundo lugar en la lista que Claudio Poggi encabezó en las elecciones de 2021, mientras que Arancibia Rodríguez asumió en reemplazo del actual gobernador.
El Consejo aprobó esta declaración por 18 votos a favor, 3 abstenciones y 4 negativos. El rector Víctor Moriñigo, muy allegado al sector político de Poggi, no estuvo presente en la sesión.
Por su parte, D’Alessandro pertenece a La Libertad Avanza y ayer, claramente molesto por la declaración, subió un video a X, diciendo lo siguiente: “Las ratas inmundas del Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Luis, que se llaman profesores por concurso, arreglados, vienen a decir que nosotros, que fuimos votados por el 68% de los puntanos estamos haciendo algo que no corresponde. Bueno, sí, corresponde, apoyamos las ideas del presidente Javier Milei y no los bancamos a ustedes, casta universitaria mugrienta, zurdos arruinadores de futuros de jóvenes”.
Asimismo, el tema hoy también será tratada en la Cámara de Diputados provincial, donde la oposición buscará respaldar esta declaratoria.
Luego de 10 meses, el Gobierno provincial finalizó a intervención del Municipio del Pueblo Ranquel, proceso en el que se detectaron una serie de irregularidades impositivas, laborales y deudas millonarias. Tras la intervención, el incremento de los recursos disponibles, respecto de diciembre de 2023 fue del 1422%.
La Municipalidad quedó a cargo del lonko Víctor Baigorria, quien fue designado por la comunidad. Este martes, el gobernador Claudio Poggi visitó el pueblo Ranquel. La intervención del municipio la dispuso el 28 de diciembre de 2023.
La contadora de la Municipalidad, Leticia Salvatierra, frente a la comunidad, detalló un antes y un después de la intervención que tuvo varios procesos. En el aspecto laboral, la gestión encontró trabajadores en negro, deudas millonarias con el AFIP y desigualdad de condiciones. “De los 23 empleados solo 12 estaban registrados y nunca recibieron sus recibos de haberes. Todos sin ART porque se debía una suma millonaria. También había un trabajador y 10 mujeres trabajadoras que no estaban registrados y eso significaba una gran desigualdad de género. Tampoco había discrecionalidad en becas para estudiantes, ni ayudas a longevos”, explicó la contadora.
En cuanto a la situación impositiva, la administración del Pueblo padecía un bloqueo de constancias de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la imposibilidad de emitir facturas o guías, además de presentaciones irregulares del IVA, faltaba la presentación de ganancias, regímenes de información y pago de ingresos brutos. También acumulaba desde 2016 una deuda de ingresos brutos superior a los $14 millones y otra del Impuesto a los Automotores que databa de 2017 y superaba los $12 millones. “El bloqueo de constancia de AFIP, significó que el municipio en sí no era capaz de hacer su administración por tener tantas deudas. No había IVA porque se presentaban de manera irregular. El Municipio nunca había hecho una presentación de declaración jurada, por ejemplo”, aseguró la funcionaria.
Eran numerosas las empresas externas al Pueblo Ranquel que utilizaban sus terrenos y recursos sin contrato de por medio, omitiendo la facturación correspondiente por la prestación de servicios y materiales. En cuanto al stock ganadero, prácticamente el 50% de los animales en stock (8.003 cabezas), según un recuento al 28 de diciembre de 2023, estaban por fuera de los registros del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
La explotación de la laguna fue manejada al antojo de la administración anterior, a la que solo podían ingresar funcionarios y amigos del poder y no los habitantes que eran quienes trabajaban por su pueblo. Los beneficios comerciales y económicos de la utilización de este recurso jamás tuvieron una rendición de cuentas. En tanto, las familias ranqueles y allegados a la comunidad tenían prohibido el ingreso a la laguna.
El Gobierno también encontró una serie de deudas correspondientes a combustibles, fletes, talleres mecánicos, pasivos comerciales, caballos y otros impuestos, de los que tampoco hay rastros ni comprobantes.
Este proceso largo, pero que simboliza la lucha de un pueblo que estaba preso de la corrupción, dejó a 23 trabajadores registrados, todos los meses reciben sus haberes y tienen ART. “Tuvieron una recomposición salarial 114% los hombres y 104% las mujeres, lo que consistió un incremento del doble con respecto al 2023”, dijo Salvatierra y aseguró: “También otorgamos 5 becas estudiantiles, algo que lo propuso el Gobernador en la primera asamblea y de ahora en más, los longevos pueden percibir ayudas económicas equiparadas a una jubilación mínima”.
Con respecto a la deuda impositiva, la contadora señaló que fue saldada por más de $13 millones a través de la moratoria provincial.
El encuentro, del que también participaron vecinos de la comunidad, a su vez sirvió para que cada uno de ellos pregunte cómo fue el proceso de intervención, aunque todos recibieron una carpeta en la que detallaba cada uno de los aspectos en los que se trabajó.
El Gobernador aseguró que el trabajo del grupo de interventores finalizó hoy para que de ahora en más, el pueblo tenga su propio municipio. Seguidamente los normalizadores, Carlos Amondaraín y Darío Oviedo Helfenberger, firmaron el documento de cese de la intervención gubernamental. “Es una instancia fundamental para el municipio, hay algunas cuestiones que seguimos trabajando, pero no dudo que van a tener la capacidad de salir adelante”, señaló Amondarain.
Mientras que el mandatario dijo: “Con ustedes hemos cumplido lo pedido. Antes eran rehenes, ahora son libres. No los voy a abandonar, voy a venir y los voy a ayudar cuando ustedes lo soliciten. De ahora en más toda la administración pasa por ustedes”.
También una vecina de la comunidad manifestó que este era un momento para unirse como ciudadanos y le pidió a Poggi que “siga cerca de nosotros, lo necesitamos mucho para hoy poder ser libres, trabajar en paz. Le damos las gracias a todo el grupo interventor que nos ayudó y que hizo este gran trabajo para que el pueblo sea transparente”.
Baigorria habló sobre el antes y el después del cambio. “Yo fui elegido por la comunidad como lonko pero no importaba eso. Siempre pasaban por encima mío, yo no tenía poder de decisión para nada”, explicó. También mencionó cómo trabajaban antes de la intervención y como lo hacen ahora: “Ahora trabajamos en libertad, somos libres. Tenemos horarios, no tenemos a nadie que nos esté apurando para que trabajemos y sabemos a dónde van nuestros frutos”, cerró.