El Tribunal de Impugnaciones de la Primera Circunscripción Judicial confirmó la prisión preventiva por 120 días para un agente del Servicio Penitenciario imputado por los delitos de corrupción de menores agravada por el vínculo, abuso simple agravado por la convivencia y producción de representaciones de menores con fines sexuales. De esta manera, el tribunal rechazó el planteo presentado por la defensa del acusado.

La decisión fue adoptada por unanimidad por el tribunal integrado por la jueza Laura Molino, como presidenta, y los jueces Jorge Sabaini Zapata y Yanina Del Viso, como vocales. El cuerpo analizó el recurso de revisión presentado por el abogado defensor Héctor Zabala Agüero contra la resolución del juez de garantía Nº 3, Marcos Flores Leyes, quien había ordenado la medida de coerción.

En la audiencia intervinieron la Fiscalía de Instrucción Penal con competencia en contexto de género, diversidad sexual, infancias y adultos mayores Nº 2, representada por la fiscal Antonella Córdoba y la defensora adjunta Mercedes García; la Defensoría de Niñez y Adolescencia Nº 3, a cargo de Silvina García y la defensora adjunta Belén Suárez; además de la defensa técnica del imputado.

Durante la audiencia, el abogado defensor solicitó que se revise la prisión preventiva al considerar que el plazo de 120 días es excesivo y que no existen riesgos procesales que justifiquen la restricción de la libertad. También sostuvo que gran parte de las medidas de prueba ya fueron realizadas y que los dispositivos electrónicos vinculados a la investigación se encuentran secuestrados y bajo resguardo judicial, por lo que —según planteó— no habría posibilidad de interferir en la evidencia.

Asimismo, cuestionó que se haya invocado un eventual riesgo para las víctimas sin una explicación concreta y señaló que, a su entender, la cámara Gesell realizada en la causa no reflejaría indicadores de abuso respecto de una de las niñas mencionadas. Como alternativa, propuso que el imputado cumpla prisión domiciliaria en un domicilio distinto al lugar donde se habrían producido los hechos investigados.

Al responder al planteo, la fiscal Antonella Córdoba explicó que la investigación comenzó el 22 de octubre de 2025 y que tres días después se formularon cargos por los delitos mencionados.

Indicó además que durante la investigación se realizaron allanamientos en el domicilio del imputado y se secuestraron distintos dispositivos de almacenamiento digital que actualmente continúan siendo analizados por el área de delitos complejos. Según detalló, la causa involucra una gran cantidad de material audiovisual y fotográfico que debe ser examinado de manera individual por especialistas y parte de ese material habría sido registrado en el domicilio allanado.

La fiscal también señaló que aún resta peritar uno de los dispositivos secuestrados, particularmente un teléfono celular. Explicó que, por las características de la evidencia digital y los sistemas de almacenamiento remoto, existe la posibilidad de que el contenido pueda ser modificado o eliminado a distancia mediante el acceso a cuentas o servicios asociados al dispositivo. En ese sentido, advirtió que una eventual libertad del imputado —o incluso el cumplimiento de una prisión domiciliaria— podría generar un riesgo concreto de alteración o pérdida de información relevante para la investigación.

Por su parte, la defensora adjunta Mercedes García indicó que gran parte del material hallado corresponde a registros de carácter casero y que, además de una presunta víctima identificada, podrían existir otros niños o niñas que aún no han sido individualizados, por lo que se están realizando diligencias para determinar su identidad.

También señaló que el avance de la investigación se ha visto dificultado por la escasa colaboración del entorno familiar, lo que complejiza la identificación de posibles víctimas y la reconstrucción de los hechos.

En la audiencia, la Defensoría de Niñez y Adolescencia Nº 3 adhirió al planteo del Ministerio Público Fiscal y sostuvo que su intervención se justifica por la posible afectación de derechos de niños, niñas y adolescentes que podrían haber sido víctimas en el marco de la causa, incluso cuando algunos de ellos todavía no hayan sido plenamente identificados.

Desde ese organismo señalaron que la existencia de víctimas indeterminadas no implica que no existan, sino que la investigación aún no logró establecer con precisión su identidad. También advirtieron sobre el riesgo de entorpecimiento de la investigación, especialmente por la posibilidad de alteración remota de evidencia digital que todavía resta analizar y por la eventual influencia sobre testigos del entorno familiar.

Además, se opusieron a la alternativa de prisión domiciliaria al señalar que no existen informes socioambientales que permitan determinar quiénes viven en el domicilio ofrecido ni si allí residen niños, niñas o adolescentes, lo que impediría evaluar si esa medida podría neutralizar los riesgos procesales.

La decisión del tribunal

Al fundamentar la resolución, los jueces consideraron acreditado un riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación, especialmente por el carácter intrafamiliar de los hechos investigados y por las medidas de prueba que aún restan producir.

También valoraron la solidez de la imputación, la gravedad de la calificación legal atribuida a los hechos y la expectativa de pena prevista para este tipo de delitos.

En relación con la propuesta de prisión domiciliaria, el tribunal concluyó que no existen elementos suficientes para considerar que esa medida pueda neutralizar los riesgos procesales.

Por último, los jueces solicitaron a los medios de comunicación extremar los recaudos al informar sobre la causa para evitar cualquier situación que pueda permitir la identificación de niños, niñas o adolescentes involucrados.

Cabe recordar que en el proceso penal rige el principio constitucional de presunción de inocencia, por el cual toda persona investigada debe ser considerada inocente hasta que una sentencia firme determine su responsabilidad. Asimismo, por tratarse de un caso que involucra a personas menores de edad, sus identidades se mantienen reservadas conforme a la normativa vigente.

Fuente: Prensa Poder Judicial

Este jueves 5 de marzo por la noche, efectivos de la Sección Movilidad del Comando Radioeléctrico llevaron adelante un procedimiento en la ciudad de San Luis, donde demoraron a una mujer de 35 años de edad.

Los uniformados recibieron una alerta del Centro de Operaciones Policiales, ya que un llamado al 911 daba cuenta de un incidente en una vivienda de la manzana 31 del barrio Amppya.

Al llegar al lugar, los policías se entrevistaron con un hombre de 41 años de edad, quien les comentó que su expareja (la mujer de 35 años) se había hecho presente en su domicilio, incumpliendo una medida de restricción de acercamiento, y había causado daños en distintos elementos del interior de la casa.

Tras tomar conocimiento de los hechos, los efectivos constataron la vigencia de la orden judicial y, en ese marco, demoraron a la mujer de 35 años de edad, quien posteriormente fue trasladada a la Comisaría Seccional 2°.

El sistema público de salud realizó el trasplante de riñón número 33 en el hospital Dr. Ramón Carrillo. Se trató además del sexto procedimiento con donante vivo. El receptor fue Nancy Edith Gerry, de 62 años, quien recibió un riñón donado por su hijo, Juan Carlos Demaría, de 27. Ambos son oriundos de la ciudad de San Luis.

El caso presenta una particularidad destacada: la paciente no llegó a requerir diálisis. El procedimiento se realizó de manera preventiva, luego de un seguimiento sostenido del equipo del consultorio de Enfermedad Renal Crónica Avanzada (CERCA) del hospital y del cumplimiento de los controles médicos indicados. Este tipo de abordaje permite evitar el ingreso a diálisis cuando la enfermedad renal alcanza su etapa crítica.

Tras la intervención, Nancy Gerry permanece internada en la Unidad de Trasplante y presenta una evolución favorable durante las primeras 24 horas posteriores a la cirugía. Juan Carlos Demaría, quien fue el donante, también atravesó el posquirúrgico inmediato de manera satisfactoria y evoluciona de forma estable.

Con este procedimiento, el Hospital Central suma 33 trasplantes renales realizados. A ese número se agregan 12 trasplantes de córneas concretados recientemente, lo que eleva a 45 el total de intervenciones de este tipo efectuadas en la institución.

Equipo médico interviniente
En el área de cirugía participaron Pablo Farinelli, jefe del servicio; Luis Mercado, subjefe; Emanuel Repetto y Julio Bittar, jefe de la Unidad de Trasplante.

Por el servicio de Nefrología intervinieron Marcela Valdeón, jefa del área, y Matías Suárez, subjefe. También participaron Paula Arenas, subjefa de la Unidad de Trasplante, y Malena Aguirre, del servicio de Infectología.

Además, colaboraron equipos de enfermería, personal administrativo y servicios de apoyo como laboratorio, diagnóstico por imágenes, hemoderivados y farmacia.

Desde el equipo médico destacaron la importancia de la donación de órganos y señalaron que no todos los pacientes tienen la posibilidad de acceder a un trasplante con donante vivo, por lo que remarcaron la relevancia de este tipo de actos solidarios.

El intendente de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa, reveló que hay personas que le han manifestado que hay grupos de vecinos que esperan que pase el camión recolector de residuos para sacar la basura. También mencionó que se ha erradicado un basural varias veces, pero que los vecinos vuelven a tirar basura.

El jefe comunal manifestó este jueves en su visita a la plaza Halcones del Cielo que “el municipio está invirtiendo muchos recursos de los vecinos en la limpieza y el orden de la ciudad”, sin embargo, “la realidad es que hay un grupo minúsculo también de vecinos que no respeta la normativa vigente”. Hissa mencionó que uno de los reclamos que le han hecho es sobre el microbasural en la zona de la plaza Halcones del Cielo. “Lo hemos erradicado en reiteradas oportunidades, pero que continúa”, señaló en declaraciones a los medios.

En en ése contexto, se le preguntó al intendente si no le resulta llamativo que la Municipalidad retira los residuos y al poco tiempo hay basura nuevamente. “Es muy llamativo, y me he enterado también por vecinos, esto no es una información, pero sí se comenta a veces que hay algunos grupos minúsculos de vecinos que se comunican esto de que esperan que pase el camión para salir a tirar la basura como intencionalmente. Eso es lo que se dice”, respondió.

Hay que mencionar que en su discurso de este lunes de apertura de sesiones del Concejo, Hissa anunció un plan de monitoreo mediante cámaras para detectar infactores que ensucien el espacio público.

Las intensas lluvias registradas entre la noche del miércoles y la mañana de este jueves provocaron crecidas de ríos y arroyos, daños en infraestructura y cortes preventivos en distintos puntos de la provincia, según informaron organismos provinciales y la Policía de San Luis.

Desde la dirección de Prevención y Gestión de la Emergencia del ministerio de Seguridad indicaron que durante la madrugada se emitieron alertas tempranas por factores climáticos para toda la provincia, alcanzando a municipios, áreas de Protección Civil y centros de operaciones, con el objetivo de anticipar posibles inconvenientes derivados de las precipitaciones.

Los organismos de monitoreo señalaron que la provincia fue observada de manera permanente durante toda la noche y la mañana, registrándose importantes acumulados de lluvia en distintas regiones, lo que generó crecidas en ríos y arroyos.

Uno de los puntos más afectados fue Concarán, donde se registraron 80 milímetros de lluvia durante la madrugada, lo que produjo un aumento considerable en el caudal del río Conlara. En otras localidades las precipitaciones oscilaron entre 35 y 40 milímetros, lo que también provocó incrementos en cursos de agua y lagunas.

En la localidad de Las Chacras, en tanto, se registraron más de 150 milímetros de lluvia, lo que ocasionó un fuerte aumento del caudal del río que atraviesa la zona y provocó que cediera el puente peatonal “Paseo de las Libélulas”, inaugurado el año pasado y que conectaba la localidad con el cementerio.

La situación hídrica también generó complicaciones en distintos diques. En La Huertita se informó un importante ingreso de agua, con un nivel que supera los tres metros sobre el vertedero. Durante la mañana se realizó la apertura de válvulas para aliviar el caudal, aunque la medida no resultó suficiente debido al gran volumen acumulado.

En el dique Nogolí, por su parte, se produjo un desmoronamiento de paredes, por lo que equipos técnicos trabajan en tareas de prevención y monitoreo. Desde el Gobierno recomendaron a la población no acercarse al sector hasta nuevo aviso. Además, el cruce Nogolí–Río Grande permanece cerrado por razones de seguridad.

Las autoridades mantienen comunicación permanente con San Luis Agua y la Red de Estaciones Meteorológicas para seguir la evolución de la situación hídrica, mientras que la información fue transmitida a bomberos, fuerzas policiales y autoridades municipales, especialmente en las localidades ubicadas aguas abajo de los diques.

Cortes y medidas preventivas
La Policía de San Luis también informó sobre cortes y medidas preventivas en distintas zonas de la provincia.

En la Villa de Merlo, el Camino al Filo se encuentra cerrado debido a desmoronamientos provocados por las lluvias, por lo que se recomienda no transitar por ese sector hasta nuevo aviso.

Además, se advirtió que los canales, arroyos y ríos de la región presentan importantes crecidas, con fuertes correntadas que vuelven peligroso cualquier intento de cruce, tanto en vehículos como caminando.

En Santa Rosa del Conlara, el río Conlara también registra un notable incremento de su caudal. Según el informe policial, el nivel del agua supera aproximadamente en un metro el paredón de contención de la pileta, mientras que ambas compuertas se encuentran abiertas para facilitar el escurrimiento.

Ante esta situación, se dispusieron vallados preventivos en el sector del Balneario Municipal para impedir el acceso de personas y evitar accidentes, mientras continúa el monitoreo permanente del caudal.

Desde la dirección de Prevención y Gestión de la Emergencia informaron que alrededor de las 17:00 se realizará un reporte general sobre la situación en toda la provincia. Con esa información, el Centro de Operaciones de Emergencia evaluará el escenario y determinará las medidas a aplicar para coordinar el trabajo de las fuerzas de seguridad y los equipos de respuesta.

Las autoridades recomendaron a la población evitar cruzar badenes o sectores inundados, no permanecer cerca de ríos o arroyos crecidos y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Este jueves, en conferencia de prensa, la directora de Personas Jurídicas, Lorena Domínguez, contó más sobre el programa Cooperadora Activa, específicamente destinado a propiciar el desarrollo integral de todas las cooperadoras escolares de la provincia. “Este programa va a tener su lanzamiento oficial en la primera semana de abril y se va a llevar a cabo durante todo 2026 y 2027″, dijo.

Domínguez informó que está compuesto de cuatro líneas de acción principales. “La primera es una campaña masiva de comunicación que empezaremos en abril, para concientizar y sensibilizar a los padres de que es necesario y bueno comprometerse con las cooperadoras escolares, por el rol social que cumplen dentro de la comunidad educativa. Por eso se va a hacer una campaña con la entrega de un kit institucional a cada establecimiento, para que se transmita información de manera correcta a los padres”, dijo, y sumó: “Sabemos que no es fácil gestionar una asociación civil como son las cooperadoras, entonces se llevarán herramientas tanto a los padres como a los directivos de cada establecimiento”.

La segunda línea de acción es el reempadronamiento y la regularización institucional. “Esto significa que las cooperadoras deben estar en un estado de cumplimiento de obligaciones, en un estado regular ante la dirección de Personas Jurídicas. Vamos a trabajar con asistencia técnica, brindándole manuales y procedimientos simplificados, siendo lo más flexibles posible para que los padres puedan involucrarse y formar parte de las cooperadoras, sobre todo de las escuelas rurales, que es donde es más difícil que puedan conformarlas y que alcancen la cantidad de miembros y demás”, continuó.

Por otro lado, llevarán a cabo la escuela de dirigentes de cooperadoras escolares, en un ciclo de capacitaciones para brindar herramientas para gestionar una entidad de este tipo. Además, hay un módulo específico de estrategias para la participación y la comunicación, para abordar el principal obstáculo, que es el involucramiento de los padres y la familia.

La cuarta línea es el acceso al financiamiento público. “Aquellas que se hayan reempadronado y que estén regulares y que, además, hayan realizado las capacitaciones van a acceder al financiamiento especial, destinado principalmente a lo que necesiten para mejorar la calidad educativa y, a su vez, a generar recursos. Por ejemplo, si quieren comprar un horno para hacer empanadas y venderlas y con eso generar ingresos para llevar a cabo algún proyecto educativo o para la compra de algunas cuestiones que necesite la escuela”, ilustró.

En la actualidad existen alrededor de 500 operadoras escolares de los establecimientos públicos de la provincia. “Nuestro objetivo es que las 500 puedan regularizar su situación. Hay muchísimas que todavía no están reempadronadas en Personas Jurídicas, por eso se lleva a cabo esta política. Esto surgió desde el Programa de Fortalecimiento Institucional que llevamos a cabo, dirigido a todas las entidades de la provincia”, explicó.

Respecto al financiamiento, Domínguez dijo que será de $1.200.000 por proyecto. Y, una vez rendido, podrán acceder a un nuevo financiamiento.

La funcionaria contó que la alta rotación de los padres es el mayor obstáculo para que este tipo de asociaciones puedan mantenerse en condición regular, que persistan en el tiempo. “Estamos acostumbrados a que, en los clubes, en los centros jubilados, exista más estabilidad de dirigentes. En las cooperadoras hay alta rotación de padres porque, por ejemplo, cuando el hijo de un tutor que integra la cooperadora termina la primaria, se va del establecimiento y sale de la cooperadora. Entonces hay que hacer un trabajo permanentemente. Por eso la campaña masiva de comunicación, que vamos a tener que hacer todos los años e insistir en esto, en que puedan participar y que se sumen a volver a lo que significaba la cooperadora cuando éramos chicos, cuando era un orgullo que el papá participara”, dijo.

El intendente de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa, brindó este jueves detalles del Plan de Veredas que anunció el lunes durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. El jefe comunal explicó que la iniciativa apunta a mejorar la accesibilidad urbana, especialmente en barrios donde los vecinos deben caminar por la calle ante la falta de veredas. En estos lugares, las obras quedarán enteramente a cargo del municipio. En la zona del centro, la mano de obra será de la Municipalidad y los materiales los deberá aportar el frentista.

Hissa señaló que la intervención se concentrará en sectores alejados del centro, como el barrio Eva Perón y sus anexos cuatro y cinco, donde el municipio proyecta construir veredas de hormigón con superficies antideslizantes. Según indicó, las obras estarán acompañadas por acciones complementarias como forestación, iluminación y la realización de murales comunitarios.

“Hay muchos barrios alejados del centro donde muchos vecinos caminan por la calle. Entonces, para integrar la ciudad y hacerla accesible, no solo es construcción de rampas, sino también construcción de veredas”, expresó el intendente Ante una consulta de La Gaceta Digital.

En estos sectores, la construcción de las veredas estará a cargo del municipio. “En los lugares donde no hay veredas directamente, el municipio la va a construir”, afirmó.

En cambio, para el casco histórico de la ciudad, el esquema será distinto. Hissa explicó que se buscará un trabajo conjunto con los frentistas, quienes deberán adquirir las baldosas o los materiales necesarios, mientras que el municipio aportará la mano de obra sin costo.

“Le vamos a ofrecer al vecino que compre el material, la baldosa o el tramo que le falta, y el municipio, sin costo, va a poner la mano de obra”, detalló.

Respecto a la cantidad de metros de vereda que se construirán, el intendente indicó que el alcance del plan se definirá de manera progresiva en función de las necesidades detectadas en cada sector de la ciudad.

“Lo vamos a ir viendo y planificando. Hay lugares donde hay un tramo de vereda y otros donde directamente no lo hay”, explicó. También mencionó que estas intervenciones se complementarán con obras de infraestructura urbana, como la construcción de cordones cuneta, trabajos que actualmente se ejecutan en sectores como el barrio San Martín Anexo.