El Tribunal de Impugnaciones en lo Penal de la Segunda y Tercera Circunscripción Judicial confirmó la formulación de cargos en la causa por la muerte de Magalí Morales y, a pedido de la querella, agravó la imputación para dos de las acusadas, a quienes ahora se les atribuye el delito de torturas seguidas de muerte en calidad de coautoras.

La resolución, adoptada por mayoría, rechazó los recursos de apelación y revisión presentados por las defensas y confirmó parcialmente lo dispuesto en la audiencia de formulación de cargos del pasado 16 de marzo, manteniendo la causa en etapa de investigación penal preparatoria.

Además, se ratificó la prisión preventiva para los imputados Heraldo Reynaldo Clavero y Marcos Dionisio Ontiveros, y se dispuso la misma medida —por un plazo de 90 días— para María Eugenia Argüello y Victoria Johana Paola Torres, en función de los riesgos procesales evaluados.

El Tribunal también señaló que en la causa coexisten dos hipótesis: la sostenida por la Fiscalía y la impulsada por la querella particular. Ambas líneas podrán desarrollarse durante los 120 días previstos para la investigación, plazo en el que el Ministerio Público Fiscal deberá avanzar hacia una eventual audiencia de control de acusación.

La causa se originó a partir de los hechos ocurridos en abril de 2020 en una dependencia policial de Santa Rosa del Conlara, en el contexto de las restricciones sanitarias vigentes.

En la audiencia de formulación de cargos realizada el 16 de marzo, los cuatro imputados habían sido acusados por distintos delitos vinculados a la detención y muerte de Morales. En ese momento, el juez Nicolás Coppola había dispuesto la prisión preventiva para Clavero y Ontiveros, mientras que para las dos mujeres se habían dictado medidas menos gravosas.

Con esta nueva resolución del Tribunal de Impugnaciones, la situación procesal de Argüello y Torres se agravó tanto en la calificación legal como en las medidas de coerción, al quedar también bajo prisión preventiva.

Fuente: Prensa Poder Judicial

Después de más de cinco años y medio desde que se radicó la denuncia, este miércoles por la mañana se concretó finalmente la audiencia de formulación de cargos contra un hombre acusado de abuso sexual agravado en perjuicio de una menor. La causa avanzó a la etapa de investigación penal preparatoria, aunque el imputado continuará en libertad.

La audiencia se realizó en la Primera Circunscripción Judicial y fue encabezada por la jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, con intervención de la Fiscalía de Género N° 2, a cargo de Delia Bringas, junto a la fiscal adjunta Marisol Boschi. También participaron las abogadas querellantes Fernanda Pereyra Jameson y Estrella Marín, además de los defensores del imputado, Federico Farías, Victoria Robledo y Ana María López.

Según la acusación fiscal, el hombre mantenía un vínculo de confianza con la familia de la víctima —era padrino de una de sus hijas y era conocido como “tío”— y, en ese contexto, habría cometido el hecho cuando la niña, que en ese momento tenía 11 años, se encontraba bajo su cuidado. La calificación legal provisoria es la de abuso sexual agravado por su condición de guardador y por el grave daño en la salud mental de la víctima.

De acuerdo a lo expuesto durante la audiencia, la joven —hoy mayor de edad— presenta un cuadro que incluyó trastornos alimentarios severos, internaciones y al menos un intento de suicidio, lo que fue considerado como parte del daño acreditado en esta instancia.

“Por fin, después de cinco años y medio, sucedió la formulación de cargo”, dijo Pereyra Jameson tras la audiencia, y agregó que “hoy tuvimos la posibilidad de que se le dijera de qué cargos se lo acusa”.

En la misma línea, remarcó la existencia de elementos de prueba incorporados a la causa, lo que hace aún más insólitas las demoras. “Tenemos una cámara Gesell contundente, donde habla del abuso sexual de esta persona”, afirmó, y sumó que también hay “pericia psicológica de oficio” y distintos testimonios. “Estamos hablando de pruebas del propio Poder Judicial”, enfatizó.

Por su parte, Marín aclaró que, si bien la imputación corresponde a un único hecho, ellas además representan a tres hermanas que también han denunciado a esta misma persona por abuso, aunque la causa ya ha prescripto.

Uno de los puntos más cuestionados por la querella fue la extensión del proceso hasta llegar a esta instancia. “Cinco años y medio de recursos, de trabas que ha hecho la defensa, ya es irrisorio”, sostuvo Marín, y advirtió: “Ya no se trata de un debido proceso, porque nos olvidamos de la víctima”.

En ese sentido, Pereyra Jameson también apuntó a las dilaciones. “Es muy difícil recolectar pruebas en estos casos, y acá las hay. Estuvimos cinco años y medio para un proceso que debería haber arrancado a los meses de haber hecho la denuncia”, señaló la abogada, quien consideró que la defensa realizó “un montón de cosas que son paupérrimas”. A modo de ejemplo, contó que luego de que el fiscal Francisco Assat “pudo contestar una vista que no le favorecía al imputado”, la defensa lo recusó y contrató como abogado al padre del fiscal.

Durante la audiencia, la fiscalía solicitó medidas cautelares como la prohibición de salida de la provincia, la obligación de presentarse periódicamente ante la Fiscalía y una restricción de acercamiento respecto de la víctima, las cuales fueron concedidas por la jueza. Sin embargo, se rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por las querellantes, al considerar que no hay riesgo procesal para la causa.

“Nosotros la pedimos”, indicó Pereyra Jameson, quien cuestionó la decisión al sostener que el imputado “anda por las calles de San Luis sin problema” y que “va al barrio República a visitar a niños”.

Marín confirmó que el acusado “llegó en libertad y se fue en libertad” y detalló que deberá firmar mensualmente durante 120 días, no podrá salir de la provincia sin autorización, salvo por cuestiones de trabajo o de salud, y que tendrá una restricción de acercamiento de 300 metros con respecto a la denunciante.

Desde la defensa, en tanto, se rechazó la acusación y se cuestionaron los elementos probatorios, en particular el informe de Cámara Gesell, al sostener que no contiene “indicadores de abuso”. También se planteó que no está acreditado el vínculo entre el hecho denunciado y el estado de salud actual de la joven.

Otro de los planteos que se discutieron durante la audiencia fue el intento de la defensa de apartar a los padres de la denunciante como querellantes en la causa. Sostuvieron que, al ser la joven actualmente mayor de edad, no estaban formalmente habilitados para intervenir. Sin embargo, la jueza Banó rechazó ese pedido al considerar que, en función de la normativa vigente y la situación de vulnerabilidad acreditada, los familiares cercanos pueden participar del proceso cuando existe una afectación que limita el ejercicio pleno de derechos.

Al momento de resolver, la jueza Banó formalizó la investigación y consideró que la prisión preventiva es una medida excepcional, que no correspondía en esta instancia, teniendo en cuenta que el imputado se mantuvo a derecho durante el proceso.

Otro aspecto que fue destacado por la querella es que la causa estuvo cerca de prescribir. “Estamos festejando, porque la realidad es que habían pedido la prescripción”, dijo Pereyra Jameson, y agregó: “Cinco años y medio después, al fin podemos decir que arrancamos”.

Por su parte, Marín explicó que el proceso recién inicia su etapa central. “Estamos lejos del juicio, sí, pero hoy, por primera vez, después de cinco años y medio, le formularon cargos”, señaló.

La investigación tendrá ahora un plazo de cuatro meses para la recolección de pruebas, tras lo cual se realizará la audiencia de control de acusación y, eventualmente, la elevación a juicio.

Este martes no se realizó la audiencia de formulación de cargos en contra de Nicolás Anzulovich, el exministro de Desarrollo Social de Alberto Rodríguez Saá acusado de enriquecimiento ilícito, ya que no fue notificado en su domicilio personal. La situación fue advertida por el propio abogado defensor de Anzulovich, Cristóbal Ibáñez, quien ayer presentó un escrito en el juzgado, manifestando que “no había sido notificado en el domicilio que vive actualmente”, sino en uno donde hace ya cinco años que no vive.

“Todo esto que estoy diciendo está en la causa. Entonces, ha habido un error de la fiscalía y del juez al notificar en un domicilio incorrecto. Y para que el procedimiento no se declare nulo, para que haya un debido proceso y para que se respeten las garantías constitucionales que tiene cualquier investigado por algún delito que se lo acuse, se tiene que notificar a él personalmente en su domicilio. Y es el domicilio que sale en el expediente. En el expediente no sale el domicilio donde se notificó, sino que sale el domicilio donde vive actualmente”, comentó Ibáñez, en declaraciones a La Gaceta Digital.

El abogado destacó además que ni el juez, ni el fiscal ni el particular damnificado, que sería el Estado; advirtió este error. “Al darme cuenta yo, solicité que el mismo se notifique de la forma que corresponde, que es el domicilio actual que el mismo Poder Judicial ha brindado”, destacó Ibáñez, recordando que esta no es la primera vez que esto ocurre. “Hay un informe de la Policía, el cual dice que el señor Anzulovich, en el domicilio al cual lo notificaron la vez anterior, no vive más hace más de cinco años”.

En cuanto a la acusación que impulsa la fiscalía, por enriquecimiento ilícito, Ibáñez consideró que hay que esperar a que finalmente se realice la audiencia de formulación de cargos. “Si estamos hablando de un delito de enriquecimiento ilícito, tiene causales objetivas y subjetivas muy claras, es muy preciso. Vamos a ver en qué cree él (el fiscal) que se ha cometido un enriquecimiento ilícito, tiene que dar los fundamentos, tiene que decir cuál fue el desfasaje económico que hay, si lo hay, y tiene apuntar la fecha. Es algo muy concreto y específico. Así que escucharemos al fiscal que dice en su oportunidad y luego de eso presentaremos las pruebas que hacen a nuestro derecho”, continuó el abogado defensor.

Por último, La Gaceta Digital consultó a Ibáñez cuando se podría llevar a cabo esta audiencia de formulación de cargos fallida, el abogado consideró que, “si no hay ningún tipo de animosidad de parte del Poder Judicial”, y comparando con otros casos similares; se debería realizar dentro de dos semanas.

“Si la ponen antes de esa fecha, verás que hay algún tipo de animosidad con el señor Anzulovich, porque los tiempos judiciales no son tan rápidos y esto tendría que ser para todos los ciudadanos por igual”, concluyó.

Por el lado de la Justicia, el fiscal Francisco Assat Alí confirmó que Anzulovich no fue notificado en su domicilio, pero remarcó que Ibáñez sí. “Ante esas circunstancias y evitar cualquier planteo de nulidad y que no se ha presentado el imputado por ese tecnicismo, es que el juez de Garantías seguramente va a reprogramar la audiencia y nosotros así lo vamos a solicitar en lo inmediato, que seguramente va a ser la semana que viene porque se tiene que contar con tres días hábiles previos de la notificación de la audiencia de formulación de cargos”, dijo Assat, quien consideró que era suficiente con que haya sido notificado el abogado defensor, sumado a que la realización de esta audiencia es algo que había salido en múltiples medios de comunicación.

La jueza de Garantía Nº 4, Luciana Banó, dispuso este martes 120 días de prisión preventiva para Nicolás Sebastián Garro y Matías Alejandro Lucero, imputados por el homicidio de Gastón Alejandro Alcaraz, ocurrido el 18 de abril en el barrio Virgen de Luján.

Tras escuchar los argumentos de la defensa, Banó tuvo por formulados los cargos y dispuso la prisión preventiva de ambos imputados por el plazo de 120 días, conforme a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal. Tuvo en cuenta la gravedad del hecho, la pena en expectativa, el riesgo de fuga y la necesidad de resguardar la producción de prueba, por lo que entendió que la prisión preventiva resulta una medida proporcional y razonable en esta etapa inicial del proceso.

Garro fue señalado por la fiscalía como autor material del delito de homicidio simple, mientras que a Lucero se le atribuye el rol de partícipe necesario. Ambos fueron asistidos por la defensora oficial en lo Penal Nº 2, Nadia Agúndez, junto al defensor adjunto Diego González Zunino.

Durante su intervención, la defensa no formuló objeciones formales a la imputación, pero cuestionó la solidez de la acusación y la calificación legal provisoria. Sostuvo que existen dudas sobre la mecánica del hecho, la participación de los imputados y la posible intervención de otras personas. También planteó que no se configuran los riesgos procesales necesarios para justificar la prisión preventiva, como el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación, y propuso medidas alternativas menos gravosas.

La investigación está a cargo de la fiscal de instrucción en lo Penal Nº 6, Linda Maluf, junto a la fiscal adjunta Roxana Alcaraz.

La causa

Según relató Maluf durante la audiencia inicial, realizada el domingo 19 de abril, el hecho ocurrió alrededor de las 2:40 de la madrugada. En ese momento, los imputados se encontraban junto a la víctima cuando se desató una discusión que derivó en una violenta agresión.

De acuerdo con la acusación, Lucero se dirigió a su vivienda, tomó un cuchillo tipo carnicero y se lo entregó a Garro, quien habría apuñalado en reiteradas oportunidades a Alcaraz, provocándole múltiples heridas. Aun cuando la víctima cayó al suelo, ambos habrían continuado golpeándolo hasta que la intervención de vecinos —que arrojaron piedras— logró interrumpir el ataque.

Posteriormente, los acusados intentaron darse a la fuga. Garro fue detenido a pocos metros del lugar con el arma en su poder, mientras que Lucero fue aprehendido más tarde por personal policial.

Alcaraz fue trasladado al Hospital Central Ramón Carrillo, donde falleció aproximadamente dos horas después. El informe preliminar de autopsia, realizado por la médica forense Marcela Gómez, determinó que la causa de muerte fue un “estallido pulmonar” provocado por heridas de arma blanca que perforaron los lóbulos superior e inferior del pulmón izquierdo.

Fuente: Prensa Poder Judicial