Laura Sánchez apeló la suspensión de la AFA y negó problemas políticos con Hissa y el Gobierno

Laura Sánchez, presidente del Concejo Deliberante de San Luis y de la Liga Sanluiseña de Fútbol, apeló la suspensión por un año que le impuso el Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior del Consejo Federal de la AFA. En una conferencia de prensa junto a sus abogadas, Victoria Robledo y Ana María López, cuestionó la sanción y aseguró que no tuvo problemas políticos con el intendente Gastón Hissa ni con el Gobierno provincial.

Consultada sobre si la denuncia y la suspensión le generaron problemas políticos, Sánchez negó que haya tenido inconvenientes con el intendente de San Luis, Gastón Hissa, ni con el Gobierno provincial.

“No, yo trabajo, la verdad que con el intendente, al que respondo, Gastón Hissa, excelente relación. Él la verdad que me deja trabajar tranquila. La verdad que no, no he tenido ningún problema ni en Gobierno. La verdad que no. Esto es exclusivamente lo que es fútbol”, afirmó.

La dirigente también agradeció los mensajes de apoyo que recibió y el acompañamiento de personas que se acercaron a hablarle en la calle. Además, aseguró que la comisión directiva que encabezaba antes de la suspensión defenderá el reclamo de las instituciones afiliadas.

“Esta comisión directiva va a pelear por esas urnas que ellos pidieron y por el proyecto que estábamos trabajando”, expresó.

Durante la conferencia, Robledo señaló que desconoce qué intereses pueden existir detrás del conflicto, aunque consideró que podrían intervenir cuestiones políticas. También remarcó que Sánchez es la primera mujer en llegar a la presidencia de la Liga Sanluiseña de Fútbol.

La apelación a la sanción

Robledo explicó que el recurso fue presentado ante el Tribunal de Apelaciones de la AFA y sostuvo que la resolución es “arbitraria y contraria a derecho”, porque, según afirmó, se aplicó sin una valoración de las pruebas.

La abogada también rechazó las acusaciones que señalan que Sánchez habría interferido en las funciones de la tesorera de la Liga, Cecilia Serrano, e impedido que retirara fondos de la institución.

“Es absolutamente mentira. Laura en ningún momento ha ejercido ningún tipo de presión, injerencia ni contacto con la tesorera de la Liga Sanluiseña en ese sentido”, afirmó Robledo.

En ese sentido, indicó que junto con la apelación presentaron una declaración de Serrano ante escribano público en la que, según explicó, la tesorera desmiente los dichos que motivaron la denuncia. La letrada señaló que la presentación contra Sánchez fue firmada por Daniel Miranda, actual titular de la Liga, y el secretario Gastón Argenio, y cuestionó que no se hayan aportado pruebas que respalden las acusaciones.

Robledo agregó que la apelación no se limita a ese planteo, sino que cuestiona los fundamentos generales de la resolución. Según sostuvo, el fallo no precisa qué conducta concreta se le reprocha a Sánchez ni presenta elementos probatorios que justifiquen una sanción de esa gravedad.

El recurso tendrá primero un tratamiento de admisibilidad en el Consejo Federal y luego deberá ser elevado al Tribunal de Apelaciones de la AFA para su resolución. Respecto de las declaraciones públicas de Miranda, Robledo adelantó que evaluarán las vías legales correspondientes.

La suspensión por un año fue dispuesta por el Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior del Consejo Federal de la AFA, que consideró que Sánchez había incumplido una sanción anterior de tres meses e interferido en el funcionamiento de la entidad. A raíz de la resolución, Daniel Miranda quedó a cargo de la conducción de la Liga hasta noviembre de 2027.

Homicidio en el barrio La República: 120 días de prisión preventiva para el hombre imputado


El juez de Garantía Nº 3 de la Primera Circunscripción Judicial, Marcos Flores Leyes, tuvo por formulados los cargos contra Julio César Ávila por el delito de homicidio simple y dispuso 120 días de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial. El hombre es investigado por la muerte de Victoriano Almirón, ocurrida el 27 de septiembre, luego de una agresión en el barrio La República de la ciudad de San Luis.

La resolución se conoció este jueves 8 de octubre, durante la reanudación de la audiencia de formulación de cargos, luego de la prórroga constitucional de ocho días que había solicitado la defensa.

En representación de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 5 intervino la fiscal Débora Roy Gitto. La defensa del imputado estuvo a cargo del defensor adjunto en lo penal Diego González Zunino. También participó el abogado querellante Martín Loayza Fernández, en representación de la hija de la víctima quien estuvo presente en la audiencia.

Según la reconstrucción realizada por la Fiscalía en la audiencia anterior, el hecho ocurrió el 27 de septiembre, alrededor de las 15:10, entre las manzanas 42 y 43 del barrio La República.

Almirón regresaba a su domicilio junto a su pareja cuando habría sido interceptado por Ávila. Luego de un intercambio de palabras, el imputado le habría propinado dos golpes de puño en la cabeza. Como consecuencia de la agresión, la víctima perdió el equilibrio, cayó sobre el asfalto y sufrió lesiones que provocaron su fallecimiento.

El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad privada y las imágenes fueron incorporadas a la investigación. De acuerdo con la información presentada por el Ministerio Público Fiscal, el examen forense determinó que la causa de muerte fue una hemorragia subdural.

La defensa cuestionó la calificación de homicidio simple
Durante la audiencia, el defensor Diego González Zunino cuestionó la calificación legal propuesta por la Fiscalía y sostuvo que Ávila no tuvo intención de matar a Almirón.

Para fundamentar su postura, reprodujo las imágenes captadas por la cámara de seguridad y realizó un análisis de la secuencia del enfrentamiento.

Según explicó, se trató de una pelea entre dos personas en la que Ávila habría utilizado únicamente sus puños, sin emplear armas ni otros elementos. También señaló que, después de los golpes, el imputado se retiró del lugar cuando Almirón todavía se encontraba de pie.

La defensa sostuvo que esa conducta posterior permitiría descartar la intención homicida y argumentó que la muerte se produjo como consecuencia del impacto de la cabeza de la víctima contra el pavimento.

En ese sentido, hizo referencia a los resultados de la autopsia y a una entrevista mantenida con la médica forense interviniente. Según su interpretación de esas evidencias, las lesiones externas observadas en el cuerpo de Almirón serían compatibles con la caída sobre el suelo.

A partir de estos argumentos, solicitó que los hechos fueran encuadrados provisoriamente como homicidio preterintencional, al considerar que la conducta habría estado dirigida a provocar una lesión, pero no la muerte. También planteó la posibilidad de que, con el avance de la investigación, pudiera corresponder una calificación vinculada con el delito de lesiones.

En relación con el pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía, la defensa cuestionó la existencia de riesgos procesales que justificaran mantener detenido a Ávila.

Respecto del peligro de fuga, sostuvo que el imputado no fue localizado durante los allanamientos porque algunos procedimientos se realizaron en domicilios donde ya no residía. También afirmó que su vivienda del barrio La República había sido incendiada, circunstancia que, según argumentó, explicaría que no permaneciera en ese lugar.

En cuanto al riesgo de entorpecimiento, cuestionó las amenazas mencionadas por la Fiscalía y señaló que el hecho investigado quedó registrado por una cámara de seguridad.

El defensor también manifestó que Ávila no registra antecedentes condenatorios ni otras formulaciones de cargos.

Por estos motivos, solicitó su libertad y ofreció que fijara domicilio en la vivienda de una hermana, ubicada en la localidad de Balde. Para respaldar la propuesta, presentó un informe socioambiental sobre las condiciones del inmueble y la disposición del grupo familiar para recibirlo.

Además, propuso que, en caso de considerarse necesario, se impusieran restricciones de circulación, como la prohibición de ingresar a la ciudad de San Luis o al barrio La República. En el caso de que no se ordenara su libertad, solicitó que se dispusiera prisión domiciliaria en esa misma vivienda.

La querella acompañó el pedido de la fiscalía
El abogado querellante Martín Loayza Fernández manifestó su adhesión a la calificación legal propuesta por el Ministerio Público Fiscal y al pedido de 120 días de prisión preventiva.

Durante la audiencia también fue escuchada la hija de Victoriano Almirón, quien pidió justicia por la muerte de su padre.

La mujer relató que, antes del hecho, Almirón había permanecido en su vivienda por temor a que le sucediera algo y que posteriormente regresó a su domicilio porque estaba preocupado por su pareja.

El juez mantuvo la calificación legal de homicidio simple
Al resolver, el juez Marcos Flores Leyes analizó los planteos de las partes y señaló que la principal diferencia entre la Fiscalía y la defensa se relaciona con la intención que habría tenido Ávila al momento de agredir a Almirón.

El magistrado consideró que, en esta etapa inicial del proceso, resultaba prematuro modificar la calificación legal propuesta por el Ministerio Público Fiscal.

Explicó que la investigación penal preparatoria permitirá incorporar nuevas evidencias y profundizar el análisis sobre las circunstancias del hecho y la responsabilidad penal atribuida al imputado.

Asimismo, sostuvo que la formulación de cargos presentada por la Fiscalía reunía los requisitos legales y que la discusión planteada por la defensa sobre la calificación jurídica podrá ser examinada en etapas posteriores del proceso.

En consecuencia, tuvo por formulados los cargos contra Julio César Ávila por el delito de homicidio simple, en carácter de autor material, y dejó a salvo los planteos efectuados por la defensa.

En relación con la medida de coerción, el juez tuvo en cuenta que la Fiscalía había solicitado 120 días de prisión preventiva y que la querella había acompañado ese pedido.

El magistrado consideró las características violentas del hecho investigado, que culminó con la muerte de Almirón, y las circunstancias vinculadas con el conocimiento previo entre las personas involucradas.

También valoró los argumentos expuestos por el Ministerio Público Fiscal respecto del peligro de entorpecimiento de la investigación y los riesgos para las víctimas.

Sobre esa base, entendió que la prisión preventiva solicitada resultaba proporcional a las circunstancias del caso y resolvió hacer lugar al pedido fiscal.

De esta manera, dispuso que Ávila permanezca alojado en el Servicio Penitenciario Provincial durante 120 días, sin hacer lugar a las alternativas de libertad o prisión domiciliaria propuestas por la defensa.

Finalmente, el juez explicó al imputado que la medida de coerción podrá ser revisada durante el proceso y que, una vez cumplido el plazo establecido, deberá recuperar la libertad si no existe una prórroga judicial debidamente dispuesta.

Fuente: Prensa Poder Judicial

Elevaron a juicio la causa por el matricidio ocurrido en Villa Mercedes


La Justicia dispuso la elevación a juicio oral de la causa en la que está acusado Fabricio Rubén Rotte por el homicidio de su madre, ocurrido el 18 de marzo pasado en una vivienda de calle Ivanowsky, en Villa Mercedes. La Fiscalía lo acusa como autor de homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía y adelantó que solicitará la pena de prisión perpetua.

La decisión fue adoptada este viernes por el Juzgado de Garantía N° 4 de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo de Santiago Ortiz, durante la audiencia de control de acusación. El expediente será remitido ahora al Colegio de Jueces, que deberá fijar la fecha de inicio del debate oral.

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió entre las 20:30 y las 21:00 del 18 de marzo, en el domicilio donde Rotte convivía con su madre. Durante la audiencia de formulación de cargos realizada días después del crimen, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el imputado la atacó con un machete y le provocó lesiones en distintas partes del cuerpo que derivaron en su muerte.

Cuando la Policía llegó al lugar, Rotte permanecía dentro de la vivienda, que se encontraba cerrada desde adentro, y presentaba una herida que habría sido autoinfligida. La Fiscalía descartó entonces la intervención de terceras personas y avanzó con la imputación por homicidio calificado por el vínculo y por alevosía.

En la audiencia de este viernes, la fiscal adjunta Cecilia Framini mantuvo esa calificación y pidió prisión perpetua, accesorias legales y costas. Entre las circunstancias consideradas, mencionó el estado de indefensión y debilidad en el que, según la acusación, se encontraba la víctima al momento del ataque. Como atenuante, señaló que Rotte no registra antecedentes penales.

La defensa, a cargo de Cecilia Mithiaux, solicitó una nueva pericia psicológica y psiquiátrica para el acusado. Ortiz hizo lugar al planteo y ordenó la realización del estudio antes del juicio, además de admitir la prueba ofrecida por ambas partes.

La cuestión vinculada con la salud mental de Rotte ya había tenido relevancia desde el comienzo de la investigación. En la audiencia de formulación de cargos del 27 de marzo, la Fiscalía informó que el imputado contaba con un certificado médico que daba cuenta de una enfermedad mental y que se encontraba a la espera de una evaluación psiquiátrica para determinar su imputabilidad. En ese momento, sin embargo, señaló que revestía la calidad de imputable y que estaba en condiciones de participar de la audiencia.

En aquella instancia, el Ministerio Público Fiscal había solicitado cuatro meses de prisión preventiva al considerar que la violencia desplegada y los riesgos procesales justificaban la medida. El juez hizo lugar al pedido y dispuso que, al ser trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, se remitieran también su historia clínica y los informes psicológicos y psiquiátricos disponibles para resguardar su integridad y la de terceros.

Rotte continúa actualmente alojado en el Servicio Penitenciario Provincial. La eventual prórroga de la prisión preventiva será tratada en una próxima audiencia.

La elevación a juicio cierra así la etapa intermedia de la causa y deja pendiente la conformación del tribunal y la fijación de fecha para el debate oral, donde se definirá la responsabilidad penal del acusado y, en caso de condena bajo la calificación sostenida por la Fiscalía, la pena solicitada será prisión perpetua.

La ministra de Hacienda dio detalles de los anuncios salariales para el último trimestre


En una conferencia de prensa ofrecida este viernes, la ministra de Hacienda e Infraestructura Pública, Eugenia Sosa Herrera, dio detalles de la pauta salarial que regirá durante el último trimestre del año para los trabajadores de la administración pública provincial. El paquete de medidas busca dar certidumbre a la familia estatal e incluye aumentos porcentuales, la recategorización de empleados contratados, el otorgamiento de un ítem mensual fijo y el pago de un bono extraordinario previo a las Fiestas.

En este sentido, Sosa Herrera destacó el carácter “previsible” de los anuncios realizados por el Ejecutivo. “El Gobernador ya hizo los anuncios, como lo viene haciendo, de forma anticipada, para que todos puedan organizarse, conocer las novedades y conocer las fechas de pago”, comentó.

Octubre: último tramo de aumento y reestructuración de categorías
En relación con el corrientes mes, la funcionaria detalló que se liquidará el tramo final del incremento estipulado para el año. “En cuanto al mes de octubre, vamos a estar liquidando el último tramo del aumento previsto para este año, 2026, que es del 5%, que se acumula a todo lo anterior, llegando a un 30% (en 10 meses) solo en concepto de aumentos salariales”, precisó.

Además, confirmó una medida histórica de recategorización. En octubre se eliminará la categoría F para reubicar al personal contratado en un escalafón superior. Según explicó la Ministra, la categoría F había sido creada en 2018 para incorporar a los agentes del Plan de Inclusión. Sin embargo, las autoridades han resuelto “continuar con las categorías históricas, eliminando esta última, que había quedado muy por debajo del resto”. Con este reordenamiento, los trabajadores alcanzados subirán a la categoría E, que históricamente funcionó como el nivel inicial del escalafón general.

Noviembre: suma fija mensual permanente
A partir del próximo mes se implementará un nuevo beneficio, que se integrará al haber mensual habitual. “La medida salarial es comenzar a pagar una suma fija de $100.000 que se agrega de forma mensual de noviembre en adelante”, puntualizó Sosa Herrera.

La ministra remarcó que dicho pago no afectará ni absorberá otros conceptos del recibo salarial, lo que básicamente significa que será una cifra que no tendrá impacto en el cálculo de aguinaldos y aportes jubilatorios. “Se agrega como un nuevo ítem a todos los existentes en el recibo de sueldo. No se elimina ninguno ni se acumula a los existentes. Es una suma fija que se comienza a pagar con el sueldo de noviembre y de ahí en más queda instalada”, dijo la titular de Hacienda.

Diciembre: bono extraordinario y fechas clave de pago
Para cerrar el año, el Gobierno provincial dispuso de una asignación especial que se hará efectiva el 4 de diciembre, coincidiendo con el Día del Empleado Público. Se trata de un bono extraordinario de $500.000 para los empleados públicos de la administración y de $250.000 para el personal del Plan de Inclusión.

Por último, la titular de Hacienda e Infraestructura repasó el calendario fijado para el cobro de los haberes y la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). El sueldo de octubre se abonará el viernes 30 de octubre, en tanto que el de noviembre se pagará el viernes 27 de noviembre, incluyendo el primer pago de la suma fija de $100.000. A su vez, el bono extraordinario estará depositado el viernes 4 de diciembre; el aguinaldo, el martes 22 de diciembre y el sueldo de diciembre, el martes 29 de diciembre.

Juana Koslay: invierten $250 millones en la renovación integral de la Rotonda Cruz de Piedra

La Municipalidad de Juana Koslay inició una obra de renovación integral de la Rotonda Cruz de Piedra, con un presupuesto de aproximadamente $250 millones y un plazo de ejecución estimado de un mes y 10 días. Los trabajos incluyen la renovación de veredas, iluminación y mobiliario urbano, además de la eliminación de la fuente para construir un solárium e instalar una estación solar ecológica. No habrá corte de tránsito mientras se realiza la obra y se trabajará por sectores y habrá cierres parciales al público.

El intendente de Juana Koslay, Alejandro Tagliente, brindó detalles de la intervención este viernes durante una conferencia de prensa realizada en el lugar. Explicó que las tareas se ejecutan con personal municipal y cuadrillas locales, con financiamiento conjunto del Municipio y la Provincia a través del programa Construyendo con tu Pueblo.

“Estamos haciendo una renovación de todo lo que es una intervención en esta rotonda. Ya dejó de ser rotonda para ser un lugar de encuentro. Ya hace rato ameritaba un cambio”, sostuvo el jefe comunal.

Entre los trabajos previstos se encuentra la renovación de las veredas y los veredines, la mejora de la iluminación y la incorporación de mobiliario urbano, como espacios para estacionar bicicletas y cestos de basura.

Uno de los cambios principales será la eliminación de la fuente que actualmente se encuentra en el espacio central. Tagliente explicó que la decisión responde a cuestiones de seguridad vial, ambientales y de mantenimiento.

“Cuando sopla el viento, el agua se iba hacia la ruta, lo cual generaba posibles problemas a nivel vehicular. El tema de la acumulación de agua también, por el tema del dengue y demás”, señaló.

El intendente agregó que mantener la fuente en funcionamiento implicaba renovar permanentemente el agua y que el recurso es limitado. En su lugar, el Municipio construirá un solárium y colocará una estación solar ecológica.

Según detalló, la estación permitirá abastecer termos con agua caliente, cargar celulares y acceder a agua potable. La propuesta apunta a que las familias que concurren a la rotonda cuenten con servicios para permanecer y compartir actividades en el espacio público.

Trabajos por etapas y sin cortes de tránsito

Tagliente indicó que la intervención se realizará por sectores para mantener habilitada la mayor parte de la rotonda durante la ejecución. El esquema consiste en trabajar sobre un cuarto del espacio, finalizar las tareas y volver a habilitarlo antes de avanzar con el siguiente sector.

El intendente aseguró que los trabajos no afectarán el tránsito vehicular, ya que se desarrollarán dentro de la rotonda. Mientras duren las tareas, el espacio permanecerá parcialmente cerrado al público.

Las cuadrillas municipales trabajan de lunes a viernes, de 7 a 19, según explicó el jefe comunal.

El plazo estimado es de un mes y diez días, con el objetivo de finalizar la renovación antes del evento de encendido del Árbol de los Sueños, que se realiza en diciembre con espectáculos musicales y puestos gastronómicos.

Por último, Tagliente señaló que el Municipio tiene previsto avanzar con otras intervenciones en espacios verdes de la ciudad, aunque aclaró que esos proyectos se anunciarán más adelante y dependerán de la disponibilidad de recursos.

 

SIJUPU: “Estos anuncios no constituyen una verdadera recomposición salarial”

El Sindicato de Judiciales Puntanos (SIJUPU) es otro gremio que manifestó sus críticas a los anuncios salariales que hizo el gobernador Claudio Poggi hace unos días.

La secretaria general del Sindicato de Judiciales Puntanos (SIJUPU), Fernanda García Segovia, consideró que los anuncios del Gobierno representan una ayuda económica para afrontar las necesidades inmediatas, pero sostuvo que no constituyen una recomposición salarial.

“Si bien reconocemos que toda ayuda económica en el contexto actual en que vivimos es sumamente importante para paliar las emergencias cotidianas, es indispensable aclarar que estos anuncios no constituyen una verdadera recomposición salarial para toda la administración pública y menos para los trabajadores judiciales”, afirmó García Segovia en diálogo con La Gaceta Digital.

La dirigente cuestionó el bono de $500.000 que se pagará en diciembre y la suma fija de $100.000 de carácter no remunerativo que se comenzará a abonar próximamente. Sostuvo que no tienen un impacto permanente sobre los haberes.

“Estos bonos no remunerativos anunciados se ubican muy por debajo de la drástica devaluación y la pérdida real de poder adquisitivo que venimos sufriendo en los últimos años. La suma no remunerativa o montos fijos que anuncian actúan solo como un paliativo temporal que no impacta de manera genuina en el haber básico de los trabajadores”, sostuvo.

García Segovia también se refirió a la situación salarial de los empleados del Poder Judicial y afirmó que sus ingresos se encuentran por debajo de los de trabajadores judiciales de otras jurisdicciones.

“Nuestro salario está muy por debajo de la media nacional, donde nos posicionamos en el último lugar con los sueldos más bajos del país de todos los poderes judiciales a nivel nacional”, afirmó.

Según la secretaria general del SIJUPU, la falta de una pauta salarial vinculada con la inflación también provocó un elevado nivel de endeudamiento entre los trabajadores judiciales.

“La falta de una pauta salarial acorde a la inflación real ha empujado a cientos de trabajadores a un endeudamiento. Nosotros en el Poder Judicial tenemos casi el 70%, si no es más, totalmente endeudados porque con los salarios tan bajos no pueden cubrir las necesidades básicas de sus hogares”, sostuvo.

La dirigente consideró que la pérdida del poder adquisitivo volvió cada vez más difícil afrontar los gastos cotidianos.

“La devaluación constante de nuestros ingresos hace que el día a día sea cada vez más insostenible. Consideramos que resulta imposible revertir este deterioro salarial y recuperar la dignidad de las familias judiciales a corto plazo si no existe una verdadera decisión y voluntad política para recomponer el bienestar integral de todos los empleados públicos de la provincia”, afirmó.

García Segovia también reclamó una instancia de diálogo y la apertura de una mesa de negociación salarial.

“Siempre estuvimos y estamos abiertos a la apertura de una mesa de diálogo para poder buscar una solución a una recomposición salarial real, acorde al costo de vida y a la jerarquía de la labor prestada, que permita salir de este retraso histórico que afecta a las familias judiciales”, concluyó.

Hospital Veterinario: invertirán $699 millones para la construcción y puesta en marcha

El proyecto de Presupuesto 2027 de la Municipalidad de San Luis contempla una partida de $698.653.200 para el Hospital Veterinario Municipal, destinada a distintos gastos vinculados con su construcción y puesta en funcionamiento. El monto incluye $500 millones en bienes de uso, $100 millones en consumo y $98.653.200 en servicios no personales.

El presupuesto oficial establecido en septiembre para la construcción de la obra fue de $447 millones. Por lo tanto, los casi $699 millones previstos en el Presupuesto 2027 corresponden a una asignación más amplia para el desarrollo del proyecto y no exclusivamente al costo de construcción. El llamado a licitación contempla actualmente una superficie de 200 metros cuadrados cubiertos.

El hospital se levantará en un predio municipal del barrio José Hernández, junto al Centro de Atención al Vecino (CAV) y en inmediaciones de la autovía. El lugar fue elegido por sus dimensiones y por las características de circulación y accesibilidad que requiere el establecimiento.

En una etapa anterior del proyecto, la Municipalidad había informado que el edificio tendría inicialmente 105 metros cuadrados, con estacionamiento propio, tres consultorios veterinarios, un quirófano, una sala de internación y una recepción. También se había señalado que la estructura tendría carácter modular, con posibilidad de ampliación.

Además de la obra, la Municipalidad lleva adelante un expediente para la adquisición del equipamiento y la tecnología necesarios para el funcionamiento del hospital. El proyecto presupuestario contempla precisamente la incorporación progresiva de mesas de atención y procedimientos, jaulas y caniles para internación, equipos de diagnóstico, elementos para curaciones y tratamientos, equipamiento para procedimientos veterinarios, heladeras para medicamentos y vacunas, mobiliario administrativo, equipos informáticos y sistemas de climatización.

La partida también incluye recursos para insumos veterinarios, medicamentos, elementos de higiene y desinfección y elementos de protección personal. Los $698,65 millones previstos tienen como fuente de financiamiento los recursos propios del Municipio.

Atención las 24 horas

El proyecto contempla un hospital destinado principalmente a la atención de urgencias y emergencias veterinarias, con especial foco en animales abandonados o en situación de calle. También se prevé la atención de animales víctimas de accidentes y de mascotas pertenecientes a familias de bajos recursos económicos.

Según explicó la secretaria de Vinculación y Cercanía con el Vecino, Ayelén Olivera, el hospital tendrá atención gratuita las 24 horas y estará orientado especialmente a los casos de urgencia y emergencia. En el proyecto inicial también se contempló una sala de internación para los animales que deban permanecer bajo observación luego de una cirugía o tratamiento.

El proyecto de Presupuesto 2027 establece como meta alcanzar el 100% de la construcción del Hospital Veterinario durante el próximo año.

La Municipalidad informó que el objetivo es que el establecimiento comience a funcionar en marzo de 2027. La obra forma parte de la ampliación de los servicios municipales vinculados con la atención y prevención de zoonosis.

Se firmó el decreto para la compra de más de $3.465 millones en equipamiento para el Policlínico de Villa Mercedes


El gobernador Claudio Poggi encabezó este jueves, en el Policlínico Regional Juan Domingo Perón de Villa Mercedes la firma del decreto de adjudicación de la Licitación Pública N°13.413, que contempla la adquisición de equipamiento médico destinado a fortalecer los servicios de internación, endoscopía, guardia y consultorios externos del establecimiento.

La inversión asciende a $3.465 millones y permitirá incorporar tecnología y equipamiento fundamental para mejorar la atención de los pacientes y fortalecer la capacidad operativa del hospital. Antes de la firma del decreto, el director de Infraestructura y Tecnología Sanitaria, Alejandro Vrbos, brindó detalles sobre la adquisición y explicó el alcance del equipamiento que llegará al establecimiento.

La ministra de Salud, Teresa Nigra, explicó que durante la visita al hospital habilitaron una parte del sector de internación para permitir el avance de las obras en el ala norte. Además, señaló que el Gobernador firmó la adjudicación de equipamiento destinado a internación, quirófanos y el área de gastroenterología.

“Todo ese equipamiento va a estar disponible cuando hagamos la inauguración el año que viene, va a estar al 100% habilitada la internación, con 100 camas. Va a haber una parte de internación del área de Salud Mental y todo el equipamiento de los quirófanos que ya hemos inaugurado”, detalló Nigra.

La ministra destacó también la importancia del hospital para la atención sanitaria de la región y recordó el estado en que quedó el establecimiento tras la tormenta. “El Hospital ‘Juan Domingo Perón’ siempre fue un punto de referencia para lo que es el departamento Pedernera, el departamento Dupuy y parte del departamento Pringles”, afirmó.

En ese sentido, explicó que “a partir de 2024 empezamos a refaccionarlo, a repararlo” y anticipó que quedará “un hospital de tercer nivel con todos los servicios, que es muy importante para evitar derivaciones al ‘Ramón Carrillo’”.

Entre las principales incorporaciones se encuentran 89 camas de internación, 13 camas eléctricas de terapia y cuatro camas bariátricas, lo que eleva a 106 el total de camas adjudicadas. La compra también incluye 13 monitores multiparamétricos para terapia intensiva, una torre de endoscopía, 24 camillas de transporte, un arco en C, dos equipos de rayos X rodantes digitales y dos ecógrafos.

A esto se suman tres cajas de instrumental para laparoscopía, un láser holmium portátil, dos mesas de cirugía, 12 monitores de internación rodantes, 10 lámparas cialíticas rodantes, ocho desfibriladores, una máquina de anestesia y ocho equipos de alto flujo.

El nuevo equipamiento permitirá fortalecer especialmente las áreas vinculadas con la internación y los cuidados críticos, además de mejorar las herramientas disponibles para el diagnóstico, los procedimientos y el traslado de pacientes.

La adquisición contempla, además, tecnología e instrumental especializado para urología, artroscopia, audiología y oftalmología, junto con electrocardiógrafos, respiradores de transporte, oxímetros, carros de paro, instrumental y mobiliario hospitalario.

El Gobernador destacó que la reconstrucción y modernización del Hospital de Villa Mercedes no se limita a la obra edilicia, sino que también contempla la incorporación de nuevo equipamiento. En ese sentido, el Mandatario explicó que se adjudicó a los diferentes proveedores, de acuerdo con “la mejor propuesta técnica y económica”, el equipamiento necesario para acompañar la reconstrucción del edificio.

Poggi también anunció que comenzarán a habilitar sectores del hospital antes de la inauguración formal de la obra, prevista para marzo de 2027. “Como queremos ir habilitando ya, si bien la inauguración formal final cuando va a estar todo terminado es en marzo del año que viene, hemos tomado la decisión, junto con las autoridades del hospital y del ministerio de Salud, de ir habilitando espacios para que se puedan prestar los servicios médicos”, indicó.

En esta primera etapa quedará habilitada un ala de internación con 28 habitaciones nuevas y también la sala de endoscopía. “Hoy estamos dando un paso muy importante porque estamos invirtiendo y estamos ya adjudicando a proveedores el equipamiento necesario”, remarcó.

Además, Poggi informó que se volvió a licitar la venta del edificio de la Casa de San Luis en Buenos Aires, cuyos fondos serán destinados al Hospital de Villa Mercedes.

Tras la firma del decreto, el Gobernador y las autoridades se trasladaron a la planta alta del Policlínico Regional para recorrer las instalaciones correspondientes a los servicios de internación y endoscopía y observar el avance de las obras.

Fuente: ANSL

APTS y UTEP criticaron los anuncios salariales de Poggi: reclaman recomposición al básico y paritarias

La Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS), la Unión de Trabajadores de la Educación Provincial (UTEP) San Luis y criticaron los anuncios salariales realizados por el gobernador Claudio Poggi y coincidieron en que las medidas no representan una verdadera recomposición salarial. APTS reclamó además la apertura de paritarias, mientras que UTEP planteó que los aumentos deben impactar directamente en el salario básico.

Poggi anunció un aumento del 5% con los haberes de octubre, con lo que el incremento acumulado llegará al 30% entre enero y octubre. Desde noviembre se incorporará una suma fija no remunerativa de $100.000 mensuales y en diciembre se pagará un bono de fin de año de $500.000 para los empleados públicos. Para los beneficiarios del Plan de Inclusión Social, el bono será de $250.000. También anunció la eliminación de la categoría F y el pase de esos agentes a la categoría E. El Gobierno provincial sostuvo que el conjunto de las medidas permitirá cerrar 2026 con un incremento salarial del 37%.

Desde APTS, su secretaria gremial, Carola Piasco (a la derecha en la foto), criticó la política salarial del Ejecutivo provincial y sostuvo que otorgar aumentos no implica necesariamente recuperar el poder adquisitivo perdido.

“Desde APTS nosotros seguimos siendo muy críticos con la política salarial de este Gobierno. El Gobernador sabe perfectamente que otorgar aumentos no significa recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. Conoce, mejor que nadie, él como contador, los números, conoce la inflación, conoce cuánto hemos perdido. Acá no estamos hablando de desconocimiento, sino que estamos hablando de una decisión política”, afirmó Piasco en diálogo con La Gaceta Digital.

La dirigente también cuestionó el carácter no remunerativo de parte de las mejoras anunciadas.

“Y lo más preocupante es que el propio Estado, que es el que debería garantizar los derechos laborales, termina siendo uno de los mayores precarizadores de sus trabajadores. Un Estado que está otorgando incrementos en negro, que no solucionan el problema de fondo”, sostuvo.

Piasco señaló que existen profesionales y técnicos de la salud cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica familiar y enumeró otros reclamos del sector.

“Hoy tenemos profesionales y técnicos en la salud cuyos salarios no alcanzan a cubrir ni siquiera la canasta básica familiar, pero además no solamente reclamamos una verdadera recomposición salarial. Nosotros seguimos exigiendo las recategorizaciones, especialmente para nuestros técnicos de las categorías más bajas, el reconocimiento y pago de especialidades, el reconocimiento económico por zona para los trabajadores del interior”, manifestó.

La secretaria gremial de APTS también reclamó la apertura de paritarias y cuestionó que el Gobierno provincial determine unilateralmente la pauta salarial.

“San Luis sigue sin paritaria. Es una de las pocas provincias que no tiene paritaria. El Gobierno decide unilateralmente cuánto es lo que vale el trabajo de nuestros compañeros. Nunca se sentó a discutir con nosotros cuánto es lo que nos cuesta vivir, cuánto le cuesta vivir a los trabajadores”, afirmó.

Piasco aclaró que el gremio no cuestiona las inversiones en infraestructura y equipamiento, pero sostuvo que deben estar acompañadas por una mejora de las condiciones laborales.

“Nosotros no cuestionamos las inversiones en infraestructura ni en equipamiento. Los hospitales no funcionan con discursos ni con inauguraciones, funcionan con trabajadores que merecen salarios dignos y que no lo estamos teniendo”, señaló.

“El problema no es que al Gobierno no le cierren los números, el problema es que a los trabajadores ya no nos alcanza el sueldo, porque la salud pública no se sostiene con edificios nuevos y trabajadores empobrecidos. Hay que reconocer los derechos laborales, no le estamos pidiendo un favor, le estamos pidiendo que cumplan con las obligaciones del Estado”, agregó.

UTEP reclamó una recomposición al básico

Desde UTEP San Luis y la Intersindical, el dirigente Carlos “Chino” Peralta también criticó las medidas anunciadas por Poggi y sostuvo que el esquema incorpora nuevas sumas no remunerativas.

“Esta medida adoptada sigue bajando la calidad de nuestro salario, suma más cifras no remunerativas”, afirmó Peralta en diálogo con La Gaceta Digital.

El dirigente docente planteó que la alternativa debe ser una recomposición que impacte directamente en el salario básico.

“Desde UTEP San Luis y de la Intersindical seguimos insistiendo que la solución para salir del endeudamiento que tienen todos los trabajadores docentes y todos los trabajadores del Estado y empezar a recuperar el poder adquisitivo debe haber un aumento, una recomposición salarial al básico de los docentes”, sostuvo.

Peralta vinculó el nivel del salario básico con el endeudamiento de los trabajadores y aseguró que la situación genera dificultades para afrontar los gastos cotidianos y las obligaciones financieras.

“La consecuencia de tener un básico tan bajo es que todos los docentes no puedan llegar ni al 5 de cada mes y que estén y que no puedan pagar sus deudas”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que algunos trabajadores llegan a sufrir embargos sobre sus haberes por deudas.

“Ya en este mes a los docentes se le ha descontado todo su salario, se le ha embargado todo su salario cuando no pueden pagar el mínimo de la tarjeta”, señaló.

Finalmente, Peralta comparó el salario básico docente de San Luis con el de otras provincias.

“Mientras que en otras provincias tienen un básico de $800.000, como por ejemplo la provincia de Catamarca, en San Luis no llegamos a un básico de $300.000”, aseguró.

Beca Universal Superior: del 15 al 31 de octubre estará abierta la inscripción


La directora de Beneficios Estudiantiles, Candela Escudero, dio este jueves una conferencia de prensa, en la que informó sobre la inscripción a la Beca Universal Superior (BUS), destinada a estudiantes regulares que cursan el primer año de carreras que se dictan en alguna de las universidades nacionales o provinciales o institutos superiores que integran la Comisión Provincial de Articulación con el Nivel Superior (CoProANS).

El beneficio, recordó Escudero, acompaña a los estudiantes que egresaron del Secundario y que dieron el paso de formarse en una institución de educación superior. “Se otorgan U$S 600, que se pagan en dos etapas: la primera se pagó julio, luego de la inscripción en mayo; y la segunda se abonará en diciembre, con una inscripción previa que se hace ahora, en octubre“, explicó.

“Del 15 al 31 de octubre se encuentran abiertas las inscripciones a la beca BUS 2026, correspondiente al segundo pago. Para anotarse hay que entrar a la página web de la dirección Beneficios Estudiantiles. Allí, los alumnos deben ingresar al apartado ‘Beca BUS’ y buscar el formulario e inscribirse”, agregó.

Escudero informó que en la primera convocatoria hubo “aproximadamente 3.000 alumnos inscriptos, de distintas instituciones de educación superior de la provincia, que pudieron tener esta beca”. “Ellos deben volver a inscribirse en esta segunda etapa para acceder al segundo pago, que equivale a U$S 300“, aclaró.

Además, dijo que aquellos alumnos que, por alguna razón, ingresaron a estudiar en alguna institución de educación superior a mediados de 2026, también pueden anotarse para recibir el beneficio.

En cuanto a los requisitos, detalló: “Primero, deben haber cursado el nivel Secundario en el ciclo lectivo 2025 e inmediatamente haber ingresado a estudiar, a principios o mediados de 2026, una carrera, tecnicatura u oficio en alguna institución que integre la CoProANS. Deben presentar certificado de alumno regular actualizado y adjuntar una foto de Documento Nacional de Identidad. En cuanto al formulario, es sencillo. Tienen que completarlo con sus datos personales, seleccionar la institución y la formación que realizan y adjuntar la documentación que les requerimos”.

Para concluir, Escudero indicó que una vez finalizada la inscripción, el sistema emite un comprobante con un número de trámite, que sirve para hacer cualquier tipo de consulta respecto a errores en el formulario o sobre la beca en sí.

Fuente: ANSL