Este miércoles, el gobernador Claudio Poggi acompañó al intendente de la capital, Gastón Hissa, en la inauguración de cinco cuadras de pavimento en el barrio Portal de la Aguada, en la zona este de la ciudad. Las obras forman parte del plan Mejorando tu Cuadra, con el que la Municipalidad de San Luis repara y pone en valor calles de todo el ejido.

El acto tuvo lugar en el cruce de calle Las Vertientes y avenida Portezuelo del Chorrillo, a unos 300 metros de la avenida Aguada de Pueyrredón y pegado al barrio Ampare. Según contó el intendente, fueron los vecinos quienes solicitaron las obras a través de una nota dado el deterioro de las arterias por efecto de las lluvias y el tránsito, ya que por allí circula la línea E de colectivos.

“Acá coexisten tres aristas del plan. Una, la repavimentación, otra tiene que ver con la intervención que hicimos en la calle Cruz de Piedra, con el recambio de seis paños de hormigón. Además, la tercera línea de acción de este programa tiene que ver con un abordaje integral de arreglo de calles. Es por eso que ustedes, si se dan una vueltita por el portal del barrio Ampare, van a darse cuenta de las tareas de bacheo que se han realizado”, explicó Hissa.

“No solamente nos circunscribimos al plan Mejorando tu Cuadra, abordamos territorialmente el lugar, hicimos desmalezado, poda correctiva, recambio de luminarias, había luminarias LED que estaban agotadas, entonces las cambiamos también, pintamos los reductores de velocidad de hormigón, muchos de ellos también los habíamos hecho nosotros”, agregó.

El jefe comunal recordó que lanzaron el plan el 11 de julio de 2024 y que, hasta el momento, llevaron adelante más de 7.000 intervenciones viales y que este año van más acelerados en las intervenciones de hormigón, algo que mejorará aún más con la incorporación de un nuevo camión a la flota municipal.

“Necesitábamos aumentar el parque automotor, incorporar un camión para llevar adelante tareas de mantenimiento de las carpetas asfálticas. Es necesario un camión que acerque el material a las cuadrillas para que lleven adelante su tarea. Hoy, un camión de este porte (dijo señalando a una unidad Mercedes Benz rectificada y ploteada) cero kilómetro está por arriba de los $250 o $300 millones. Lo que hicimos fue reacondicionar éste, que estaba muy abandonado, en un galpón, no operativo digamos. En un trabajo conjunto, por el que agradezco mucho a la gente de Transpuntano, decidimos ponerlo en valor y sacarlo a la calle. Está rectificado a cero kilómetro”, celebró Hissa, que junto a Poggi le entregó formalmente las llaves a Edgardo, el chofer asignado a la unidad revalorizada.

Poggi recordó el nacimiento del programa Construyendo con tu Pueblo y la importancia de volcar recursos a obras que definen las propias intendencias, reactivaron la obra pública y generan puestos de trabajo a la par. “Este programa pasó a ser un motorcito de muchas cosas que estamos haciendo juntos con diferentes intendentes de la provincia, cualquiera sea su color político. Eso me lleva a traer siempre lo que digo, una primera conclusión, recontra importante, que es coordinar las acciones entre el Gobierno de la provincia, el gobierno municipal, las instituciones y los vecinos. Es muy importante unir los esfuerzos, unir los presupuestos, unir los recursos humanos. El vecino se siente más tranquilo si el Gobernador y el Intendente están trabajando juntos”, expresó.

“Hay que cuidar en San Luis esta posibilidad de cercanía. Que nadie nos impida que podamos seguir estando cerca. Cerca. Y cerca es escuchar, es ponerse en el lugar del vecino, no hacer que escuchás”, reflexionó sobre el final.

Fuente: ANSL

Este miércoles se conoció que el gobernador Claudio Poggi aceptó la renuncia de todos los funcionarios de la Secretaría de Estado de Asuntos Institucionales y Enlace Parlamentario y que esta cartera dejará de existir en la nueva estructura del Gobierno provincial. Esta secretaría estaba a cargo de José Giraudo, quien es un dirigente aliado que integra la convergencia oficialista.

En la nueva estructura del Gobierno provincial el área de Enlace Parlamentario pasara a ser parte de la Secretaría Legal y Técnica. La eliminación de la citada Secretaría de Estado no afectará la continuidad laboral de ningún empleado público.

El Gobernador continuará esta semana evaluando las diferentes áreas del Gobierno, para luego diseñar el nuevo proyecto de Ley de Ministerios.

Fuente: ANSL

En otro tramo del contacto que el gobernador Claudio Poggi tuvo hoy con la prensa local respaldó el bono extraordinario anunciado este lunes para empleados públicos y beneficiarios del Plan de Inclusión Social, y confirmó que será financiado con el fondo anticíclico creado por su gestión.

Según indicó, la medida implicará “una inyección a la economía local de 15.000.000.000 de pesos, para el comercio local fundamentalmente”. El mandatario explicó que la decisión fue posible gracias a una reserva creada durante el año pasado.

“Esto lo podemos hacer a partir de la previsión que tomamos nosotros el año pasado, inclusive que transformamos en ley, de un fondo intangible, de un fondo de 2 nóminas salariales completas, como guardadas, como lo hace cualquier buen jefe de familia, previniendo situaciones difíciles como esta”, dijo el Gobernador, quien también confirmó que ese mismo fondo podría utilizarse para afrontar parte del pago del medio aguinaldo.

“Vamos a ver cómo termina el mes de mayo. El 20 de mayo vencen las declaraciones juradas de impuesto a las ganancias de las empresas a nivel nacional y siempre en el mes de mayo mejora un poco la coparticipación. Vamos a ver cómo también a mayo, pero parte para el pago del aguinaldo vamos a usar este fondo también”, explicó el Mandatario.

Ante la consulta sobre la posibilidad de un aumento salarial para los trabajadores estatales, evitó hacer anuncios y dejó entrever preocupación por la situación financiera. “Esto es mes a mes. Pensando en cómo pagamos el aguinaldo el mes que viene”, dijo antes de retirarse.

El gobernador Claudio Poggi confirmó que esta semana terminará de definir la reestructuración de su gabinete y enviará a la Legislatura una nueva ley de ministerios. Consultado por La Gaceta Digital sobre por qué inició su gestión con una estructura ministerial y de secretarías similar a la que criticó durante años a Alberto Rodríguez Saá, reconoció que parte de esa decisión respondió a la coalición política que lo llevó al poder, aunque aseguró que ahora, tras dos años de gestión, está en condiciones de “optimizar” y fusionar áreas.

En concreto, ante la pregunta de La Gaceta Digital sobre si la coalición política influyó en la creación de un gabinete similar al que tanto crítico, Poggi respondió: “Parte de la coalición política que sigue estando, pero, bueno, de 1.400 funcionarios bajamos a 900 de entrada, de entrada. Y me pareció que de entrada también había que tener estos ministerios, estas secretarías. Ahora, con 2 años de rodaje, uno se da cuenta que puede optimizar algunas áreas, puede unir algunas áreas, puede fusionar algunas áreas, eso un poco lo da la experiencia de la gestión”.

En los últimos días, el Gobierno avanzó con una fuerte reducción de estructuras políticas. Ya fueron eliminados el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Actividades Logísticas, ambos vinculados a Todos Unidos; la Secretaría de Ambiente, que estaba en manos de la UCR; y las secretarías de Comunicación, PANE y Ética Pública y Control de Gestión, que respondían a Avanzar, el partido de Poggi. Este martes también se confirmó la eliminación de Vinculación Interjurisdiccional, encabezada por Gabriela González Riollo, del PRO.

Ante otra consulta de este medio, sobre los recortes de los ministerios o secretarías de los aliados políticos, Poggi dijo que lo está haciendo “parejito”, ya que también se eliminaron tres carteras que eran conducidas por Avanzar. Si bien esto es cierto, también es una realidad que Avanzar continúa concentrando la mayoría de los ministerios y secretarías del gabinete, que la UCR quedó reducida prácticamente a Turismo y Cultura, mientras que el adolfismo de Todos Unidos ya no conservaría ninguna estructura ministerial o secretaría propia.

Consultado sobre si estos cambios generan tensiones dentro de la coalición oficialista, el gobernador aseguró que no. Ante otra pregunta, dijo que no ha hablado con Adolfo Rodríguez Saá.

Luego, Poggi explicó que el objetivo de esta nueva etapa es profundizar el ajuste político y reorganizar el gabinete alrededor de dos prioridades centrales. “Primero es ajustarnos a la situación económica, ser más austeros aún. Piensen ustedes que cuando yo asumí, bajamos ya un tercio de los funcionarios políticos que tenía el Gobierno anterior. Esto es una nueva vuelta de tuerca, sin afectar el servicio a los ciudadanos”, afirmó.

“En segundo lugar, encabezar, alinear todo el gobierno a las 2 políticas y estrategias que tenemos, que es educación y generación de puestos de trabajo. Todo tiene que estar aceitadito para que esos sean los 2 objetivos principales”, continuó Poggi, quien calculó que esta semana terminará de definir la nueva estructura y “las nuevas competencias de cada área de gobierno”.

Los ministerios/secretarías del último gobierno de Rodríguez Saá:
– Secretaría General de la Gobernación.
– Ministerio de Hacienda Pública.
– Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto.
– Ministerio de Seguridad.
– Ministerio de Obras Públicas e Infraestructura.
– Ministerio de Educación.
– Ministerio de Desarrollo Social.
– Ministerio de Ciencia y Tecnología.
– Ministerio de Salud.
– Ministerio de Producción.
– Secretaría de Estado de la Mujer, Diversidad e Igualdad.
– Secretaría de Estado de San Luis Logística.
– Secretaría de Estado de Ambiente.
– Secretaría de Estado de Turismo.
– Secretaría de Estado de Deportes.
– Secretaría de Estado de Cultura.
– Secretaría de Estado de las Juventudes.
– Secretaría de Estado de Transporte.
– Secretaría de Estado de Comunicación.
– Secretaría de Finanzas.
– Secretaría de Vivienda.

Los ministerios/secretarías de Poggi antes de empezar los recortes
– Secretaría General de la Gobernación
– Ministerio de Hacienda e Infraestructura Pública
– Ministerio de Gobierno
– Ministerio de Salud
– Ministerio de Educación
– Ministerio de Desarrollo Productivo
– Ministerio de Desarrollo Humano
– Ministerio de Seguridad
– Ministerio de Ciencia e Innovación
– Ministerio de Turismo y Cultura
– Secretaría de Estado de Vinculación Interjurisdiccional
– Secretaría de Estado Legal y Técnica
– Secretaría de Estado de Actividades Logísticas
– Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable
– Secretaría de Estado de Asuntos Institucionales y Enlace Parlamentario
– Secretaría de Estado de Comunicación
– Secretaría de Estado de Deporte
– Secretaría de Estado de Ética Pública y Control de Gestión
– Secretaría de Estado de Personas con Discapacidad
– Secretaría de Estado de Transporte
– Secretaría de Estado PANE

La Unión de Trabajadores de la Educación Pública (UTEP) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) expresaron sus posturas tras el anuncio del gobernador Claudio Poggi sobre el pago de un bono extraordinario de $300.000 para empleados públicos provinciales y de $100.000 para beneficiarios del Plan de Inclusión.

El secretario general de UTEP, Carlos Peralta, cuestionó la medida y consideró que no resolverá los problemas salariales de los docentes.

“Con respecto al bono, es un parche más, no va a solucionar el problema que tienen los docentes”, manifestó Peralta en declaraciones a La Gaceta Digital.

El dirigente sindical además comparó la medida con políticas aplicadas durante la década de 1990. “Es un déjà vu a las políticas implementadas en los años 90, cuando un señor allá al final de los 90 ibas a cobrar $200 a la Caja Social”, expresó.

Por su parte, ATE San Luis difundió un comunicado en redes sociales en el que atribuyó el anuncio del Gobierno provincial a los reclamos impulsados por el gremio.

“Suma extraordinaria para Estatales: la presión dio resultados”, publicó el sindicato.

En el mensaje, ATE sostuvo que “luego de nuestros pedidos y de la gran difusión que realizamos sobre el verdadero estado de las cuentas provinciales, el gobierno de Claudio Poggi no pudo negarse a otorgar una suma extraordinaria”.

En otro posteo, el gremio consideró que los $300.000 “son bienvenidos”, aunque remarcó que “no recomponen el salario”.

Además, ATE planteó una serie de reclamos vinculados a la situación laboral y salarial de distintos sectores estatales. Entre ellos, señalaron que los $100.000 destinados al personal del Plan de Inclusión “no alcanza” y remarcaron que muchos beneficiarios realizan las mismas tareas que trabajadores de planta permanente en escuelas, hospitales y municipios.

El sindicato también reclamó que el bono alcance a monotributistas, partidas especiales para los municipios de toda la provincia, una urgente recomposición salarial, el pase a planta permanente, recategorizaciones y la actualización salarial del Convenio Colectivo de Trabajo 122/75 del sector Salud de acuerdo a las paritarias nacionales.

Asimismo, ATE convocó para este jueves a las 10.30 a un “ruidazo y panfleteada” en la peatonal Rivadavia de la ciudad de San Luis.

“Vamos a seguir peleando por salarios dignos y mejores condiciones laborales para todas y todos”, señalaron desde la organización sindical.

La agrupación interna Identidad Radical presentó una acción de amparo ante la Justicia para que se declare la incompatibilidad de Juan Álvarez Pinto para seguir ejerciendo como presidente del Comité Ejecutivo Provincial de la Unión Cívica Radical de San Luis y se suspenda de manera inmediata el cronograma electoral interno dispuesto por las actuales autoridades partidarias.

La demanda fue impulsada por el dirigente radical José Luis Riccardo, quien sostiene que Álvarez Pinto se encuentra alcanzado por una incompatibilidad prevista en la Carta Orgánica partidaria y que su continuidad al frente del radicalismo provincial constituye una “irregularidad institucional” que afecta la legalidad de todo el Comité Ejecutivo.

En la presentación judicial se pidió que se declare “la incompatibilidad del Sr. Juan José Álvarez Pinto para integrar y ejercer funciones dentro del Comité Ejecutivo Provincial de la UCR”, además de la “nulidad absoluta e insanable” de las resoluciones 2/2026, 4/2026 y 5/2026, mediante las cuales se convocó y luego se modificó el proceso de renovación de autoridades partidarias.

El planteo se basa en el artículo 138 de la Carta Orgánica, que establece que quienes desempeñen funciones como gobernador, vicegobernador, intendente y también “los respectivos ministros y secretarios, no podrán ser miembros del Comité Ejecutivo Provincial”.

Según sostiene Riccardo, Álvarez Pinto quedó comprendido en esa incompatibilidad primero como intendente de Villa de Merlo y luego, actualmente, como ministro de Turismo y Cultura del Gobierno provincial.

“Era de esperar que en virtud del art. 138 de la Carta Orgánica renunciara a ser intendente o a ejercer su cargo en el Comité Ejecutivo Provincial del partido. Ello no ocurrió”, señala la demanda. Más adelante agrega que también “era esperable” que, al ser nombrado ministro, “renunciara al cargo ejecutivo de la UCR, antes de asumir. Ello tampoco ocurrió”.

Para Identidad Radical, la situación no sólo afecta al actual presidente partidario, sino también a la validez institucional de todo el órgano. En ese sentido, el escrito sostiene que el Comité Ejecutivo permitió “la integración de su cuerpo y más aún eligiéndolo presidente, en abierta contradicción” con la Carta Orgánica, lo que habría implicado “convalidar un acto nulo” y “comprometer la legitimidad del órgano”.

Además del cuestionamiento sobre la conducción partidaria, el amparo apunta contra las resoluciones mediante las cuales se convocó a elecciones internas.

La resolución 2/2026 fijó inicialmente la renovación de autoridades para el 16 de julio. Luego, la resolución 4/2026 “rectificó” esa convocatoria, pero para llamar a una sesión extraordinaria de la Convención Provincial. Finalmente, la resolución 5/2026 volvió a modificar el esquema y estableció elecciones para el 23 de agosto.

Para los demandantes, las decisiones son “abiertamente contradictorias entre sí”, generan una “incertidumbre extrema” y violan el artículo 38 de la Carta Orgánica, que establece que “las elecciones internas para la renovación de las autoridades partidarias se realizarán en el mes de octubre de todos los años pares”.

“Como surge de la simple lectura de las resoluciones mencionadas, las normas son contradictorias entre sí, carecen de claridad normativa, generan incertidumbre institucional y afectan gravemente el derecho de participación política de los afiliados”, sostiene la presentación.

También se cuestionan los fundamentos utilizados por el Comité Ejecutivo para adelantar el cronograma electoral. En los considerandos de una de las resoluciones se menciona una posible anticipación de elecciones provinciales y una eventual reforma constitucional, argumentos que Riccardo rechaza por estar basados en “especulaciones”.

“Aún no hay convocatoria a elecciones provinciales ordinarias ni a una reforma constitucional”, señala el escrito, que además interpreta que cuando el propio Comité habla de “garantizar la normalización” partidaria estaría reconociendo que actualmente “no están normalizadas” sus autoridades.

Junto con el amparo, Identidad Radical solicitó una medida cautelar para que se suspenda inmediatamente “el cronograma electoral, la convocatoria interna, la oficialización de listas y todo acto derivado” de las resoluciones cuestionadas hasta que exista una sentencia definitiva.

Según explicó Riccardo, el avance del proceso podría consolidar situaciones de “imposible o muy dificultosa reparación ulterior” y volver “ilusoria cualquier tutela judicial posterior”.

En el escrito también afirmó haber agotado previamente las instancias partidarias. Señaló que envió cartas documento tanto a Álvarez Pinto como a la Convención Provincial solicitando la regularización institucional, pero recibió respuestas rechazando sus planteos.

Ahora será la Justicia la que deberá resolver si hace lugar al pedido de suspensión del proceso electoral interno y si corresponde avanzar sobre el planteo de fondo presentado por Identidad Radical.

El Gobierno dio a conocer otra aceptación de renuncia y eliminación de ministerio o secretaría de estado. Esta vez el turno de la secretaría más insólita de su gabinete inicial: Vinculación Interjurisdiccional, la cual dejará de existir en la nueva estructura de ministerios y secretarías del Gobierno Provincial. Sus áreas estratégicas, como la administración de la Casa de San Luis en Buenos Aires y la Vinculación Institucional con otros estados provinciales y embajadas, serán absorbidas por Secretaría General de la Gobernación. Al frente de esta insólita secretaría estaba Gabriela González Riollo, dirigente del PRO local.

Como ya informó este medio, en marzo de 2025, con la creación de la Secretaría de Estado PANE, Poggi alcanzó la misma cantidad de Ministerios y Secretarías de Estado que le criticó a Rodríguez Saá. La estructura de Poggi está claramente inflada por los ministerios y/o secretarías que debieron ser creadas para los dirigentes de otros espacios que conformaron la alianza política de 2023. Es de suponer que para ellos no era lo mismo ser jefe de programa que ministro/secretario de Estado. Y obviamente, el sueldo tampoco es el mismo entre un cargo y el otro.

El mejor ejemplo es, justamente, el caso de Gabriela González Riollo, dirigente del PRO puntano, que fue senadora nacional cuando asumió como reemplazo de Claudio Poggi. Sin dudas, lo que se hizo fue darle rango de Secretaría de Estado, y un nombre más pomposo, a la Casa de San Luis en Buenos Aires, que durante las gobernaciones de Rodríguez Saá no fue más que una Dirección.

Y lo mismo se puede decir de secretarías como Asuntos Institucionales y Enlace Parlamentario (a cargo de José Giraudo), que podría ser un programa del Ministerio de Gobierno, por ejemplo; o Personas con Discapacidad (de Luis Giraudo), que a pesar de su más que noble propósito, podría funcionar bajo la órbita de Desarrollo Social o Salud. También se puede hacer un planteo similar con Ética Pública y Control de Gestión, que dirigía Ricardo Bazla y prácticamente se dedica al remate de vehículos y a los narcotests a funcionarios; ubicándose muy lejos del objetivo con el que inicialmente se la promocionó, ya que nunca fijó postura con respecto a las denuncias de corrupción que se han hecho en relación a áreas del Gobierno como la Secretaría de Actividades Logísticas.

Volviendo al comunicado de hoy, “el inmueble de la Casa de San Luis en Buenos Aires se puso a la venta, en licitación pública, a fines del 2024, y en esa oportunidad no tuvo oferentes. No obstante, el Ejecutivo está a la espera de una reactivación del mercado inmobiliario para poder llevar adelante la efectiva venta del inmueble, el cual no resulta funcional, con la irrupción de las nuevas tecnologías tiene menor uso que en décadas anteriores y además posee un costoso mantenimiento. El ingreso económico de su venta estaba previsto asignarlo a la reconstrucción del Policlínico Regional de Villa Mercedes, obra que se encuentra en plena ejecución”, señalaron desde el Gobierno.

Ningún empleado público de esta Secretaria que se disuelve verá afectado su puesto de trabajo, sino que pasarán a depender directamente de la Secretaría General de la Gobernación.

Se estima que ésta semana el Gobernador finalizará con la evaluación de la estructura ministerial, elevándose la semana próxima a la Legislatura el nuevo proyecto de ley de Ministerios.

La 4ta Marcha Federal Universitaria, reclamando que el Gobierno Nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, tuvo una convocatoria masiva en la ciudad de San Luis. Encabezada por autoridades de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), la marcha partió desde la avenida Ejército de los Andes luego de que concluyera el acto por un nuevo aniversario de la Alta Casa de Estudios.

De la manifestación participaron, además de autoridades de la UNSL y estudiantes pertenecientes a distintas agrupaciones, dirigentes políticos de diferentes partidos, como la concejal poggista Micaela Medina, los diputados provinciales Víctor Moriñigo (radical y ex rector de la UNSL) y Lucas Cayme (PJ), el diputado nacional Ernesto Alí y el ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto, entre otros. También participaron sindicatos de empleados públicos provinciales y nacionales, bancarios, jubilados autoconvocados y grupos de personas con discapacidad, reclamando por la emergencia en este sector tan golpeado por la Gestión Milei.

Todos estos grupos llevaban distintos tipos de carteles con consignas en contra del Gobierno Nacional, que podrás ver en el video que acompaña esta nota. También se destacó la intervención de estudiantes de Teatro, que iban tirando de un león y parodiando las habituales consignas de los militantes libertarios, como “vayan a laburar, zurdos”, “nos van a pagar en dólares” o “se mantienen con la nuestra”.

La marcha partió de Ejército de los Andes y Rivadavia, pasadas las 12.15 horas. Por más de una hora avanzó por Rivadavia hasta 9 de Julio. Allí dobló, tomó San Martín y se dirigió hasta la esquina del Correo, donde sindicalistas universitarios, nodocentes y estudiantiles se turnaron para leer el comunicado oficial de la 4ta Marcha Federal Universitaria.

En el documento leído al cierre de la movilización, la comunidad universitaria advirtió que el sistema atraviesa una situación de financiamiento “crítica” y apuntó directamente contra el Gobierno nacional por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario.

Según señalaron, las transferencias a las universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que representa “una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario”.

Además, denunciaron un fuerte deterioro salarial entre docentes y nodocentes. “Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, la inflación ha sido del 293,3%, mientras que los salarios acumulan un incremento del 147,3%. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13%”, expresaron durante la lectura del comunicado.

El documento también advirtió que esa pérdida equivale a “aproximadamente 10,9 salarios” en el período analizado, y aseguraron que los haberes universitarios se encuentran “en su nivel más bajo de los últimos 23 años”, además de ubicarse entre “los peores salarios del Estado nacional y los más bajos de América Latina”.

Otro de los puntos destacados fue el deterioro de las partidas destinadas al funcionamiento cotidiano de las universidades. Según remarcaron, “el poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los gastos de funcionamiento no ha superado, en ninguno de los meses de la actual gestión del Gobierno, el 64% del que tenía en enero de 2023”.

También alertaron sobre el impacto que la crisis tiene sobre los estudiantes, al señalar que becas nacionales como Progresar permanecen congeladas frente a la inflación, mientras que las becas estratégicas Manuel Belgrano atraviesan “una situación de incertidumbre y desfinanciamiento”. Según indicaron, esto pone en riesgo la permanencia de miles de jóvenes en el sistema universitario.

Más allá de lo presupuestario, el comunicado incluyó una fuerte crítica institucional al Gobierno de Javier Milei, al que acusaron de quebrar el principio republicano de división de poderes por no acatar la ley sancionada por el Congreso ni los fallos judiciales que ordenan su cumplimiento.

“Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho”, afirmaron.

Finalmente, el documento cerró con un llamado a defender la universidad pública como “un instrumento de justicia social que produce movilidad social ascendente” y pidió a la Corte Suprema de Justicia que intervenga para garantizar el cumplimiento de la ley. “Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño. Es aquí y ahora la universidad pública se defiende, por más y mejor educación pública y ciencia”, concluyó el comunicado.

 

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