La Policía de San Luis realizó este miércoles tres allanamientos vinculados con la venta y distribución de drogas, dos en la ciudad de San Luis y uno en Cortaderas, en el marco de investigaciones por infracción a la Ley 23.737. Los procedimientos permitieron secuestrar cocaína, marihuana, dinero en efectivo, balanzas de precisión y otros elementos, además de detener a cuatro hombres de entre 35 y 47 años.

Los operativos fueron realizados por efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico (DG-8) como parte de las acciones de la Misión Sarmiento y de investigaciones llevadas adelante junto con la Justicia Federal.

Dos centros de venta en la ciudad de San Luis
En la capital provincial, los investigadores comenzaron el procedimiento con la interceptación de un Chevrolet Astra en las inmediaciones de Callao y Catamarca, en el que circulaban un hombre y una mujer. A partir de ese procedimiento se concretaron posteriormente dos allanamientos, en Chacho Peñaloza al 1400 y Heriberto Mendoza al 800.

Según informó la Policía, en ambos domicilios fueron encontrados 160 envoltorios de nylon con cocaína pulverulenta y solidificada, cantidad suficiente para elaborar unas 152 dosis, con un valor estimado de $900.000. También se secuestraron dos envoltorios con marihuana, equivalentes a unas nueve dosis y valuados en aproximadamente $40.000.

Además de las sustancias, los efectivos incautaron dos balanzas de precisión, teléfonos celulares, $213.150 en efectivo y 56 dólares, documentación, el automóvil Chevrolet Astra y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Como resultado del procedimiento, el magistrado interviniente ordenó la detención e incomunicación de tres hombres de 35, 41 y 42 años, acusados de infracción a la Ley 23.737. En el operativo colaboraron efectivos del SISPRO y de Policía Científica.

Un procedimiento en Cortaderas vinculado con una investigación en Córdoba
Ese mismo miércoles, otro procedimiento se realizó en Cortaderas, donde la Policía identificó un tercer centro de venta y distribución de drogas. El operativo comenzó con la interceptación de un Fiat Mobi en la ruta provincial 1 y la intersección con calle Los Chañares.

Luego se allanó una vivienda ubicada en un camino rural de la localidad, donde residía un hombre de 47 años. Allí los investigadores secuestraron un envoltorio con cocaína, suficiente para elaborar ocho dosis, valuadas en unos $48.000, además de florescencias y una planta de marihuana.

También fueron incautados teléfonos celulares, dinero en efectivo, una balanza de precisión, una patente y documentación. El Juzgado Federal de Villa Mercedes ordenó la detención del hombre por infracción a la Ley 23.737.

Este procedimiento está relacionado con una investigación más amplia sobre una organización que operaba en Río Cuarto y distintos puntos de la Costa de los Comechingones y el Valle del Conlara. Esa estructura había sido desbaratada el domingo 16 de agosto luego de 10 allanamientos realizados en Villa de Merlo, Carpintería, Los Molles y Río Cuarto, donde se secuestraron drogas valuadas en más de $20 millones.

En el operativo de Cortaderas participaron también efectivos del Grupo COAR y de la Comisaría 50°.

El Concejo Deliberante de San Luis aprobó una nueva actualización de la tarifa de taxis, que representa un incremento del 5,49% y lleva la suba acumulada durante 2026 a casi el 15%. La iniciativa obtuvo ocho votos positivos, tres negativos y dos abstenciones. Otra iniciativa que aprobó el Concejo por mayoría fue la “importante” declaración de interés de los restos del retoño del Pino de San Lorenzo.

El proyecto de ordenanza aprobado establece que la bajada de bandera diurna pasará de $888 a $937, mientras que la nocturna aumentará de $1.066 a $1.124.

En tanto, la ficha cada 130 metros y el minuto de espera tendrá un valor de $93 durante el día, frente a los $88 actuales, y de $111 durante la noche, contra los $105 vigentes.

El proyecto señala que la actualización responde al atraso de la tarifa respecto de la inflación registrada durante el último trimestre considerado, correspondiente a abril, mayo y junio. Según los datos oficiales del IPC San Luis citados en la ordenanza, la variación acumulada en ese período fue del 5,49%, producto de aumentos del 2,4% en abril, 1,4% en mayo y 1,6% en junio.

La nueva tarifa surge luego del incremento del 9% aprobado por el Concejo el 9 de abril. En aquella oportunidad, el aumento se fundamentó en la inflación acumulada del IPC San Luis correspondiente a diciembre, enero y febrero, que alcanzó el 9,16%.

De esta manera, al aplicar el 9% de abril y el 5,49% aprobado ahora, el incremento acumulado en lo que va de 2026 alcanza aproximadamente el 14,98%, es decir, prácticamente un 15%.

La ordenanza establece además que la tarifa nocturna se aplicará entre las 22 y las 6 del día siguiente y continuará siendo un 20% superior a la diurna. La modalidad también se extenderá a los sábados, domingos y feriados nacionales y provinciales inamovibles.

El aumento en la tarifa se aprobó ocho votos positivos del bloque oficialista, tres negativos (de los peronistas Paulina Calderón, Julieta Ponce y Gastón Témoli ) y dos abstenciones (Juan Divizia y Andrés Russo). Al momento de la votación estuvo ausente el concejal oficialista Mario Silvestri.

Otros proyectos aprobados

Para no perder la costumbre en la sesión también se aprobaron distintos proyectos de declaración de interés.

Entre ellos, el Concejo declaró de Interés Municipal al 106° aniversario del Club Victoria de la ciudad de San Luis.

También declaró de Interés Municipal el 432° aniversario de la fundación de la ciudad de San Luis, que se conmemorará el próximo 25 de agosto.

Por otra parte, el cuerpo legislativo declaró de Interés Educativo, Cultural y Legislativo los restos del retoño del Pino de San Lorenzo, a raíz de los daños que sufrió durante el temporal del 6 de enero de 2025.

La Justicia confirmó una resolución de la Dirección de Defensa del Consumidor de San Luis que sancionó con una multa de $2 millones al banco Supervielle por un caso de fraude bancario y ordenó devolver a la víctima el dinero correspondiente al daño directo, actualizado. El 26,5% de las denuncias realizadas en el primer semestre del año por consumidores hipervulnerables estuvieron vinculadas a las estafas bancarias.

La directora de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Cecilia Hissa, explicó que se trata de la resolución 5525, mediante la cual el organismo había aplicado una multa y reconocido el daño directo a una usuaria al considerar que la entidad financiera había incumplido su deber de seguridad.

La resolución fue apelada por el banco, pero posteriormente fue revisada por la Cámara de Apelaciones, que confirmó lo actuado por Defensa del Consumidor y reafirmó la responsabilidad objetiva de las entidades bancarias frente a este tipo de situaciones.

El caso comenzó con la denuncia de una mujer que aseguró no haber autorizado ni realizado las operaciones efectuadas desde su cuenta. Durante la investigación se pudo determinar que habían ingresado más de 20 veces a su cuenta en un período de seis horas y que las operaciones inusuales no habían generado alertas ni bloqueos por parte de la entidad.

“Hay una obligación que tienen las entidades de cuidar o proteger a los usuarios y consumidores”, señaló Hissa, quien destacó que la resolución judicial representa un antecedente importante para la protección de los consumidores frente a los fraudes bancarios.

La funcionaria explicó que la Cámara también analizó el concepto de consumidores digitales y los calificó como “hipervulnerables”, independientemente de su edad. Según indicó, la consideración surge de una “desventaja estructural” que existe entre los usuarios y las entidades financieras en los entornos digitales.

“Un usuario deposita toda su confianza en los bancos para que resguarden su dinero y los bancos tienen el deber de tomar todas las medidas que sean necesarias para alertar, bloquear cuentas y demás medidas preventivas”, sostuvo.

En cuanto a la resolución del caso, Hissa confirmó que, además de la multa, se ordenó devolver a la víctima el daño directo actualizado conforme a la tasa del Banco Nación.

La Gaceta Digital consultó por el monto de la sanción y por qué sucede en aquellos casos en los que una persona entrega su contraseña o sus datos. Hissa indicó que la multa fue de aproximadamente $2 millones y remarcó que, de acuerdo con el criterio de responsabilidad objetiva, incluso puede existir responsabilidad de la entidad financiera en situaciones en las que se analiza una eventual negligencia del usuario.

Otra de las preguntas de La Gaceta apuntó a la cantidad de casos de este tipo que llegan a Defensa del Consumidor. Hissa reveló que el 26,5% de las denuncias realizadas durante los primeros seis meses del año por consumidores hipervulnerables (entre ellos, los adultos mayores) estuvieron vinculadas con estafas bancarias.

El periodista también preguntó si la víctima de este caso era una persona considerada hipervulnerable. Hissa aclaró que no, pero explicó que la Cámara estableció que todos los usuarios que operan en entornos digitales pueden ser considerados hipervulnerables, sin que sea necesario que sean jubilados, pensionados o adultos mayores.

Finalmente, La Gaceta consultó cuál era el banco sancionado y qué recomendaciones podían seguir los usuarios para evitar este tipo de estafas. Hissa confirmó que se trató del banco Supervielle y recomendó no abrir enlaces recibidos por mensajes o correos electrónicos, no atender videollamadas de números desconocidos y nunca proporcionar claves ni datos personales.

La funcionaria también destacó la importancia de la educación financiera y señaló que Defensa del Consumidor, en articulación con el área de Ciberdelitos, desarrolla talleres destinados especialmente a adultos mayores para brindar herramientas que permitan identificar operaciones sospechosas, proteger los datos personales y saber cómo actuar ante una eventual estafa.

Hissa sostuvo que las modalidades de pago y las operaciones bancarias cambiaron y que, paralelamente, también evolucionaron las formas de cometer delitos. Por ese motivo, aseguró que la Dirección de Defensa del Consumidor continuará reforzando sus políticas destinadas a proteger a los usuarios en los entornos digitales.

Un hombre de 86 años murió este martes por la noche tras el incendio de una vivienda ubicada frente a la plaza principal de Fortuna. Otras dos personas resultaron afectadas y fueron trasladadas al hospital local para recibir asistencia médica.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:15, cuando personal policial de la Comisaría Distrito 20° de Nueva Galia fue alertado, a través del Centro de Operaciones Policiales, sobre un incendio registrado en un inmueble de la localidad.

Al llegar al lugar, los efectivos establecieron de manera preliminar que el fuego se habría iniciado luego de la explosión de una garrafa correspondiente a una estufa instalada en el interior de la vivienda.

Como consecuencia del siniestro, el hombre de 86 años fue encontrado sin vida dentro de la casa.

Además, una mujer de 59 años y un hombre de 35 fueron trasladados al hospital de Fortuna para recibir atención médica. Una menor de edad que también se encontraba en la vivienda logró salir por sus propios medios y no resultó afectada.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se solicitó la presencia de personal de la División Homicidios, Criminalística y Bomberos para realizar las pericias correspondientes.

El lugar fue resguardado y preservado por la Policía mientras avanzaban las tareas para determinar las circunstancias en las que se produjo el incendio.

Este miércoles, en diálogo con la prensa tras acompañar al intendente Gastón Hissa, el gobernador Claudio Poggi fue consultado por el proyecto de necesidad de reforma parcial de la Constitución provincial, iniciativa que ya recibió media sanción por la Cámara de Senadores y que próximamente será tratada en Diputados para intentar convertirse en ley.

El Mandatario resaltó que la propuesta forma parte de una promesa de campaña que apunta a fortalecer la institucionalidad en San Luis y modernizar una Constitución que fue redactada en 1987. “Estamos legislando para las futuras generaciones, dotando a la Carta Magna de un nivel de institucionalidad acorde a la época y al futuro de San Luis y modernizando un documento que tiene 40 años”, indicó.

Poggi explicó que parte del proceso de institucionalizar la Constitución implica despersonalizar el poder, motivo por el cual uno de los puntos incluidos en el proyecto es limitar la posibilidad de ser gobernador a un máximo de dos períodos, consecutivos o alternados por igual. “Inclusive hay una cláusula transitoria que dice que en mi caso se toma como primer periodo 2023-2027, es decir que me quedaría solamente uno más. Todos los demás candidatos, anteriores o futuros, tienen dos”, señaló.

Como las leyes se aplican a futuro, sin esta cláusula Poggi podría ser electo dos veces más a partir de la aprobación de la reforma. Esta cláusula que cuenta el mandato actual como “el primero” implica que al gobernador le queda solo una reelección, en vez de dos. Aún así, desde el PJ han criticado duramente este punto, clasificándolo como “personalista”.

“Soy el único que pierde, en definitiva. Todos los demás, anteriores gobernadores o candidatos futuros, tienen dos periodos, pero lo bueno de esto es que son dos periodos y nada más”, dijo Poggi, quien comentó que el objetivo es evitar mecanismos relacionados al amiguismo que tienen como meta fundamental perpetuar a un individuo en el poder durante décadas. “Con este documento ya no pueden hacer dos periodos, poner a un amigo, hacer otros dos periodos, poner otro amigo y así estar 20, 40 o 60 años en el poder”, explicó, refiriéndose al proceso del cual él mismo fue parte, cuando fue gobernador de 2011 a 2015 para que Alberto Rodríguez Saá, que ya había gobernado por dos periodos, después pudiera hacerlo por dos más.

Otro aspecto importante es la ampliación del tiempo de sesión en Diputados y Senadores. “Reducimos la feria judicial porque pudimos hacerlo por ley. El compromiso constitucional era ampliar sesiones ordinarias de la Cámara y ahora el plazo propuesto es del 15 de marzo al 31 de diciembre, con lo cual se reduce a la mitad el receso legislativo”, subrayó, exgerando levemente, ya que se reduce de 4 meses a 2 meses y medio.

El Mandatario manifestó que también buscaron unificar las elecciones de cargos ejecutivos y legislativos, a modo de votar cada cuatro años y no cada dos. “Es importante no estar en campaña permanente, eso agobia al ciudadano, al votante, al vecino. Hay una cláusula transitoria que indica que, por única vez, los diputados actuales tendrían una prórroga de dos años, para homogeneizar los cuatro años entre elecciones”, detalló Poggi, reconociendo la discusión que se ha generado en torno a la ampliación de los mandatos.

En lo que respecta al Poder Judicial, la búsqueda pasó por separar los poderes y aportar especialización entre jueces, fiscales y defensores. “En un sistema acusatorio como tiene San Luis, está bueno que el juez cumpla su rol sin mezclarse con fiscales o defensores y así para todos. Que cada uno tenga su propio poder”, expresó.

El agua cruda es otro tópico que tiene un peso importante en la propuesta de la reforma constitucional. “Le vamos a dar jerarquía constitucional a la administración del agua cruda, no se puede hacer politiquería con eso. En unos años va a valer más que el petróleo y San Luis, a partir del Plan Maestro del Agua que hemos elaborado, tiene agua cruda”, indicó Poggi.

El Gobernador explicó que la persona o el ente que administra el agua dejaría de ser un cargo político y pasaría a ser por mandatos de cinco años, propuesto por el Poder Ejecutivo pero con el aval del Senado y que trasciende el periodo de cualquier gobernador de turno. “El Ente que administra el agua sería especializado, idóneo y completamente despolitizado. Hay que cuidar el agua para las próximas generaciones”, enfatizó.

“Esas son las reformas que no tienen ningún cuchillo debajo del poncho, es muy sana. Todas las reformas constitucionales que se han hecho en las provincias o en el país en los últimos años han apuntado a aumentar una reelección del gobernador. En nuestro caso, es limitarla. En mi caso particular, ya el primer periodo lo tengo consumido. Solamente tengo un periodo más, si es que el pueblo de San Luis quiere”, comentó Poggi, no sin antes recordar que, más allá de estos temas propuestos por el Ejecutivo, y avalados por el Senado, “los constituyentes son los que van a definir el texto final de la ley”.

“Esto fue debatido, fueron invitados todos los bloques en el Senado, por lo que me dice el vicegobernador, y participaron las facultades de Derecho de las de las universidades de San Luis y participó el Poder Judicial, porque fortalece el Poder Judicial. Yo creo que estamos dotando de la institucionalidad que San Luis y el futuro de San Luis necesita en su Carta Magna”, concluyó Poggi.