Familias de personas con discapacidad advierten por posible cierre de centros terapéuticos y piden medidas urgentes al Gobierno provincial

Madres, padres y familiares de personas con discapacidad de San Luis difundieron una carta abierta dirigida al gobernador y a la comunidad en la que expresan su preocupación por la situación crítica que atraviesan los Centros Educativos Terapéuticos (CET) y Centros de Día, y solicitan la implementación de medidas de emergencia para evitar su cierre.

Según plantearon, las instituciones se encuentran “al borde del cierre definitivo” debido a la falta de actualización del nomenclador nacional y a demoras en los pagos del programa Incluir Salud. Esta situación, indicaron, impide afrontar el pago de sueldos y aguinaldos de los equipos interdisciplinarios, además de los costos operativos básicos.

En el documento, señalaron que estos centros constituyen un espacio esencial para la atención integral de personas con discapacidad, ya que brindan contención diaria, tratamientos terapéuticos, socialización y transporte adaptado. En ese sentido, advirtieron que ni el sistema educativo especial ni el sistema de salud pública cuentan con la estructura necesaria para reemplazar estas prestaciones en caso de cierre.

Asimismo, remarcaron que en la provincia no existen centros de estas características bajo gestión estatal, por lo que una eventual interrupción del servicio implicaría —según afirmaron— “el abandono total” de las personas que asisten a estas instituciones.

En la carta, las familias sostienen que, si bien la deuda corresponde al Estado nacional, el Gobierno provincial debe intervenir como “garante solidario” del derecho a la salud en su territorio. Por ello, solicitaron la creación de un fondo de emergencia en discapacidad, asistencia para el pago de salarios, exenciones impositivas y subsidios para garantizar el funcionamiento de los centros.

También pidieron la conformación de una mesa de emergencia que incluya a autoridades, instituciones y familias, con el objetivo de monitorear la situación hasta que se normalicen los pagos nacionales.

Para este miércoles, volverán a Terrazas del Portezuelo para requerir la asistencia del Gobierno provincial, “ya que de la última reunión no se ha realizado ninguna ayuda tangible”.

La última reunión entre funcionarios del Gobierno y representantes de centros terapéuticos para personas con discapacidad fue el 20 de febrero.

A continuación, el texto completo de la carta abierta:

CARTA ABIERTA Y PETITORIO DE EMERGENCIA
AL SEÑOR GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS A LA COMUNIDAD Y A LOS MEDIOS DE PRENSA:

Hoy, madres, padres y familiares de personas con discapacidad de la provincia de San Luis, nos unimos bajo la misma angustia, pero también con la firme convicción de que la salud de nuestros hijos no puede ser una variable de ajuste.

Nuestros hijos asisten a Centros Educativos Terapéuticos (CET) y Centros de Día, instituciones que hoy se encuentran al borde del cierre definitivo. Debido a la falta de actualización del Nomenclador Nacional y a la mora crítica en los pagos del programa nacional Incluir Salud, los centros no han podido afrontar el pago de sueldos y aguinaldos de sus equipos interdisciplinarios (Maestros Especiales, Psicólogos, Fonoaudiólogos, Kinesiólogos, Fisioterapeutas, Terapistas Ocupacionales, Psicopedagogos, Musicoterapeutas, Psicomotricistas, Nutricionistas, Hidroterapistas, especialistas en Equinoterapia y Transportistas, entre otros).

Asimismo, resulta imposible cubrir los gastos operativos básicos: combustible y mantenimiento del servicio de transporte adaptado, insumos para el comedor, mantenimiento edilicio y el pago de servicios e impuestos tributarios.

Queremos destacar que muchos de estos profesionales y empleados, que constituyen el sostén terapéutico de nuestros hijos en los centros, han estado o están trabajando sin cobrar, enfrentando una situación de precariedad que ya es insostenible.

¿Qué son estos centros y por qué el ESTADO no puede reemplazarlos?

Los Centros Educativos Terapéuticos (CET) y Centros de Día son instituciones de jornada diaria destinadas a personas con discapacidad que requieren un abordaje integral y especializado que supera las capacidades de la escuela o el hospital común. Garantizando el aprendizaje, la socialización, la autonomía y el mantenimiento de capacidades en niños, jóvenes y adultos con niveles de dependencia. Ambas instituciones funcionan como el único sostén de salud, educación y contención social para el concurrente y su familia, brindando equipos interdisciplinarios de planta y transporte adaptado, servicios que hoy el sector público no ofrece.

Queremos aclarar que ni las Escuelas Especiales ni los Hospitales Públicos pueden absorber a nuestros hijos si estos centros cierran, debido a que:
• Las Escuelas Especiales tienen un fin pedagógico y no cuentan con los equipos clínicos-terapéuticos de planta que un CET requiere para el abordaje de patologías complejas y el mantenimiento de la salud.
• El sistema de Salud Pública no está diseñado para la permanencia diaria; no puede ofrecer las 6 u 8 horas de contención, socialización y terapias combinadas que brinda un Centro de Día o un CET. Derivarlos a hospitales sería condenarlos a turnos aislados e insuficientes, rompiendo tratamientos que llevaron años consolidar.

En San Luis, como en el resto del país, NO EXISTEN estos centros bajo gestión estatal. Históricamente, el Estado ha delegado esta tarea en fundaciones y centros privados. Hoy, al no haber una red pública, si estas instituciones cierran por la falta de pago de Nación (que cubre aproximadamente el 80% de sus ingresos), nuestros hijos se quedan sin nada. No hay un “plan B” estatal; el cierre significa, literalmente, el abandono total.

Entendemos que la Provincia de San Luis NO PUEDE ser espectadora de esta situación. Si bien la deuda es de Nación, nuestros hijos son ciudadanos de la provincia. Por lo tanto, el ESTADO PROVINCIAL es garante solidario de la salud en su territorio. Ante la ausencia de centros públicos estatales de estas características (CET, Centros de Día), la caída de los centros privados significa el abandono total de las personas con discapacidad que concurren.

Por lo expuesto, SOLICITAMOS E INTERPELAMOS a las autoridades con carácter URGENTE para que se atiendan los siguientes puntos:
• FONDO DE EMERGENCIA PROVINCIAL EN DISCAPACIDAD: Intervención inmediata para garantizar el funcionamiento de los centros y el pago de los sueldos atrasados.
• EQUIPARACIÓN CON SUBSIDIOS EDUCATIVOS: Que, tal como la Provincia subsidia salarios en escuelas de gestión privada, se cree una partida de auxilio para los salarios de los equipos de salud de estos centros, que brindan un servicio esencial y único.
• EXENCIÓN TRIBUTARIA Y SUBSIDIO DE INSUMOS: Exención inmediata de Ingresos Brutos e Impuesto Inmobiliario para los centros. Implementación de una tarifa social (costo bajo o cero) para luz, agua y gas, y un subsidio directo al combustible para garantizar el transporte adaptado (puerta a puerta).
• MESA DE EMERGENCIA: Apertura de un canal directo entre el Gobierno, los centros y las familias (dando continuidad a lo conversado el pasado viernes 20 de febrero en el Ministerio de Salud) para monitorear la situación hasta que el flujo de fondos nacionales se normalice y se cumpla efectivamente la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793).

Finalmente, pedimos a las autoridades y a la sociedad que no miren hacia otro lado. Un solo día sin centro, un solo día sin terapias, es un paso atrás en un camino que a nuestros hijos les llevó años recorrer. No estamos discutiendo partidas presupuestarias; estamos defendiendo el derecho de los más vulnerables a tener una vida digna, a ser vistos y a no ser olvidados en un rincón de sus casas. Porque una sociedad se mide por la forma en que cuida a quienes más lo necesitan. Por favor, no nos suelten la mano.

FAMILIAS AUTOCONVOCADAS POR LA DISCAPACIDAD

Formularon cargos contra cuatro policías por la muerte de Florencia Morales y dictaron prisión preventiva para dos de ellos

En una extensa audiencia realizada este lunes en el Juzgado de Garantía N° 1 de la Tercera Circunscripción Judicial, con sede en Concarán, el Juzgado de Garantía N° 1 tuvo por formulados cargos contra cuatro efectivos policiales por los hechos vinculados a la muerte de Florencia Magalí Morales, ocurrida el 5 de abril de 2020 en la Comisaría N° 25 de Santa Rosa del Conlara.

Durante la jornada, el Ministerio Público Fiscal imputó al subcomisario Heraldo Reynaldo Clavero, al oficial principal Marcos Dionisio Ontiveros, a la sargento ayudante María Eugenia Arguello y a la oficial Victoria Johana Paola Torres, a quienes se les atribuyen distintos delitos vinculados con la detención y muerte de Morales.

Por esto, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para los dos uniformados y medidas morigeradas para las mujeres, pedidos al que hizo lugar el juez Nicolás Coppola luego de escuchar las partes y analizar cada una de sus exposiciones.

Clavero y Ontiveros fueron enviados al Servicio Penitenciario Provincial por un plazo de 90 días mientras continúa la investigación. A ambos se los investiga por ser presuntos autores de los delitos de privación ilegal de la libertad, tortura seguida de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La audiencia, que se desarrolló entre las 9:43 y las 17:28, fue presidida por el juez Nicolás Damián Coppola y contó con la participación de la fiscal de Instrucción Especializada en Género Adriana Cangelosi, junto a los fiscales Hugo Salazar Molina y Lucila Giampieri. También intervinieron las querellas que representan a la familia de la víctima, el abogado Federico Putelli, y Gerardo Battistón, en representación de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Arguello, en cambio, fue imputada por omisión de denunciar torturas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión o retardo de actos de oficio, mientras que Torres lo fue por omisión de denunciar torturas y omisión o retardo de actos de oficio. A ambas se le impuso, como medidas cautelares, la prohibición de salir de la provincia y del país, la restricción de acercamiento y prohibición de contacto con familiares de la víctima y además deberán firmar periódicamente en el libro en la comisaría más cercana a sus domicilios.

Durante la audiencia, las defensas plantearon diversas nulidades y excepciones —entre ellas la falta de acción, atipicidad y la supuesta violación del principio de non bis in idem-, pero todas fueron rechazadas por el juez.

Finalmente, los abogados defensores solicitaron la revisión de la prisión preventiva, por lo que las actuaciones serán remitidas al Tribunal de Impugnaciones para su análisis. El magistrado además fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación penal preparatoria. Las personas imputadas se abstuvieron de declarar. En la sala de audiencia estuvo presente Celeste Morales, hermana de Florencia.

La teoría del caso del Ministerio Público Fiscal

La teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal sostiene que la muerte de Florencia Magalí Morales no fue un hecho aislado ni espontáneo, sino la consecuencia directa de una serie de decisiones ilegales, abusivas y omisivas adoptadas por personal policial de la Comisaría Nº 25 de Santa Rosa del Conlara el 5 de abril de 2020, en el contexto de las restricciones sanitarias vigentes por la pandemia de COVID-19.

Según la narración fiscal, los hechos ocurridos ese día configuraron un proceso de privación ilegal de la libertad, violencia institucional y tortura psicológica que culminó con el suicidio de la víctima dentro de una celda policial.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, el domingo 5 de abril de 2020, entre las 9:00 y las 19:30 aproximadamente, Morales, de 39 años, salió de su domicilio en la localidad de Santa Rosa del Conlara y se dirigió en bicicleta hacia la comisaría local. Vivía con dos de sus hijos menores y una nieta.

A las 9:00 horas fue registrada por cámaras de seguridad en contramano por calle Santa Rosa de Lima, en dirección a la comisaría. Su intención era encontrarse con un conocido, un cabo de ese destacamento. En ese momento, frente a la dependencia policial se desarrollaba un operativo de control y prevención debido a las restricciones de circulación establecidas por el Decreto Provincial 1823/2020, que regulaba la salida de personas según la terminación del número de DNI.

Mientras circulaba por la esquina del banco cercano, Clavero, que realizaba tareas de control, le ordenó detenerse por la infracción de tránsito. Según la fiscalía, Morales no acató la orden, respondió de manera desafiante y continuó su camino hasta ingresar a la comisaría, dejando la bicicleta afuera.

Aproximadamente quince segundos después, Clavero ingresó también al edificio policial y ordenó que se tomaran los datos de Morales y que quedara demorada, argumentando que lo había insultado en público. Una vez dentro de la comisaría, se verificó que el DNI de Morales terminaba en número impar, lo que —según la normativa vigente durante la cuarentena— implicaba que ese día no debía circular.

En base a ello, el jefe policial decidió iniciar una causa penal por presunta infracción al artículo 205 del Código Penal, que sanciona el incumplimiento de medidas sanitarias. Para avanzar con ese procedimiento, dispuso que el oficial Quiroga se trasladara hasta el juzgado local para buscar a la agente policial Victoria Johana Paola Torres, quien debía cumplir funciones de guardia allí. Las cámaras del Casino Flamingo registraron la salida del móvil policial a las 9:12 y su regreso a las 9:32.

Para la fiscalía, este episodio demuestra la intención deliberada del comisario de retener a Morales en la comisaría pese a que no existía una razón legal suficiente para hacerlo. Como ejemplo de la arbitrariedad del procedimiento, el Ministerio Público señala que un ciudadano que se encontraba en el mismo lugar, con DNI también terminado en número impar, no fue detenido ni demorado.

Forcejeo y traslado al hospital

A las 9:35, una vez presente la agente Torres, el comisario ordenó trasladar a Morales al hospital local para realizar la revisión médica de rutina previa al alojamiento en celda. La mujer se resistió al traslado, lo que generó un forcejeo en el que intervinieron varios policías, entre ellos Ontiveros y Mansilla. Durante ese episodio, uno de los agentes recibió un rasguño en la mano. A partir de ese incidente, a la imputación inicial se sumaron los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves.

La fiscalía sostiene que esa reacción de Morales fue consecuencia directa de una detención arbitraria y que el nuevo cargo fue utilizado como argumento para justificar el accionar policial previamente decidido. A las 9:39 fue trasladada al hospital, donde fue examinada por la médica Daniela Fogel a las 9:45. El informe médico indicó que Morales estaba molesta por la situación, pero no presentaba signos de violencia ni alteraciones que justificaran sedación. Solo se constató un hematoma antiguo en el cuello.

Tras regresar a la comisaría a las 9:56, Morales fue alojada inicialmente en la oficina de guardia. Poco después, por orden del comisario, las agentes Torres y María Eugenia Arguello la trasladaron a una celda donde se le realizó una requisa y se le retiraron objetos personales, entre ellos los cordones de sus zapatillas y las llaves de su casa.

La fiscalía describe las condiciones de la celda como extremadamente precarias: un espacio de aproximadamente dos por tres metros, sin iluminación artificial, con un pequeño ventiluz en altura, sin mobiliario y con el piso sucio, que había sido previamente orinado por otro detenido.

Desde ese momento, según múltiples testimonios, Morales comenzó a gritar y reclamar que la dejaran salir. Manifestaba preocupación porque sus hijos menores habían quedado solos en su casa.

Testigos presenciales y detenidos que se encontraban en la dependencia declararon que durante toda la jornada la mujer lloró, gritó y pidió asistencia médica. Varias personas señalaron haberla escuchado decir que le faltaba el aire y que le dolía la espalda o el cuello.

Incluso un ciudadano que fue llevado momentáneamente a la comisaría para presenciar actuaciones administrativas relató haber escuchado esos pedidos de auxilio. La imputación sostiene que, pese a esos reclamos reiterados, Morales no fue trasladada nuevamente al hospital ni recibió atención médica.

Durante la tarde, una amiga de Morales, acudió en dos oportunidades a la comisaría. Primero le llevó comida y agua, y luego una mochila con ropa y elementos de higiene, ya que la detenida había manifestado que estaba menstruando. En ese contexto, la agente Torres la trasladó a un baño para que pudiera higienizarse.

Últimas horas

Según el relato fiscal, cerca de las 18:30 Morales continuaba gritando y pedía asistencia médica. La agente Torres informó la situación a Arguello, quien a su vez lo comunicó al comisario Clavero. La respuesta del jefe policial fue que ya la trasladarían más tarde.

Un detenido que se encontraba en el patio interno declaró que en determinado momento los gritos cesaron repentinamente. Cuando se lo comentó a Clavero, el comisario respondió con un gesto que —según el testigo— evidenciaba alivio porque la mujer ya no gritaba.

Entre las 19:00 y las 19:30, la agente Arguello se dirigió a la celda para verificar la situación. Al intentar abrir la puerta encontró resistencia y, tras lograr entreabrirla, observó parte del cuerpo de Morales.

Se convocó a Clavero y a otros efectivos, quienes ingresaron a la celda y encontraron a la mujer en el suelo. Ontiveros comenzó maniobras de reanimación cardiopulmonar. Personal del hospital llegó poco después y constató que la víctima ya no tenía signos vitales. Posteriormente se realizaron varias autopsias y una exhumación del cuerpo. Los especialistas en criminalística concluyeron que el surco en el cuello era compatible con una asfixia mecánica por ahorcamiento sin intervención directa de terceros.

“Florencia Magali Morales se suicidó, pero está muerte es imputable a Clavero y Ontiveros, toda vez que ese suicidio fue la consecuencia directa de las torturas psicológicas a las cuales la misma fue sometida”, sostuvo Cangelosi.

Según el Ministerio Público, el suicidio fue la consecuencia directa de un proceso de tortura psicológica y trato degradante al que la víctima fue sometida durante aproximadamente diez horas: detención ilegal, encierro en condiciones indignas, falta de asistencia médica pese a reiterados pedidos y una situación de absoluta vulnerabilidad.

La imputación también remarcó que los policías conocían la situación personal de Morales: una mujer en situación de vulnerabilidad social, atravesada por antecedentes de violencia de género y por el reciente impacto emocional de la muerte de una nieta. En ese contexto, la fiscalía entiende que el accionar y las omisiones del personal policial quebraron psicológicamente a la víctima y la llevaron a quitarse la vida dentro de la celda.

Rechazaron planteo de nulidad presentado por las defensas

Durante la audiencia, las defensas de los policías imputados plantearon la nulidad del Auto N° 38, dictado el 4 de mayo de 2022 por el Tribunal de Impugnaciones, y solicitaron que se anulen también todos los actos procesales que derivaron de esa resolución.

El planteo fue formulado por el Defensor Oficial Penal Nº 2 de la Tercera Circunscripción Judicial, Francisco Pérez, defensa de Torres, quien sostuvo que el Tribunal de Impugnaciones no era el órgano competente para resolver la apelación presentada en la causa, ya que —según afirmó— ninguno de los imputados había hecho uso de la opción prevista en el artículo 343 del Código Procesal Penal de San Luis.

Este artículo establece que las causas penales que ya estaban en trámite cuando comenzó a regir el nuevo sistema procesal pueden continuar bajo el régimen anterior o pasar al nuevo, pero esa elección corresponde a las personas imputadas. La norma busca garantizar el principio del juez natural y el debido proceso, es decir, que las reglas del juicio no cambien de manera inesperada durante el desarrollo de una causa.

Según la defensa, cuando esa opción no se ejerce, determinadas decisiones judiciales —como la intervención de ciertos tribunales— podrían ser cuestionadas. En ese sentido, Pérez argumentó que se habría vulnerado el principio del juez natural. Además, dejó planteado un recurso de apelación per saltum ante el Superior Tribunal de Justicia y realizó reserva de acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a organismos internacionales.

Los abogados Pascual Celdrán y Juan Orlando Villegas, representantes de Clavero, y Enrique Miranda, defensa técnica de Ontiveros y Argüello, adhirieron al planteo. Villegas agregó que los magistrados que integraban el Tribunal de Impugnaciones al momento de dictar el auto cuestionado se desempeñaban de manera provisoria. También anticipó que solicitará juicio político contra esos jueces.

La fiscal Adriana Cangelosi sostuvo que el planteo ya había sido analizado y rechazado por el Superior Tribunal de Justicia, por lo que solicitó desestimar la nulidad y continuar con la audiencia al considerar agotada la vía recursiva. En la misma línea, el fiscal Hugo Salazar señaló que la formulación de cargos busca garantizar el derecho de defensa de los imputados durante la etapa de investigación.

Las querellas también pidieron el rechazo del planteo. El abogado Putelli sostuvo que la oportunidad para cuestionar la integración del tribunal ya había precluido, mientras que Battistón, en representación de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación, coincidió con la fiscalía en que la cuestión ya había sido resuelta.

Tras escuchar a todas las partes, el juez resolvió rechazar la nulidad planteada por las defensas, dejando a salvo las reservas formuladas para eventuales recursos.

Fuente: Prensa Poder Judicial

El Gobierno provincial prepara varias actividades por el 44° aniversario de la Gesta de Malvinas

Este martes en conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain; la directora de Comunidad Educativa, Celeste Aparicio; la secretaria de Vinculación y Cercanía de la municipalidad de San Luis, Ayelén Olivera, y el presidente del Centro de Excombatientes ‘2 de abril’, Ofaldo Lucero, dieron detalles de las actividades que se llevarán adelante en la ciudad de San Luis el 1° y 2 de abril, en la conmemoración del 44° aniversario de la Gesta de Malvinas y el Día del Veterano y Caídos en la Guerra de Malvinas.

“Hemos realizado en días previos las tareas organizativas y preparatorias con distintos ministerios, también con personal de la municipalidad de San Luis, con veteranos de Malvinas, particularmente del centro ‘2 de abril’ y también con las distintas fuerzas de seguridad que tienen asiento en la provincia”, dijo el Ministro.

Y puntualizó: “El 1° se va a realizar la vigilia, que es organizada por la municipalidad de San Luis. Y el 2 de abril se hará el desfile propiamente dicho, que empieza con el acto formal de reconocimiento y conmemoración de los caídos en Malvinas y, posteriormente, el tradicional desfile, que se va a realizar, como todos los años, a partir de las 10:00, en la avenida Lafinur, entre Junín y Las Heras“.

Dijo que este año se da una particularidad: el 2 de abril coincide con el Jueves Santo. Y explicó: “Hemos tenido reuniones con el Obispado, con monseñor Gabriel Barba, quien nos comunicó que existe una limitación litúrgica que imposibilita la realización de la misa, que año tras año se realiza en conmemoración de los caídos, pero que creía oportuna la realización del desfile y en éste realizaremos una invocación religiosa”.

El desfile comenzará luego de los actos protocolares y contará con la presencia del gobernador Claudio Poggi, quien acompañará a los veteranos y a los familiares de los caídos, las asociaciones malvinizadoras, el Ejército Argentino, la Armada, la Fuerza Aérea Argentina, Policía Federal y la Policía Aeroportuaria, dijo.

“Además, estará Gendarmería Nacional, el Instituto Superior de Seguridad Pública, Penitenciaría Provincial y la Policía de la Provincia, con sus distintas divisiones. Contaremos con el paso del Ejército motorizado y el acompañamiento de las bandas del Ejército Argentino y de la Policía de San Luis”, enumeró.

También se sumarán distintas colectividades, asociaciones civiles, los bomberos de la Policía de San Luis y agrupaciones gauchas que, en esta ocasión, desfilarán sin caballo.

“Hace 44 años de la gesta recordamos la memoria de nuestros hermanos que dieron la vida por la Patria, de los padres y madres de nuestros hermanos, de los hijos también. Y nosotros, los que volvimos, tenemos el deber y la obligación de mantener viva la causa Malvinas, esa llama encendida que no se apagará jamás“, expresó Ofaldo Lucero, quien le agradeció al Gobierno de la provincia; al intendente de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa; al ministerio de Educación; a las fuerzas y todas las entidades con las que han trabajado coordinadamente “para este aniversario y que cada año se supere y sea mejor”.

La directora de Comunidad Educativa, Celeste Aparicio, manifestó que para la cartera educativa “es un honor ser parte de esta actividad y este acto conmemorativo”. Contó que la semana pasada convocaron a las escuelas, por medio de circular, para que participen. “Recordemos que en este desfile solamente participan cuerpos de banderas y estandartes, Bandera Nacional, Bandera Provincial, banderas papales u otras banderas institucionales que tengan en la institución. Tienen tiempo de inscribirse hasta el viernes 27 de marzo a las 16:00“, informó.

La concentración de las escuelas será en Lafinur y Pedernera a las 9:00, y que el recorrido será por la avenida, de sur a norte.

Es requisito indispensable participar con el uniforme de la escuela, el institucional, aprobado por el establecimiento educativo. Y recordó que hay que llevar escarapela. “En el caso de las escuelas públicas, autogestionadas y generativas, la inscripción implica la inscripción para el seguro, así que no hay que realizar ese trámite, lo hemos simplificado”, aclaró la funcionaria.

“Ese mismo viernes 27, luego de las 16:00, vamos a enviar a la escuela, por e-mail, el orden que va a tener en el desfile. Por consultas pueden escribir al mail educacionsanluis@gmail.com o llamar a 2664-452000 internos 3322 o 3336“, dijo Aparicio, quien agregó que les compartirán un plano del desfile a las escuelas.

Al respecto del cronograma de la vigilia, la secretaria de Vinculación y Cercanía, Ayelén Olivera, informó: “Para la municipalidad de San Luis es un honor ser parte siempre de esta organización de la vigilia. Vamos a dar inicio a la actividad a las 8:00 con un izamiento de banderas en el Centro Cultural ‘José La Vía’. Y luego, la actividad se va a centrar, a partir de las 18:00 en la Iglesia Catedral. Como bien lo explicaba el Ministro, el 2 de abril no se puede brindar la misa por ser Jueves Santo, entonces se va a dar el miércoles a las 18:00 la misa y después de allí se va a llevar a cabo en la Plaza Pringles una retreta militar, en la cual se hace una demostración de lo que fue la campaña al desierto, donde los soldados estaban perdidos por la neblina y, con las trompetas de la banda, se lograron reencontrar”, refirió.

Y continuó: “Después caminaremos al Correo Argentino y luego hasta el Centro Cultural con las autoridades, los veteranos, la banda del Ejército y todos los vecinos que nos quieran acompañar y sumarse. En el Centro Cultural se llevarán a cabo diferentes actividades. Algunas bandas nos van a estar acompañando en el escenario para luego, a las 00:00, hacer el acto protocolar, el Himno Nacional, el minuto de silencio y cantar la marcha Malvinas. Desde el Municipio queremos agradecer al Centro Veteranos ‘2 de Abril’, que siempre confía en nosotros, e invitar a todos los vecinos, las instituciones y las asociaciones que se quieran sumar”, cerró.

Fuente: ANSL

Realizarán una feria de artesanos en el Paseo del Padre por el Día Nacional del Artesano

La Municipalidad de San Luis organizará este jueves 19 de marzo una feria de artesanos en el Paseo del Padre con motivo del Día Nacional del Artesano. La actividad se desarrollará desde las 10 hasta las 20 horas e incluirá puestos de emprendedores, espectáculos de danza y música en vivo.

La secretaria de Vinculación y Cercanía con el Vecino, Ayelén Olivera, explicó que la propuesta busca reunir a artesanos y emprendedores locales en una jornada abierta a toda la comunidad.

“El Día Nacional del Artesano, por ser el día de San José, se va a llevar a cabo esta feria en el Paseo del Padre. Desde las diez de la mañana y hasta las ocho de la noche vamos a estar allí con emprendedores, artesanos, grupos de ballet folclóricos y algunas bandas que nos van a estar acompañando en el transcurso del día”, señaló la funcionaria.

Además, Olivera invitó a los vecinos a participar de la actividad y recordó que los artesanos que deseen sumarse todavía pueden inscribirse.

“Invitar a todos los vecinos que quieran acercarse, y a los que quieran participar de la feria todavía lo pueden hacer. Se pueden acercar por la oficina del Paseo del Padre y realizar la inscripción allí para poder participar el jueves de la feria”, explicó la funcionaria.

Desde el municipio también remarcaron que la participación en la feria no tiene costo para los emprendedores.

“Desde el municipio nunca se le pone costo a ninguna feria para poder participar. Siempre las convocatorias son de manera gratuita y tratamos de darle la posibilidad a todos de que participen de estas ferias”, afirmó Olivera.

La funcionaria agregó que la comuna mantiene contacto permanente con artesanos y emprendedores a través de un grupo de mensajería que reúne a varios trabajadores del sector.

“Tenemos un grupo de WhatsApp en donde informamos a los emprendedores sobre las ferias. El grupo está compuesto por entre 300 y 350 emprendedores y artesanos”, detalló.

Según explicó, muchos de ellos suelen participar en distintas ferias que se realizan tanto en la ciudad como en otras localidades de la provincia. “Nos van acompañando siempre de acuerdo a la cantidad de ferias que hay en la ciudad y en otras localidades, porque generalmente se mueven a distintas ferias de toda la provincia”, concluyó.

Prevención de estafas bancarias: dictarán capacitaciones en centros de jubilados

La directora de Personas Mayores, Ingrid Blumencweig, y la vicedirectora, Sonia Correa, se reunieron con el gerente del Sector Público Zonal del Banco Nación Argentina (BNA), Esteban Giannin, para avanzar en la implementación del dictado de estas capacitaciones para personas mayores como parte de las actividades que, dentro del programa Grandes Amigos, se implementan, en este caso junto a la dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial del ministerio de Gobierno.

“Las personas mayores constituyen uno de los grupos más vulnerables ante este tipo de situaciones. Por eso tuvimos la idea es sumar al agente financiero de la provincia para el dictado de estas capacitaciones. Queremos realizarlas en los centros de jubilados”, explicó Blumencweig.

“Nuestro objetivo es que las personas mayores se sientan seguras y confiadas al momento de utilizar las herramientas digitales. Desde la Dirección también priorizamos la atención a sus denuncias, brindándoles un trato personalizado y especializado, porque entendemos que merecen una respuesta a la altura de sus necesidades. Todo esto apunta a promover la inclusión digital y a proteger los derechos de los consumidores más vulnerables”, dijo la directora de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Cecilia Hissa.

Blumencweig resaltó que la entidad bancaria ya trabaja en la prevención de estafas por lo que tiene experiencia en la temática. “Nos contaron sobre la plataforma www.mayoresactivos.com.ar, un espacio especialmente pensado para las personas mayores, donde pueden informarse, aprender y explorar las distintas operaciones que se pueden realizar con el banco, además de recibir recomendaciones”, refirió.

Norco SA invertirá más de un millón de dólares para ampliar su planta en Villa Mercedes

El gobernador Claudio Poggi visitó la planta industrial Norco SA en Villa Mercedes, donde la empresa anunció un proyecto de expansión productiva por $1.090.000 dólares, que permitirá modernizar sus instalaciones, sumar tecnología y generar 17 nuevos puestos de trabajo en los próximos dos años.

La visita del Gobernador se enmarcó en la estrategia del Gobierno provincial de fortalecer la articulación público-privada con el sector productivo, promoviendo inversiones que impulsen la actividad industrial y generen nuevas oportunidades laborales para los sanluiseños.

Durante la jornada, el Mandatario fue recibido por autoridades de la empresa, encabezadas por los directores Pablo, Madelaine y Federico Montagner, junto con el intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, y funcionarios del ministerio de Desarrollo Productivo.

Luego de las palabras de bienvenida, se realizó un recorrido por la planta y se presentó el plan de ampliación productiva, que se desarrollará en tres etapas entre 2026 y 2028.

La planta de Norco SA, radicada en San Luis desde 1994, se dedica a la industrialización, comercialización y distribución de materiales siderúrgicos, con servicios de corte y plegado de chapa. Actualmente cuenta con 2.300 metros cuadrados de superficie industrial y emplea a 14 trabajadores.

La directora de la empresa, Madelaine Montagner, explicó que el proyecto apunta a reconvertir tecnológicamente la planta para ampliar su capacidad productiva. “Lo que nos convoca hoy es la inversión que vamos a realizar en San Luis con la reconversión de esta planta. Norco es parte de un grupo económico radicado en Córdoba dedicado a la industria metalúrgica y siderúrgica”, señaló.

La empresaria destacó además el acompañamiento del Gobierno provincial: “Estamos muy agradecidos con la visita del Gobernador y con la respuesta del Gobierno de San Luis. La charla fue muy expeditiva para contar el proyecto de inversión que estamos impulsando y el valor agregado que queremos darle a la región”, expresó.

El plan contempla incorporar nuevas tecnologías para mejorar el procesamiento de materiales y ampliar la capacidad de abastecimiento a distintos sectores industriales. Sobre esto, la Directora detalló: “La inversión busca darle mayor valor agregado a las instalaciones y mejorar el procesamiento del material que hoy ya realizamos, con el objetivo de abastecer otras industrias y especialmente la fabricación de semirremolques y acoplados”.

El proyecto de expansión se ejecutará en tres etapas. La primera etapa, prevista para 2026, contempla una inversión de $365.000 dólares destinada principalmente a infraestructura y modernización tecnológica. La segunda etapa, que se desarrollará entre 2026 y 2027, implicará una inversión de $520.000 dólares y permitirá la creación de ocho nuevos puestos de trabajo.

Finalmente, la tercera etapa, a ejecutarse entre 2027 y 2028, sumará otros $205.000 dólares y generará nueve empleos, completando así la incorporación de 17 trabajadores.

Un detenido y droga valuada en casi 3 millones fue el resultado de un nuevo operativo de la Misión Sarmiento

Este domingo 15 de marzo, en el marco de la Misión Sarmiento y como resultado de una investigación por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico llevaron adelante un procedimiento en la ciudad de San Luis, donde anularon un centro de venta y distribución de drogas.

El allanamiento fue ordenado por el Juzgado Federal de San Luis y se realizó en un domicilio ubicado en el pasaje San Cristóbal.

En ese sitio, la Policía incautó y secuestró envoltorios de nylon que contenía cocaína, suficiente para la elaboración de 484 dosis, valuadas en aproximadamente $2.900.000; envoltorios con marihuana, suficiente para elaborar 6 dosis, valuadas en aproximadamente $24.000; una planta de marihuana; una balanza de precisión; varios recortes de nylon y anotaciones; y $43.600 en efectivo.

Como resultado del procedimiento policial, el magistrado interviniente dispuso la detención e incomunicación de un hombre de 38 años de edad, por infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes.

Tres heridos tras el choque entre una camioneta, un caballo y un móvil policial en la ruta provincial 1

Este lunes 16 de marzo a la madrugada, alrededor de las 00:20, se produjo un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 13 de la ruta provincial 1, cerca de Los Molles.

De acuerdo a las averiguaciones policiales, un hombre de 63 años de edad conducía de norte a sur una camioneta Chevrolet S-10 y en ese sector impactó contra un equino que cruzó de manera repentina por la ruta. Debido a la magnitud del golpe, el animal cayó a la caja de la camioneta y perdió la vida.

A raíz de esa colisión, la camioneta Chevrolet S-10 cruzó de carril y chocó de frente con un móvil policial que circulaba de sur a norte realizando recorridos de prevención por la ruta, y en el cual iban dos efectivos de 27 y 43 años de edad.

Tras el siniestro vial, los tres hombres resultaron heridos y fueron asistidos por personal médico del sistema de salud pública provincial. Posteriormente fueron trasladados en ambulancias hacia el Hospital “Madre Catalina Rodríguez” de Villa de Merlo para recibir atención más compleja, aunque se encontraban fuera de peligro, de acuerdo a la información policial.

En el lugar trabajaron efectivos policiales de distintas dependencias como así también Bomberos Voluntarios de Los Molles.

Hissa afirmó que Transpuntano tiene una rentabilidad social, no económica

Foto: Prensa Municipalidad de San Luis.

Como informó La Gaceta Digital el viernes pasado, el boleto de Transpuntano sube un 15% y pasará a valer $1000 desde el 24 de marzo. El intendente Gastón Hissa habló sobre la suba y afirmó que Transpuntano no tiene una rentabilidad económica sino social, ya que muchos vecinos comenzaron a utilizar el servicio de la empresa.

Desde este lunes 24 de marzo el boleto pasó a costar $1.000, lo que representa un aumento del 15% respecto de los $870 que regían anteriormente y acumula una suba interanual del 33%.

Hissa explicó que el sistema de transporte se mantiene en gran parte gracias al aporte del municipio, que destina alrededor de $500 millones mensuales para sostener el funcionamiento de la empresa.

“Con el incremento del 15% no se mantiene la empresa. Se mantiene con el aporte que le hace el municipio, que es de más o menos $500 millones mensuales”, señaló el intendente.

En ese sentido, el jefe comunal remarcó que el transporte público municipal no se gestiona con un criterio de ganancia económica. “La empresa de transporte es municipal y respetamos siempre la rentabilidad social. No tiene una rentabilidad económica, tiene una rentabilidad social porque es muy valorado el servicio en estos tiempos y en este contexto en el cual estamos”, sostuvo.

Según explicó, el municipio decidió sostener el sistema de transporte pese a los costos operativos y al contexto económico, en parte por el impacto social que tiene el servicio y por la cantidad de usuarios que lo utilizan. “Muchos vecinos se han volcado a utilizar el transporte público urbano”, afirmó.

El intendente también recordó que el sistema incluye beneficios como el boleto gratuito para jubilados y el boleto estudiantil gratuito, lo que reduce la cantidad de usuarios que pagan la tarifa plena.

“Se está subsidiando el transporte público en gran parte teniendo en cuenta que tenemos el boleto gratuito para jubilados y el boleto estudiante gratuito”, dijo.

Hissa además señaló que mantener una empresa municipal de transporte implica un desafío operativo importante y recordó que son pocos los municipios del país que tienen este tipo de sistema.

“Somos uno de los pocos municipios del país que tiene a cargo una empresa de transporte urbano municipal. Hay cuatro municipios en todo el país”, manifestó.

En paralelo al aumento del boleto, el intendente aseguró que el municipio continúa realizando inversiones en el sistema, como la compra de nuevas unidades y mejoras en la infraestructura para los usuarios.

En ese marco, recordó que el municipio ya adquirió cinco colectivos cero kilómetro con una inversión de $1.400 millones y anunció que se incorporarán 20 unidades nuevas de manera paulatina, además de continuar con la instalación de refugios y mejoras en la frecuencia del servicio.

Comenzó el juicio a Cintia Ramírez: “He hecho todo dentro de los parámetros de la ley con amor al deporte de San Luis”

Este lunes comenzó el juicio a la ex secretaria de Deportes de la gestión de Alberto Rodríguez Saá, Cintia Ramírez, quien está acusada de los delitos de peculado, negociaciones incompatibles con la función pública y fraude a la administración e incumplimiento de deberes de funcionario público. Enfrenta un pedido de pena de cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ramírez sostiene que es inocente y que en su gestión se trabajó dentro de la ley.

“Por supuesto”, respondió Ramírez cuando se le preguntó si es inocente. “He hecho todo dentro de los parámetros de la ley con amor al deporte de San Luis con el objetivo de que se encuentre en la cima del país nuestro deporte como lo ha sido. Por hacer, a veces pasa con gobierno odiadores como el que nos está gobernando en este momento”, fueron algunas de las declaraciones que hizo Ramírez a La Gaceta Digital.

El juicio a la exfuncionaria se apoya en dos cuestiones. El presunto sobreprecio de un colectivo usado que fue destinado al equipo de futbol femenino San Luis FC que dio a conocer este medio en diciembre de 2023. El fiscal Francisco Assat afirma que hubo un sobreprecio de $170 millones.

El otro punto por el que se la acusa son por 188 transferencias desde el Ente de Deportes a San Luis FC, instituciones presididas por Ramírez, por un total de $166 millones.

Otro detalle que merece mención es que frente al edificio de Tribunales hoy estuvo estacionado un colectivo con un afiche pegado que lleva la firma el medio poggista El Puntano. “El ultimo gran robo”, dice parte del afiche.

Assat dijo tiene como objetivo demostrar en el juicio que Ramírez en su triple rol de secretaria de Deportes, presidente del Ente Deportes y presidente de San Luis FC realizaba una “circulación de fondos públicos que terminaban beneficiando a esta sociedad privada que ella misma presidió”.

A pesar de las acusaciones en su contra, Ramírez fue clara: “Quiero que la gente sepa y se quede tranquila que hemos trabajado dentro de los márgenes de la ley”.

El primer testigo del juicio fue el ex secretario de Deportes, Gabriel Rivero. Fue el primer funcionario de la actual gestión de Poggi en el cargo. Sin embargo, fue funcionario de un cargo de menor jerarquía en la última gestión de Alberto Rodríguez Saá.

Hay que mencionar que dentro de los próximos días se espera que el ex gobernador Rodríguez Saá declare como testigo de la defensa de Ramírez.