El Tribunal de Impugnaciones de la Primera Circunscripción confirmó la resolución de la jueza de Garantías Luciana Banó, quien a fines de mayo había rechazado un planteo de nulidad presentado por la defensa de la ex funcionaria provincial Cintia Ramírez, imputada por presuntos delitos contra la administración pública.
Los abogados defensores, Marcos Juárez y Ramiro Rubio, argumentaron que se habían vulnerado garantías constitucionales al haberse modificado la calificación jurídica original, pasando de malversación de caudales públicos a peculado. Según sostuvieron, esta modificación afectaba el derecho a una defensa justa, dado que implicaba un cambio sustancial en el contenido de la acusación.
La jueza Banó rechazó el planteo el 29 de mayo, decisión que fue recurrida por la defensa. En una nueva audiencia, celebrada el 25 de junio, los letrados insistieron en que la diferencia entre ambas figuras radica en el destino de los bienes públicos involucrados, y que ello impacta directamente en el ejercicio del derecho de defensa y el debido proceso.
Tanto el fiscal Francisco Assat como el fiscal de Estado, Santiago Calderón Salomón, sostuvieron que no se alteraron los hechos atribuidos a la imputada, sino que simplemente se precisó el encuadre legal. Además, remarcaron que en la audiencia de imputación ya se había mencionado la figura de peculado, por lo que la defensa no podía alegar sorpresa ni afectación al principio de congruencia.
En su resolución, el Tribunal reconoció que las figuras de malversación y peculado presentan diferencias relevantes, pero subrayó que no hubo alteración de la base fáctica, sino únicamente una variación en la calificación jurídica, lo que no vulnera el derecho de defensa. También destacó que la querella ya había introducido el tipo penal de peculado durante la formulación de cargos.
“Del análisis de la audiencia de formulación de cargos surge claramente que la descripción de los hechos imputados por el fiscal ya contenía elementos que subsumían la conducta en la figura de peculado”, sostuvo la jueza Yanina Del Viso, presidenta del Tribunal. En ese sentido, mencionó que la imputada, en su calidad de funcionaria pública, habría beneficiado al Club San Luis Fútbol Club —del cual era presidenta— mediante su actuación funcional. Los jueces Jorge Sabaini Zapata y Laura Molina votaron en el mismo sentido.
El Tribunal también recordó que el fiscal y la querella pueden proponer diferentes calificaciones jurídicas sobre los mismos hechos, siempre que no se cause un perjuicio concreto a la defensa. En este caso, como los hechos no se modificaron, no resultaba necesaria una nueva audiencia de imputación.
“No ha existido alteración de los hechos imputados, y aun considerando la reducción del número de transferencias originalmente detalladas, estos hechos constituyen una unidad de acción en el marco de un delito continuado”, señala otro fragmento de la resolución. Y concluye: “No se evidencia un perjuicio concreto que justifique la nulidad de la resolución dictada, dado que sería una nulidad por la nulidad misma”.
Por todo ello, el Tribunal rechazó el recurso presentado por la defensa y confirmó la validez de la resolución de la jueza Banó. La causa pasará ahora al Colegio de Jueces, que deberá fijar la fecha del debate oral.
¿De qué se acusa a Cintia Ramírez?
La acusación fiscal se divide en dos bloques. En relación con las transferencias bancarias, se le atribuyen los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública (artículo 265 del Código Penal) y peculado (artículo 261). Esta última figura fue propuesta por la querella, representada por Santiago Calderón Salomón, jefe de la Sala Penal de Fiscalía de Estado, y adoptada tras una audiencia convocada por el Procurador General para unificar criterios.
Además, se le imputan hechos vinculados a la compra de un colectivo que habría sido adquirido con sobreprecio. Estos fueron encuadrados como fraude a la administración pública (artículo 174, inciso 5°), negociaciones incompatibles con la función pública y incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248). Los delitos son considerados en concurso ideal y real.
La Unidad Regional de Orden Público N° 2 informó que este viernes, alrededor de las 13:00, se registró un accidente laboral en la empresa Diaser, ubicada en la ciudad de Villa Mercedes.
La vivienda propia es una necesidad que trasciende gestiones, y quedó en evidencia que viene siendo insatisfecha desde hace años, tras hacerse públicos los resultados de la inscripción al plan de viviendas Tenemos Futuro, cuya instancia online finalizó este lunes. Hubo más de 190.000 inscriptos en toda la provincia, y este número supera en un 1.260% la cantidad de inscriptos registrada en 2011 en los planes Progreso y Sueños durante la primera gestión de Claudio Poggi.
Con el inicio de una nueva etapa del Plan TuBi, mi provincia en bicicleta, este viernes comenzó la distribución de bicicletas en escuelas rurales de San Luis. La primera entrega se realizó en la escuela N°28 Cabildo Abierto 22 de Mayo, de Los Puquios, donde 24 estudiantes recibieron sus rodados junto a kits de seguridad y mantenimiento.
La intervención fue practicada a una paciente de 51 años que durante cuatro años se realizó diálisis. Fue posible gracias a la colaboración de un donante de otra provincia.
Desde la Subcomisaría 5ª de La Calera informaron que en la mañana del jueves 24 de julio fue encontrado un hombre de 74 años que había sido reportado como desaparecido el día anterior en el paraje La Tranca.
Tras una extensa disputa interna por el uso del nombre, color y símbolo del partido del presidente Javier Milei, el sector encabezado por el diputado nacional Carlos González D’Alessandro logró el reconocimiento definitivo de La Libertad Avanza como partido político en la provincia de San Luis.
La diputada nacional Natalia Zabala Chacur ratificó que quiere otro período como legisladora y anunció que será precandidata del peronismo provincial para competir por una de las tres bancas por San Luis en la cámara baja en las elecciones nacionales del 26 de octubre.
El proyecto de ley de emergencia económica enviado por el Ejecutivo provincial a la Legislatura ya generó fuertes diferencias entre el oficialismo y la oposición, a pocos días de que comience su tratamiento en la Cámara de Diputados, posiblemente el próximo miércoles. La iniciativa contempla, entre otros puntos, la creación de un fondo social y solidario equivalente a dos meses de sueldos estatales y erogaciones del Plan de Inclusión, como medida preventiva ante una posible mayor caída de la coparticipación nacional.
Sosa Araujo también cuestionó el procedimiento legislativo elegido por el Ejecutivo para prorrogar aspectos del decreto vigente: “Como está vigente este decreto, en el día de hoy (este miércoles) yo hacía la presentación de solicitar la derogación de ese decreto. Lo anuncié la semana pasada y el mismo día que anuncié, se arma el expediente para pedir una nueva prórroga de la ley de emergencia que dentro de la técnica legislativa no es correcto, porque ya la vigencia venció. Si quieren hacer una nueva ley tienen que hacerla nuevamente declarando una emergencia y no haciendo una prórroga de ciertos artículos que pretendían. Si la emergencia dura un año prorrogable por un año, no podías aplicarlo por cuatro”.
El intendente Gastón Hissa anunció este jueves que envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para crear el programa “Comercio amigo de las mascotas”, que busca fomentar espacios “pet friendly” en locales comerciales de la ciudad de San Luis. La iniciativa incluye incentivos impositivos para los comerciantes que se adhieran de forma voluntaria, y forma parte de una política más amplia vinculada a la salud y la tenencia responsable de animales, según manifestó.