Este miércoles 29 de abril, la Justicia dispuso la prisión domiciliaria para Matías Escudero, el efectivo policial imputado por la golpiza a Brian Arévalo, en el marco de una audiencia multipropósito que se extendió por casi tres horas, debido a que el juez Marcos Flores Leyes tuvo que atender una situación que lo requería en la penitenciaría, por lo que hubo que realizar un cuarto intermedio.

Según informó a este medio el abogado Nedo Gómez, representante de la querella, durante la audiencia “todos los planteos de la defensa (de Escudero) fueron rechazados”, en referencia a la excepción de tipicidad, la nulidad del proceso y el intento de incorporar evidencia en esa instancia, mediante una proyección de imágenes y videos.

En cuanto a la medida, explicó que “la prisión preventiva se modificó a domiciliaria, pero esto no significa que se hayan bajado los días”, y precisó que el imputado “tiene que cumplir con la totalidad de los noventa días, con la diferencia que no va a estar alojado en el servicio penitenciario, sino que lo va a hacer en la casa”.

Además, el juez dispuso restricciones específicas. “Se dispuso la restricción para con el damnificado, para con la víctima, y así también el impedimento de contacto con sus compañeros de la policía”, señaló Gómez.

Durante la audiencia también declaró Escudero “y reconoció el hecho”, afirmó el abogado.

El caso se remonta al 9 de abril, cuando Brian Arévalo fue interceptado por efectivos policiales en la peatonal Mendoza del barrio 292. Según la acusación, el procedimiento derivó en una agresión física que le provocó lesiones graves, entre ellas fracturas en el rostro.

Por estos hechos, Escudero fue imputado por lesiones graves agravadas por su condición de funcionario público, abuso de autoridad y apremios ilegales, y en un primer momento se le dictó una prisión preventiva de 90 días en el Servicio Penitenciario. Esto fue calificado como un “exceso” por la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, y el gobernador Claudio Poggi.

En el marco de la investigación, la fiscalía sostuvo que el efectivo no habría actuado solo y no descartó nuevas imputaciones, mientras que también se analizan posibles irregularidades en el accionar policial posterior al hecho.

El Tribunal de Impugnaciones en lo Penal de la Segunda y Tercera Circunscripción Judicial confirmó la formulación de cargos en la causa por la muerte de Magalí Morales y, a pedido de la querella, agravó la imputación para dos de las acusadas, a quienes ahora se les atribuye el delito de torturas seguidas de muerte en calidad de coautoras.

La resolución, adoptada por mayoría, rechazó los recursos de apelación y revisión presentados por las defensas y confirmó parcialmente lo dispuesto en la audiencia de formulación de cargos del pasado 16 de marzo, manteniendo la causa en etapa de investigación penal preparatoria.

Además, se ratificó la prisión preventiva para los imputados Heraldo Reynaldo Clavero y Marcos Dionisio Ontiveros, y se dispuso la misma medida —por un plazo de 90 días— para María Eugenia Argüello y Victoria Johana Paola Torres, en función de los riesgos procesales evaluados.

El Tribunal también señaló que en la causa coexisten dos hipótesis: la sostenida por la Fiscalía y la impulsada por la querella particular. Ambas líneas podrán desarrollarse durante los 120 días previstos para la investigación, plazo en el que el Ministerio Público Fiscal deberá avanzar hacia una eventual audiencia de control de acusación.

La causa se originó a partir de los hechos ocurridos en abril de 2020 en una dependencia policial de Santa Rosa del Conlara, en el contexto de las restricciones sanitarias vigentes.

En la audiencia de formulación de cargos realizada el 16 de marzo, los cuatro imputados habían sido acusados por distintos delitos vinculados a la detención y muerte de Morales. En ese momento, el juez Nicolás Coppola había dispuesto la prisión preventiva para Clavero y Ontiveros, mientras que para las dos mujeres se habían dictado medidas menos gravosas.

Con esta nueva resolución del Tribunal de Impugnaciones, la situación procesal de Argüello y Torres se agravó tanto en la calificación legal como en las medidas de coerción, al quedar también bajo prisión preventiva.

Fuente: Prensa Poder Judicial

Después de más de cinco años y medio desde que se radicó la denuncia, este miércoles por la mañana se concretó finalmente la audiencia de formulación de cargos contra un hombre acusado de abuso sexual agravado en perjuicio de una menor. La causa avanzó a la etapa de investigación penal preparatoria, aunque el imputado continuará en libertad.

La audiencia se realizó en la Primera Circunscripción Judicial y fue encabezada por la jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, con intervención de la Fiscalía de Género N° 2, a cargo de Delia Bringas, junto a la fiscal adjunta Marisol Boschi. También participaron las abogadas querellantes Fernanda Pereyra Jameson y Estrella Marín, además de los defensores del imputado, Federico Farías, Victoria Robledo y Ana María López.

Según la acusación fiscal, el hombre mantenía un vínculo de confianza con la familia de la víctima —era padrino de una de sus hijas y era conocido como “tío”— y, en ese contexto, habría cometido el hecho cuando la niña, que en ese momento tenía 11 años, se encontraba bajo su cuidado. La calificación legal provisoria es la de abuso sexual agravado por su condición de guardador y por el grave daño en la salud mental de la víctima.

De acuerdo a lo expuesto durante la audiencia, la joven —hoy mayor de edad— presenta un cuadro que incluyó trastornos alimentarios severos, internaciones y al menos un intento de suicidio, lo que fue considerado como parte del daño acreditado en esta instancia.

“Por fin, después de cinco años y medio, sucedió la formulación de cargo”, dijo Pereyra Jameson tras la audiencia, y agregó que “hoy tuvimos la posibilidad de que se le dijera de qué cargos se lo acusa”.

En la misma línea, remarcó la existencia de elementos de prueba incorporados a la causa, lo que hace aún más insólitas las demoras. “Tenemos una cámara Gesell contundente, donde habla del abuso sexual de esta persona”, afirmó, y sumó que también hay “pericia psicológica de oficio” y distintos testimonios. “Estamos hablando de pruebas del propio Poder Judicial”, enfatizó.

Por su parte, Marín aclaró que, si bien la imputación corresponde a un único hecho, ellas además representan a tres hermanas que también han denunciado a esta misma persona por abuso, aunque la causa ya ha prescripto.

Uno de los puntos más cuestionados por la querella fue la extensión del proceso hasta llegar a esta instancia. “Cinco años y medio de recursos, de trabas que ha hecho la defensa, ya es irrisorio”, sostuvo Marín, y advirtió: “Ya no se trata de un debido proceso, porque nos olvidamos de la víctima”.

En ese sentido, Pereyra Jameson también apuntó a las dilaciones. “Es muy difícil recolectar pruebas en estos casos, y acá las hay. Estuvimos cinco años y medio para un proceso que debería haber arrancado a los meses de haber hecho la denuncia”, señaló la abogada, quien consideró que la defensa realizó “un montón de cosas que son paupérrimas”. A modo de ejemplo, contó que luego de que el fiscal Francisco Assat “pudo contestar una vista que no le favorecía al imputado”, la defensa lo recusó y contrató como abogado al padre del fiscal.

Durante la audiencia, la fiscalía solicitó medidas cautelares como la prohibición de salida de la provincia, la obligación de presentarse periódicamente ante la Fiscalía y una restricción de acercamiento respecto de la víctima, las cuales fueron concedidas por la jueza. Sin embargo, se rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por las querellantes, al considerar que no hay riesgo procesal para la causa.

“Nosotros la pedimos”, indicó Pereyra Jameson, quien cuestionó la decisión al sostener que el imputado “anda por las calles de San Luis sin problema” y que “va al barrio República a visitar a niños”.

Marín confirmó que el acusado “llegó en libertad y se fue en libertad” y detalló que deberá firmar mensualmente durante 120 días, no podrá salir de la provincia sin autorización, salvo por cuestiones de trabajo o de salud, y que tendrá una restricción de acercamiento de 300 metros con respecto a la denunciante.

Desde la defensa, en tanto, se rechazó la acusación y se cuestionaron los elementos probatorios, en particular el informe de Cámara Gesell, al sostener que no contiene “indicadores de abuso”. También se planteó que no está acreditado el vínculo entre el hecho denunciado y el estado de salud actual de la joven.

Otro de los planteos que se discutieron durante la audiencia fue el intento de la defensa de apartar a los padres de la denunciante como querellantes en la causa. Sostuvieron que, al ser la joven actualmente mayor de edad, no estaban formalmente habilitados para intervenir. Sin embargo, la jueza Banó rechazó ese pedido al considerar que, en función de la normativa vigente y la situación de vulnerabilidad acreditada, los familiares cercanos pueden participar del proceso cuando existe una afectación que limita el ejercicio pleno de derechos.

Al momento de resolver, la jueza Banó formalizó la investigación y consideró que la prisión preventiva es una medida excepcional, que no correspondía en esta instancia, teniendo en cuenta que el imputado se mantuvo a derecho durante el proceso.

Otro aspecto que fue destacado por la querella es que la causa estuvo cerca de prescribir. “Estamos festejando, porque la realidad es que habían pedido la prescripción”, dijo Pereyra Jameson, y agregó: “Cinco años y medio después, al fin podemos decir que arrancamos”.

Por su parte, Marín explicó que el proceso recién inicia su etapa central. “Estamos lejos del juicio, sí, pero hoy, por primera vez, después de cinco años y medio, le formularon cargos”, señaló.

La investigación tendrá ahora un plazo de cuatro meses para la recolección de pruebas, tras lo cual se realizará la audiencia de control de acusación y, eventualmente, la elevación a juicio.