El intendente de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa, encabezó este lunes un nuevo operativo del programa La Muni Más Cerca en el barrio José Hernández, donde repasó distintas medidas vinculadas a reclamos vecinales, servicios urbanos y controles en la vía pública.

En primer lugar, el jefe comunal se refirió a los operativos para detectar y retirar caños de escape adulterados, una de las principales quejas en distintos sectores de la ciudad. “A raíz de operativos de la Muni Más Cerca, la principal inquietud que tenían los vecinos eran los ruidos molestos”, explicó.

En ese marco, detalló que realizaron un operativo sorpresa en la zona del puente Favaloro, donde secuestraron una importante cantidad de escapes modificados. “Logramos rescatar 170 o casi 200 escapes adulterados, que los tenemos nosotros, y los vamos a proceder a destruir”, indicó. Según adelantó, la destrucción se realizará mediante una aplanadora este miércoles por la tarde. Además, anunció que este tipo de controles continuarán en otros puntos como la plaza Desatanudos, la plaza del Carmen y el barrio San Martín.

Por otro lado, Hissa anunció la presentación de nuevos contenedores de residuos para el microcentro, en el marco de un plan de recambio total del sistema. “Hace diez años que no se recambiaban estos contenedores. Tomé la decisión de hacer la inversión para el recambio de los mismos”, afirmó.

El intendente precisó que ya llegaron las primeras unidades. “Adquirimos 150 contenedores y ya llegó la primer tanda de 40”, señaló Hissa, quien adelantó que serán presentados oficialmente el miércoles en el playón del Centro Cultural José La Vía. Además, explicó que el sistema incluirá un camión hidrante para la limpieza y desinfección de los recipientes, junto con un nuevo camión de carga lateral que se sumará a la flota municipal.

Finalmente, el intendente se refirió al operativo de este lunes en el barrio José Hernández, donde se desarrolló el abordaje número 75 del programa la Muni más Cerca. “Han venido muchos ciudadanos a pesar de la lluvia, más de 150 vecinos se han acercado a realizar trámites”, destacó.

Según detalló, los servicios más demandados fueron los vinculados a zoonosis, atención primaria de la salud y gestiones relacionadas con la tarjeta SUBE y los boletos gratuitos. “La municipalidad está en un espacio público, en una plaza, al servicio de nuestros vecinos”, expresó.

Además, adelantó que el programa continuará con un nuevo operativo en la zona norte y con reuniones vecinales para escuchar reclamos y sugerencias. “Mucho contacto con el vecino, de primera mano con el ciudadano”, concluyó.

La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, presentó a la nueva Comisión de Intervención de la Federación de Bomberos Voluntarios de San Luis. La intervención detectó que más de $87 millones en subsidios nacionales recibidos entre 2020 y 2023 no fueron rendidos, y que no se cuenta con documentación respaldatoria de más de $22 millones. Radicaron una denuncia penal por administración fraudulenta.

La ministra de Seguridad de la provincia, Nancy Sosa, encabezó este lunes una conferencia de prensa junto con integrantes de la nueva comisión de intervención de la Federación de Bomberos Voluntarios de San Luis, en la que se informó sobre el estado administrativo de la entidad y los pasos judiciales y administrativos que se están realizando.

El director de Prevención y Gestión de la Emergencia, Gustavo Albornoz, abrió la conferencia destacando la importancia de contar con una federación organizada y bien administrada, y subrayó la necesidad de avanzar en la consolidación de una escuela de capacitación para el sistema de bomberos voluntarios de la provincia.

Roxana Díaz, quien asumió como interventora de la Federación, describió el estado en que encontró la institución: infraestructura abandonada, servicios de luz y gas cortados, y mobiliario deteriorado. A ello se sumaron irregularidades en el manejo del parque vehicular, entre ellas la desaparición de un vehículo dado de baja como destrucción total, del que no se encontró ni rastro físico ni documentación respaldatoria.

Díaz detalló que, en contacto con el ministerio de Seguridad de la Nación, se constató que la Federación recibió subsidios en los años 2020, 2021, 2022 y 2023, bajo dos conceptos: funcionamiento y capacitación. El total recibido en ese período asciende a $87.304.425,61, ninguno de los cuales fue rendido ante Nación.

De los comprobantes de gastos aportados por el contador de la entidad, solo se pudo validar documentación por $27.196.216,96. Otros $2.705.970,07 corresponden a comprobantes sin validez fiscal (sin CAE, sin número de boleta o presentados como tickets). En tanto, no existe ninguna documentación respaldatoria para un faltante de $22.914.220,01.

La interventora precisó que, en la actualidad, el Ministerio de Seguridad de la Nación ya no acepta rendiciones en papel, por lo que la totalidad de la deuda $87.304.425,61 deberá ser devuelta en efectivo.

El abogado Emiliano Vera, quien se incorporó a la Comisión de Intervención en carácter de asesor letrado, informó que se radicó una denuncia penal ante la Unidad de Abordaje Fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial, organismo con competencia para investigar este tipo de delitos.

La denuncia fue presentada contra Damián Gómez y Nelson Gómez, en principio por el delito de administración fraudulenta, aunque Vera aclaró que la calificación podría ser ampliada por la Fiscalía en el transcurso de la investigación. En los próximos días se esperan citaciones para ratificar la denuncia y aportar la documentación recabada durante la intervención.

El abogado señaló que no existen antecedentes en la provincia de denuncias de esta naturaleza contra representantes de la Federación de Bomberos.

Por su parte, la ministro Sosa explicó que la Comisión de Intervención fue ampliada por resolución de Personería Jurídica: a Roxana Díaz se suman el presidente de la Asociación Bomberos de El Volcán, Miguel Ángel Díaz, y Emiliano Vera. Esta decisión responde a la necesidad de contar con representación jurídica ante el proceso judicial iniciado y de acreditar ante Nación los pasos administrativos realizados.

Sosa puntualizó que la normalización de la Federación es urgente, ya que la situación actual impide acceder a nuevos subsidios nacionales que, a valores actuales, rondarían los $400 millones: “Si ustedes piensan, con 200 millones de la capacitación podríamos tener un gran grupo de nuestros bomberos voluntarios capacitándose en el exterior tranquilamente. Y podrían estar equipados con mucho material, que no tenemos, o vehículos para lo que tiene que ver con la operatividad”.

Como siguiente paso, la Comisión solicitará una audiencia al ministerio de Seguridad de la Nación para establecer las condiciones de regularización, que incluirá la devolución de los fondos adeudados. “Los fondos no son de las personas; son del pueblo que aporta y deberían ir destinados a la capacitación”, afirmó Sosa.

Fuente: ANSL

Con una política en materia de seguridad que incluye, como eje destacado, capacitar y dotar a los efectivos de recursos y mejores condiciones para ejercer su labor diaria, este lunes al mediodía, el gobernador Claudio Poggi encabezó el acto de inauguración de la puesta en valor de las cocheras y techos de la Jefatura de Policía. La obra implicó una inversión de $144.025.605.

La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, junto al jefe y el subjefe de la fuerza provincial, Juan Carlos Serrano y Néstor Miranda, respectivamente, le dieron la bienvenida al Primer Mandatario provincial.

Al inicio del acto, el capellán Aníbal Sosa realizó una invocación religiosa y una bendición de las nuevas instalaciones. Luego, tomó la palabra la directora de Infraestructura en Seguridad, Leila Vega. Detalló que la obra que se llevó a cabo es la mejora integral tanto en el edificio de la Jefatura como de su entorno, para la preservación edilicia.

La intervención comprendió la ejecución de cubierta para 50 cocheras, para proteger los vehículos frente a las inclemencias del tiempo. Abarca una superficie total de 850 metros cuadrados semicubiertos. Se realizó una estructura metálica de diseño funcional, que garantiza durabilidad y bajo mantenimiento, explicó Vega.

Dijo que, por otro lado, se hizo el recambio integral de los policarbonatos de arcos y la cúpula de edificio central, una tarea fundamental para recuperar las condiciones óptimas de iluminación natural en los espacios interiores y restauración de la estanqueidad. Precisó que el plazo de obra fue de 60 días.

Después, la ministra de Seguridad Sosa agregó: “Estamos dándole una utilidad a la cochera de la Jefatura Central, haciendo la cochera cubierta. Sabemos que éste es el resguardo de los móviles del Comando, que no lo tenían. Había que pensar en esto porque tenemos que cuidar la flota vehicular. Tenemos muchos eventos climáticos y, en este sentido, es oportuno y propicio tener en cuenta estas cuestiones. De la misma manera lo estamos haciendo en las distintas dependencias que ponemos en valor, proveyendo el lugar para el cuidado de los patrulleros. Y lo mismo en la Unidad Regional N° 2, donde se está haciendo la base unificada de la Comisaría 8° y el Comando Radioeléctrico“.

También era necesario cambiar la cubierta de policarbonato. “Vamos por etapas, de lo más urgente a lo menos urgente, atendiendo cada una de las situaciones”, manifestó y marcó que estas acciones “se enmarca en este fortalecimiento institucional que tiene que ver no solo sobre el recurso humano, sino también sobre la flota vehicular y sobre la infraestructura”.

“Tenemos por delante un año con muchos desafíos en materia de capacitación, de infraestructura y de equipamiento”, dijo la Ministro, quien le agradeció al Gobernador y a los policías por las tareas que desarrollan en cada una de sus áreas. “Vemos a diario los resultados en la lucha contra el narcotráfico, con la operatividad cotidiana en la minoridad. Seguimos trabajando para dar respuesta, para estar a la altura de las circunstancias”, aseguró Sosa.

Por su parte, el Gobernador expresó: “Estamos mejorando, ampliando, dándole dignidad a lo edilicio, para que el recurso humano que trabaje aquí o el ciudadano que venga a hacer un trámite se encuentre cómodo. Y, por supuesto, con las instalaciones de cocheras y el arreglo de los policarbonatos, por los que ahora entra la luz”.

Esto, explicó Poggi, forma parte de la política integral de seguridad que impacta también en la confianza que tiene un ciudadano, por ejemplo, que va a hacer una denuncia. “Hemos puesto en valor destacamentos y comisarías en el interior, que la verdad que era totalmente deplorable la situación”, dijo.

“Si hay algo que cambió en San Luis a partir de diciembre del 2023 fue el respaldo total y absoluto a la fuerza policial, a su accionar. La institución venía manoseada, politizada por la conducción, no por los agentes. Distorsionaba su tarea. Eso cambió absolutamente. Solamente planteamos profesionalizar a los efectivos, dotarlos de equipamiento, de mejoras de edilicias, de capacitación. Esa es la política de seguridad que tenemos a favor de la fuerza de policía. Así que siempre manifiesto, cada vez que puedo, ante ustedes y ante las máximas autoridades de la Policía, mi respaldo absoluto al accionar policial. Sepan que siempre que voy a estar del lado de las fuerzas de seguridad”, dijo.

Luego, Poggi, la Ministro, las autoridades policiales y el personal policial realizaron el tradicional desatado de la cinta en las cocheras.

Fuente: ANSL

La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, fue consultada, en la conferencia de prensa que dio este lunes, al respecto de las amenazas por tiroteos que se registraron en escuelas de la provincia y que determinaron tanto la intervención de la Policía de San Luis y la Justicia, así como el abordaje por parte de las autoridades del ministerio de Educación.

“Hace 15 días, lo que inició como una causa en Fiscalía pasó a una causa en el Juzgado de Menores. No sabemos la continuidad de ese proceso, pero entendemos que es importante prestar atención. Tenemos todo el sistema de emergencia en tensión y va a continuar hasta que estas situaciones cesen o se esclarezcan”, afirmó Sosa.

“El Ministerio de Seguridad trabaja en coordinación, como lo hizo desde la primera alerta presentada hace casi dos semanas (el martes 7 de abril), en conjunto con los ministerios de Educación y Salud. Hoy llegó también un oficio del Ministerio Público Fiscal (MPF) para conocer cuáles son las medidas que se han tomado”, dijo Sosa. 

La ministra también aseguró que se realiza “un recorrido preventivo” en todos los centros escolares y que se han activado “todos los corredores sanitarios y escolares, de manera tal de tener en alerta al sistema por cualquier cuestión que pueda surgir”.

“De la misma manera, hemos colaborado con Educación para la individualización de aquellos estudiantes que han hecho estas amenazas. Por supuesto, es sugerencia de este Ministerio hacer las denuncias correspondientes, que recaerán en los menores o en los tutores, como corresponde. Después quedan bajo la órbita del MPF las acciones judiciales a continuar y, por el ministerio de Educación, las acciones pertinentes”, continuó Sosa.

Al respecto, Sosa recordó que hay un decreto que determina que, ante estas cuestiones que suceden dentro del ámbito escolar, se pueden aplicar sanciones tales como suspender las becas y quitar las Estampillas Escolares. “Me parece que hay que tomar medidas serias y urgentes, como lo han hecho el resto de las provincias. Hay establecimientos en los que uno puede observar hoy, por ejemplo, oficiales de policía en la puerta. Cuando hay una medida inminente, como nos pasó la semana pasada, donde se procedió al secuestro de un arma blanca, la Policía toma intervención en razón de la acción inmediata, y también el secuestro de un arma tumbera”, refirió la ministra.

Asimismo, señaló que “todo se pone en conocimiento de la Justicia”, que es quien toma las decisiones. “La Justicia ordena el secuestro inmediato o no del elemento. Lo mismo, la Policía dentro del establecimiento lo realiza y después la Justicia determina los pasos a seguir”, remarcó.

Otras acciones que se llevan a cabo consisten en “una actuación procedimental, que tiene que ver con la toma fotográfica, las declaraciones y los horarios, que después se aportará si la Justicia así lo requiere”, refirió.

“Los teléfonos del 911 están activos y con alerta máxima para lo que tiene que ver con las escuelas. Después, los directivos de la escuela se manejan con el ministerio de Educación, siguiendo un protocolo que tiene que ver con un Comunica Situación, con la Justicia”, refirió.

Consultada sobre si la fuerza realiza la revisión de mochilas, aclaró que no. “Salvo un requerimiento específico, no ingresamos al establecimiento. Sí estamos activando los corredores escolares, que tienen que ver con recorridas preventivas continuas y con detención del patrullero o la moto en la puerta de la escuela”, informó.

La esposa de Matías Escudero, el efectivo policial imputado y con prisión preventiva por la golpiza a Brian Arévalo, se encadenó este lunes frente al edificio del Poder Judicial y reclamó por su situación procesal. Se trata de Luciana Sánchez, también integrante de la fuerza, quien cuestionó el accionar de la Justicia y sostuvo la inocencia de su marido.

“Se lo llevaron, no le dieron ocho días de prórroga, nada. No pudo defenderse”, dijo Sánchez ante la prensa mientras permanecía encadenada. “Me privaron la libertad con él, privaron una familia. Tiene una bebé de nueve meses. Mi marido no asesinó a nadie. Mi marido fue uno de los lesionados”, continuó la mujer, en referencia al impacto de la detención en su entorno familiar.

Ante la pregunta sobre si su esposo había tenido derecho a defensa, respondió de manera tajante: “Nada”. Asimismo, aseguró que no recibió presiones por parte de otros efectivos para abandonar la protesta.

En ese marco, explicó cuál es su principal reclamo: “Quiero que mi marido venga a sacarme las esposas y la cadena. Él no tiene que estar ahí. Mi marido es inocente”, sostuvo.

Respecto a lo ocurrido el día del hecho, indicó que no pudo dialogar con su esposo tras la detención. “No pudimos hablar nada, no. No pudimos, fue todo rápido. La Justicia actuó rapidísimo. Un asesino tuvo defensa y un efectivo policial, no. Imagínese lo que estamos como sociedad. Nosotros somos humanos también”, manifestó.

Finalmente, cuestionó la información oficial del caso y aseguró que se enteraron de la imputación a través de los medios. “Apremios ilegales, lesiones. Salió en todos los medios, nosotros nos enteramos por los medios. No hay notificación, nada, es todo inventado. Actuó mal la justicia”, concluyó.