La Cámara de Diputados de San Luis dio media sanción este miércoles, por 27 votos a favor y 10 en contra, el proyecto de Ley de Adecuación del Régimen Procesal Penal Juvenil, impulsado por el gobernador Claudio Poggi para adaptar la legislación provincial a la nueva normativa nacional que redujo la edad de imputabilidad penal a los 14 años. Durante el debate, el oficialismo defendió la necesidad de establecer procedimientos específicos para adolescentes en conflicto con la ley, mientras que la oposición cuestionó la falta de precisiones sobre los recursos, la infraestructura y el personal necesarios para poner en funcionamiento el nuevo sistema.
La iniciativa modifica el Código Procesal Penal de San Luis y la Ley Orgánica de la Administración de Justicia para incorporar disposiciones destinadas a adolescentes de entre 14 y 18 años. Entre otros aspectos, contempla garantías procesales especiales, mecanismos alternativos a la privación de la libertad y medidas orientadas a la reparación del daño y la reintegración social.
El oficialismo defendió la adecuación a la legislación nacional
La diputada oficialista Fabiana Zárate fue una de las encargadas de fundamentar el proyecto. Durante su intervención, explicó que el Congreso Nacional tiene competencia para establecer las normas penales de fondo, pero corresponde a las provincias regular los procedimientos judiciales para su aplicación. En ese sentido, sostuvo que, tras la sanción de la Ley Nacional 27.801, “es obligación de las provincias adecuar sus códigos de procedimiento”.
Zárate también señaló que, independientemente de las posiciones sobre la reducción de la edad de imputabilidad, existía una necesidad de actualizar el régimen penal juvenil, cuya legislación anterior databa de 1980.
La legisladora destacó que la nueva normativa debe respetar las garantías constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos, particularmente la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que la privación de la libertad de los adolescentes debe utilizarse como último recurso y durante el menor tiempo posible.
Entre las disposiciones del proyecto se establece que los adolescentes deberán contar con asistencia especializada, recibir información comprensible sobre las actuaciones judiciales y tener garantizado su derecho a ser escuchados. También se contemplan mecanismos de protección de su identidad y privacidad, así como la utilización de Cámara Gesell en determinadas circunstancias.
La iniciativa incorpora herramientas como el criterio de oportunidad, la mediación penal juvenil, la suspensión del proceso a prueba y el juicio abreviado. Además, prevé medidas que incluyen amonestaciones, prohibiciones de contacto o de concurrencia a determinados lugares, servicios comunitarios, monitoreo electrónico y reparación del daño causado.
En los casos que requieran privación de la libertad, los adolescentes deberán permanecer en establecimientos especializados, separados de las personas adultas y bajo supervisión de personal capacitado.
Zárate remarcó que los operadores judiciales tendrán la responsabilidad de “no solo atender a la punición de los hechos y la reparación de la víctima, sino también a la protección de los adolescentes que se encuentran en situación de conflicto con la ley penal”.
Caymes cuestionó que no se especifiquen los recursos para aplicar la ley
Desde la oposición, el presidente del bloque opositor, Lucas Caymes, centró sus críticas en la falta de previsiones concretas para implementar el régimen. Si bien reconoció que la legislación establece nuevas responsabilidades para el Estado provincial, consideró que el proyecto no explica cómo se cumplirán.
“La discusión que presentamos es si este proyecto viene con lo necesario para realizar y para que se cumpla de manera correcta esta ley, y lo que creemos es que no acompaña. El proyecto crea obligaciones, que son nuevas para el Estado, y son costosas, pero cuando uno busca cómo se va a llevar a cabo o cómo se va a realizar el cumplimiento de esto, encuentra solo que el artículo 20 dice que el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio Público deberán dictar normas reglamentarias y adoptar las medidas necesarias. No dice cuándo, no dice quién y no dice con qué dinero”, manifestó.
Uno de los aspectos señalados por Caymes fue la ausencia de precisiones sobre los establecimientos donde se alojará a los adolescentes que deban cumplir medidas privativas de la libertad. Según el legislador, aunque el gobernador Poggi realizó anuncios relacionados con esa infraestructura, las previsiones no aparecen detalladas en el texto sometido a votación.
También cuestionó el sistema de supervisores previsto para el seguimiento de los adolescentes y señaló que la propuesta deja aspectos centrales sujetos a futuras reglamentaciones. “El proyecto delega toda la reglamentación, no crea el organismo y no fija cuántos supervisores ni dónde van a funcionar”, sostuvo Caymes, quien consideró que, ante la falta de información sobre la implementación, “la Cámara está votando siempre a ciegas”.
En respuesta a estos cuestionamientos, la diputada oficialista Eugenia Gallardo aseguró que el presupuesto de 2027 contempla los gastos necesarios para adecuar tanto la infraestructura como el funcionamiento del nuevo régimen. También mencionó una licitación de vehículos destinados a la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF).
“Están previstos para 2027 gastos que van a ser necesarios para adecuar tanto la infraestructura como el funcionamiento de todo lo que este nuevo régimen demanda”, afirmó Gallardo, refiriéndose a los anuncios realizados por Poggi el pasado 15 de octubre.
Sosa Araujo criticó la falta de participación de especialistas y la reducción de personal judicial
La diputada opositora Silvia Sosa Araujo también expresó reparos sobre la elaboración del proyecto, particularmente por la participación de los profesionales que deberán intervenir en su aplicación.
La legisladora cuestionó que el oficialismo mencionara consultas con “operadores del Poder Judicial”, pero no precisara la participación de los 4 jueces penales juveniles de la provincia. Además, preguntó por qué no fueron convocados los colegios de abogados y procuradores. “Va a pasar lo mismo que pasó la sesión pasada con los fiscales. No involucramos en las leyes a las personas que saben, que están en la materia, que son los que tienen que trabajar”, cuestionó.
Sosa Araujo vinculó esta situación con las modificaciones realizadas en la estructura del Poder Judicial y recordó que, durante el tratamiento presupuestario, la oposición había advertido sobre la eliminación de cargos de profesionales especializados. “Hemos visto, en el presupuesto de la Justicia, cómo se eliminaron los cargos, y lo hemos dicho en este recinto, de los psicólogos y grupos técnicos. Y ahora necesitan a los psicólogos que los echaron, los sacaron, le bajaron el personal a la Justicia”, manifestó.
La diputada también consideró un error que el proyecto contemple su aplicación a partir de la publicación en el Boletín Oficial, sin establecer un período de preparación para completar las adecuaciones necesarias. A su entender, la normativa resulta “inaplicable” en su estado actual, debido a que todavía no estarían garantizados los recursos humanos y materiales que requiere el funcionamiento del sistema.
El proyecto pasó al Senado
Con la aprobación por 27 votos contra 10, el oficialismo consiguió avanzar con la adecuación provincial al nuevo régimen penal juvenil, aunque el debate dejó expuestas diferencias sobre las condiciones necesarias para su implementación.
Mientras los legisladores que respaldaron la iniciativa destacaron la incorporación de procedimientos especializados, garantías para los adolescentes y herramientas de justicia restaurativa, la oposición insistió en que la ley debe acompañarse de previsiones presupuestarias, infraestructura y personal suficiente para que sus disposiciones puedan aplicarse efectivamente.
El proyecto será ahora remitido al Senado provincial, donde continuará su tratamiento legislativo.
