Con 24 votos afirmativos y 13 negativos, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el primer proyecto de reforma judicial enviado por el Gobierno de Claudio Poggi. Se trata de una modificación puntual al Código Procesal Civil y Comercial, orientada a fijar plazos concretos para las resoluciones judiciales y combatir la mora en el dictado de sentencias. El debate estuvo atravesado por fuertes cuestionamientos de la oposición, acusaciones cruzadas sobre el funcionamiento del Poder Judicial y la decisión final del PJ de votar en contra, luego de haber anticipado que acompañaría el proyecto.
El “puntapié inicial sensato” del oficialismo
El miembro informante del proyecto fue el diputado Cristian Gurruchaga, quien presentó la iniciativa como el inicio de una serie de reformas. “Necesitamos más reformas y modificaciones. Vamos a avanzar paso a paso porque es una gran reforma que merece ser debatida, pensada y discutirda”, indicó.
El oficialista explicó que el proyecto se apoya en dos pilares, “el paso razonable y la celeridad procesal”, y en “un derecho fundamental que busca evitar que los procesos judiciales se prolonguen indefinitdamente porque eso retarda el acceso a la Justicia de las personas”.
Entre las principales modificaciones a la ley VI-0150-2013, se establece que las providencias deberán dictarse dentro de los tres días y las sentencias definitivas, entre los 60 y 90 días desde que la causa queda en estado de resolver. Según Gurruchaga, la propuesta busca “una redacción más estricta” y “automatizar el pase para resolver”, eliminando así “la discrecionalidad”.
También se reforma el uso de las medidas para mejor proveer, una herramienta que tienen los jueces para “resetear” los tiempos procesales de una causa cuando necesitan alguna declaración o diligencia para recabar mayor información para emitir su fallo, o cuando las distintas partes no han aportado pruebas de manera correcta, por ejemplo. Sin embargo, estas medidas, señaló Gurruchaga, “han sido utilizadas con fines meramente dilatorios para ganar tiempo, dos o 3 días antes de que se venza el plazo para dictar sentencia”.
Con la modificación que hoy tuvo media sanción, se limitan a una por instancia y tendrán una duración máxima de 15 días, prorrogable por una sola vez. Además, tendrán un efecto suspensivo del plazo para dictar sentencia, en vez de volverlo a cero.
Por otro lado, se modifica el artículo 167, que regula las prórrogas que puede otorgar el Superior Tribunal, luego de que un juzgado le comunique una mora. “La prórroga antes era a discreción del Superior Tribunal y actualmente lo que se pretende es que sea de 15 días nomás la prórroga”, detalló Gurruchaga, quien definió el proyecto como un “puntapié inicial sensato”.
“Esto es un parche, es cosmética”
La primera voz opositora en la sesión fue la de Gloria Petrino, quien expresó que el proyecto “genera tensión” entre los distintos poderes del Estado. “Se necesita un proyecto que contemple la complejidad, atendiendo y entendiendo las particularidades de cada fuero, jurisdicción y circunscripción y para ello el diálogo entre los 3 poderes del Estado es básico y esencial”, pidió la opositora.
Petrino denunció la falta de participación del Poder Judicial en la discusión: “El Colegio de la Magistratura le solicitó al Ejecutivo una reunión para trabajar sobre este tema. Le envió una solicitud formal a la Dra. Zárate (secretaria Legal y Técnica) el día 9 de junio para ponerse a disposición y trabajar en conjunto para resolver el tema. Por supuesto, no se le contestó la nota, no se lo invitó ni nada”.
“Lo peor es que no solo que no se convocó al Colegio de Magistrados ni al Superior Tribunal, a pesar de nuestro pedido, sino que se invitó a dos jueces laborales y dos jueces civiles para que vengan a dar su posición personal, pero sus propuestas no fueron incorporadas en el despacho de la mayoría”, continuó Petrino, dando ejemplos de cómo no se incluyó en el tratamiento a quienes esta ley afecta.
Sobre el contenido del proyecto, lo calificó como “3 artículos que refieren a los últimos 5 minutos del proceso”. A pesar de considerarlos “buenos”, planteó que “esto es un parche, es cosmética” y anticipó: “Vamos a acompañar porque no suman ni restan”. Sin embargo, su crítica fue subiendo de tono. “Esto que está haciendo el Ejecutivo, diciendo que está preocupado por la mora judicial, es mentira, es engaño”, dijo Petrino, quien agregó: “Sacar el proyecto textual como vino del Ejecutivo es casi una tomada de pelo”.
“Con ustedes no”
Carlos “Charly” Pereira fue el oficialista encargado de responder a las críticas. En un tono confrontativo, se refirió a la implementación del sistema acusatorio y remarcó que, cuando el PJ fue oficialismo, “avalaron” el nombramiento de 30 fiscales “sin que observen el proceso de selección de magistrados”. “Coloquialmente, los designaron a dedo. Ahí había jefes de programa, ex ministros del Poder Ejecutivo. Es decir, todo el poder político a merced de la justicia de San Luis”, dijo el diputado del PRO libertario.
“No fueron capaces de mejorar ni optimizar ningún índice en la performance del Poder Judicial. Entonces, con ustedes no”, agregó, antes de cuestionar al actual titular del Colegio de Magistrados, Hugo Petrino Saá: “¿Es posible decirle a la sociedad que vamos a citar a comisión al titular del Colegio de Magistrados que está involucrado en situaciones de quebranto económico? Que recientemente ha sido embargado en su haber que percibe como magistrado”.
También criticó la trayectoria de los miembros del actual Superior Tribunal de Justicia, señalando que ningún miembro tiene “antecedentes como juristas ninguna trascendencia que revele su desempeño como abogado, asesor o consultor”. Para cerrar, defendió el alcance del proyecto: “Es un principio de ejecución, comenzamos con algo”.
“Están pisoteando al Poder Judicial”
Petrino volvió a tomar la palabra y sostuvo que “se ha politizado de una forma escandalosa una problemática y un proyecto que intentamos ajustar”. Con respecto a lo dicho por Pereira, señaló que ocurrió durante el paso del sistema inquisitivo al acusatorio, para lo cual se necesitó la rápida designación de fiscales. “Claro que puede haber habido errores en tiempos pasados, porque el que hace es muy probable que se equivoque”, dijo Petrino.
Asimismo, afirmó que el oficialismo está “pisoteando al Poder Judicial” y lo reivindicó como “un poder de la democracia y de la república”.
La escalada de acusaciones llevó al presidente del bloque del PJ, Federico Berardo, a solicitar un cuarto intermedio para reconsiderar la postura de su bloque.
“No vamos a llegar a ningún puerto con ningún tipo de reforma”
Al retomar la sesión, Berardo fue contundente: “Nos ha dejado bien en claro que no solamente este proyecto, sino todos los proyectos en los que supuestamente están trabajando desde el poder Ejecutivo no van a tener pensado en ningún momento escuchar a la Justicia”. Y advirtió: “Si esa es la forma de gobernar que tienen, no vamos a llegar a ningún puerto con ningún tipo de reforma”.
Desde el oficialismo, Eugenia Gallardo justificó el avance parcial de la iniciativa y sostuvo que una megareforma hubiese requerido un montón de tiempo. “El ciudadano nos pide dar respuestas a un problema real que lo reconocen ustedes y lo reconocemos nosotros”, dijo.
Finalmente, pese al apoyo inicial anunciado, el bloque opositor votó en contra del proyecto, que fue aprobado por mayoría y pasó al Senado para su sanción definitiva.