La primera reforma judicial de Poggi se aprobó entre acusaciones cruzadas y un cambio de sentido en el voto del PJ

Con 24 votos afirmativos y 13 negativos, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el primer proyecto de reforma judicial enviado por el Gobierno de Claudio Poggi. Se trata de una modificación puntual al Código Procesal Civil y Comercial, orientada a fijar plazos concretos para las resoluciones judiciales y combatir la mora en el dictado de sentencias. El debate estuvo atravesado por fuertes cuestionamientos de la oposición, acusaciones cruzadas sobre el funcionamiento del Poder Judicial y la decisión final del PJ de votar en contra, luego de haber anticipado que acompañaría el proyecto.

El “puntapié inicial sensato” del oficialismo
El miembro informante del proyecto fue el diputado Cristian Gurruchaga, quien presentó la iniciativa como el inicio de una serie de reformas. “Necesitamos más reformas y modificaciones. Vamos a avanzar paso a paso porque es una gran reforma que merece ser debatida, pensada y discutirda”, indicó.

El oficialista explicó que el proyecto se apoya en dos pilares, “el paso razonable y la celeridad procesal”, y en “un derecho fundamental que busca evitar que los procesos judiciales se prolonguen indefinitdamente porque eso retarda el acceso a la Justicia de las personas”.

Entre las principales modificaciones a la ley VI-0150-2013, se establece que las providencias deberán dictarse dentro de los tres días y las sentencias definitivas, entre los 60 y 90 días desde que la causa queda en estado de resolver. Según Gurruchaga, la propuesta busca “una redacción más estricta” y “automatizar el pase para resolver”, eliminando así “la discrecionalidad”.

También se reforma el uso de las medidas para mejor proveer, una herramienta que tienen los jueces para “resetear” los tiempos procesales de una causa cuando necesitan alguna declaración o diligencia para recabar mayor información para emitir su fallo, o cuando las distintas partes no han aportado pruebas de manera correcta, por ejemplo. Sin embargo, estas medidas, señaló Gurruchaga, “han sido utilizadas con fines meramente dilatorios para ganar tiempo, dos o 3 días antes de que se venza el plazo para dictar sentencia”.

Con la modificación que hoy tuvo media sanción, se limitan a una por instancia y tendrán una duración máxima de 15 días, prorrogable por una sola vez. Además, tendrán un efecto suspensivo del plazo para dictar sentencia, en vez de volverlo a cero.

Por otro lado, se modifica el artículo 167, que regula las prórrogas que puede otorgar el Superior Tribunal, luego de que un juzgado le comunique una mora. “La prórroga antes era a discreción del Superior Tribunal y actualmente lo que se pretende es que sea de 15 días nomás la prórroga”, detalló Gurruchaga, quien definió el proyecto como un “puntapié inicial sensato”.

“Esto es un parche, es cosmética”
La primera voz opositora en la sesión fue la de Gloria Petrino, quien expresó que el proyecto “genera tensión” entre los distintos poderes del Estado. “Se necesita un proyecto que contemple la complejidad, atendiendo y entendiendo las particularidades de cada fuero, jurisdicción y circunscripción y para ello el diálogo entre los 3 poderes del Estado es básico y esencial”, pidió la opositora.

Petrino denunció la falta de participación del Poder Judicial en la discusión: “El Colegio de la Magistratura le solicitó al Ejecutivo una reunión para trabajar sobre este tema. Le envió una solicitud formal a la Dra. Zárate (secretaria Legal y Técnica) el día 9 de junio para ponerse a disposición y trabajar en conjunto para resolver el tema. Por supuesto, no se le contestó la nota, no se lo invitó ni nada”.

“Lo peor es que no solo que no se convocó al Colegio de Magistrados ni al Superior Tribunal, a pesar de nuestro pedido, sino que se invitó a dos jueces laborales y dos jueces civiles para que vengan a dar su posición personal, pero sus propuestas no fueron incorporadas en el despacho de la mayoría”, continuó Petrino, dando ejemplos de cómo no se incluyó en el tratamiento a quienes esta ley afecta.

Sobre el contenido del proyecto, lo calificó como “3 artículos que refieren a los últimos 5 minutos del proceso”. A pesar de considerarlos “buenos”, planteó que “esto es un parche, es cosmética” y anticipó: “Vamos a acompañar porque no suman ni restan”. Sin embargo, su crítica fue subiendo de tono. “Esto que está haciendo el Ejecutivo, diciendo que está preocupado por la mora judicial, es mentira, es engaño”, dijo Petrino, quien agregó: “Sacar el proyecto textual como vino del Ejecutivo es casi una tomada de pelo”.

“Con ustedes no”
Carlos “Charly” Pereira fue el oficialista encargado de responder a las críticas. En un tono confrontativo, se refirió a la implementación del sistema acusatorio y remarcó que, cuando el PJ fue oficialismo, “avalaron” el nombramiento de 30 fiscales “sin que observen el proceso de selección de magistrados”. “Coloquialmente, los designaron a dedo. Ahí había jefes de programa, ex ministros del Poder Ejecutivo. Es decir, todo el poder político a merced de la justicia de San Luis”, dijo el diputado del PRO libertario.

“No fueron capaces de mejorar ni optimizar ningún índice en la performance del Poder Judicial. Entonces, con ustedes no”, agregó, antes de cuestionar al actual titular del Colegio de Magistrados, Hugo Petrino Saá: “¿Es posible decirle a la sociedad que vamos a citar a comisión al titular del Colegio de Magistrados que está involucrado en situaciones de quebranto económico? Que recientemente ha sido embargado en su haber que percibe como magistrado”.

También criticó la trayectoria de los miembros del actual Superior Tribunal de Justicia, señalando que ningún miembro tiene “antecedentes como juristas ninguna trascendencia que revele su desempeño como abogado, asesor o consultor”. Para cerrar, defendió el alcance del proyecto: “Es un principio de ejecución, comenzamos con algo”.

“Están pisoteando al Poder Judicial”
Petrino volvió a tomar la palabra y sostuvo que “se ha politizado de una forma escandalosa una problemática y un proyecto que intentamos ajustar”. Con respecto a lo dicho por Pereira, señaló que ocurrió durante el paso del sistema inquisitivo al acusatorio, para lo cual se necesitó la rápida designación de fiscales. “Claro que puede haber habido errores en tiempos pasados, porque el que hace es muy probable que se equivoque”, dijo Petrino.

Asimismo, afirmó que el oficialismo está “pisoteando al Poder Judicial” y lo reivindicó como “un poder de la democracia y de la república”.

La escalada de acusaciones llevó al presidente del bloque del PJ, Federico Berardo, a solicitar un cuarto intermedio para reconsiderar la postura de su bloque.

“No vamos a llegar a ningún puerto con ningún tipo de reforma”
Al retomar la sesión, Berardo fue contundente: “Nos ha dejado bien en claro que no solamente este proyecto, sino todos los proyectos en los que supuestamente están trabajando desde el poder Ejecutivo no van a tener pensado en ningún momento escuchar a la Justicia”. Y advirtió: “Si esa es la forma de gobernar que tienen, no vamos a llegar a ningún puerto con ningún tipo de reforma”.

Desde el oficialismo, Eugenia Gallardo justificó el avance parcial de la iniciativa y sostuvo que una megareforma hubiese requerido un montón de tiempo. “El ciudadano nos pide dar respuestas a un problema real que lo reconocen ustedes y lo reconocemos nosotros”, dijo.

Finalmente, pese al apoyo inicial anunciado, el bloque opositor votó en contra del proyecto, que fue aprobado por mayoría y pasó al Senado para su sanción definitiva.

Condenas de 10 y 11 años para los acusados por el abuso sexual agravado de una menor de 14 años

Un tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción declaró culpables a dos hombres por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar daño en la salud mental y por haber sido cometido por dos personas” y los condenó a 10 y 11 años de prisión. La víctima tenía 14 años al momento del hecho, ocurrido el 6 de noviembre de 2022. El veredicto fue emitido este miércoles a la tarde luego de una extensa jornada que incluyó la declaración de testigos y la de los acusados; y los alegatos de clausura de las partes.

Bajo la presidencia de Adriana Lucero Alfonso y las vocalías de Hugo Guillermo Saá Petrino y Gustavo Ariel Parrillis, el tribunal juzgador computó como circunstancias atenuantes la falta de antecedentes condenatorios y como agravantes la extensión del daño causado y como uno de los acusados era policía, se agregó la condición de ser miembro de la fuerza policial. El abuso ocurrió en un motel del Barrio Jardín San Luis.

De acuerdo a la acusación fiscal, los hechos se iniciaron cuando la víctima asistió a un local bailable ubicado sobre Avenida España al 800 junto a familiares y conocidos. En el transcurso de la madrugada, al manifestar sentirse descompuesta, se le indicó que sería trasladada a su domicilio por dos personas que luego serían señaladas como imputadas.

Según la investigación, la joven salió del lugar en compañía de los acusados y se dirigieron al hotel alojamiento. Allí, la víctima denunció que ambos la abusaron y como pudo se defendió y se resguardó en el baño y luego se desmayó. Al ver que no reaccionaba, los imputados les avisaron a los tíos de la joven.

“Como pudo, cuando recobró el conocimiento, la víctima pudo decir lo que le pasó, que tenía a estas dos personas encima suyo, accediéndola. Entonces, pensaba, todos sabemos el trauma que entraña un abuso sexual en la psiquis de una persona, la rompe, la deja rota. Pero a veces lo que no pensamos es el costo de la revelación, el costo de hablar, el costo de decir esto”, dijo la fiscal de Juicio, Virginia Palacios.

Y agregó: “El costo de decir estas palabras ha sido elevadísimo, pasar frío, esperar para que la revisen los médicos, soportar que la señalen, intentos de suicidio, autolesiones, bullying. El costo fue casi o tanto como el trauma que al día de la fecha se verifique que se ha aprobado cabalmente del ultraje que sufrió en su integridad sexual. Me pregunto entonces, ¿qué sentido tiene decir una cosa por otra? Esto lo dijo porque esto es lo que sucedió. No tenía razón para mentir, no la tiene y no tiene motivo. Y eso también es lo que ha quedado demostrado”, alegó Palacios.

En su alegato de clausura, la fiscal narró que cuando los acusados vieron que la víctima se desvaneció, llamaron a los tíos y a la dueña del lugar. “No llamó a la policía ni a la ambulancia para no dejar en evidencia el hecho delictivo. Cuando se la rescató de ese lugar, salió corriendo, se tiró tierra en la boca. Es sabido que las víctimas de abusos sexuales sienten una permanente sensación de suciedad. Había sido ultrajada por estas dos personas, había sido violada por estas dos personas; de ese lugar la sacaron en andas”.

Los acusados se declararon inocentes

En la última jornada del debate, ambos acusados declararon ante el tribunal. El primero en hacer uso de la palabra fue el hombre de 28 años y quien al momento del hecho integraba la fuerza policial. Dijo que conoció esa noche a la joven, que tomaron un vino espumante y que no sabía que era menor de edad.

“Nunca le hice daño ni tuve relaciones sexuales con ella. Ella le dijo a su tío que quería ser mi novia, que le gustaba y fue ella la que me dijo que fuéramos a un telo. Como no conseguíamos taxi le pedí a mi amigo que nos llevara. Soy inocente, jamás le hice daño”, expresó.

El segundo acusado dijo que esa madrugada llevó a su amigo y a la joven al hotel pero como la adolescente había vomitado adentro del auto, les pidió entrar al lugar con ellos para limpiar el vehículo.

“No podía llegar a casa así y tener problemas con mi esposa. No hicimos nada de lo que se nos acusa, somos inocentes. Ella se quiso quedar en el hotel y como nos teníamos que ir llamamos a la dueña para avisarle. También fui a buscar a la tía para que supiera de la situación, pero jamás le hicimos daño”, dijo.

Sus defensas, representada por la abogada Fany Tortosa y el Defensor en lo Penal, José Luis Guiñazú, solicitaron la absolución. El Ministerio Público Fiscal, había solicitado penas de 15 y 16 años de prisión. El defensor de Niñez, Adolescencia e Incapaces, Sebastián Privitera, adhirió a esa petición mientras que el abogado de la querella, Héctor Zavala, pidió una condena de 20 años.

Fuente: Prensa Poder Judicial

Gendarmería secuestró $52 millones que eran transportados sin aval legal

Efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron más de $52 millones en efectivo que eran transportados sin documentación respaldatoria en un vehículo que circulaba por la Ruta Provincial N° 1, a la altura de la localidad de La Punilla, en el sur de la provincia de San Luis.

El procedimiento se llevó a cabo este martes, cuando los uniformados inspeccionaron un automóvil que se dirigía hacia la ciudad de Villa Dolores, en la provincia de Córdoba. Durante la requisa, los gendarmes detectaron una mochila con fajos de billetes, cuyo origen no pudo ser justificado por el conductor del rodado.

Según informó Gendarmería, el conteo realizado en presencia de testigos arrojó un total de $52 millones.

Ante esta situación, tomó intervención la Fiscalía Federal de Villa Mercedes, que ordenó el secuestro del dinero y la confección de las actuaciones correspondientes. El conductor del vehículo, un ciudadano mayor de edad, quedó en libertad, supeditado a la causa judicial.

Poder Judicial: asumieron dos defensoras este miércoles

Mirtha Gabriela Moreno asumió como defensora oficial en lo Penal N° 1 de la Tercera Circunscripción Judicial y Lorena Noemí Luna juró como defensora adjunta de la Primera Circunscripción Judicial este miércoles al mediodía en un acto que se realizó en la Sala de Acuerdos del Palacio de Justicia.

El acto fue encabezado por el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge Levingston, acompañado por los ministros, Carolina Monte Riso, Eduardo Allende y Guillermo L´Huillier, según comunicaron desde Prensa del Poder Judicial.

También estuvieron presentes, la secretaria administrativa del STJ, Ivanna Vanessa Albarado Magallanes.

Diputados: Jubilados autoconvocados presentaron un petitorio para exigir el boleto gratuito en toda la provincia

Foto gentileza: Prensa Cámara de Diputados

Con el respaldo de 2.600 firmas recolectadas en distintos puntos del territorio provincial, un grupo de jubilados autoconvocados presentó este miércoles un petitorio a la Cámara de Diputados para reclamar la gratuidad del transporte urbano e interurbano en San Luis. La iniciativa está basada en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que tiene rango constitucional en la Argentina.

“El petitorio lo que hace es solicitar el boleto urbano e interurbano en la provincia de San Luis, fundamentado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, que está suscripto por el Estado Argentino, por lo tanto es ley en el Estado Argentino”, explicó Silvia Acosta, una de las voceras del reclamo, en diálogo con este medio.

Además del respaldo normativo, la nota presentada detalla el deterioro de las condiciones de vida de las personas mayores: la pérdida de poder adquisitivo producto de las devaluaciones, la falta de recomposición de los haberes, el aumento de los servicios, los alimentos, los alquileres y especialmente de los medicamentos, que ya representan un 60% de la canasta de este sector. “La desesperación de tener que subir a un colectivo y tener que pedirle al vecino porque se nos acabó la plata”, fue, según Acosta, el verdadero motor del reclamo.

El documento, entregado al presidente de la Cámara y a los titulares de los bloques legislativos, recuerda que la Convención Interamericana obliga a los Estados a “propiciar el acceso a tarifas preferenciales o gratuitas de los servicios de transporte público o de uso público a la persona mayor”, según el inciso f del artículo 26. También se hace hincapié en que este tratado internacional tiene plena vigencia legal en las provincias.

Desafortunadamente, los diputados que recibieron el planteo no brindaron respuestas concretas. “Nos señalaron que la provincia está por decretarse en emergencia. Les marcamos que la emergencia que vivimos los jubilados es muy grande. Si hay que decretar emergencia, el jubilado está en situación de emergencia”, relató Acosta. La vocera también cuestionó que la situación económica provincial se utilice como excusa para evitar el tratamiento del pedido: “Señalamos que la situación de la provincia tiene que ver con decisiones nacionales, y que ellos deberían juntarse con otras provincias para que la coparticipación realmente se envíe”.

Sobre el final del encuentro, y pese a los reparos expuestos por algunos legisladores, Acosta consideró que fueron tratados “amablemente, dentro de lo correcto”, aunque admitió que “algunos (fueron) más receptivos que otros”.

“Esto es nuestro primer paso”, concluyó. “Queremos que los legisladores tomen conciencia de nuestra situación y legislen en función de la situación de emergencia que estamos viviendo”.

Bertolini dio detalles del proyecto de ley que busca declarar la emergencia habitacional

El ministro de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini, dio más detalles este miércoles, en conferencia de prensa, sobre el proyecto de ley que el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura que busca declarar la emergencia y garantizar el acceso a soluciones habitacionales para la totalidad de los inscriptos en el plan ‘Tenemos Futuro’.

Antes de entrar en detalles, ¿sirve de algo convertir una política en ley?
No, para nada, y la historia reciente de San Luis así lo ha demostrado, con Alberto Rodríguez Saá abandonando completamente políticas de Poggi convertidas en ley y viceversa. Para más detalles, no te pierdas este artículo de 2021 con un repaso sobre este tema: Volvió el circo de convertir planes y políticas del Gobierno en ley.

Ahora sí, los detalles de este nuevo proyecto
“Es una apuesta muy fuerte. San Luis va a seguir construyendo viviendas y resolviendo este problema. El Gobernador lo dijo claramente: la construcción de viviendas vino a San Luis para quedarse, y tenemos que dar la respuesta en base a la necesidad que tiene hoy nuestra sociedad”, afirmó.

Primero, Bertolini hizo un repaso sobre el desarrollo de este plan. “Hace un año, en julio de 2024, el gobernador Claudio Poggi anunció que se abría la inscripción al plan, que se desarrolló desde el 21 de abril al 21 de julio de este año. Concluyó con la inscripción de 66.405 familias conformadas por 190.761 personas. Si lo relacionamos con la población de la provincia, según el Censo 2022, en el que eran 542.060 habitantes, hablamos de que había un 35%, un poco más de un tercio de la población de la provincia que no tiene resuelta la situación habitacional. Es un dato alarmante”, consideró.

Este cuadro, aseveró, es producto de la discontinuidad de la política habitacional en la provincia. Recordó que la última inscripción de viviendas fue en 2011, al plan Progreso y Sueños, en los que se anotaron “14.000 familias”. El funcionario aseguró que se construyeron, hasta 2015, “12.500 viviendas” y que, en este momento, se están construyendo las 1.505 viviendas restantes para cumplir con el compromiso contraído con esos ciudadanos.

Estas cifras que dio Bertolini no son del todo ciertas. En su primera gobernación, si bien esperaba entregar 10.000 viviendas, Poggi entregó 8.900 casas, sobre un total de inscriptos que, por aquel entonces, supuestamente era de 13.000 familias. A su vez, dejó 4.600 viviendas en construcción, las cuales fueron entregadas por Rodríguez Saá, pero bajo otros planes habitacionales en vez de Progreso y Sueños. Aun así, la actual gestión y todos sus funcionarios repiten constantemente que las viviendas entregadas por Poggi en su primer gobierno fueron 12 mil o 12.500.

“Más allá de que sea un gobernador u otro, estos vecinos habían confiado, habían pagado las cuotas y tenían la esperanza de tener resuelto ese problema. El compromiso asumido por el Gobierno de la Provincia es que se van a entregar las 1.505 viviendas antes de la Navidad de este año”, dijo.

El ministro expresó que, como autoridades, no pueden dejar de reconocer la situación del habitacional de los sanluiseños, que es “producto de la desidia, de no haber construido viviendas en los últimos ocho o diez años, lo que genera que la demanda se vaya incrementando”.

Esto, valga la redundancia, tampoco es cierto. Por ejemplo, entre 2019 y mayo de 2023, se entregaron 1.500 viviendas y había 2.500 en construcción. Lo que sí hay que destacar es que la mayoría de ellas se construyeron a través del programa nacional Casa Propia del expresidente Alberto Fernández, quien visitó San Luis en dos ocasiones para entregar viviendas. Para más detalles, no te pierdas este artículo.

“Esta situación nos obliga a utilizar la creatividad y la imaginación para poder dar respuesta a esta demanda en una situación económica difícil, no solo en la provincia sino en todo el país. Creo que somos la única provincia que hoy tiene tal cantidad de viviendas en construcción y que se atreve a plantear un plan habitacional serio a corto, mediano y largo plazo. Y esto no solo impacta en el desarrollo de la familia, sino que genera mano de obra”, expresó.

Sobre el proceso de inscripción, que es la primera fase de este plan, dijo que la demanda por departamento e incluso por localidad coincide con los datos poblacionales. Es decir, hay una relación directa con la población de cada lugar. “Esto nos permite deducir que la inscripción llegó hasta el último rincón de la provincia. Fue una inscripción de carácter universal. Todo el mundo se pudo inscribir. No hubo obstáculos. No hubo barreras, no hubo que hacer colas, no hubo que viajar”, refirió, y destacó que el proceso fue “absolutamente digital, a través de un formulario muy simple de completar; la intención fue que justamente se pudiera relevar cuál era la situación real y que llegue a todos los grupos familiares de la provincia que hoy no tienen resuelto este problema”.

Todos los datos expresados van a ser validados, primero, con la documentación respaldatoria y se va a seguir trabajando de manera digital, para evitar los traslados, los gastos o las trabas que genera desplazarse. En los casos que sea pertinente, van a realizar estudios socioambientales presenciales para verificar que lo declarado es real, confirmó el Ministro.

¿Qué contempla el proyecto de ley?
Este proyecto de ley de emergencia contempla algunos ejes centrales. “Por ejemplo, declarar la emergencia habitacional por el término de cinco años, prorrogable por periodos anuales por el Poder Ejecutivo. El objetivo es que esta emergencia dure hasta que el último de los inscriptos, cuyos datos hayan sido validados, tenga resuelto el problema habitacional en la provincia de San Luis”, dijo.

A raíz del trabajo y de la demanda que este tema implica, se ha considerado necesario jerarquizar la actual dirección de Viviendas, creando una secretaría de Estado de Política Habitacional. Esto, dijo Bertolini, “no implicará un gasto mayor dentro de la estructura de gobierno, sino que se van a reubicar a los distintos funcionarios que hoy están en la Dirección, para llevar a cabo todas las medidas necesarias para tener una política habitacional seria”.

Se va a realizar un censo de todas las tierras fiscales que existen en la provincia, ya sean de orden municipal, provincial o nacional. “Necesitamos saber con qué contamos a la hora de poder empezar a a proponer distintas soluciones o construcción de barrio o lotes con servicio”, fundamentó.

Por otro lado, el proyecto de ley prevé que del presupuesto anual de la provincia, de lo que se destine a obra pública mientras dure la emergencia, el 50% se va a utilizar para las soluciones habitacionales, es decir, para abordar y dar respuesta a esta necesidad.

En este sentido, señaló que se puede tratar de viviendas sociales tradicionales, lotes con servicio y “otras opciones que se pueden dar de acuerdo a la situación de cada familia”; pero no dio detalles sobre en qué podrían consistir estas opciones.

La etapa que entra en marcha ahora, que es la validación de datos declarados permitirá tener un número definido de inscriptos que cumplen con todos los requisitos. “Suponemos que esto nos puede llevar como mínimo 90 días. Una vez que se haga el primer filtro, se va a pedir la documentación respaldatoria. Y la tercera etapa será la de los informes socioambientales”, informó.

Poggi se reunió con legisladores provinciales e intendentes oficialistas

Luego de encabezar la reunión de gabinete ampliada de este martes, el Primer Mandatario compartió posteriormente una reunión con legisladores del Frente Ahora San Luis, a quienes les informó sobre el envío de dos proyectos de ley a la Legislatura Provincial; uno que buscará prorrogar la emergencia económica por dos años y el segundo sobre la intención de declarar la emergencia habitacional. También, les brindó detalles de la inminente entrega de bicicletas TuBi en escuelas rurales de todo San Luis.

Finalmente, a las 18:30 recibió a los intendentes, que también forman parte del frente político Ahora San Luis. En el cónclave, el Gobernador reiteró las temáticas y se explayó sobre cada uno de los temas.

Durante las reuniones, el ministro de Hacienda e Infraestructura, Néstor Ordoñez informó sobre la presentación del proyecto de ley que busca prorrogar la emergencia económica dos años. Durante su presentación, brindó especificaciones sobre las cuentas de la provincia y sobre la propuesta del Ejecutivo para garantizar el pago de los salarios con la creación de una reserva legal.

Luego, su par de Desarrollo Humano, Gustavo Bertolini hizo lo propio en relación al proyecto de ley que impulsará la emergencia habitacional y dio detalles y cifras que arrojó la inscripción de viviendas. En ese marco, informó que 66.504 grupos familiares conformados por un total de 190.761 personas completaron el formulario de inscripción. Esto significa que un tercio de la población le confió a la actual gestión la posibilidad de acceder a su vivienda.

Para cerrar, el secretario de Transporte, Víctor Cianchino explicó la metodología que se aplicará para hacer la entrega de 762 bicicletas en 82 escuelas rurales. El operativo será los días 25, 28 y 30 de julio.

Fuente: ANSL

“Está claro que hay inconsistencias”: el Senado rechazó la cuenta de inversión 2019 de Nogolí, seis años después

Este martes, el Senado provincial aprobó una larga lista de cuentas de inversión municipales, pero una llamó la atención por su rechazo y por el tiempo transcurrido desde el ejercicio fiscal al que corresponde: se trata de la cuenta de 2019 de la Municipalidad de Nogolí, que en aquel momento estaba a cargo de la actual diputada Claudia Pinelli.

“Tenía que haber sido presentada antes del 30 de marzo de 2020 y fue presentada el 25 de febrero de 2025”, explicó el senador Sergio Guardia en diálogo con La Gaceta Digital. Ese incumplimiento solo ya viola el artículo 3, inciso 9, de la Ley N° 022-2008 del Régimen Municipal. Pero además, según señaló el legislador, “no hay coincidencia entre lo presupuestado y lo ejecutado”, ni equilibrio formal, legal y numérico, tal como lo exige el Tribunal de Cuentas.

Los documentos analizados muestran que la Municipalidad recaudó $28.516.512,51 en 2019, contra gastos ejecutados por $22.694.214,14, lo que da un resultado positivo de más de $5,8 millones. Sin embargo, Guardia advirtió que hay diferencias importantes entre lo declarado y lo verificado: “Hay un ATP que no se lo había puesto como ingreso, pero sí después aparece en otro lado. Eso hace una diferencia de cerca de 15 millones en el año 2019”.

Más allá de los números, el Tribunal también observó que “no obra documentación respaldatoria de cada operación contable realizada”, un punto clave para transparentar el uso de fondos públicos. “Está claro que hay inconsistencias que habría que investigar. Por eso se desaprobó esa cuenta”, remarcó el senador, aunque aclaró que sí fue aprobada la cuenta correspondiente a 2024 para ese mismo municipio.

La Cámara también avaló las cuentas de inversión 2023 de Balde y Anchorena, y las 2024 de Fraga, Fortuna, Estancia Grande, Juan Jorba, Nueva Galia, Lafinur, Talita, Los Molles, Lavaisse, Las Lagunas, Villa Larca, Alto Pencoso, Juan Llerena, La Carolina y La Vertiente.

De cara a la próxima sesión, Guardia anticipó que se tratará la cuenta de inversión del Gobierno provincial, que ya tiene media sanción de Diputados. Además, se espera debatir la eliminación definitiva de la Ley de Narcomenudeo, un tema sobre el que el senador fue contundente: “El Ministerio de Seguridad está dando en la tecla, sobre todo en la parte de estupefacientes, en lo que ha sido la droga, de detención y de control de este gran flagelo que tenemos”.

Claudio Poggi: “Está convulsionado el ambiente y encima la situación social está jodida”

Durante la inauguración de la repavimentación de seis cuadras en el barrio Sargento Cabral, el gobernador Claudio Poggi insistió con las consignas que viene repitiendo desde hace tiempo: cercanía con los vecinos, trabajo conjunto entre Provincia y Municipio, críticas al alejamiento de las gestiones anteriores y bolsillos flacos. “Tenemos que cuidar San Luis”, afirmó, al cierre de un discurso cargado de mensajes políticos.

Desde un escenario montado en plena calle, Poggi recordó las dificultades económicas que atraviesan los ciudadanos y, según dijo, también los gobiernos. “Los bolsillos flacos también son de los Estados y de los gobiernos. Por eso más que nunca tenemos que trabajar juntos, más que nunca tenemos que trabajar espalda con espalda, codo a codo los gobiernos de las provincias, los gobiernos de los municipios y vecinos”, señaló.

Acompañado por el intendente Gastón Hissa, el mandatario provincial destacó que uno de los cambios que busca su gestión es estar cerca de la ciudadanía. “Seguimos estando cerca de ustedes, cerca, cerca, acá en el barrio”, dijo, y luego lanzó una crítica directa a la gestión anterior. “Yo no sé cuántas veces… remontémonos hace tres años, tres años atrás, dos años, ¿cuántas veces vieron a Rodríguez Saá, gobernador, y al intendente Tamayo juntos hablando con ustedes? ¡Nunca!”, dijo el Gobernador, repitiendo casi lo mismo que dijo en el barrio Eva Perón a comienzos de mes.

Para Poggi, estar cerca “no es estar encerrados en la Casa de Gobierno provincial o en la Casa de Gobierno municipal”. En cambio, valoró espacios como “la Muni Más Cerca”, en los que, según dijo, los funcionarios pueden recibir “la notita, el sueño, el problema de primera mano”.

“Está convulsionado el ambiente y encima la situación social está jodida. Entonces más que nunca tenemos que cuidar a San Luis trabajando juntos, en armonía, uniendo esfuerzos, presupuestos, recursos humanos, escuchando, estando cerca”, insistió el gobernador. “Hay cosas que se solucionan de la noche a la mañana y hay otras que demoran un poco más, pero uno lo tiene en la agenda y va llevando cortito los temas si está cerca”, agregó.

Finalmente, felicitó a Hissa por la obra inaugurada y envió “un saludo afectuoso a todos los vecinos del barrio”.

Poggi quiere prorrogar la emergencia económica y crear un fondo de reserva para pagar dos meses de salarios

Este martes, el gobernador Claudio Poggi encabezó una reunión de gabinete ampliada en el salón Malvinas Argentinas con ministros, secretarios, directores y otros funcionarios del Ejecutivo, para abordar tres temas centrales: la situación económica y financiera actual de la provincia, la continuidad de la política habitacional en San Luis tras el cierre de los plazos de inscripción a ‘Tenemos Futuro’ y la entrega de bicicletas TuBi a estudiantes de escuelas rurales.

Respecto al primer ítem, el primer mandatario comunicó su decisión de elevar a la Legislatura un proyecto de ley para prorrogar la emergencia económica que rige en la provincia bajo el argumento de la situación crítica en las arcas del Estado heredada de la gestión anterior. “Cuando el Gobernador inició su mandato las reservas eran inexistentes, estaban todos los números en rojo y se habían tomado decisiones que con el tiempo iban a dinamitar el Estado”, explicó el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain.

La prolongación de la emergencia económica también contempla la creación de un fondo social y solidario que equivaldrá a dos meses de sueldos de empleados y a lo que el Estado eroga en el mismo período para los beneficiarios del Plan de Inclusión.

“De esta manera garantizamos por ley que, ante cualquier imprevisto que sufra San Luis, estamos en condiciones de asegurar el salario de dos meses de las dependencias del Estado”, agregó el funcionario, quien subrayó que la decisión se encuadra con la visión del Gobernador de “el trabajo con mucha responsabilidad y cuidando peso a peso los recursos que tenemos”.

En cuanto a la situación habitacional en la provincia, el ministro fue contundente: “La información preliminar que arrojó el cierre de las inscripciones nos muestra datos verdaderamente alarmantes, consecuencia de ocho años en los que la construcción de viviendas no estaba en la agenda del Gobierno”, señaló Amondarain, quien detalló que los números reflejan que alrededor de un tercio de la población demanda alguna solución habitacional.

Ante ese panorama, Poggi y su equipo confeccionan un anteproyecto de ley de emergencia habitacional a la Legislatura que garantizará que todos los sanluiseños inscriptos en el plan ‘Tenemos Futuro’ puedan acceder en el corto, mediano o largo plazo a la vivienda social.

Por último, también abordaron en la reunión de gabinete la llegada inminente del Plan TuBi a las más de 80 escuelas rurales que operan en la provincia. “Si bien en las escuelas convencionales públicas y privadas sólo reciben la bicicleta los estudiantes de 5° año, el Gobernador anunció que en los parajes irán destinados a todos los alumnos del secundario. Han diseñado dos talles, para tener en cuenta las diferentes edades y medidas, para que todos accedan a su TuBi”, resaltó Amondarain.

En el transcurso del día, el mandatario seguirá manteniendo una intensa agenda de trabajo, ya que recibirá a los legisladores provinciales del Frente Ahora San Luis y posteriormente hará lo propio con los intendentes que también están alineados en el Frente Ahora San Luis.

Fuente: ANSL