Poggi encabeza el ranking nacional de gobernadores e Hissa se ubica entre los ocho intendentes con mejor imagen, según una consultora

El gobernador Claudio Poggi encabeza el ranking nacional de imagen positiva entre mandatarios provinciales elaborado por CB Consultora Opinión Pública para marzo de 2026. En el mismo informe, el intendente de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa, se ubicó entre los ocho jefes comunales mejor valorados del país.

De acuerdo con el estudio, Poggi ocupa el primer lugar del ranking federal de gobernadores con 58,5% de imagen positiva entre los ciudadanos de la provincia. En segundo lugar se posiciona Marcelo Orrego, gobernador de San Juan, con 58%, mientras que el tercer puesto corresponde a Osvaldo Jaldo, de Tucumán, con 56,7%.

“Es una alegría transitoria, es un elogio, pero dentro de los próximos meses capaz que estoy décimo. Esto es una rueda, si estás arriba, si estás abajo, por eso hay que mantener siempre la humildad”, dijo Poggi cuando se lo consultó por su puesto en el ranking.
El informe también señala que Poggi fue el gobernador que más creció en imagen positiva respecto de la medición anterior, con una suba de 2,3 puntos porcentuales. En el ranking previo el mandatario puntano se había ubicado en el tercer lugar, por lo que en esta medición avanzó hasta el primer puesto.

En el caso del ranking federal de intendentes, el jefe comunal de la capital puntana, Gastón Hissa, se ubicó octavo, con 53,7% de imagen positiva, lo que lo posiciona dentro del grupo de los ocho intendentes mejor valorados del país. En la medición anterior Hissa había ocupado el noveno lugar, por lo que en esta oportunidad mejoró una posición.
El ranking de intendentes es encabezado por Matías Stevanato, intendente de Maipú (Mendoza), con 61,4% de imagen positiva. Lo siguen Leonardo Stelatto, de Posadas, con 60,5%, y Jorge Jofré, intendente de la ciudad de Formosa, con 59,5%.

El relevamiento fue realizado entre el 1 y el 5 de marzo de 2026 mediante encuestas online en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, con más de 24.600 casos a nivel provincial y 14.700 casos en municipios. El estudio tiene un margen de error promedio de entre 2,9% y 3,3% para el ranking de gobernadores y de 3,7% a 4,1% para el de intendentes.

La inflación de febrero en San Luis fue del 3,4% y acumuló 6% en lo que va del año, según el Gobierno

El Índice de Precios al Consumidor de San Luis (IPC-SL) registró en febrero un aumento del 3,4% respecto a enero, según el informe difundido por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos. Con este resultado, la inflación acumulada en el primer bimestre del año alcanzó el 6,0%, mientras que la variación interanual llegó al 33,3% en comparación con febrero de 2025.

De acuerdo con el reporte oficial, el capítulo que registró el mayor incremento durante el mes fue Vivienda y servicios básicos, con una suba del 5,5%. Las principales variaciones se observaron en los rubros electricidad, alquiler de la vivienda y combustibles para el hogar. En términos interanuales, este capítulo acumuló un incremento del 43,1%.

El segundo rubro con mayor variación fue Alimentos y bebidas, que aumentó 4,9% en febrero. Este capítulo acumula un 8,0% en lo que va de 2026 y un 38,4% interanual. Dentro de este grupo se destacaron subas en carnes, tanto vacuna como de ave, además de incrementos en fiambres, embutidos y productos de panificación. Además, fue el rubro con mayor incidencia en el índice general, aportando 2,2 puntos porcentuales al resultado mensual.

En tanto, Atención médica y gastos para la salud registró una suba del 2,6% durante febrero. Según el informe, las principales variaciones se observaron en consultas médicas, afiliación a sistemas de salud y, en menor medida, en productos medicinales. En los dos primeros meses del año este capítulo acumuló un aumento del 5,5% y un 30,7% interanual.

Entre los restantes rubros del índice, Esparcimiento aumentó 2,3%, Transporte y comunicaciones subió 1,3%, Equipamiento y mantenimiento del hogar se incrementó 1,4% e Indumentaria registró una variación del 1,0%. Por su parte, Educación mostró una leve baja del 0,1% durante el mes.

En el detalle de algunos alimentos relevados, se destacaron incrementos mensuales en distintos cortes de carne vacuna, como nalga (8,8%), carne molida común (8,6%) y asado (8,1%), además de subas en pollo entero (8,4%). También se registraron aumentos en verduras como la papa (26,6%) y la lechuga (39,7%), mientras que algunas frutas mostraron bajas, como el limón (-28,2%), la manzana (-16,4%) y la banana (-6,3%).

El IPC-SL mide la variación de precios de una canasta compuesta por 301 bienes y servicios representativos del consumo de los hogares de la provincia. En el relevamiento se controlan en promedio 245 precios por día, lo que representa cerca de 4.900 registros mensuales.

Con juegos, talleres y shows, conmemorarán el Día Internacional de los Derechos del Consumidor


La directora de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, María Cecilia Hissa, participó este jueves de una conferencia de prensa donde informó sobre las actividades que desarrollarán para conmemorar el Día Internacional de los Derechos del Consumidor, “una fecha que ha sido establecida para promover y visibilizar los derechos de los consumidores y usuarios a nivel global”, resumió la funcionaria.

“Una vez más, el Gobierno de la provincia se suma a esta conmemoración y lo hace a través de una jornada especial que se llevará a cabo en el Parque de las Naciones el domingo 15 a partir de las 17:00. Vamos a contar con distintas actividades, juegos y talleres destinados a todas las familias, pero que han sido pensados especialmente para nuestros adultos mayores y niños. Todas estas actividades se refieren al consumo sustentable y la defensa de los derechos de los consumidores, reafirmando de esta manera uno de los derechos centrales de esta dirección, que es la educación para el consumo”, dijo.

Por ello, porque entienden la importancia de la educación para el consumo sustentable como política pública estratégica, sumarán a Ambiente de la municipalidad de San Luis, que se acercará con la moda circular y el espacio para el Eco Canje. “También nos acompañará la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con distintos talleres destinados a educarnos sobre cómo usar racionalmente los recursos. También participarán otras áreas de Gobierno: el Registro Civil, Relaciones Laborales, Registro de la Propiedad Inmueble, la ULP, que se van a acercar con distintas propuestas con contenido educativo”, enumeró Hissa.

La funcionaria refirió que en una jornada que conjugará “entretenimiento y aprendizaje” también habrá shows en vivo, con la actuación de La Cautana, los ballets de San Vicente de Paul y del taller folclórico de la municipalidad de San Luis. “No es solamente una forma de celebración, sino que, además, todas estas actividades reafirman el compromiso del Gobierno de San Luis para construir ciudadanos informados, responsables, con prácticas de consumo justas y sustentables”, finalizó.

Fuente: ANSL

El Caburé: Fiscalía pidió que Bazla sea imputado por “Defraudación contra la Administración Provincial”

Esta mañana, fuentes de este medio confirmaron que el próximo martes la audiencia de formulación de cargos en contra del secretario de Estado de Ética Pública y Control de Gestión de la Provincia, Ricardo Bazla, será el próximo martes 25 de marzo en Villa Mercedes.

El fiscal que lleva la causa, Leandro Estrada, ha pedido que el funcionario gubernamental (actualmente de licencia), sea imputado por “Defraudación contra la Administración Provincial”, en el marco de la causa por la multimillonaria cosecha desaparecida del campo “El Caburé”. Esta semana, el juez de Garantía N° 1 de Villa Mercedes, Alfredo Cuello, le dio curso al pedido de declaración indagatoria y formulación de cargos que hizo el fiscal Estrada, por lo que la audiencia será el próximo 25/3.

Este causa ya tiene como imputado a Darío Oviedo Helfenberger, ex director de Ética y Legalidad de la Secretaría de Estado de Ética Pública, quien fue acusado provisoriamente como autor de los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública, peculado en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Oviedo fue despedido del Gobierno cuando esta causa salió a la luz e inclusive el mismo Bazla lo ha denunciado.

Bazla se encuentra actualmente de licencia por 90 días, sin goce de haberes. En la nota dirigida al Gobernador, el funcionario explicó que la solicitud se debe a que se encuentra “personalmente afectado con falsas e injustas acusaciones”, que buscan poner en duda la transparencia de su gestión.

“Es mi férrea voluntad no permitir que su buen nombre, honor y excelente labor de gobierno se vea empañada por maniobras espurias, a las que estoy dispuesto a enfrentar, ejercer mi defensa y sostener mi estado de inocencia”, expresó Bazla en el escrito.

El funcionario señaló que la licencia tiene como objetivo afrontar la situación y ejercer su defensa ante las acusaciones, al tiempo que remarcó su intención de que la situación no afecte al Gobierno provincial.

Concejal Divizia: “Nosotros no hacemos politiquería, venimos a hacer política”

El presidente del bloque Justicialista del Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis, Juan Martín Divizia, dio su punto de vista sobre la reunión institucional que mantuvo el lunes con el intendente Gastón Hissa en el despacho del jefe comunal. Del encuentro también participaron las concejales peronistas Julieta Ponce y Paulina Calderón, además de funcionarios de la Municipalidad de San Luis.

El edil dijo en primer lugar que la reunión con Hissa se concretó luego de dos años de solicitarla por vías formales e informales. El 2 de marzo, en el acto de apertura de sesiones de 2026, Ponce le solicitó a Hissa la reunión.

Según relató Divizia a La Gaceta Digital que durante la reunión acercaron al jefe comunal distintos planteos vinculados con la situación de la ciudad y proyectos que el Bloque Justicialista presentó en el Concejo Deliberante. “Fuimos con distintos planteos, un montón de cosas. Nos hubiera encantado que nos hubiera recibido antes. Fuimos a tratar los ejes de la ciudad que nos transmiten los vecinos y cuestiones que realmente no están bien”, sostuvo.

Entre los temas mencionados, Divizia señaló la situación de los servicios públicos y el estado de la ciudad. “La cuestión número uno es la limpieza de la ciudad. Los servicios públicos: está sucia la ciudad, está llena de baches. La municipalidad es una municipalidad lenta, perezosa, que no llega a cubrir las necesidades básicas de higiene, de bacheo y de todo lo que la gente ve en la calle”, expresó.

También vinculó esa situación con el nivel de las tasas municipales. “Son tasas que se han votado en este Concejo con subas exorbitantes y los servicios públicos no están acordes a esas tasas”, manifestó.

El concejal explicó que durante el encuentro presentaron al intendente proyectos relacionados con esas problemáticas. “Le llevamos todos los proyectos que hemos presentado con respecto a esto. Estuvimos mostrando cuáles eran los ejes que creíamos más importantes. No nos dijo ni sí ni no, ni blanco ni negro. No fue para eso la reunión, sino para plantear los temas”, indicó.

Divizia también mencionó entre las preocupaciones de su bloque la situación ambiental y social de la ciudad. En ese sentido, sostuvo que existe una “emergencia ambiental” vinculada al sistema de cloacas. “Para mí lo más importante es que estamos vertiendo todas las cloacas al río San Luis, que está llegando a la salina. Si estamos haciendo un daño, va a ser irreversible dentro de poco, o si ya no lo es”, afirmó.

Asimismo, se refirió a la situación social y económica que atraviesan muchos vecinos. “Hay muchísima gente en una situación muy compleja en lo económico, que está afectando al tejido social. Lo vemos con gente revolviendo contenedores, con personas que no llegan a fin de mes, con municipales muy complicados económicamente y cada vez más endeudados”, señaló.

En relación con los dichos de Hissa, quien manifestó que en la reunión pidió una convivencia institucional en el Concejo Deliberante, Divizia sostuvo que desde su bloque buscan debatir políticas públicas. “Nosotros en el Concejo Deliberante venimos a hablar de política. El intendente quiso hacer una separación entre la política y la legislación de la ciudad. Para mí la ciudad, las ideas y todo es política”, expresó.

En ese marco, remarcó: “Lo que él quiso decir, me parece, es que no quiere politiquería. Nosotros no hacemos politiquería, venimos a hacer política, venimos a discutir políticas públicas y proyectos”.

El presidente del bloque justicialista también cuestionó el funcionamiento del debate legislativo en el Concejo Deliberante. “Cada proyecto que llegue vamos a hacer lo mismo que hemos hecho siempre: abrirlo, leerlo punto por punto, coma por coma, trabajarlo y hacer sugerencias. Las que creemos que son buenas, que sigan, y las que no, pediremos que se modifiquen”, afirmó.

Sobre el balance del encuentro con el intendente, Divizia señaló que el objetivo fue avanzar hacia un diálogo institucional. “Lo que se habló fue buscar una buena convivencia política. Nosotros vamos a seguir haciendo sugerencias con educación, respeto y responsabilidad. Vamos a ver qué es lo que hace el bloque oficialista”, concluyó.

La exdiputada nacional Natalia Zabala Chacur habló solo tres palabras en todo 2025 en el Congreso

Un informe del sitio especializado Parlamentario reveló cuántas palabras pronunciaron los diputados nacionales en el recinto durante 2025 y dejó al descubierto fuertes contrastes en la participación de los legisladores. Entre los datos más llamativos aparece el de la exdiputada nacional por San Luis, Natalia Zabala Chacur, quien pronunció solo tres palabras en todo el año y no realizó ningún discurso durante las sesiones.

El relevamiento se basa en las transcripciones taquigráficas de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y forma parte del Índice de Calidad Legislativa que el medio publica cada año. Según el informe, entre febrero y diciembre de 2025 se pronunciaron 1.149.895 palabras en el recinto, un volumen inusualmente alto para un año electoral.

Dentro de ese universo de intervenciones, Zabala Chacur quedó prácticamente en el fondo de la tabla. La legisladora puntana ocupó el puesto 224 del ranking con apenas tres palabras pronunciadas a lo largo de todo el período. Además, integró el grupo de 43 diputados que no dieron ningún discurso durante el año legislativo.

Los otros dos exdiputados nacionales por San Luis que se fueron en diciembre tampoco quedaron muy bien parados en este ranking. Karina Bachey quedó en el puesto 196 con 195 palabras pronunciadas, mientras que Carlos Arancibia Rodríguez en el 198, con solo 155 palabras.

En el extremo opuesto del listado aparecen quienes concentraron la mayor cantidad de intervenciones. El ranking volvió a estar encabezado por el presidente de la Cámara, Martín Menem, con 84.977 palabras, seguido por el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, con 33.991 palabras, y por el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo, también con una alta participación en los debates.

El informe también muestra que el fenómeno del “silencio legislativo” no fue aislado: 17 diputados no pronunciaron una sola palabra durante todo el año, mientras que varios más registraron intervenciones mínimas, de apenas una o dos palabras.

En el caso de Zabala Chacur, su paso por la Cámara baja se dio tras acceder a la banca como suplente de la lista del peronismo en San Luis, gracias a una candidatura testimonial de María José Zanglá. Su mandato concluyó el 10 de diciembre de 2025 y no fue renovado.

El contraste entre quienes concentraron largos discursos y quienes casi no intervinieron refleja una dinámica habitual del Congreso: mientras algunos legisladores utilizan con frecuencia el recinto para fijar posiciones políticas o argumentar proyectos, otros limitan su participación a votar las iniciativas en tratamiento. Sin embargo, el caso de la exdiputada puntana se destaca incluso dentro de ese grupo por el mínimo registro de palabras pronunciadas durante todo el año legislativo.

El informe de El Parlamentario también incluye lo que hablaron en diciembre 2025 los nuevos diputados que asumieron ese mismo mes y participaron de las sesiones preparatoria y extraordinaria. De los 3 nuevos diputados nacionales por San Luis (Mónica Becerra, Carlos Almena y Jorge “Gato” Fernández), el único que habló fue el peronista, quien emitió tan solo 11 palabras. Los otros dos ni figuran en el ranking de El Parlamentario.

A modo de comparación, de los nuevos legisladores, el que más habló de los nuevos es Martín Lousteau, quien pronunció 3.155 palabras; seguido por la diputada de izquierda Myriam Bregman, con 2.726.

Mafia de las Escrituras: uno de los imputados tenía salidas transitorias para un trabajo que no existía y habría cometido delitos

Pasó un año desde que La Gaceta Digital dio a conocer la megacausa de la Mafia de las Escrituras y nuevas revelaciones siguen asombrando por el nivel de organización de la presunta asociación ilícita, que hasta el momento tiene 15 imputados y, en los próximos días, podría sumar un decimosexto.

Los abogados Maximiliano y Sebastián Pipitone, quienes investigaron y denunciaron la Mafia de las Escrituras en la Justicia, dieron a conocer que uno de los imputados, cuando estuvo preso por un par causas, obtuvo salidas transitorias para trabajar en un empleo que no existía y que habría aprovechado para cometer delitos para la presunta asociación ilícita.

El caso de la Mafia de las Escrituras continúa impactando en el Poder Judicial de San Luis y, esta vez, en particular en el fuero penal de Villa Mercedes.

“En esta causa nosotros denunciamos fuertemente al Poder Judicial, que tiene un mal funcionamiento o responsabilidades por funcionar mal. Puede ser una cuestión sistémica, que el sistema no esté bien preparado, o puede ser una cuestión de funcionarios o responsables”, fue la introducción que hizo el abogado Maximiliano Pipitone para hablar de otra arista de las presuntas irregularidades vinculadas a la Mafia de las Escrituras.

Cabe recordar que en esta megacausa se investiga una presunta asociación ilícita destinada a la apropiación ilegítima de propiedades (predios, lotes e inmuebles) mediante usurpaciones, falsificación de documentos y testigos falsos. Estas maniobras de apropiación quedaban posteriormente legalizadas mediante sentencias del Poder Judicial puntano.

El fiscal de la causa, Francisco Assat Alí, estima que las maniobras de esta presunta asociación ascienden a $6.334 millones en propiedades.

La arista en cuestión de este artículo periodístico es el caso de Carlos David Genta, el decimoquinto imputado de la megacausa. Genta quedó imputado en diciembre de 2025 por los delitos de asociación ilícita en carácter de partícipe, estafa procesal y falsificación de documentos públicos y privados.

Pipitone relató que, mientras Genta estuvo preso por varios delitos, obtuvo el beneficio de salidas transitorias para trabajar, autorizadas por la jueza de Ejecución en lo Penal de la Segunda Circunscripción, Nora Villegas.

“Se justifica esa salida ante el Juzgado de Sentencia diciendo que el propietario de una franquicia de Montemar de la ciudad de San Luis lo contrataba para realizar tareas administrativas en su financiera. Este supuesto propietario de la financiera es otro de los imputados, el doctor Pablo Herrera, que no tenía ninguna franquicia financiera de Montemar. Acá viene lo grave: jurídicamente, las financieras no pueden tener franquicia, porque tienen un permiso especialísimo otorgado por el Banco Central de la República Argentina”, explicó el abogado sobre las primeras irregularidades detectadas.

“El sistema judicial le proporciona algo que es imposible: no puede existir una franquicia de una financiera. Queda claro que uno conoce el derecho. Una jueza que le da la libertad condicional a un preso con condenas importantes para que vaya a reinsertarse en una supuesta franquicia financiera demuestra un desconocimiento grave del derecho”, señaló Pipitone.

Esta inexistente franquicia financiera estaba domiciliada en calle General Paz, a la altura de la comisaría de la Policía Federal y de una escribanía. Sin embargo, en ese lugar nunca hubo una financiera, sino una vivienda.

“Los controles del Poder Judicial, ¿dónde están? En ningún lado. El juzgado no comprobó jamás que ahí había una franquicia y eso no fue obstáculo para darle la libertad condicional”, expresó el abogado.

Dato a tener en cuenta es que éste mismo domicilio que se denunciaba a la supuesta franquicia de Montemar, fue también utilizado por los siguientes imputados: María de los Ángeles Toscano, Juan Alberto Sosa a través de dos empresas que lo tienen por socio, la inmobiliaria sin martilleros Santa Clara, una aseguradora que también llamaron Santa Clara, una fundación (ONG) que tenía como apoderado a uno de los imputados, José Héctor Jofré, e incluso también al citado para la próxima audiencia de formulación de cargos, el ingeniero Salvador Presti.

Según explicó Pipitone, ese domicilio también funcionó como “domicilio seguro”. Allí se notificaban traslados de demandas de posesión y se aseguraban de que no hubiera respuesta. De ese modo se generaba la rebeldía procesal y avanzaban las causas judiciales que luego legalizaban la apropiación de los inmuebles.

Volviendo al caso de Genta, Pipitone fue categórico: “¿Cómo vamos a rehabilitar a una persona que tiene un montón de condenas —robo, robo a mano armada, tentativa de homicidio y otros delitos— proporcionándole un trabajo en una financiera para reinsertarse en la sociedad? En realidad se lo proporcionamos a una asociación que se dedicó a burlar la Justicia”.

El abogado consideró que el sistema judicial no advirtió estas irregularidades. “El sistema no observa nada, no le importa nada, y esas son las consecuencias que estamos viviendo como sociedad. Los que ejercen la magistratura no les importa, son indiferentes. Se ha vuelto una tarea burocrática o un puesto de trabajo, nada más”, sostuvo.

Pipitone también consideró que el absurdo es aún mayor porque a Genta lo solicitaban para trabajar de lunes a viernes en jornada completa, pero la Justicia solo le autorizó media jornada debido a que no se acreditó que Herrera fuera propietario de una franquicia de Montemar.

Incluso Sebastián Pipitone mencionó que en el sitio oficial de Montemar figura que la única sucursal en la ciudad de San Luis es la ubicada en calle Belgrano.

El abogado afirmó que Genta “funcionó como un eslabón intermedio en todas estas operatorias de falsos contratos y además vendió lotes que no le pertenecían, basándose en contratos falsos”.

Pipitone también aseguró que Genta le vendió un lote a su cliente Ángel Méndez con un contrato falso de compra.

“Fragó un contrato donde dijo que lo había adquirido de una persona en el año 2010, pero esa persona había fallecido en 2007. Ese contrato tiene firmas certificadas por escribano y un sellado de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos para darle apariencia de legalidad. Lo más llamativo es que está fechado el 25 de agosto. En San Luis, el 25 de agosto la administración pública no trabaja”, afirmó.
Para Pipitone, este error y otros detectados en diversos expedientes de la causa “evidencian la impunidad con la que se manejó esta gente”.

Otro punto mencionado es que en la planilla de salidas laborales Genta estaba autorizado a salir de lunes a viernes, pero figura la firma de una salida un domingo.

Por su parte, Sebastián Pipitone comentó que Genta también era trasladado por su empleador para trabajar en un estacionamiento ubicado en calle Lavalle 950.

“Qué casualidad que ese estacionamiento fue denunciado como usurpado por el señor Mario Petchanker y allí también se lo autorizó a prestar tareas laborales. Es decir que el señor Genta fue utilizado por la asociación ilícita y se lo fue ubicando en distintos domicilios de dudosa procedencia”, afirmó.

Genta ya cumplió la condena en 2024 por los delitos por los que estaba detenido.

“Estamos en manos de un sistema que no está funcionando, o está funcionando mal, o está funcionando bien para el mal”, definió Maximiliano Pipitone.

Un ingeniero podría ser el decimosexto imputado

En otro pasaje de la extensa entrevista, los abogados adelantaron que el fiscal consideró que hay razones suficientes para llamar a formulación de cargos a Salvador Presti, un ingeniero de la Villa de Merlo.

Presti fue citado en dos oportunidades, pero hasta el momento no compareció, lo que está provocando que la causa no avance. La próxima citación es para el 30 de marzo.

“Espero que esta última citación sea efectiva y que se pueda presentar ante el juzgado, así se le pueden formular los cargos, ejercer su derecho de defensa y dejar de obstruir el avance de la causa, en caso de una nueva incomparecencia se solicitará medidas de coerción”, comentó el abogado.

En caso de que Presti quede imputado, la causa de la Mafia de las Escrituras tendrá 16 imputados y podría sumar más.

Los imputados en la causa hasta el momento son:

Juan Cruz Domínguez (señalado como autor intelectual); el abogado Pablo Héctor Herrera; María de los Ángeles Toscano; Hugo Alberto Guzmán; Juan Alberto Sosa; Alberto Javier Ochoa; Mario Cristian Vega; Carlos Mario Peralta; Roberto Córdoba Gordillo; Héctor David Escobar; Walter Luis Alejandro Terceros; José Héctor Jofré; Pedro Eduardo Mazzoca Fernández; Ruth Sonia Agüero y Carlos David Genta.

Tras un procedimiento en la EDIRO, la Policía incautó droga valuada en casi 5 millones de pesos y detuvo a un joven

Este jueves 12 de marzo, en el marco de las acciones de la “Misión Sarmiento” y como resultado de tareas preventivas por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico de la Policía de la Provincia llevaron a cabo un procedimiento en la Estación de Interconexión Regional de Ómnibus (EDIRO) de San Luis, donde incautaron una importante cantidad de droga.

En ese lugar, los policías interceptaron e identificaron a un joven de 24 años de edad (oriundo de la ciudad de San Luis), quien había bajado de un colectivo proveniente de la provincia de Córdoba.

Tras una requisa al sujeto, los efectivos incautaron y secuestraron un envoltorio de nylon que contenía cocaína solidificada, suficiente para la elaboración de 796 dosis, las que puestas a la venta ascenderían a $4.770.000 aproximadamente; un teléfono celular; un ticket de pasaje de viaje y un comprobante de pago.

Como resultado de todo el procedimiento desplegado por el personal policial, el magistrado interviniente dispuso la detención e incomunicación del joven de 24 años de edad, por infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes.

Anuncian paro nacional en aeropuertos que impactará en vuelos desde San Luis

Un paro nacional impulsado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) afectará las operaciones aéreas en la mayoría de los aeropuertos del país durante cinco jornadas de marzo. La medida de fuerza se realizará los días 18, 19, 20, 23 y 24 y podría impactar también en los vuelos comerciales que operan en el aeropuerto de la ciudad de San Luis.

De acuerdo con el comunicado difundido por el gremio, el paro se llevará adelante en dos franjas horarias por día: de 9 a 12 y de 17 a 20, lo cual afecta de manera directa a los vuelos que llegan y salen de San Luis Capital. Durante esos períodos únicamente se garantizará la atención de vuelos humanitarios, sanitarios y oficiales.

Desde ATE informaron que la medida se resolvió luego de “más de un mes de espera al cumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades en las instancias de diálogo mantenidas”. En ese sentido, señalaron que hasta el momento “no se ha presentado ninguna propuesta concreta”, lo que llevó a la organización sindical a avanzar con las acciones gremiales.

El sindicato reclama el pago de salarios con la inclusión de aumentos acordados correspondientes a ítems extra paritarios y la apertura de la paritaria sectorial.

Según indicó el gremio, las jornadas nacionales de protesta afectarán la operación aérea en gran parte de los aeropuertos del país. En el caso del aeropuerto de San Luis, las franjas horarias coinciden con parte de la programación habitual de los vuelos comerciales de Aerolíneas Argentinas, por lo que podrían registrarse demoras o reprogramaciones.

Desde ATE también señalaron que corresponde a las autoridades realizar las comunicaciones necesarias para minimizar el impacto en los usuarios del sector aéreo.

Preventiva para dos imputados por el homicidio de Javier Moyano, uno de ellos es un adolescente

La Justicia imputó a tres personas por el homicidio de Javier Moyano, ocurrido el 13 de febrero en la avenida V Centenario de la ciudad de San Luis. Se trata de Carlos Barroso, José Barroso y un adolescente de 16 años, quienes son investigados como presuntos autores del delito de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego.

Carlos Barroso ya se encontraba privado de la libertad desde el 24 de febrero. Este miércoles, la jueza subrogante del juzgado de Garantía Nº 3, Agustina Dopazo, resolvió la situación procesal de José Barroso y del adolescente, y dio por formulados cargos contra ambos.

Durante la audiencia, la defensa de los imputados, a cargo de los abogados Soledad Poma Otegui y Enrique Hanna Abdallah, cuestionó la solidez de la imputación y se opuso a la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía. No obstante, la magistrada tuvo por formulados los cargos.

En el caso de José Barroso, la jueza hizo lugar al pedido del fiscal Esteban Roche y ordenó su prisión preventiva y traslado al Servicio Penitenciario Provincial por el plazo de 120 días, mientras continúa la investigación.

La magistrada señaló que en esta etapa inicial del proceso no se exige una acreditación plena de los hechos, sino evaluar la congruencia entre el relato de la Fiscalía y la evidencia presentada, lo que consideró cumplido en este caso.

Asimismo, al analizar los riesgos procesales, entendió que existe peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación, debido a la gravedad del hecho, la solidez inicial de la imputación, la posible pena de cumplimiento efectivo y la existencia de testigos que aún deben declarar.

En relación con el adolescente de 16 años, a quien la Fiscalía atribuye haber efectuado los disparos desde el asiento del acompañante del vehículo, la jueza se limitó a formular los cargos, ya que la medida de coerción debía ser analizada por la Justicia Penal Juvenil.

De acuerdo con la teoría del caso del fiscal Roche, el día del hecho Moyano circulaba en una motocicleta azul por el carril derecho de la avenida, en sentido oeste-este, y a la altura de la manzana L del barrio 1° de Mayo un vehículo en el que se trasladaban varias personas comenzó a seguirlo. El hecho habría ocurrido entre las 19:50 y las 20.

Según la investigación, desde el asiento del acompañante el adolescente habría efectuado múltiples disparos de arma de fuego contra la víctima, quien cayó sobre el asfalto y falleció en el lugar a causa de las heridas que le provocaron un shock hipovolémico.

El abogado de la querella, Martín Loayza Fernández, adhirió a lo expresado por el fiscal. En la sala también estuvo presente la esposa de la víctima, quien manifestó temor por su vida.

Prisión domiciliaria para el adolescente
El pedido de la medida de coerción respecto del adolescente fue analizado en el fuero penal juvenil, tal como lo establece el artículo 251 del Código Procesal Penal de San Luis.

Tras la audiencia realizada en el juzgado de Garantía, se llevó a cabo una nueva audiencia ante la jueza Daniela Benenatti, quien hizo lugar al requerimiento de la Fiscalía y dispuso la prisión domiciliaria del adolescente por el plazo de 90 días, bajo la supervisión de sus tíos y con control policial.

La magistrada también ordenó el seguimiento del Instituto de Reinserción Social, asistencia psicológica por parte del área penal juvenil y medidas para garantizar que el joven retome sus estudios de manera virtual. Asimismo, dispuso que la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF) evalúe ampliar el intervalo de los controles domiciliarios.

Benenatti señaló que la medida busca asegurar el desarrollo de la investigación, que se encuentra en una etapa inicial, y proteger tanto a la familia de la víctima como al propio adolescente.

La Defensoría de Niñez, que representa al adolescente imputado, cuestionó algunos aspectos del procedimiento y sostuvo que el joven se presentó voluntariamente ante la División Homicidios, cuando la intervención debió realizarla la CANAF.

Desde la Defensoría también señalaron que no habría riesgo de entorpecimiento, ya que el joven cumpliría la medida en un barrio distinto al de los testigos. Si bien no se opusieron a la prisión domiciliaria, solicitaron garantizar continuidad escolar y contención psicológica para el adolescente.