Quince clubes recibieron financiamiento para obras y desarrollo deportivo

El Gobierno provincial incorporó a 15 instituciones deportivas a la segunda edición del programa “Creciendo con Tu Club”, una iniciativa que brinda asistencia económica para obras de infraestructura y la contratación de personal técnico y profesional. La entrega de los decretos fue encabezada este sábado por el gobernador Claudio Poggi en el Salón Malvinas Argentinas.

Durante el acto, Poggi sostuvo que el programa busca fortalecer el rol social de los clubes en la formación de niños y adolescentes. “Mientras más tiempo usemos en el deporte y en la cultura, menos margen queda para que pasen esas cosas que ninguno de nosotros queremos que pase”, expresó. También remarcó la importancia de que las instituciones cuenten con instalaciones adecuadas para recibir a los chicos y sus familias.

La secretaria de Deportes, Adelaida Muñiz, recordó que la primera edición del programa, desarrollada en 2025, alcanzó a 42 clubes y alrededor de 8.000 niños y adolescentes. En esta nueva convocatoria se inscribieron 41 instituciones y, hasta el momento, 15 completaron los requisitos necesarios para incorporarse al programa.

Para acceder al beneficio, los clubes debieron regularizar su situación jurídica, participar de instancias de capacitación e incorporar a un representante de las categorías infantojuveniles en sus comisiones directivas. El programa contempla tres niveles de financiamiento: aportes mensuales de entre $500.000 y $1,5 millones destinados al desarrollo deportivo, además de fondos anuales para infraestructura que van desde $30 millones hasta $100 millones, según la categoría asignada.

Uno de los clubes incorporados fue la Asociación Civil Vóley La Toma. Su representante, Javier Garro, explicó que la institución funciona desde hace nueve años, reúne a 120 chicos que compiten en la Federación Sanluiseña de Vóley y actualmente no cuenta con sede propia. “Este aporte que nos brinda el Gobierno nos hace soñar y nos hace crecer mucho más”, afirmó. Además, contó que recientemente un vecino donó parte de un terreno para la futura construcción del club.

Otra de las entidades beneficiadas fue el Club Social y Deportivo El Trapiche. Su presidente, Diego Guevara, informó que los recursos permitirán incorporar un coordinador y un profesor para las divisiones inferiores, además de ejecutar obras como la ampliación de vestuarios, la construcción de sanitarios para el público, una cabina de transmisión, un espacio para guardar equipamiento y un quincho.

Guevara destacó que el programa representa “una herramienta fundamental para que los clubes puedan seguir creciendo” y aseguró que la institución esperaba una iniciativa de estas características “desde hace mucho tiempo”. Actualmente, el club reúne a unos 160 chicos que participan en fútbol infantil, Primera División y gimnasia artística.

El Aeropuerto Valle del Conlara difundió el cronograma de vuelos de agosto

El Ente de Desarrollo Aeronáutico, coordinado por el ministerio de Desarrollo Productivo Sustentable, informó los horarios de los vuelos que llegarán y partirán desde el Aeropuerto Internacional Valle del Conlara en el mes de agosto. Los servicios mantendrán dos frecuencias semanales, entre el aeropuerto local y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El calendario, comunicado por el Ente de Desarrollo Aeronáutico, contempla las frecuencias habituales de los días jueves y domingos, con servicios de ida y vuelta operados por Aerolíneas Argentinas.

Los vuelos procedentes de Aeroparque tendrán como horario habitual de arribo al Aeropuerto Internacional Valle del Conlara las 21:40. No obstante, los servicios correspondientes a los días 2 y 30 de agosto llegarán a las 22:40.

En tanto, las partidas desde Valle del Conlara hacia Aeroparque están previstas habitualmente para las 22:10, con excepción de esas mismas fechas, cuando despegarán a las 23:10.

Cronograma de vuelos:

Domingo 2 de agosto

  • Vuelo AR1594: Aeroparque – Valle del Conlara, arribo a las 22:40.
  • Vuelo AR1595: Valle del Conlara – Aeroparque, partida a las 23:10.

Jueves 6 de agosto

  • Vuelo AR1594: Aeroparque – Valle del Conlara, arribo a las 21:40.
  • Vuelo AR1595: Valle del Conlara – Aeroparque, partida a las 22:10.

Domingo 9 de agosto

  • Vuelo AR1594: Aeroparque – Valle del Conlara, arribo a las 21:40.
  • Vuelo AR1595: Valle del Conlara – Aeroparque, partida a las 22:10.

Jueves 13 de agosto

  • Vuelo AR1594: Aeroparque – Valle del Conlara, arribo a las 21:40.
  • Vuelo AR1595: Valle del Conlara – Aeroparque, partida a las 22:10.

Domingo 16 de agosto

  • Vuelo AR1594: Aeroparque – Valle del Conlara, arribo a las 21:40.
  • Vuelo AR1595: Valle del Conlara – Ezeiza, partida a las 22:10.

Jueves 20 de agosto

  • Vuelo AR1594: Aeroparque – Valle del Conlara, arribo a las 21:40.
  • Vuelo AR1595: Valle del Conlara – Aeroparque, partida a las 22:10.

Domingo 23 de agosto

  • Vuelo AR1594: Aeroparque – Valle del Conlara, arribo a las 21:40.
  • Vuelo AR1595: Valle del Conlara – Aeroparque, partida a las 22:10.

Domingo 30 de agosto

  • Vuelo AR1594: Aeroparque – Valle del Conlara, arribo a las 22:40.
  • Vuelo AR1595: Valle del Conlara – Aeroparque, partida a las 23:10.

“Contar con un cronograma definido permite que los pasajeros puedan planificar sus viajes con anticipación y seguir fortaleciendo la conectividad aérea de la provincia. Desde el Ente trabajamos para acompañar la operación y brindar información actualizada a quienes utilizan este servicio”, expresó Horacio Quiroga, presidente del Ente de Desarrollo Aeronáutico.

Los horarios informados podrán sufrir modificaciones o cancelaciones por razones operativas. Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse con el Ente de Desarrollo Aeronáutico al teléfono 2664-452000 (interno 4106) o por correo electrónico a aeropuertodelconlara@gmail.com

El Gobierno mejorará los nodos de la Autopista de la Información en tres localidades

La Gira Institucional que lleva adelante este viernes el gobernador Claudio Poggi comenzó en el edificio del Data Center provincial, en La Punta, donde se interiorizó acerca de la labor diaria que realiza la Autopista de la Información (AUI) para mantener a San Luis entre las provincias con mejor conectividad.

Antes de un recorrido por el edificio, el presidente de la Agencia de Ciencia, Tecnología y Sociedad San Luis, Pablo Guerreiro, firmó un llamado a licitación destinado a la ejecución de mejoras en los nodos de la AUI ubicados en Villa de Merlo, Concarán y Tilisarao.

La iniciativa forma parte del plan de fortalecimiento de la infraestructura tecnológica provincial, con el objetivo de optimizar la conectividad y garantizar un funcionamiento más eficiente de la red que sostiene múltiples servicios digitales del Estado.

Según la explicación técnica y respecto de las obras ejecutadas que le presentaron al Gobernador, Guerreiro indicó que el edificio no ha recibido intervenciones importantes durante más de dos décadas. “Se hizo una obra de mantenimiento y una refuncionalización. Se reemplazó el piso, la alfombra, se realizaron trabajos de pintura, mejoras en la seguridad perimetral y adecuaciones internas pensando en futuras ampliaciones”, precisó.

En materia tecnológica, anunció la incorporación de nuevo equipamiento para aumentar la capacidad operativa del Data Center. Además, esta actualización permite gestionar mayores volúmenes de operaciones y respaldo de datos mediante tecnología avanzada que optimiza el flujo de información.

“Se compró un nuevo servidor que nos da mayor capacidad de procesamiento y almacenamiento para acompañar el crecimiento de los servicios digitales”, sostuvo.

Sobre la red provincial, el director destacó que San Luis dispone de “7.700 kilómetros de fibra óptica”, una infraestructura que “permite conectar el ciento por ciento de las comisarías, centros de salud y escuelas”. En ese sentido, aseguró que “somos la provincia mejor conectada del país” y remarcó que el objetivo es que “hasta un paraje pueda recibir la misma calidad de servicio que un usuario en la Ciudad de Buenos Aires”.

También informó que la provincia cuenta con “1.936 antenas Wi-Fi” que brindan conectividad a alrededor de “300 mil personas”, y explicó que el crecimiento del consumo de internet exige nuevas inversiones. “La gente usa más servicios digitales, hace más trámites online, estudia, trabaja y utiliza inteligencia artificial. Eso hace que el consumo sea cada vez mayor”, señaló.

En ese contexto, anunció la ampliación de la red troncal mediante nuevos anillos de fibra óptica. “Lo que estamos haciendo es generar una nueva autopista para los datos. Esto nos permitirá aumentar la capacidad de transmisión y garantizar el servicio aun cuando exista un corte en alguno de los enlaces”, explicó.

Finalmente, Guerreiro destacó que el Data Center aloja servidores de empresas como Google, Meta y Netflix, lo que mejora el rendimiento de la red provincial. “Hemos hecho convenios para que sus servidores estén instalados acá. Eso evita que el tráfico tenga que salir del país, mejora la velocidad y nos permite ahorrar una parte importante del ancho de banda que compra la provincia”, concluyó.

Anillos estratégicos y nuevas obras de ampliación
Con el objetivo de responder a la creciente demanda de datos impulsada por el uso de trámites digitales, capacitaciones en línea e inteligencia artificial, la provincia inició la Fase 3 de ampliación de la red. Esta etapa permitirá cerrar nuevos anillos de fibra óptica (conectando sectores como Merlo y Cortaderas ), lo que garantiza la redundancia del sistema.

“Es fundamental cerrar los anillos. Si por alguna razón se interrumpe un tramo principal, el tráfico de datos se redirige automáticamente por otra vía de alta velocidad sin afectar el servicio de los ciudadanos”, dijo.

Para finalizar el encuentro, el Gobernador acotó que San Luis ratifica el cumplimiento del derecho constitucional de acceso a la conectividad. Esto asegura que un habitante de un paraje alejado reciba la misma calidad de servicio digital que las grandes ciudades del país.

Fuente: ANSL

Un hombre se encuentra en estado crítico luego de ser rociado con combustible y prendido fuego

Un hombre permanece internado en estado crítico luego de haber sufrido graves quemaduras durante un violento episodio ocurrido en una vivienda del barrio La Ribera, en la ciudad de Villa Mercedes.

El hecho fue reportado alrededor de las 23:43 de este jueves 30, cuando el Centro de Operaciones recibió un llamado alertando sobre una presunta situación de violencia familiar en el lugar. Minutos más tarde, se informó que la víctima habría sido rociada con combustible y prendida fuego, por lo que se solicitó de inmediato la presencia del servicio de emergencias médicas.

Personal del SEMPRO asistió al hombre y lo trasladó de urgencia al hospital, donde permanece internado con aproximadamente el 50% de la superficie de su cuerpo afectada por quemaduras. De acuerdo con los primeros informes médicos, su estado es crítico y su vida se encuentra comprometida.

Según las actuaciones policiales, el hecho ocurrió en el interior de una vivienda del barrio La Ribera. Asimismo, se estableció que, al momento del ataque, el combustible utilizado también habría provocado el incendio de una cama ubicada en el domicilio, propagándose posteriormente las llamas al resto del inmueble. Debido a la intensa presencia de humo, los moradores no pudieron ingresar al lugar.

En el sitio trabajaron efectivos policiales, personal de Bomberos, del servicio de salud y de Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes.

Por disposición de la fiscal de Instrucción interviniente, Gisela Milstein, la investigación quedó a cargo de la División Homicidios, que continúa con las diligencias para el esclarecimiento del hecho y la localización de las personas señaladas como presuntas autoras, quienes se retiraron del lugar tras el episodio.

La causa continúa en etapa investigativa y las autoridades trabajan para determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

El Gobierno otorgó anticipos de coparticipación por $55 millones a Potrero de los Funes y San Pablo

El Gobierno provincial otorgó anticipos de coparticipación por un total de $55 millones a las municipalidades de Potrero de los Funes y San Pablo, luego de que ambas comunas solicitaran asistencia financiera para afrontar déficits temporales de caja provocados por la disminución de los recursos provenientes de la coparticipación nacional, según se conoció este viernes con la publicación de los decretos en el Boletín Oficial.

Potrero de los Funes recibió un anticipo de coparticipación de $30 millones, mientras que para la Municipalidad de San Pablo, (ubicada en el Valle del Conlara a 140 kilómetros al noreste de la ciudad capital), se autorizó un desembolso de $25 millones.

En ambos casos, los municipios fundamentaron sus pedidos en la necesidad de atender déficits temporales de caja derivados de la “profunda fluctuación en los giros de coparticipación provocada por la merma en la distribución de los recursos nacionales”, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios esenciales y de las políticas públicas municipales.

Las medidas fueron oficializadas mediante los decretos Nº 7496-MHIP-2026 y Nº 7483-MHIP-2026, firmados por el gobernador Claudio Poggi, el ministro de Hacienda e Infraestructura Pública, Néstor Ordoñez, y el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain.

Los decretos señalan que el Ministerio de Hacienda e Infraestructura Pública prestó conformidad al otorgamiento de los anticipos, que serán desembolsados y reintegrados de acuerdo con las condiciones establecidas en las actuaciones administrativas correspondientes. Además, facultan a esa cartera a modificar la modalidad de reintegro mediante resolución ministerial.

El Gobierno nacional adjudicó el Tramo Puntano: el peaje será de $1.440,08 más IVA cada 100 kilómetros y será actualizado

La gestión de Javier Milei adjudicó la concesión del denominado Tramo Puntano de la Red Federal de Concesiones a la unión transitoria de empresas integrada por BASAA S.A. y CECOSA S.A., que tendrá a su cargo durante los próximos 20 años la explotación, administración, mantenimiento y mejora de un corredor vial de aproximadamente 720 kilómetros que atraviesa las provincias de San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución 1186/2026 del Ministerio de Economía, que adjudicó cuatro corredores viales correspondientes a la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones. En el caso del Tramo Puntano, la propuesta ganadora fue la oferta Nº 27, presentada por BASAA y CECOSA, con una tarifa de $1.440,08 más IVA cada 100 kilómetros. Ese monto está expresado a valores de julio de 2025, tal como ocurrió en todos los renglones de la licitación. Por ese motivo, antes de la puesta en marcha de la concesión el importe deberá ser actualizado para determinar cuál será el valor efectivo que pagarán los usuarios en las estaciones de peaje.

En territorio puntano, la concesión comprende un tramo de aproximadamente 30 kilómetros de la Ruta Nacional 8, entre Vizcacheras y Villa Mercedes, que forma parte del corredor vial licitado por el Gobierno nacional.

Según informó La Nación, BASAA es una constructora cordobesa vinculada a Horacio Miró y Walter Poplawski. Miró ocupó un cargo en la función pública durante la gestión del exgobernador cordobés José Manuel de la Sota, cuando estuvo al frente de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF), mientras que la empresa también tuvo una importante participación en la obra pública durante la administración de Juan Schiaretti.

 El proceso licitatorio

 La adjudicación pone fin al proceso licitatorio iniciado meses atrás para el Tramo Puntano. A comienzos de julio, el Ministerio de Economía había aprobado la etapa de precalificación y habilitado la apertura de las ofertas económicas luego de que ocho propuestas superaran la evaluación técnica y administrativa.

Las empresas que habían quedado precalificadas eran:

  • Rovella Carranza S.A. – JCR S.A.
  • IEB Construcciones S.A. – Trading MRG S.A.U.
  • CN Sapag S.A. – Víctor M. Contreras y Cía. S.A.
  • CPC S.A.
  • Luciano Construcciones S.A.
  • BASAA S.A. – CECOSA S.A.
  • Panedile Argentina S.A.I.C.F. e I. – Supercemento S.A.I.C. – Eleprint S.A.
  • José J. Chediack S.A.I.C.A. – Benito Roggio e Hijos S.A.

En aquella instancia, la Comisión Evaluadora había desestimado las ofertas de Vial Agro S.A. y de la UTE conformada por Autovía Construcciones y Servicios S.A. y Guigivan S.R.L., por no cumplir con los requisitos establecidos en el pliego.

Además, el Ministerio de Economía hizo lugar a una impugnación presentada por la unión de empresas Creditech S.A. – Plantel S.A., que finalmente también fue incorporada al proceso tras la revisión de su situación económico-financiera.

 Qué comprende la concesión

 La concesión del Tramo Puntano incluye la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento del corredor vial, además de la prestación de servicios a los usuarios y el desarrollo de explotaciones complementarias.

De acuerdo con el esquema definido por el Gobierno nacional, las concesiones se ejecutarán sin subsidios estatales, con financiamiento privado para la operación y el mantenimiento de las rutas, mientras que los ingresos provendrán del cobro de peajes y de otras explotaciones previstas en los contratos.

Banó hizo lugar al planteo de las defensas y remitió la causa contra exfuncionarios de Rodríguez Saá al juez Flores Leyes

La jueza de Garantía Nº 4, Luciana Banó, hizo lugar al planteo de incompetencia presentado por las defensas de los exministros de Seguridad Luciano Anastasi y Claudio Latini, el exintendente de La Toma y actual diputado nacional Ernesto Alí, y los exintendentes Jeremías Vivas y Mario Canali, todos imputados por presuntas maniobras de fraude contra la administración pública durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá. En consecuencia, resolvió remitir el expediente al Juzgado de Garantía Nº 3, a cargo de Marcos Flores Leyes, al considerar que es el juez natural de la causa.

La decisión fue adoptada este jueves, un día después de la audiencia en la que los abogados defensores solicitaron que Banó dejara de intervenir en el expediente y antes de que se analizaran los pedidos de sobreseimiento presentados por los imputados. Con esta resolución, será Flores Leyes quien deba continuar con el trámite de la causa y fijar una nueva audiencia para resolver esos planteos.

En los fundamentos de su resolución, Banó recordó que la investigación ingresó originalmente al Juzgado de Garantía Nº 3 porque era el tribunal que se encontraba de turno cuando se formularon las denuncias, en diciembre de 2023. Posteriormente, la entonces jueza provisoria Natalia Lazarte Otero se excusó de intervenir por mantener una relación de vecindad con uno de los imputados, el exministro Latini, lo que dio origen a una contienda de competencia que fue resuelta por el Tribunal de Impugnaciones, que confirmó la intervención del Juzgado de Garantía Nº 4.

Sin embargo, la magistrada sostuvo que la situación cambió con la reincorporación de Marcos Flores Leyes como titular del Juzgado de Garantía Nº 3.

“Al haberse reincorporado en sus funciones el juez titular del Juzgado de Garantía Nº 3, Dr. Marcos Flores Leyes, desaparece de esta manera la causal de excusación”, afirmó Banó al fundamentar su decisión.

En consecuencia, consideró procedente el planteo formulado por las defensas y resolvió declinar su competencia e inhibirse de continuar interviniendo en el expediente, ordenando su remisión al Juzgado de Garantía Nº 3.

En la resolución, Banó desarrolló un extenso análisis sobre el principio constitucional del juez natural y recordó que la competencia judicial es de orden público, improrrogable e indelegable.

La magistrada sostuvo que la garantía del juez natural exige que las causas sean resueltas por los órganos jurisdiccionales previamente establecidos por la ley y remarcó que el sistema de turnos constituye un criterio objetivo para la asignación de los expedientes. También citó doctrina especializada para señalar que ese principio no puede desvincularse de la persona física del magistrado cuando desaparecen las circunstancias excepcionales que motivaron su apartamiento.

La resolución se conoció un día después de que Banó prorrogara por otros 30 días las medidas de coerción que pesan sobre los cinco imputados, mientras resolvía el planteo de incompetencia formulado por las defensas.

En esa audiencia, los abogados Cristóbal Ibáñez, Alejandro Cordido, Nedo Gómez y Cecilia Cabello sostuvieron que el regreso de Marcos Flores Leyes al Juzgado de Garantía Nº 3 hacía desaparecer el motivo que había originado el traslado de la causa al Juzgado de Garantía Nº 4. La Fiscalía y la Fiscalía de Estado se opusieron al planteo por considerar que la cuestión ya había sido resuelta por el Tribunal de Impugnaciones y que el pedido era extemporáneo.

La investigación

Los cinco exfuncionarios fueron imputados en septiembre de 2025 por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Según la acusación fiscal, durante las gestiones de Luciano Anastasi y Claudio Latini al frente del Ministerio de Seguridad se firmaron convenios con distintos municipios para ejecutar refacciones en comisarías, cuarteles de bomberos y otras dependencias policiales. La Fiscalía sostiene que se realizaron transferencias de fondos públicos por montos superiores a los previstos, pese a que las obras no comenzaron, quedaron inconclusas o nunca fueron ejecutadas. Posteriormente, los convenios fueron rescindidos invocando la situación económica, aunque gran parte del dinero ya había sido girado a los municipios.

Con el expediente nuevamente radicado en el Juzgado de Garantía Nº 3, será ahora el juez Marcos Flores Leyes quien deberá resolver los pedidos de sobreseimiento presentados por las defensas y definir la continuidad del proceso.

Elecciones 2027: el Partido Justicialista convocará a su Congreso Provincial para el 22 de agosto

El Partido Justicialista (PJ) de San Luis informó, a través de un comunicado, que el próximo Congreso Provincial se realizará el sábado 22 de agosto, en el marco del proceso de organización interna con vistas a las elecciones de 2027.

Según el comunicado partidario, la decisión fue adoptada este jueves durante una reunión del Consejo Provincial del PJ junto a la Mesa Directiva del Congreso Provincial, de la que participó el presidente del partido, Alberto Rodríguez Saá.

La convocatoria será comunicada formalmente a los congresales de toda la provincia, de acuerdo con los procedimientos y plazos previstos en la Carta Orgánica y en las normas vigentes del Partido Justicialista.

De acuerdo con lo informado por el PJ, el Congreso tendrá como objetivo “comenzar a preparar al justicialismo provincial para las próximas elecciones y establecer los mecanismos políticos e institucionales que permitirán la participación del partido en el próximo período electoral, en la totalidad de los cargos electivos que se disputen en la provincia de San Luis”.

En el comunicado, el Partido Justicialista sostuvo además que la convocatoria forma parte de su “proceso de organización institucional” y reafirmó su compromiso con la participación democrática y la construcción de una propuesta política para la provincia.

La jueza Banó renovó las cautelares a los ex funcionarios de Rodríguez Saá mientras define su continuidad en la causa

La jueza de Garantía Nº 4, Luciana Banó, prorrogó este miércoles por otros 30 días las medidas de coerción que pesan sobre los ex ministros de Seguridad Luciano Anastasi y Claudio Latini, el ex intendente de La Toma y actual diputado nacional Ernesto Alí, y los ex intendentes Jeremías Vivas y Mario Canali, todos imputados por presuntas maniobras irregulares durante el ejercicio de la función pública.

La audiencia prevista originalmente para analizar los pedidos de sobreseimiento presentados por las defensas no pudo avanzar sobre ese punto, ya que horas antes de su realización los abogados Cristóbal Ibáñez, Alejandro Cordido, Nedo Gómez y Cecilia Cabello presentaron escritos solicitando que la magistrada se declare incompetente para continuar al frente del expediente.

Ese planteo fue formalizado durante la audiencia y Banó informó que resolverá la cuestión en un plazo de 48 horas. Recién una vez definido ese aspecto procesal se fijará una nueva audiencia para tratar los pedidos de sobreseimiento.

Las defensas sostienen que la causa debe volver al Juzgado de Garantía Nº 3, ya que originalmente estaba a cargo de ese tribunal. El expediente había pasado a manos de Banó luego de que la entonces jueza subrogante Natalia Lazarte se excusara por mantener una relación de vecindad con uno de los imputados. Esa excusación fue finalmente avalada por el Tribunal de Impugnaciones, que confirmó la intervención de Banó. Sin embargo, los abogados argumentan que, tras el regreso del juez Marcos Flores Leyes al Juzgado de Garantía Nº 3, desapareció el motivo que había originado aquel apartamiento y el expediente debe volver a su juez natural.

Mientras tanto, la jueza hizo lugar al pedido formulado por la Fiscalía de Instrucción Nº 6 y prorrogó por otros 30 días las medidas de coerción que pesan sobre los cinco imputados. Entre ellas se mantienen la obligación de firmar el libro de imputados y la inhibición general de bienes por el plazo previsto en la normativa registral.

Respecto de la prohibición de salir de la provincia, Banó recordó que la restricción continúa vigente para la mayoría de los acusados, aunque Luciano Anastasi ya había sido exceptuado anteriormente de esa medida. En el caso de Ernesto Alí, precisó que nunca se le impuso esa limitación debido a sus fueros como diputado nacional.

Asimismo, informó que ordenó librar oficio a los registros de la propiedad para dejar sin efecto la prohibición de contratar que había sido dispuesta al momento de la formulación de cargos, en septiembre de 2025, en cumplimiento de lo resuelto oportunamente por el Tribunal de Impugnaciones.

¿Por qué se los investiga?
Los cinco exfuncionarios fueron imputados en septiembre de 2025 por presuntas maniobras de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Según la imputación fiscal, durante la gestión de Luciano Anastasi al frente del Ministerio de Seguridad se firmaron convenios con distintos municipios para ejecutar refacciones en comisarías, cuarteles de bomberos y otras dependencias policiales. Los contratos fueron adjudicados de manera directa y contemplaban anticipos de hasta el 40% del monto de obra. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que se realizaron transferencias por montos superiores a los previstos sin que las obras comenzaran, avanzaran o fueran finalizadas.

Posteriormente, ya con Claudio Latini como ministro, esos convenios fueron rescindidos de común acuerdo invocando la inestabilidad económica y la inflación, pese a que gran parte de los fondos ya había sido transferida. De acuerdo con la acusación, inspecciones e informes técnicos realizados entre 2023 y 2024 constataron que las obras nunca se ejecutaron y que los edificios continuaban en estado de abandono.

Para la Fiscalía, los hechos responden a un mismo esquema de actuación consistente en celebrar contratos, liberar fondos públicos y posteriormente rescindir los convenios sin que existieran rendiciones suficientes ni ejecución efectiva de los trabajos comprometidos.

En ese marco, Luciano Anastasi y Claudio Latini fueron imputados por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real. Por su parte, Ernesto Alí, Jeremías Vivas y Mario Canali fueron imputados como coautores de fraude en perjuicio de la administración pública y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal.

Concejo Deliberante: el oficialismo aprobó las cuentas de inversión 2025 y el peronismo denunció falta de transparencia

Foto: Prensa Concejo Deliberante.

El Concejo Deliberante capitalino aprobó este jueves las cuentas de inversión correspondientes al ejercicio 2025 de la Municipalidad de San Luis por 9 votos contra 6, luego de casi tres horas de debate. La sanción era previsible debido a la mayoría con la que cuenta el oficialismo en el cuerpo. El peronismo criticó al oficialismo alegando una falta de transparencia en las cuentas de inversión.

El miembro informante del oficialismo, Diego Videla, defendió el despacho favorable y sostuvo que la mayoría del Tribunal de Cuentas concluyó que la información presentada reflejaba “razonablemente” la situación económica, financiera y presupuestaria del municipio al cierre del ejercicio. Destacó que, luego de los ajustes incorporados durante la auditoría, el ejercicio cerró con un resultado positivo de $858 millones, que las modificaciones presupuestarias representaron el 21,23% del presupuesto inicial, por debajo del límite legal del 30%, y que no se detectaron sobregiros en las partidas presupuestarias. Agregó que el pasivo exigible quedó determinado en $944 millones, al que se sumaron $900 millones de gastos reapropiados, lo que dejó un remanente financiero positivo de $18 millones.

Videla también repasó algunas de las principales políticas financiadas durante 2025. Señaló que el Municipio destinó $8.006 millones a Transpuntano para sostener el servicio de transporte urbano, el boleto estudiantil gratuito y el beneficio para jubilados. Además, destacó los aportes realizados al Centro de Logística y Servicios Municipal para programas ambientales, mantenimiento de espacios públicos y el plan Volvé a Tu Plaza, así como los recursos destinados al Ente de Cultura y Turismo y al Ente de Comunicación.

La oposición cuestionó la falta de información

La principal crítica de la oposición estuvo a cargo del concejal Andrés Russo, quien sostuvo que la documentación remitida por el Ejecutivo no contiene el nivel de detalle necesario para ejercer un adecuado control sobre la ejecución presupuestaria.

El edil afirmó que las cuentas presentan menos información que en ejercicios anteriores porque no detallan adecuadamente los gastos y recursos. También aseguró que detectaron diferencias contables sin explicación por $53 millones, ajustes presupuestarios posteriores sin respaldo administrativo y gastos extrapresupuestarios que, según afirmó, no fueron aprobados por el Concejo Deliberante ni por el intendente. Además, cuestionó que el Ejecutivo no enviara funcionarios para responder las observaciones realizadas en la reunión que hubo con integrantes del Tribunal de Cuentas.

Russo sostuvo además que la transparencia requiere “más información y no menos” y remarcó que las actuales cuentas de inversión contienen menos datos que las presentadas en años anteriores. Según expresó, esa falta de información impide conocer con precisión cómo se ejecutó el presupuesto y dificulta el control de los recursos públicos, por lo que anticipó el voto negativo de su bloque.

Por el bloque justicialista, Paulina Calderón sostuvo que las cuentas de inversión “no son una rendición de cuentas sino un ejercicio de ocultamiento” y definió la gestión municipal en tres ejes: “falta de transparencia, espejismo y amnesia”.

La concejal cuestionó que el expediente no permita conocer cuánto se ejecutó en programas específicos porque las partidas no están desagregadas. Como ejemplo, señaló que no es posible determinar cuánto se destinó a asistencia alimentaria, discapacidad, adultos mayores, bacheo, mantenimiento de plantas potabilizadoras, Zoonosis o pauta publicitaria.

También criticó gastos vinculados con la compra de aires acondicionados, impresoras y sillones para el bloque oficialista y sostuvo que la rendición “omite información”, constituye “un dibujo contable” y se aparta de los principios de transparencia que el actual oficialismo reclamaba cuando era oposición.

El oficialismo defendió la gestión de Hissa

La presidenta del bloque Ahora San Luis, Lizbeth Huatay, respondió a las críticas de la oposición enumerando distintas políticas impulsadas por la gestión del intendente Gastón Hissa, entre ellas las recomposiciones salariales otorgadas a los trabajadores municipales.

Durante su discurso también cuestionó con dureza a los bloques opositores, a los que calificó como “jinetes del apocalipsis” y acusó de llevar adelante una “oposición despiadada”. Asimismo, dedicó parte de su intervención a destacar la gestión del jefe comunal.

Tras las exposiciones de Videla, Russo, Huatay y Calderón, también hicieron uso de la palabra los concejales justicialistas Gastón Témoli, Agustina Gatto, Julieta Ponce y Juan Divizia. Luego Russo y Huatay hablaron nuevamente hasta que la legisladora pidió el cierre del debate. En la votación, el oficialismo impuso su mayoría y logró la aprobación las cuentas de inversión 2025 por 9 votos contra 6.