Los salarios del Poder Judicial del fuero provincial muestran una marcada diferencia frente a los de otras provincias, según dos relevamientos nacionales. En el caso de los trabajadores ingresantes, la evolución salarial registrada entre noviembre de 2025 y agosto de 2026 fue del 11,29% si se contabilizan los bonos, frente a un aumento del 27,69% de la Canasta Básica Total en el mismo período. La brecha también se refleja en los haberes de jueces de Cámara y de Primera Instancia, que ubicaron a San Luis en el penúltimo puesto del país.
El reciente informe de la Federación Judicial Argentina (FJA) relevó los salarios de ingreso de los Poderes Judiciales provinciales entre noviembre de 2025 y agosto de 2026. El estudio toma como referencia el haber neto de un trabajador administrativo ingresante, sin antigüedad ni adicionales particulares, y lo compara con la evolución de la Canasta Básica Total (CBT) para un hogar de cuatro integrantes.
Durante ese período, la CBT pasó de $1.257.329 a $1.605.497, con un incremento acumulado del 27,69%.
Para San Luis, la FJA calculó una variación del 11,29% cuando se contabilizan los bonos. En cambio, al tomar la base salarial sin esas sumas, el informe registra una variación de -32,22%. En ambos casos, los porcentajes quedaron por debajo del aumento de la CBT.
El propio informe aclara que las cifras deben analizarse teniendo en cuenta las diferencias salariales de partida y el tratamiento de los bonos y sumas no remunerativas. En particular, señala que en San Luis la absorción o quita de esas sumas impacta en la evolución del haber de bolsillo.
Los salarios de jueces y secretarios
El informe de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, elaborado con datos al 8 de julio de 2026, ubicó a San Luis en el puesto 23 de 24 jurisdicciones en el salario neto de un juez de Cámara con 20 años de antigüedad. El haber informado para la provincia fue de $3.549.872,49, frente a una media nacional de $8.443.350,76.
La diferencia también aparece entre los jueces de Primera Instancia con 15 años de antigüedad. En este caso, San Luis registró un salario neto de $2.886.582,09, el menor del cuadro, mientras que la media de las 24 jurisdicciones fue de $6.813.547,12.
Dentro de la región de Cuyo, la brecha es todavía más marcada. Para ese mismo cargo, el informe registró $7.314.316,56 en San Juan y $7.666.993,11 en Mendoza, frente a los $2,88 millones correspondientes a San Luis.
En el caso de los secretarios de Primera Instancia con 10 años de antigüedad, San Luis aparece con un haber neto de $2.446.928,39, frente a una media nacional de $4.632.839,47. La provincia quedó en el puesto 22 de las 24 jurisdicciones relevadas. Los aumentos dispuestos por el Superior Tribunal
Durante 2026, el Superior Tribunal de Justicia estableció dos acuerdos salariales para el personal judicial.
En febrero, mediante el Acuerdo N° 14-STJSL-SC-2026, dispuso un incremento del 10%, dividido en dos tramos de 5%: uno desde febrero y otro desde abril. Ambos fueron calculados sobre los haberes de enero de 2026 y no fueron acumulativos.
Posteriormente, el Acuerdo N° 126-STJSL-SC-2026, firmado en julio, estableció otro 20%, también calculado sobre los haberes de enero. Los tramos fueron fijados para julio, agosto, octubre y noviembre, con un 5% en cada caso.
De esta manera, los acuerdos fijaron para 2026 un incremento total del 30% respecto de los haberes de enero, una vez completados todos los tramos previstos.
Los aumentos alcanzan al sueldo básico, la compensación jerárquica y los complementos remunerativos. El STJ también dispuso gestionar ante el Ministerio de Hacienda provincial el refuerzo presupuestario necesario para afrontar el mayor costo salarial.
Los dos relevamientos permiten observar así la posición de San Luis frente a otras jurisdicciones: mientras los acuerdos del Superior Tribunal establecieron una pauta salarial del 30% para 2026, los informes nacionales muestran que los salarios judiciales puntanos se mantienen por debajo de los registrados en buena parte del país, tanto en el caso de los trabajadores ingresantes como en los cargos de jueces y secretarios relevados.
Identidad Radical brindó este miércoles una conferencia de prensa para denunciar lo que calificó como un intento de “proscripción” en las elecciones internas de la UCR de San Luis y cuestionar la actuación de la Junta Electoral partidaria. Sin embargo, apenas una hora después llegó una novedad que modificó el escenario: la Justicia Electoral hizo lugar a una apelación de la Lista 10 y revocó parcialmente la decisión que la había dejado fuera de competencia.
La conferencia estuvo encabezada por Héctor Urquiza, Daniel Mariani, el exdiputado nacional José Riccardo y Fidel Haddad. Urquiza concentró su exposición en las irregularidades que, según Identidad Radical, se produjeron durante el proceso electoral y aseguró que el sector recurrirá a todas las instancias disponibles para garantizar su participación.
El dirigente cuestionó particularmente la oficialización de Radicales Unidos, la Lista 133 encabezada por el actual presidente de la UCR y ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto. Identidad Radical había presentado más de 60 impugnaciones contra candidatos de ese espacio, relacionadas, entre otros puntos, con la cantidad mínima de postulantes exigida, incompatibilidades y otros requisitos establecidos por la Carta Orgánica.
Según Urquiza, esos planteos no fueron resueltos antes de que la Junta proclamara a Radicales Unidos. “Hoy la Lista 133 no está en condiciones de participar”, sostuvo y aseguró que, salvo en Pedernera, las nóminas presentadas en los demás departamentos no cumplirían con los porcentajes mínimos de candidatos exigidos. Se trata, por el momento, de la posición de Identidad Radical frente a decisiones que continúan siendo objeto de presentaciones judiciales.
Urquiza también rechazó las acusaciones realizadas días atrás por Álvarez Pinto, quien había asegurado a La Gaceta Digital que hubo afiliados incluidos en las listas de Identidad Radical sin su consentimiento y denuncias por presuntas falsificaciones de firmas. “Nosotros tenemos el consentimiento del afiliado, tenemos la declaración jurada, la aceptación firmada de puño y letra de cada uno”, respondió.
Por su parte, Mariani también respondió a Álvarez Pinto por las acusaciones de adulteración de firmas y anunció que comenzó a enviar cartas documento para que quienes realizaron esas afirmaciones las ratifiquen o rectifiquen. Además, acusó a la conducción partidaria de responder políticamente al gobernador Claudio Poggi.
Riccardo contra Álvarez Pinto, Poggi e Hissa
Las declaraciones más fuertes de la conferencia estuvieron a cargo de José Riccardo, quien primero respondió a los cuestionamientos que Álvarez Pinto había realizado sobre su desempeño como diputado nacional. El exrector de la UNSL reivindicó como parte de su actividad legislativa la ley de Zona Fría para San Luis y las normas de financiamiento del sistema científico y tecnológico y de educación durante la pandemia.
“La Unión Cívica Radical perdió la soberanía política, la independencia política, porque está conducida por empleados de Claudio Poggi”, dijo Riccardo, incluyendo dentro de ese grupo a Álvarez Pinto, José Picco e integrantes de la Junta Electoral partidaria.
Riccardo sostuvo además que la UCR puntana está “manejada por el Poder Ejecutivo” y calificó a sus actuales dirigentes como “marionetas”. En ese marco, lanzó una de sus críticas más duras contra la gestión provincial al afirmar que la de Poggi es “el peor gobierno de la democracia de San Luis”.
“Cada día hay menos trabajo en San Luis, cada día hay menos inversiones, cada día los hospitales funcionan peor, cada día los docentes reciben más apriete, cada día los empleados públicos reciben más apriete por criticar lo que está pasando”, sostuvo luego Riccardo, lanzando duras críticas para todos lados.
También acusó al Gobierno de intentar condicionar voluntades y anticipó que el espacio político que integra buscará tener protagonismo en las elecciones de 2027. “Se van a sorprender en la elección del año que viene”, afirmó.
Para Riccardo, las diferencias políticas con Poggi explican parte del enfrentamiento dentro de la UCR. Aseguró que quienes conducen actualmente el partido “están festejando tener cargos en el Gobierno” mientras Identidad Radical pretende construir una alternativa y cuestionó que, a su entender, se intente impedir que esa discusión se resuelva mediante el voto de los afiliados.
Riccardo extendió sus críticas al intendente de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa, cuya gestión calificó en términos igualmente duros. “¿A usted le parece que está pasando por el mejor de sus períodos con la intendencia que tenemos? Debe haber habido pocas intendencias más desastrosas que esta”, afirmó.
El exdiputado nacional utilizó ese ejemplo para cuestionar el silencio que, según considera, mantiene la conducción radical frente a las administraciones que forman parte del frente oficialista. También mencionó la situación de Potrero de los Funes y planteó que el partido perdió capacidad para cuestionar políticas públicas por la participación de sus dirigentes en el Gobierno provincial.
“¿Ustedes escucharon algún dirigente del partido hablar de la situación de la ciudad de San Luis?”, preguntó. Según Riccardo, esa ausencia de críticas demuestra la pérdida de “soberanía política” que atribuye a la actual conducción de la UCR.
Haddad, por su parte, repasó las distintas controversias que atravesó el proceso interno, entre ellas la creación de subcircuitos, las presentaciones de listas y el artículo de la Carta Orgánica que Identidad Radical invoca para cuestionar que Álvarez Pinto ejerza simultáneamente la presidencia partidaria y un cargo en el Poder Ejecutivo. A esto le sumó una descripción ultradetallada sobre la supuesta presentación, una vez vencido el plazo máximo, de la lista oficialista partidaria.
Un fallo cambió el escenario después de la conferencia
Cuando había transcurrido aproximadamente una hora desde la conferencia, Identidad Radical informó que la Justicia Electoral había hecho lugar al recurso presentado contra su exclusión.
Según la parte resolutiva difundida por el propio sector, la Justicia hizo lugar a la apelación interpuesta bajo el artículo 32 de la Ley 23.298 y revocó parcialmente el Acta N° 15 de la Junta Electoral Permanente, específicamente en el punto que había decidido no oficializar a la Lista 10.
La resolución, siempre de acuerdo con el fragmento difundido por Identidad Radical, declaró en consecuencia vigente la oficialización de sus candidaturas que había sido dispuesta previamente mediante el Acta N° 10.
De esta manera, el escenario volvió a modificarse apenas días después de que la Junta Electoral partidaria dejara afuera a Identidad Radical por las presentaciones de afiliados que aseguraron haber sido incorporados como candidatos sin su consentimiento. El fallo judicial revocó esa exclusión, mientras continúa abierto el enfrentamiento por las impugnaciones, la conformación de las listas y las distintas decisiones adoptadas durante un proceso interno que tiene las elecciones fijadas para el 25 de octubre.
Como para que no todo fueran derrotas en la jornada, el oficialismo provincial se desquitó este miércoles del revés sufrido con el desafuero de Joaquín Beltrán y consiguió tratar sobre tablas y dar media sanción al Presupuesto 2027. La decisión tomó por sorpresa a la oposición e incluso contrastó con lo que distintos legisladores oficialistas habían asegurado ayer a La Gaceta Digital: que el proyecto sería tratado recién la próxima semana.
El rumor sobre un posible adelantamiento comenzó a circular minutos antes del inicio de la sesión y finalmente se concretó. El proyecto enviado por el Ejecutivo fue aprobado por 28 votos contra 9 y pasó al Senado. Contempla recursos y erogaciones por $2.585.093.266.845, no prevé endeudamiento y, según el oficialismo, mantiene equilibradas las cuentas provinciales.
La miembro informante, Eugenia Gallardo, lo definió como “un presupuesto que presenta una ecuación equilibrada y sin endeudamiento, como resultado de una administración austera, prudente y responsable de los recursos del Tesoro Provincial”. La legisladora señaló que para 2027 se proyecta un escenario sin crecimiento real de los ingresos y sostuvo que, aun así, el Gobierno prevé mantener el equilibrio mediante la asignación de recursos y la disciplina fiscal.
En cuanto al origen de los fondos, el 72% de los ingresos previstos provendrá de recursos federales y nacionales y el 28% será de origen provincial. Al respecto, Nicolás González Ferro señaló que durante 2026 San Luis recibió un 1,4% menos de transferencias automáticas que en 2025 y no percibió Aportes del Tesoro Nacional. “Y aún así, San Luis no se endeuda y mantiene sus compromisos de gasto equilibrado y responsable”, sostuvo.
Del lado de las erogaciones, el 80% corresponderá a gastos corrientes y el 20% a gastos de capital. Más de la mitad de los recursos estará destinada a salarios y transferencias para afrontar remuneraciones de la Administración Pública, escuelas autogestionadas y privadas, entes y empresas estatales y los distintos poderes del Estado. Sumados los gastos de personal, la coparticipación municipal y las asignaciones del Plan de Inclusión, esos conceptos representarán aproximadamente dos tercios del presupuesto.
Educación, Salud, Seguridad y 2.600 viviendas Según detallaron los diputados del oficialismo, el Gobierno proyectó destinar el 59% del presupuesto a Educación, Salud y Seguridad. Educación concentrará más de $765.000 millones, equivalentes a más del 29% del total, e incluirá salarios, becas, Estampillas Escolares, el Programa de Alimentación Nutritiva Escolar (PANE), formación docente, infraestructura y la continuidad de los programas Queremos Aprender y Queremos Resolver. También se contemplan recursos para preparar la obligatoriedad de la sala de 3 años a partir de 2028.
Salud dispondrá de más de $530.000 millones, mientras que Seguridad tendrá más de $217.000 millones. En este último caso, el proyecto contempla continuar la instalación de alarmas ciudadanas, ampliar la videovigilancia y los lectores de patentes, además de realizar mejoras en infraestructura policial y penitenciaria.
Otro 11% del presupuesto estará destinado a obra pública, con una inversión prevista de alrededor de $270.000 millones, financiada principalmente con Rentas Generales. Más de la mitad de esos recursos se concentrará en soluciones habitacionales: el Ejecutivo proyecta construir 2.600 viviendas, divididas en 1.300 unidades de barrio del programa Tenemos Futuro y otras 1.300 mediante Autoconstrucción Asistida. A esto se suman políticas de regularización dominial y 3.000 soluciones previstas mediante Escriturá Tu Casa.
El proyecto también incluye recursos para comenzar los planes maestros del Agua y de Energía y una partida superior a $5.700 millones para el Régimen de Consorcios Camineros, destinado al mantenimiento de caminos rurales. Además, prevé fondos para el funcionamiento de la Convención Constituyente que será elegida en 2027 y no contempla gastos reservados.
En materia productiva, el Ejecutivo apuesta al recientemente aprobado Régimen de Incentivos para la Producción, el Empleo y la Exportación (RIPEE), con beneficios impositivos, subsidios al empleo y herramientas de financiamiento. También continuarán Mi Próximo Paso, Mi Primer Emprendimiento y otras políticas orientadas a incorporar beneficiarios del Plan de Inclusión al empleo privado.
Para la oposición “es un presupuesto deficitario”
Por una oposición claramente sorprendida por el tratamiento sobre tablas, Silvia Sosa Araujo fue la única diputada que tomó la palabra para cuestionar el proyecto. Además de objetar la velocidad con la que llegó al recinto, contradijo directamente uno de los principales argumentos del oficialismo: “Es un presupuesto deficitario en $116.367.928.710”.
Según explicó, esa conclusión surge de que el Ejecutivo proyecta recurrir a reservas para financiar gastos, una herramienta que recordó que el poggismo cuestionaba durante las administraciones de Alberto Rodríguez Saá. “Además, para financiar este presupuesto hace referencia a la venta de la Casa de San Luis en Buenos Aires, donde el valor supera más de 4 mil millones, y la venta de inmuebles de esta ley RIPEE, que todavía no está reglamentada”, señaló. También cuestionó que se proyecten $60.000 millones menos de recaudación como consecuencia del RIPEE sin que, según sostuvo, esté suficientemente explicado cómo se llegó a esa cifra.
Sosa Araujo reparó además en que el mensaje del Ejecutivo vuelve a mencionar “la compleja situación heredada al inicio de la gestión actual gubernamental, cuyos efectos continúan incidiendo en la ejecución presupuestaria”. “Hagan algo, por favor, dejen de decir esto. Ya vimos la Cuenta de Inversión, ya vimos la plata que tenían”, dijo la diputada, claramente cansada de la excusa de la pesada herencia.
La legisladora cuestionó también las variables macroeconómicas publicadas por el Banco Central y utilizadas para elaborar el proyecto, que contemplan un crecimiento de la actividad del 3% y una inflación anual cercana al 20%. “Sin embargo, estas consultoras ya bajaron estas estimaciones al 2,1%. O sea que subestimaron esto. Esto quiere decir que, si hay menos crecimiento, hay menos ingresos y hay más ajuste”, dijo la opositora.
Las diferencias con 2026
Al comparar ambos presupuestos, Sosa Araujo calculó que el crecimiento nominal para 2027 es del 37%, pero que en términos reales representa “solo el 4%”. También sostuvo que no se encuentran previstos aumentos salariales y afirmó que el beneficio de Inclusión Social cae un 3% en términos reales: “Esto significa que no se prevé un aumento y que va a haber menos beneficiarios”.
La diputada señaló además una reducción real del 5% en la coparticipación municipal y, según sus cálculos, caídas del 9% en Trabajo y del 5% en Salud. Sobre esta última área advirtió que esa disminución terminaría significando “menos prótesis, menos remedios oncológicos” y menos materiales de laboratorio.
En contraste, cuestionó el incremento de los recursos destinados a la reforma constitucional y puso particularmente el foco en Comunicación, cuya partida, según expuso, pasará de alrededor de $11.000 millones en 2026 a casi $20.000 millones en 2027.
También calificó el apartado plurianual 2027-2029 como “un dibujo sin ningún tipo de explicación”, al considerar que sus ocho páginas contienen cifras sin un desarrollo de las políticas previstas para esos ejercicios.
De esta manera, el Presupuesto 2027 obtuvo media sanción en una jornada que había comenzado con un resultado adverso para el oficialismo por no conseguir los 29 votos necesarios para avanzar con el desafuero de Beltrán. Horas después, y mediante un tratamiento sobre tablas que hasta el día anterior no aparecía en los planes que legisladores del propio oficialismo habían transmitido a este medio, el Gobierno consiguió que su principal herramienta financiera para el próximo año avanzara al Senado.
La presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, Córdoba, Itatí Demarchi Arballo, encabeza la lista “Abogacía Unida y Dignidad Profesional” para competir por la representación de los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Durante una visita a San Luis, sostuvo que el espacio busca llevar al organismo la mirada de quienes ejercen diariamente la profesión y reclamó mayor transparencia en los procesos de selección de jueces federales.
Demarchi puso el foco en la incidencia que tiene el funcionamiento del Consejo sobre causas que afectan directamente a la ciudadanía, desde narcotráfico y corrupción hasta trata de personas, amparos de salud, discapacidad y reclamos previsionales. “En el Consejo de la Magistratura se dirimen los mejores y las mejores juezas federales para todo el país”, sostuvo, y definió a su espacio como una lista de “abogacía litigante pura”, integrada por profesionales que trabajan diariamente con ese tipo de causas.
Para graficar las consecuencias de una Justicia que demora en responder, relató el caso de Vico, un jubilado de 92 años que llegó a su estudio para reclamar una mejora en sus haberes y murió antes de obtener una resolución. “Vico no llegó. La familia cortó la cuadra, pero Vico no llegó”, recordó Demarchi, quien remarcó que “la justicia lenta no es justicia”.
A partir de esa experiencia, sostuvo que su lista pretende ser “la representación y la voz genuina de esa ciudadanía que está esperando una justicia que llegue a tiempo, una justicia que dé respuestas”. En ese sentido, reclamó “un Consejo de la Magistratura sin trampas, un Consejo de la Magistratura transparente, que rinda cuentas de dónde va la plata” y pidió que los procesos de selección expliquen con claridad por qué se elige a determinados magistrados.
Demarchi también puso énfasis en la necesidad de que las vacantes judiciales del interior reciban la misma atención que aquellas de mayor exposición nacional. “Hay que darle la misma trascendencia al juez de Concarán o al juez de San Luis que al juez de Comodoro Py, porque tiene la misma trascendencia”, afirmó.
Los honorarios y su impacto en el acceso a la Justicia
Otro de los ejes de la candidata fue la situación económica de los abogados litigantes. Como ejemplo, señaló que recientemente una profesional de su agrupación recibió una regulación de honorarios de apenas 0,35 UMA (Unidad de Medida Arancelaria de la Justicia Nacional), que comparó con el valor de “un paquete de yerba”.
Demarchi planteó que el problema excede a los propios profesionales porque honorarios demasiado bajos pueden terminar desalentando la representación de quienes necesitan recurrir a la Justicia. “¿Qué abogado va a tomar una causa de un amparo de salud por un medicamento oncológico si le van a pagar con un paquete de yerba?”, cuestionó.
En ese marco, recordó que su espacio denunció a un juez que había declarado de oficio la inconstitucionalidad de la Ley de Aranceles y aseguró que posteriormente se le descontó el 35% de la remuneración correspondiente a ese mes. “No nos metemos con las remuneraciones de los jueces, siempre que no se metan con los honorarios de quienes defendemos a la ciudadanía”, sintetizó.
Finalmente, explicó que la elección de los representantes de la abogacía se resolverá mediante el sistema D’Hondt y que los lugares se distribuirán de acuerdo con los votos obtenidos por cada lista. Demarchi destacó que “Abogacía Unida y Dignidad Profesional” está integrada por profesionales de distintas jurisdicciones del país y aseguró que llegan a la elección “sin aparato, sin funcionarios en la lista”, con el objetivo de representar a quienes ejercen cotidianamente la profesión.
El intendente de San Luis, Gastón Hissa, y el gobernador Claudio Poggi participaron este miércoles de la inauguración de dos obras realizadas en distintos barrios de la ciudad: la puesta en valor de la plaza Virgen de Guadalupe del barrio Rawson y la repavimentación y bacheo de una diagonal en Altos del Sol.
La jornada comenzó en la zona oeste, donde las autoridades reinauguraron la plaza Virgen de Guadalupe del barrio Rawson, intervenida a través del plan municipal Volvé a tu Plaza.
Los trabajos incluyeron la construcción de 100 metros de vereda lineal, instalación de agua, colocación de bancos y mesas, renovación del mobiliario urbano, incorporación de luminarias LED y reacondicionamiento de los juegos infantiles.
La obra surgió a partir del pedido de los vecinos. Liliana, una de las habitantes del barrio que durante 25 años se ocupó del cuidado del espacio, contó que había reclamado durante años por mejoras.
“Hace 25 años que vengo luchando para que hagan algo en la plaza. Primero empezamos con los jueguitos que hace 25 años que están. Después empezamos con la luminaria y hoy día tuve la oportunidad de ir hace dos meses a hablar con intendente y le dije que viniera a ver la plaza”, relató.
Foto: ANSL.
Hissa destacó que las obras forman parte de una planificación municipal basada en prioridades. “Tenemos una planificación y fijamos un orden de prioridades a la hora de gestionar. Así se gobierna, fijando un orden de prioridades”, afirmó.
Por su parte, Poggi resaltó la recuperación del espacio público y su utilización por parte de las familias.
“Felicitaciones porque esta plaza estaba abandonada. Ponerle en valor es recuperarla para la familia, los chicos, los adultos mayores”, sostuvo el Gobernador.
Durante el acto, Poggi también anunció que regresará próximamente al barrio para poner en funcionamiento nuevas alarmas vecinales.
Luego de la bendición del espacio, Hissa, Poggi y los vecinos realizaron el tradicional destapado del cartel que dejó formalmente inaugurada la plaza.
Repavimentación en Altos del Sol
La segunda actividad se desarrolló en el barrio Altos del Sol, donde Hissa y Poggi inauguraron la obra de repavimentación y bacheo ejecutada entre las calles Rey del Bosque y Ministro Juan Cruz Ponce.
Los trabajos se realizaron en el marco del convenio Construyendo con Tu Pueblo 2025 – etapa 2, con una inversión de más de $445 millones.
El intendente explicó que la intervención se complementó con un plan de bacheo integral sobre Juan Cruz Ponce para mejorar el estado de la infraestructura vial del sector.
“Decidimos hacer un plan de bacheo integral a lo largo de toda la Juan Cruz Ponce para paliar un poco el tema del estado de la infraestructura, pero siempre pensando en la inauguración de esta obra, que era la repavimentación, que es lo que habían pedido los vecinos”, señaló Hissa.
Poggi destacó la planificación y la priorización de sectores deteriorados. “Recuerdo los primeros pasos que diste. Fueron urgentes por lo deteriorado que estaba el pavimento y hoy, volver con una planificación, priorizando la zona y escuchando a los vecinos es muy importante”, afirmó.
El Gobernador también puso en valor el trabajo conjunto entre la Provincia y los municipios y señaló que la coordinación permite concretar obras que impactan directamente en los vecinos.
“Cuando se trabaja en coordinación, Gobierno de la provincia, Municipio, instituciones, escuelas, porque esto beneficia a la escuela, a la comisaría además, sobre todo se benefician los vecinos, porque pavimentar una calle valoriza la casa de cada uno”, sostuvo.
La jornada concluyó con la participación de alumnos de la escuela ubicada frente a la plaza del barrio, quienes se acercaron a saludar a Poggi y participaron del cierre de la inauguración de la obra vial.
En una audiencia en el Juzgado de Garantía Nº 4 en el marco de la causa que investiga diferentes hechos delictivos en la Casa de la Música del complejo Molino Fénix, la Justicia ratificó la medida de prisión preventiva que se encuentran cumpliendo la exdiputada Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel.
En dicha audiencia, se formularon cargos a Cristian Hedel Becher Domingo como partícipe necesario de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta.
La defensa de Enzo Lucero y Exequiel Scarel solicitó la revocación de la prisión preventiva o la modificación de la misma. Aseguró que el proceso puede cautelarse con otras medidas.
En su exposición mencionó condiciones personales de los imputados, el comportamiento en el proceso, el derecho a permanecer en libertad mientras transcurre la investigación. Agregó que anteriormente se habían dictado otras medidas como la firma del libro, que ambos cumplieron de manera satisfactoria y que dicha medida es suficiente para neutralizar los peligros procesales.
Se refirió al arraigo, haciendo alusión a lo laboral y económico. Consideró que los riesgos procesales mencionados por Fiscalía no son verificables.
Solicitó como medidas morigeradas: la firma del libro, la prohibición de salir de la provincia para Lucero, la prohibición de comunicación con personas involucradas en la investigación y una caución económica que implica la entrega de dos vehículos.
De manera subsidiaria solicitó la prisión domiciliaria. También mencionó la falta de antecedentes.
Por otro lado, la defensa de Anabela Lucero cuestionó la inexistencia de elementos que justificaron la prisión preventiva. Agregó que tampoco se detalló porque no eran suficientes las medidas alternativas.
Ambos defensores mencionaron la situación actual de la imputada en relación a lo laboral y su familia.
Consideraron que el arraigo está acreditado. Expresaron que la investigación lleva ocho meses y sin medidas restrictivas. También se refirieron a que siempre estuvo a derecho, que no hay solidez en la imputación, y que no hay elementos que presuman el peligro de fuga ni peligros procesales.
Como medidas propusieron: prisión domiciliaria, la firma del libro, prohibición de salir de la provincia, prohibición de acercamiento al complejo Molino Fénix, prohibición de contacto con testigos de la causa, caución personal de los abogados defensores y el compromiso y responsabilidad de hacer cumplir las pautas, caución económica de un auto.
La Fiscalía sostuvo la prisión preventiva, consideró que esta probada la necesidad de dicha medida, que existe evidencia para incorporar y aportar, declaración de testigos, la posibilidad de atribuir participación a otras personas, y que hay elementos que indican un peligro procesal y de entorpecimiento.
El fiscal consideró que la prisión domiciliara no se puede controlar.
El representante de la Fiscalía de Estado, pidió que se rechacen los planteos de las defensas. Consideró que el planteo fue insuficiente y que lo que se debía analizar en esta audiencia no se hizo.
Mencionó que la medida continua vigente y que hay prueba que producir. En relación a la prisión domiciliaria dijo que solamente se trata de una disminución del desplazamiento físico y que no es suficiente para cautelar el proceso.
En referencia a las medidas propuestas por las defensas, dijo que todas son orientadas al peligro de fuga y no a los peligros de entorpecimiento del proceso.
Concluyó solicitando el rechazo y expresó que se debe resguardar la mayor transparencia para la sociedad.
Luego de escuchar a las partes, el Juez Santiago Ortiz, ratificó la medida de prisión preventiva para Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel. Entre múltiples consideraciones, tuvo en cuenta los elementos que se tuvieron presente para el dictado de la medida en la audiencia anterior y la inexistencia de protocolos para fiscalizar la prisión domiciliaria.
Los abogados Defensores interpusieron un recurso de revisión de la resolución, lo que deberá ser tratado por el Colegio de Jueces.
Formulación de cargos
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a Cristian Hedel Becher Domingo por los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta como partícipe necesario.
Fiscalía mencionó que el imputado ha integrado la asociación y ha cumplido un rol específico en la canalización de fondos públicos. Relató que participó de la organización a través de 6 empresas –consideradas por ARCA como apócrifas- que controlaba y facilitaba documentación y facturas a los fines de justificar gastos inexistentes de la casa de la música.
La fiscalía consideró que era un eslabón último, necesario e insustituible para lograr el desapoderamiento de los bienes públicos.
Entre la evidencia hizo referencias a cheques, facturas, testimonios, entre otros. La Fiscalía adelantó que pediría la prisión preventiva.
La querella expresó que la prioridad es resguardar el patrimonio público y coincidió con la teoría del caso de Fiscalía.
Celdrán –Defensa del imputado- manifestó que su teoría del caso es opuesta y a los fines de ejercer el derecho de defensa solicitó la prórroga de detención por el término de ocho días.
El Juez, admitió la formulación de cargos y concedió la prórroga hasta el próximo 24 de septiembre.
El intendente de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa, manifestó su alegría tras la firma del decreto para la licitación realizada por el gobernador Claudio Poggi este miércoles, para la construcción de 450 viviendas en la ciudad de San Luis, además de 300 en Villa Mercedes.
El Jefe Municipal remarcó la importancia de la medida, que suma casas a la política habitacional que lleva adelante la gestión provincial. “El Gobernador es un gran hacedor. Este anuncio llena de esperanza, por el mensaje a cada inscripto de que espere porque, más temprano que tarde, le va a llegar el sueño de la casa propia”, expresó Hissa, quien destacó, además, que el proceso está respaldado por una ley presupuestaria –que destina a viviendas el 50% del presupuesto provincial de la obra pública–, lo que garantiza los fondos necesarios para que la iniciativa sea “un hecho concreto” y no quede en meras promesas.
Además, resaltó el impacto económico y social que tendrá la ejecución de las obras. Según explicó, la construcción de casas genera un “círculo virtuoso muy importante”, que reactiva o que potencia la economía local y crea o consolida nuevas fuentes de trabajo para los trabajadores de la construcción. De hecho, un grupo de obreros de la Unión Trabajadores de la Construcción (UOCRA) participó del acto y celebraron el anuncio.
Por otro lado, el Intendente se refirió al programa ‘Escriturá Tu Casa’, iniciativa con la que se prevé alcanzar las 8.000 escrituras entregadas a fin de año. Hissa señaló que esta medida brinda tranquilidad y seguridad jurídica a los vecinos que, “por algún motivo o por la burocracia del gobierno anterior”, no pudieron regularizar antes el título de sus hogares.
En relación a la articulación técnica y de servicios para los nuevos barrios, el Intendente confirmó su total respaldo al Ejecutivo provincial. Valoró la relación fluida con el Gobierno y consideró que cuando un intendente y un gobernador están enfrentados, los únicos perjudicados son los propios vecinos, ya que eso repercute en la calidad de vida que se les puede dar. “Imagínese un intendente a los tironeos con el gobernador, los únicos rehenes son los vecinos. Trabajando de manera coordinada, de esta forma, en equipo, todo llega más fácil”, afirmó.
“Desde el primer día, el municipio, o yo como intendente, he manifestado el acompañamiento para esta política habitacional, porque realmente es una necesidad de los vecinos de la provincia, en este caso de la ciudad de San Luis, una demanda insatisfecha. Hubo ocho años en los que no se hicieron viviendas y hay que remontar eso para concretar el sueño de la casa propia”, dijo, y confirmó que el Gobierno y los vecinos de San Luis cuentan con el apoyo necesario para garantizar la cobertura de los servicios básicos en los nuevos barrios que se van a crear.
Finalmente, el Jefe Municipal repasó los avances del programa de Autoconstrucción Asistida de 100 viviendas. En este esquema, el Gobierno provincial provee los materiales y realiza la adjudicación, mientras que el municipio colabora activamente con la logística y la ejecución de las obras en los terrenos correspondientes.
El gobernador Claudio Poggi firmó este miércoles los decretos de llamado a licitación para la construcción de 750 viviendas del programa habitacional Tenemos Futuro. Del total, 450 estarán en la ciudad de San Luis y 300 en Villa Mercedes.
El acto es un nuevo paso en la política habitacional que lleva adelante la Provincia y tuvo un clima de especial entusiasmo por la presencia de los trabajadores del sector. “Hoy vamos a dar un paso, un paso bien largo en la construcción de vivienda. Vamos a llamar a licitación para 750 viviendas”, expresó Poggi antes de firmar los dos decretos correspondientes a ambas ciudades.
Durante su discurso, el Gobernador repasó el avance de la política habitacional y señaló que la Provincia ya entregó más de 1.600 viviendas entre 2025 y 2026, y tiene casi 1.200 en construcción. Con esas unidades, proyectó que al finalizar este año serán unas 2.800 viviendas entre las entregadas y las que estarán finalizadas o en ejecución.
“Al cabo de los tres primeros años, habremos construido dos casas y media por día de lunes a lunes”, afirmó. El cálculo contempla las viviendas entregadas y en construcción desde el inicio de la gestión, y no incluye las 750 unidades cuyo proceso de licitación comenzó este miércoles ni las que se incorporarán durante los próximos meses en distintas localidades.
Poggi también puso el foco en el segundo eje de la política habitacional: la regularización dominial de familias que ya cuentan con una vivienda. Explicó que la gestión trabaja tanto para facilitar el acceso a la casa propia como para otorgar seguridad jurídica mediante las escrituras. Según detalló, ya fueron realizadas más de 7.300 escrituras y está previsto llegar a 8.000 al finalizar el año. A eso se suman más de 1.300 decretos de cambio de titularidad, que llegarían a 2.000. En conjunto, se trata de 10 mil regularizaciones dominiales, equivalentes a nueve por día.
“Hay 10.000 familias que tienen la certeza de su casa, que es de ellos y de su familia”, sostuvo el Gobernador, quien remarcó que la escritura permite que la familia deje de ser adjudicataria para convertirse en propietaria, otorgando seguridad jurídica “para que ningún Gobernador de turno los desadjudique”.
El cierre de su discurso estuvo marcado por un mensaje dirigido tanto a las familias inscriptas en ‘Tenemos Futuro’ como a los trabajadores del sector. Para los primeros, aseguró que los sorteos se realizarán de manera transparente entre quienes cumplan los requisitos establecidos. Y para los trabajadores, aseguró que “la política de vivienda ha regresado a San Luis y ha venido para quedarse. No es una promesa, es una realidad, por lo que ya hemos hecho y por lo que estamos haciendo”, sostuvo.
El intendente de San Luis, Gastón Hissa, destacó el impacto de la iniciativa y afirmó que “el Gobernador es un gran hacedor”. También resaltó que el esquema cuenta con un respaldo legal que establece la asignación de recursos para la política habitacional y sostuvo que esto permite que el anuncio se transforme en “un hecho concreto”.
Y agregó: “He manifestado como intendente, el acompañamiento para esta política habitacional, porque realmente es una necesidad de los vecinos de la provincia, en este caso de la ciudad de San Luis, una demanda insatisfecha, porque hubo ocho años en los que no se hicieron viviendas y hay que remontar eso, para concretar el sueño de la casa propia. El Gobierno y los vecinos de San Luis, cuentan con el apoyo necesario para garantizar la cobertura de los servicios básicos en los nuevos predios”.
Tal cual lo anticipó ayer este medio, el oficialismo provincial no logró hoy reunir los 29 votos necesarios para proceder con el desafuero del diputado Joaquín Beltrán, quien se encuentra acusado de dirigir una asociación ilícita que funcionaba en torno al Molino Fénix de Villa Mercedes, peculado, administración fraudulenta y sustracción, ocultamiento, destrucción o inutilización de medios de prueba. Por su parte, Beltrán prometió renunciar a sus fueros si la causa avanza a la etapa de investigación.
El oficialismo alcanzó 28 votos, ya que hoy estuvieron ausentes los diputados Carlos D’Alessandro y Florencia Palacios, de Consolidación Argentina y del Frente Unidad Justicialista, quienes fueron los que prestaron los votos clave para aprobar la necesidad de reforma de la Constitución.
El debate comenzó con una alocución del oficialista Carlos Pereira, quien como presidente de la comisión de Legislación General se refirió al despacho por mayoría, a favor de allanar los fueros de Beltrán, dejándolo a disposición de la justicia provincial. No solo eso, sino que además, en su artículo 2, la resolución también contemplaba suspender al legislador en sus funciones a partir de la oportunidad procesal en la que se disponga sobre su persona alguna de las medidas de coerción previstas en el Código Procesal Penal de San Luis, como la prisión preventiva. Este dictamen, sostuvo Pereira, surgió de un espacio caracterizado por la “pluralidad” y la “heterogeneidad” de sus miembros, busca respetar la independencia de poderes y contribuir al “valor justicia”.
Durante la exposición, Pereira aclaró que la Cámara de Diputados no busca convertirse en “jueces del proceso judicial”, el cual debe seguir sus propias reglas y lógicas recursivas, sino tomar una decisión de “carácter político” y “naturaleza discrecional” que no es revisable por la vía judicial. En este sentido, el legislador consideró que la tarea actual de los legisladores consiste en evaluar la “seriedad” y la “gravedad de la imputación” para resolver sobre la remoción del privilegio parlamentario.
Pereira también consideró que el pedido de desafuero, formulado por el fiscal de instrucción José Olguín, señala que el fuero representa un “escollo” para avanzar en una causa que ha escalado en gravedad. Lo que comenzó como una investigación por la sustracción de bienes del complejo Molino Fénix, administrado por Beltrán, ha derivado en sospechas de una “asociación ilícita” en carácter de coautor, defraudación pública y supresión de pruebas. A raíz de ello, remarcó Pereira, el fiscal advirtió sobre conductas elusivas y el riesgo de entorpecimiento del proceso, destacando de manera alarmante que un dispositivo celular a disposición de la justicia “habría sido adulterado vía remota por parte del imputado, borrando de esta forma el contenido probatorio”.
Luego fue el turno del diputado justicialista Lucas Caymes, quien rememoró los fundamentos históricos de la división de poderes planteada por Montesquieu para explicar el origen de la representación legislativa y el “privilegio parlamentario”. Al respecto, Caymes enfatizó que esta figura constitucional no tiene como fin proteger a un legislador de manera individual, sino “proteger la función ante las presiones de los demás poderes”. En este sentido, advirtió que acceder a este tipo de medidas pondría en riesgo la independencia del Poder Legislativo, ya que abriría la puerta para que ante cualquier “formulación o ampliación de cargos” se pueda solicitar el desafuero de un parlamentario.
Asimismo, el diputado calificó la medida de desafuero como “prematura y apresurada”, sosteniendo que el proceso judicial puede continuar su curso sin inconvenientes. Caymes argumentó que, bajo el amparo del artículo 88 del Código Procesal Penal, la investigación es independiente de los fueros, lo que faculta plenamente al Ministerio Público Fiscal para “recolectar pruebas, producir medidas y avanzar en las causas” sin la necesidad de que el legislador sea despojado de su protección constitucional
Luego fue el turno de la también peronista Silvia Sosa Araujo, quien rechazó firmemente el pedido de desafuero contra el diputado Beltrán, calificando la iniciativa de la mayoría como una “decisión política” y “discrecional”. Al presentar el despacho por la minoría, Sosa Araujo argumentó que la solicitud es “prematura e insuficientemente fundada” bajo los términos de la Constitución y del Código Procesal, ya que la causa penal se encuentra apenas en su primera etapa de investigación. “No corresponde en esta etapa el desafuero, sino en la etapa siguiente, si es que ocurre, que es la etapa de la acusación”, advirtió la legisladora, señalando que el proceso de investigación fiscal ya lleva más de dos años sin que se haya formulado una acusación formal.
La legisladora también hizo hincapié en la independencia de poderes y cuestionó la necesidad real de la medida. Acto seguido, reprodujo un audio de una entrevista que dio el fiscal Olguín a un medio periodístico el pasado 19 de agosto, donde destacó que los investigados “no han intervenido en nada” ni “han tenido ningún gesto que haya podido perjudicar la investigación”, lo que demuestra que “no han embarrado la cancha” y que la fiscalía puede continuar con su trabajo sin requerir el desafuero. En este sentido, enfatizó que los fueros no deben entenderse como un “privilegio personal” ni como una “herramienta para garantizar impunidad”, sino como una garantía para proteger la independencia del legislador y del propio Poder Legislativo.
Finalmente, Sosa Araujo alertó sobre el peligro de utilizar el desafuero como un mecanismo de “persecución política, disciplinamiento o silenciamiento de una voz opositora” por parte de mayorías circunstanciales que desconocen los derechos de las minorías. Recordó que los 43 diputados de la Cámara representan la voluntad soberana del “pueblo puntano” y que la Constitución provincial exige una mayoría de dos tercios precisamente para evitar que el poder de turno altere los equilibrios democráticos. “Por respeto al debido proceso, a la institucionalidad republicana y a la democracia es que rechazamos este desafuero”, concluyó la diputada.
Estos ejes expuestos por Pereira, Caymes y Sosa Araujo fueron reiterados por otros legisladores, centrándose principalmente en la independencia de poderes. Por un lado, los opositores diciendo que se están entrometiendo en la misma; y por el otro los oficialistas reiterando que, justamente porque respetan la independencia de poderes, es que están “haciendo lugar a la Justicia”.
A este marco, Fabiana Zárate le agregó que la “Constitución no requiere la elevación a juicio para pedir el desafuero”, mientras que su par oficialista Marisa Patafio le sumó que los fueros no son “la idea de un escudo personal que pueda tener un legislador para presentarse ante la justicia”. “No vinimos a ser inmunes ante la ley”, dijo Patafio.
Una intervención llamativa fue la de Walter Córdoba, el diputado electo por Tercera Posición y que integra el monobloque Dignidad y Progreso, quien tomó la palabra para destacar que “no hubo una militancia política del oficialismo por el desafuero”, y tampoco del albertismo, lo cual le pareció “muy maduro”.
La presidenta del bloque poggista, Eugenia Gallardo, reiteró que el desafuero no es un pronunciamiento sobre la culpabilidad de Beltrán, sino que se trata de “derribar un obstáculo” con el que se ha topado la Justicia. También destacó que los hechos por los cuales se lo acusa al diputado ocurrieron “antes de ser legislador” y que lo “más importante” es el “ocultamiento y destrucción de la prueba”.
De todas maneras, lo más fuerte de su discurso estuvo dirigido a los 6 diputados que estuvieron ausentes en la sesión de hoy: los ya mencionados D’Alessandro y Palacios, más los peronistas Walter Aguilar, Fernando Larroudé, Carlos Dacuña y Enzo Mirábile.
“Estos diputados que hoy no asistieron no votan. Estos diputados que hoy no están y que no podemos escuchar creo que de alguna manera se desentienden con un mandato constitucional, hacen oídos sordos no solo a un pedido del fiscal, sino también a un pedido de la sociedad y nosotros representamos a esa sociedad. Esta ausencia significa intencionalidad. La sociedad no soporta la doble vara. No asistir significa no estar de acuerdo con allanarle los fueros al diputado”, dijo Gallardo, anunciando que iba a votar a favor del desafuero y a “a favor del Estado de derecho”.
Ya cerca del cierre del debate, Beltrán realizó una breve intervención, destacando que “siempre” ha comparecido ante la Justicia. “Continúo estando a derecho y voy a continuar estando a derecho”, dijo el diputado, quien luego agregó: “Voy a renunciar a los fueros en el momento que corresponda, tal cual lo establece el artículo 88 del Código Procesal, que es el último Código, que por ahí se choca con la Constitución porque la Constitución es anterior”.
Este artículo, ya mencionado por Caymes y Sosa Araujo, diferencia la etapa de investigación (en la que se encuentra la causa Molino Fénix) de la acusación. “No estoy usando los fueros para esconderme”, cerró Beltrán, quien además aseguró que no ha “interferido de ninguna manera” en la investigación.
El cierre del debate lo tuvo Pereira. “Me preocupa que el resultado de esta jornada nos lleve a un desprestigio, porque la vara cada está más alta y exige de nosotros que estemos sujetos a las mismas garantías y derechos que prevé la Constitución, particularmente el de la igualdad ante la ley”, dijo el legislador oficialista, quien luego solicitó que se pase a votar el despacho por mayoría, a favor del desafuero.
La votación, que fue nominal a pedido de Gallardo, fue 28 a 9, por lo que el diputado Beltrán continuará en libertad mientras dure la investigación en su contra.
Con un alto nivel de interés por parte de la comunidad educativa, el Gobierno provincial abrió este martes 15 al mediodía las inscripciones para el Congreso Internacional de Educación 2026. El evento, que busca brindar herramientas concretas e inspirar la práctica docente, se llevará a cabo el 16 y 17 de octubre en el Centro de Convenciones de La Punta. A un día de la apertura, ya se completó más de la mitad del cupo de 8.000 plazas disponibles.
La directora Innovación y Planeamiento, Virginia Petrino, destacó la respuesta recibida tras el inicio del proceso de registro. “Contamos ya con el 56% de los docentes inscriptos. La verdad que estamos muy contentos de que los educadores quieran continuar con su formación porque este congreso nos permite culminar toda la formación que han tenido a través de la Diplomatura en Inteligencia Artificial”, dijo.
Petrino aclaró que dicho porcentaje corresponde al cupo total disponible para el encuentro y no al padrón provincial de docentes completo, y destacó que en apenas un día ya se cubrió más de la mitad de la capacidad operativa del evento.
La convocatoria está dirigida exclusivamente a docentes incluidos en la Planta Orgánica Funcional (POF) y a docentes de los institutos de formación docente de la provincia.
En cuanto a la estructura del Congreso, Petrino dijo que será en bloques. Hay cuatro ejes temáticos, entre los cuales los asistentes deberán seleccionar al momento de anotarse. Ellos son: ‘Liderar el aula y la escuela’, ‘Futuros posibles con inteligencia artificial’, ‘Enseñar y aprender con inteligencia artificial’ y ‘El sentido de educar y el nuevo rol docente con la inteligencia artificial’.
Sobre la dinámica del evento, la funcionaria remarcó que se busca un impacto directo e inmediato en las aulas: “El objetivo principal que buscamos con este Congreso es lograr inspirar a nuestros docentes, que se lleven herramientas concretas y, a su vez reflexionar, sobre sus prácticas a través de la inteligencia artificial”.
Respecto a la agenda de oradores (que incluye especialistas nacionales e internacionales), tiene dos perspectivas. “Algunos son especialistas en inteligencia artificial y han trabajado en su aplicación en la educación. Otros oradores están vinculados al área de educación y van a trabajar con respecto a la dinámica en el aula, en la escuela, en la gestión de instituciones educativas con respecto a la inteligencia artificial”, detalló la directora.
Sumó que la propuesta contará con “talleres, charlas magistrales y actividades de inmersión con oradores nacionales e internacionales, que nos permitan realmente que el día lunes (posterior al congreso) el docente pueda aplicar de forma concreta aspectos trabajados en el Congreso”.
“El objetivo es que cada docente, cuando se inscribe, tenga el horario de su bloque: viernes a la mañana, viernes a la tarde, sábado a la mañana o sábado a la tarde. (En las escuelas) el dictado de clases va a ser normal”, dijo.
En relación con la asistencia durante la jornada escolar del viernes 16 de octubre, Petrino explicó el mecanismo de justificación laboral. Según indicó, los docentes que se inscriban e informen a los directivos de sus establecimientos educativos contarán con la inasistencia justificada, manteniendo el ítem de ‘Presencia en el aula’ mientras se capacitan, en tanto que la dirección de cada escuela gestionará la cobertura de las clases.
Para consultar el cronograma detallado, la nómina de disertantes y formalizar el registro por bloques, los interesados deben ingresar al sitio web oficial del evento.