Como informó La Gaceta Digital, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles modificaciones al artículo 15 de la Ley Orgánica de Administración de Justicia que flexibilizan las incompatibilidades para habilitar a los agentes judiciales que no revistan categoría de funcionarios a ejercer el comercio, la industria o desempeñar actividades privadas remuneradas. La iniciativa volverá al Senado para su sanción definitiva. El Sindicato de Judiciales Puntanos (Sijupu) considera que este desbloqueo no soluciona el problema de fondo: los bajos salarios de los trabajadores del Poder Judicial de la provincia.

“Consideramos que esta flexibilidad, excepción que se va a conceder a un sector reducido de nuestros compañeros y compañeras, no soluciona el problema de fondo en cuanto al salario de miseria que cobramos. Sin embargo, la realidad en la que vivimos nos pasa por encima. Ideológicamente, no estamos de acuerdo con este desbloqueo. Siempre hemos defendido y peleado por la exclusividad funcional como una garantía de transparencia, jerarquización y dedicación absoluta al servicio de Justicia que merece la sociedad”, dijo la secretaria general del Sijupu, Fernanda García Segovia.

Una vez que se sancione el nuevo artículo 15, los agentes judiciales que no sean funcionarios podrán ejercer actividades comerciales, industriales o privadas remuneradas fuera de los días y horarios de trabajo en el Poder Judicial.

“Llevamos casi tres años sumergidos en una profunda crisis económica que pulverizó el poder adquisitivo de los sueldos, teniendo hoy salarios de miseria y ocupando el último lugar a nivel nacional en la escala salarial de todos los poderes judiciales provinciales. El sueldo de un agente judicial no alcanza para cubrir las necesidades básicas. No les alcanza para llegar a mitad de mes, imaginate para llegar a fin de mes. No les queda otra alternativa que verse obligados a buscar otras salidas laborales fuera del Poder Judicial”, describió la secretaria gremial.

García Segovia expresó que esta flexibilización o desbloqueo viene a “blanquear” que hay trabajadores que tienen otra actividad económica. “Si bien hay muchos compañeros que ya vienen realizando tareas laborales fuera de Tribunales, la idea es que no corran el riesgo de que recaiga alguna denuncia por incumplimiento de la Ley Orgánica”, explicó.

Como se mencionó al principio del artículo, la iniciativa de flexibilización de las incompatibilidades contaba con media sanción del Senado, pero el proyecto volverá a la Cámara alta porque Diputados modificó el texto aprobado previamente.

El Senado había agregado el artículo 15 bis, mientras que la Cámara de Diputados reemplazó el artículo 15 completo, incorporando las nuevas excepciones al régimen de incompatibilidades.

El artículo en cuestión establece que magistrados, defensores, fiscales y secretarios no podrán desempeñar otro empleo o cargo. Por otra parte, habilita a los agentes judiciales que no revistan categoría de funcionarios a ejercer el comercio, la industria o desempeñar actividades privadas remuneradas. Además, permite que el personal del Cuerpo Profesional Forense vinculado a las ciencias de la salud pueda realizar práctica asistencial y ejercicio profesional privado.

En todos los casos, las tareas deberán desarrollarse fuera de los días y horarios de oficina, priorizando siempre la prestación del servicio judicial y respetando las incompatibilidades previstas para evitar conflictos de interés.

“Acá la solución de todo esto no es esta, sino que podamos tener salarios dignos para cubrir mínimamente los gastos de la canasta básica y las necesidades esenciales”, cerró la sindicalista.

Después de una década de trámite judicial y otra de hechos denunciados, la Justicia de San Luis condenó este miércoles a Ramón Antonio Ochoa, de 62 años, a 10 años de prisión por ser penal y materialmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal cometido contra su ahijada.

El fallo fue dictado por unanimidad por el tribunal integrado por Ariel Parrillis, María Eugenia Zavala Chacur y Adriana Lucero Alfonso, que tuvo por acreditado que los hechos ocurrieron cuando la víctima era una niña y se extendieron durante varios años.

Al momento de fijar la pena, los jueces valoraron como agravantes las circunstancias de tiempo, modo y lugar, la extensión del daño causado y la vulneración de la confianza que la víctima había depositado en el acusado, quien ocupaba para ella una figura paterna. Como atenuante, tuvieron en cuenta la ausencia de antecedentes condenatorios.

“Después de 20 años de espera”
Al finalizar el proceso, la abogada querellante Fernanda Pereyra Jamenson destacó el resultado del juicio, aunque señaló que el proceso estuvo marcado por demoras y limitaciones probatorias.

“Después de 20 años de espera, porque fueron 10 años de abuso y 10 años que la Justicia se tomó para poder recién iniciar un debate oral, Ochoa Ramón Antonio fue sentenciado a 10 años de prisión”, expresó.

La letrada explicó y lamentó que el tribunal no hizo lugar a la figura agravada por la condición de guardador ni consideró el grave daño en la salud mental de la víctima, circunstancias por las que la querella había solicitado una pena mayor. Estos temas fueron detallado en la nota que La Gaceta Digital publicó ayer.

Sin embargo, sostuvo que el resultado les permite cerrar una etapa. “La realidad es que nosotras estamos conformes con la sentencia, porque la causa había sido muy mal manejada desde un principio, no hubo perspectiva de género y no hubo cuidado para la víctima en ningún momento”, afirmó.

Pereyra Jamenson también cuestionó el rol del Ministerio Público Fiscal durante la instrucción y aseguró que “la fiscalía ni antes ni durante el proceso ni ahora jamás se comunicó con la familia, con la víctima”.

Aun así, remarcó que las limitaciones propias del expediente impedían incorporar pruebas que consideraban fundamentales y concluyó: “Estamos bien, porque la verdad es que pasó mucho tiempo para hoy poder descansar y decir, bueno, se hizo justicia”.

Los alegatos
Durante el juicio, la fiscal de Instrucción de Género N° 2, Antonella Córdoba, sostuvo que la prueba producida en el debate permitió acreditar la responsabilidad penal del acusado y destacó la consistencia del relato de la víctima a lo largo del tiempo.

“El testimonio de la víctima fue contundente y pudo poner con palabras las vivencias reales y traumáticas por las que atravesó a lo largo del tiempo. El imputado era su padrino, pero para ella era una figura paterna, de confianza”, expresó.

La fiscal también sostuvo que las pericias psicológicas, los informes médicos y los testimonios incorporados durante el juicio permitieron acreditar las graves consecuencias físicas y psicológicas sufridas por la joven, quien incluso atravesó múltiples intentos de suicidio.

En sus alegatos finales, el Ministerio Público Fiscal había solicitado una pena de 16 años de prisión, mientras que la querella pidió 20 años. La defensa, por su parte, reclamó la absolución del imputado.

Con el veredicto conocido este miércoles, la causa iniciada en 2016 llegó a su desenlace judicial tras un proceso que se extendió durante diez años y que la propia víctima había denunciado públicamente en los días previos al juicio, cuando decidió difundir la identidad del acusado y reclamar una condena.

Matías Ernesto Romero fue imputado por maltrato animal por un hecho que ocurrió en la localidad de Justo Daract el pasado 27 de abril de 2025 cuando el imputado salió de su vivienda y le disparó a dos perros que se encontraban en la calle, produciéndoles la muerte. Luego con la ayuda de su hijo, los arrastró hasta dejarlos en la calzada.

El Ministerio Público Fiscal le formuló cargos según lo determinado en la Ley N° 14.346, art. 3 inc 7. Esta Ley sanciona los actos de crueldad de los animales, el art. 3 Inc. 7 considera crueldad el hecho de “lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por sólo espíritu de perversidad”.

El hecho fue denunciado por una ciudadana de la localidad que, junto con otras personas, colabora y participa activamente y de manera voluntaria de actividades de protección animal.

Como evidencia, la fiscal mencionó videos, actas de procedimiento, pericia química, allanamientos, secuestro de armas y el informe médico forense veterinario que concluyó que ambos caninos tenían orificios compatibles con arma de fuego.

La Querella adhirió a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal.

La Defensa impugnó la calidad de Querellante de la denunciante por falta de legitimación activa, dijo que no existe una asociación civil sino una intención de un grupo de personas.

La fiscal expresó que se trata de un delito de acción pública que puede denunciar cualquier ciudadano. Solicito que se tenga como Querellante. En el mismo sentido lo hizo la Querella.

Al planteo de impugnación el juez no hizo lugar, consideró que el rol para la comunidad es importante y que no hay perjuicio real en la participación.

En relación a la formulación de cargos, la Defensa explicó que el imputado tomó la decisión para defender su casa, su familia y sus bienes, que ejerció un exceso de derecho de defensa. Que la acción fue como consecuencia de otros sucesos anteriores en donde los animales habrían ingresado a la vivienda y producir daños, producirle un accidente a su hijo, entre otros.

La Fiscalía informó que no hay constancias de los daños producidos.

El juez, admitió la formulación de cargos por considerar como presunto autor a Romero Matías por el delito de maltrato animal, según lo previsto en la Ley N° 14.346, art. 3 inc 7.

La audiencia se desarrolló en el Juzgado de Garantía N° 1 a cargo de Alfredo Cuello, como secretario intervino Fabián Aguilar. Por el Ministerio Público Fiscal intervino Cecilia Framini, por la Querella, Roxana Rocha Aguilera y por la Defensa, Vicente Cuesta.

Fuente: Prensa del Poder Judicial

Después de una década de espera, este martes comenzó en la ciudad de San Luis el juicio contra Ramón Antonio Ochoa, un hombre de 62 años acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de guardador en perjuicio de su ahijada.

La identidad del imputado fue difundida públicamente por la propia denunciante, quien en las últimas horas publicó un extenso mensaje en redes sociales en el que explicó por qué decidió hacer visible su historia y reclamó una condena. “No tengo miedo y no pienso tener más vergüenza. Que la vergüenza la tenga él”, escribió la joven, que aseguró que los hechos comenzaron cuando tenía 6 años y se extendieron hasta los 15.

La causa se inició en 2016 y recién diez años después llegó a debate oral, con un pedido fiscal de 15 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de guardador.

Durante la primera audiencia declararon la víctima y su madre. Según la abogada querellante Fernanda Pereyra Jamenson, la joven debió interrumpir varias veces su testimonio por la dureza de los recuerdos.

“En mi experiencia de haber estado frente a debates orales, nunca había escuchado un testimonio tan fuerte en cuanto a las prácticas que el padrino de ella la obligaba a hacer”, sostuvo la letrada.

Una figura de confianza
De acuerdo con la acusación, el imputado ocupaba un lugar central dentro del entorno familiar. Ante la ausencia del padre biológico, colaboraba con la crianza de los niños, vivía a unos 50 metros de la vivienda y se ofrecía para cuidarlos cuando la madre trabajaba.

“Era justamente la figura paterna. En los momentos en los que ella iba a trabajar, él hacía aprovechamiento y ahí empezaban los hechos”, afirmó Pereyra Jamenson.

La letrada agregó que el expediente cuenta con una cámara Gesell favorable, pericias psicológicas y numerosos testimonios sobre las secuelas que sufrió la denunciante.

“Intentó suicidarse, abandonó la escuela, han sucedido un montón de cosas en el medio y, sin embargo, han pasado diez años para que podamos hoy iniciar un debate oral”, manifestó.

Diez años para llegar a juicio
Consultada sobre las razones de la demora, Pereyra Jamenson explicó que el expediente fue atravesando distintas situaciones procesales y cambios de representación legal que fueron postergando el debate.

“La realidad es que son todas burocracias institucionales. Si alguien se recusa, dos meses más. Se suspende porque un juez o una jueza se enferma, un fiscal se recusa porque conocía a la persona, dos meses más, un año más. Entonces así se fue pasando el tiempo”, expresó.

La abogada aclaró que los juzgados y fiscalías trabajan con una importante carga de expedientes, pero consideró que en este tipo de causas debería existir una mayor celeridad.

“No puede ser que hayan demorado diez años, es un montón”, afirmó Pereyra, quien también relató que la familia cambió de representación legal en distintas oportunidades y que incluso ella y la doctora Estrella Marín asumieron la querella apenas unos días antes del inicio del juicio, luego de que la madre de la joven las contactara “desesperada” porque el abogado anterior había renunciado y otros profesionales no habían presentado escritos.

“Si yo sabía que esto era así, doctora, yo no hacía la denuncia. O lo mataba o me mataba, o me iba lejos para no tenerlo más cerca”, fueron las palabras de la víctima, según la abogada.

Según explicó, esa situación de demora impidió incorporar una pericia psicológica que consideraban fundamental para reforzar la acusación.

Durante la mañana, familiares, allegados e integrantes de organizaciones acompañaron el inicio del juicio frente a los tribunales provinciales con una convocatoria para reclamar verdad y justicia.

El debate continuará este miércoles con la declaración de los últimos testigos y los alegatos finales, tras lo cual el tribunal integrado por Ariel Parrillis, María Eugenia Zavala Chacur y Adriana Lucero Alfonso dará a conocer el veredicto. La querella adelantó que pedirá una pena cercana a los 20 años de prisión.