El Gobierno de San Luis recomienda a funcionarios abstenerse de hacer ostentación en redes sociales

En las últimas horas se hizo pública la Recomendación N° 9 de la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión del Gobierno de San Luis, dirigida a los funcionarios públicos, con el objetivo de que se abstengan de hacer publicaciones en redes sociales “que puedan significar actos de ostentación de aspectos de la vida privada”.

Ante la proximidad del período estival, en el que muchos funcionarios pueden hacer uso de sus vacaciones, la Secretaría consideró necesario instar a funcionarios provinciales a evitar realizar publicaciones en redes sociales que incluyan fotografías, comentarios o detalles que puedan interpretarse como ostentación de aspectos de la vida privada.

El comunicado con fecha del 17 de diciembre, firmado por el secretario de Estado de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Juan Andre Bazla, subraya que tales publicaciones podrían dar lugar a apreciaciones erróneas sobre la disponibilidad y desempeño de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Además, enfatiza la importancia de que los servidores públicos actúen con transparencia, responsabilidad y respeto a los valores institucionales, demostrando así su dedicación al servicio público.

La Recomendación N° 9 establece dos artículos principales. El artículo 1 exhorta a los funcionarios a abstenerse de realizar publicaciones en redes sociales que puedan significar actos de ostentación de aspectos de la vida privada, especialmente durante el período vacacional. El artículo 2 instruye a que esta recomendación sea comunicada a todos los ministerios, secretarías de Estado, fiscalía de Estado, entes y sociedades del Estado provincial.

Poggi: “Logramos equilibrar las cuentas y ya podemos proyectarnos hacia el futuro”

El gobernador Claudio Poggi dialogó con medios de comunicación de la ciudad de la Calle Angosta e hizo un balance de su año de gestión, destacando los avances en redes de gas natural, la construcción de viviendas, el acompañamiento a la cultura emprendedora, la temporada turística y las refacciones en las escuelas de cara al ciclo lectivo 2025, entre otros temas.

Poggi visitó el sector este de Villa Mercedes para encabezar el acto de habilitación de la red de gas natural para 516 hogares, en una primera etapa, y los instó a inscribirse en el plan ‘Chau Garrafa’, que permitirá a los vecinos financiar la conexión domiciliaria en 10 cuotas de $35.000. “Hace diez años construimos 2.390 viviendas en esta zona y ya prácticamente estamos terminando todo lo que es la instalación de redes de gas natural”, expresó el Mandatario. Además, adelantó que en 45 días completarán la red para las 636 viviendas restantes, alcanzando así la totalidad del proyecto.

Durante la conferencia de prensa, Poggi realizó un balance de su gestión, destacando que, a pesar de un año “muy duro” para la provincia, lograron equilibrar las cuentas públicas. “Comenzamos de debajo de la lona, de menos diez, pero estamos logrando equilibrar las cuentas. No nos sobra nada, pero podemos empezar a proyectarnos hacia el futuro”, manifestó.

El gobernador también detalló otros avances de su administración. “Hemos reactivado la política habitacional y el año que viene vamos a abrir nuevamente las inscripciones de vivienda”, manifestó Poggi, quien además resaltó la implementación de Programa Alimentario Nutricional Escolar (PANE) durante el verano, inversiones en seguridad y la reconstrucción del Policlínico de Villa Mercedes, una obra que catalogó “muy importante y que estamos transitando ya en la primera etapa de lo que es el el primer piso”.

En materia de desarrollo económico, mencionó el lanzamiento de los programas para emprendedores como ‘Mi Próximo Paso’ y ‘Mi Primer Emprendimiento’, que han tenido una importante acogida entre los mercedinos.

Respecto al turismo, Poggi se mostró optimista sobre la temporada veraniega, aunque reconoció la competencia con destinos del interior y países vecinos debido al tipo de cambio. “San Luis es elegible para el turista argentino. Tenemos lugares hermosos, bellísimos”, afirmó.

Finalmente, anunció que entre diciembre y febrero se realizarán trabajos de mantenimiento en las escuelas, con especial atención en la instalación de ventiladores, para garantizar el inicio del ciclo lectivo previsto para el 24 de febrero.

Fuente: ANSL

La Policía puso al resguardo un ejemplar de mono carayá encontrado en el barrio 544 Viviendas

Este jueves por la noche, una mujer de 51 años de edad se hizo presente en la Comisaría Seccional 3° de la ciudad de San Luis e hizo entrega de un ejemplar de mono carayá.

La mujer manifestó que había encontrado al animal en el sector de la medianera de su domicilio, en el barrio 544 Viviendas, el pasado lunes 23 de diciembre por la tarde noche. De acuerdo al relato de la mujer, el mono tenía collar y se mostraba domesticado, ya que comenzó a acercarse a los integrantes de la familia sin demostrar signos de temor o agresión.

En ese sentido, la mujer comentó que no estaba en sus planes adueñarse del ejemplar e hizo entrega del mismo. Además, afirmó que desconocía de dónde podía provenir el mono o si algún vecino pudo haber sido el dueño.

Una vez realizado el escrito correspondiente, efectivos de la mencionada dependencia dieron aviso de la situación al personal de la Policía Ecológica y Ambiental, quienes se hicieron presentes en la comisaría para poner al resguardo al ejemplar de mono carayá. Cabe señalar que en el lugar también se hizo presente personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia, desde donde se manifestó que el animal será trasladado al Centro de Conservación de Vida Silvestre ubicado en La Florida.

El mono ya ingresó al Centro de Conservación de Vida Silvestre
La Secretaría de Estado de Medio Ambiente informó que el mono ya se encuentra al resguardo del Centro de Conservación de Vida Silvestre. Además, dio a conocer que los monos son traídos ilegalmente para ser vendidos como mascotas, la crueldad de la captura incluye matar a la madre y a varios adultos del grupo familiar, que al ser animales muy sociales defienden a las crías entre todos. Otra de las crueldades que atraviesan los monos al ser capturados es ser manipulados con alcohol, para que se duerman y poder transportarlos con facilidad.

Generalmente son trasladados escondidos en huecos del motor, atados o en recipientes muy pequeños. La mayoría de los monos capturados mueren durante el transporte, tanto por las condiciones (espacio, temperatura, falta de alimento) en que se hace, como por el estrés y la depresión que les causa la separación de su madre y su grupo familiar.

El estrés, el trauma y el miedo suelen llevar a que desarrollen comportamientos agresivos, por lo que es común que la gente los tenga atados o enjaulados. Su apariencia hace que la gente que los tiene los trate como niños, poniéndoles ropa y dándoles alimentos (golosinas, yogurt, chocolates, etc.) que no solo no corresponden para nada con su dieta natural, sino que son muy perjudiciales para ellos, causándoles daño hepático, obesidad y hasta adicciones. Algunos de los monos que ingresaron al Centro de Conservación de Vida Silvestre (CCVS) eran tenidos como mascotas, otros estaban siendo transportados para su venta ilegal.

Estos animales permanecen el menor tiempo posible en el CCVS, ya que debido al carácter altamente social de la especie, sufren mucho la soledad y es habitual que desarrollen cuadros de depresión que pueden llevarlos a la muerte en poco tiempo.

Los monos Carayá son los primates más australes del mundo, se los conoce también como monos aulladores. Habitan en grupos, en áreas de bosque y montes del noreste argentino. Si bien aún no aparecen en las listas de especies amenazadas, tienen dos grandes problemas en nuestro país: la disminución de sus ambientes naturales: la tala indiscriminada de los montes y el avance de la frontera agrícola, especialmente del cultivo de soja, provocan que día a día el Carayá, junto a otras especies, se queden sin sus hábitats naturales, y a nivel mundial, es una especie considerada de difícil mantenimiento en cautiverio, ya que no se adaptan ni reproducen en zoológicos, y en cautiverio no suelen sobrevivir los dos años.

Villa Mercedes: un detenido por el homicidio de Lucas Pastrán

Este jueves, efectivos del Departamento de Homicidios Villa Mercedes detuvieron a un sujeto de 35 años de edad por el homicidio de Lucas Pastrán, hecho ocurrido durante la mañana del miércoles 25 de diciembre en el barrio San José de la ciudad de Villa Mercedes.

La detención se concretó después de diversas tareas investigativas por parte de personal de Homicidios, que incluyeron entrevistas y recopilación de datos.

En primera instancia el sujeto fue demorado por los efectivos policiales en la vía pública. Posteriormente, en virtud del sumario policial y con todos los elementos vinculantes del hecho que indicaban que el sujeto de 35 años fue el autor del disparo, desde la Fiscalía de Instrucción N° 3 de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo de José Olguín, se ordenó que el individuo quede en calidad de detenido por el delito “Averiguación homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.

Además, la Policía realizó un allanamiento en un domicilio del barrio 365 Viviendas de Villa Mercedes, donde se secuestró la motocicleta que utilizó el individuo de 35 años para darse a la fuga del lugar del hecho.

El salario de los empleados públicos provinciales perdió un 46% de poder adquisitivo, según un informe

En la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se presentó este viernes el primer informe del Monitor de la Realidad Social Económica y Social de San Luis. En el informe se afirma que el sueldo de los empleados públicos provinciales perdió un 46,4% de poder adquisitivo a noviembre de 2024 en términos reales y que el consumo en San Luis cayó cerca del 22%.

El secretario general de ATE, Fernando Gatica, señaló que el objetivo de los informes del Monitor es “estar permanentemente encima” de la desocupación, la pérdida del salario y diferentes índices. “Salir a contrarrestar lo que nos imponen como información y que nos bombardean todo el tiempo por parte del Gobierno nacional y el Gobierno provincial, esa es la idea”.

En el primer informe de la Realidad Social Económica y Social de San Luis se concluye que “los principales perdedores del modelo económico implementado por el Poder Ejecutivo provincial, en consonancia con el nacional, son los empleados públicos”.

Vemos locales que se cierran, vemos bajo consumo, vemos fábricas que no producen, vemos caída en la actividad de la construcción en lo que se denomina habitualmente changas, vemos mucha más gente pidiendo en la calle con necesidad de comedores. Todo eso que nosotros vemos habitualmente y que todo el mundo ve, aunque algunos no quieran ver, se refleja en algunos números, en algunas estadísticas”, dijo el licenciado en economía y ex director del Indec, Norberto Itzcovich, quien elaboró el informe.

En el informe se analizaron varios aspectos económicos, pero en esta nota se abordarán tres: pérdida de poder adquisitivo, caída del consumo y aumento del desempleo.

Pérdida de poder adquisitivo

Los salarios públicos provinciales aumentaron el 49,5% en el acumulado a noviembre de 2024 (no se tomó en cuenta el bono de $350.000 que se pagará en diciembre), mientras que la inflación en la provincia ha sido del 92,3% y la nacional del 112%. Por lo tanto, la pérdida del poder adquisitivo ha sido del 46,4% en relación a la inflación provincial y del 55,8% a la nacional en el acumulado a noviembre.

Caída del consumo

En el informe también se afirma que hubo una caída del 22% del consumo en San Luis a partir de la baja en términos reales en la venta de supermercados. Se tomó como base el informe del Indec que consigna que la venta en supermercados en San Luis subió un 150% nominal interanual a septiembre de 2024 y la inflación minorista fue del 191,9% en el período mencionado. En términos reales, significa una baja del consumo del 22%.

Suba del desempleo

Itzcovich asegura en su informe que la “abrupta caída del consumo, causa de la pérdida de poder adquisitivo del salario” sumado a políticas nacionales apoyadas por la Provincia “produjo un aumento del desempleo”.

Se menciona que la tasa de desempleo en el segundo trimestre de 2024 fue del 4,1%, tal como publicó LGD hace 9 días, mientras que en el mismo período de 2023 fue del 2,3%. “El desempleo en San Luis poco menos se duplicó”, sentencia el economista.

Respecto al empleo hay que señalar que la ocupación subió el 1,2% respecto al segundo trimestre por la disminución en la cantidad de personas subocupadas.

Causa por enriquecimiento ilícito: intimaron al ex ministro Anzulovich para que justifique “el origen legítimo de su patrimonio”


En el marco de la causa sobre presunto enriquecimiento ilícito que tiene como demandado al ex ministro de Desarrollo Social, Nicolás Anzulovich, la Justicia emitió una intimación para que justifique su patrimonio en un plazo de 30 días hábiles.

La intimación, firmada por el fiscal N° 1, Francisco Assat Alí, con fecha del 23 de diciembre, dice que se intima al ex funcionario de Alberto Rodríguez Saá para que “justifique el origen legítimo de su patrimonio entre el periodo comprendido entre el año 2019 al año 2023, debiendo presentar declaración jurada detallada de sus ingresos y deudas, de bienes inmuebles, muebles registrables, cuentas bancarias, activos financieros, participaciones societarias, fideicomisos y cualquier otro bien que pueda reflejar un incremento patrimonial relevante”.

El ex diputado debe presentar la declaración jurada en un plazo de 30 días hábiles desde que se notifica de la intimación judicial.

Anzulovich quedó en el centro de la polémica cuando el año pasado se viralizó una foto de la moto KTM 1190 que subió la agencia donde compró el vehículo. Esa moto actualmente tiene un precio superior a los 50.000 dólares.

Molino Fénix: detectaron una destrucción masiva de documentos, millonarios gastos de combustibles y realizaron nuevos allanamientos

El fiscal José Olguín. Foto captura de video de FM Latina

Este jueves, el fiscal José Olguín brindó detalles sobre las últimas novedades de la investigación por el presunto vaciamiento del Complejo Molino Fénix, en declaraciones realizadas a FM Latina. Además, se llevaron a cabo dos allanamientos en Villa Mercedes vinculados a la causa. Los operativos incluyeron la vivienda del ex jefe de prensa de Anabela Lucero, Sebastián Fernández, ubicada en Lamadrid al 639, y Radio Mercedes, donde trabaja Fernández. Según Olguín, este último fue considerado una persona “de interés en el hecho” a partir de los avances en la investigación.

El fiscal describió la complejidad de la causa debido a la falta de documentación. “El hecho de haber destruido la totalidad de la documentación del Molino hace que se retrase la investigación. Todo lo tenemos que investigar, todo lo tenemos que revisar, porque desgraciadamente fueron directamente destruidos los documentos que tenían referencia con eso”, indicó Olguín.

El fiscal también detalló que, tras asumir las nuevas autoridades en diciembre de 2023, se constató la ausencia de computadoras, impresoras y mobiliario. “Todo lo que era computadoras donde podía haber alguna información de la actividad, desapareció. Incluso los legajos personales. La persona que llegó ahí el 10 de diciembre del año pasado no sabía cuántas personas trabajaban y en qué condición”, dijo.

En cuanto a la carga de combustibles, Olguín explicó que “había una cuenta corriente” que fue utilizada para abastecer a 19 vehículos no pertenecientes a la repartición. “Tenemos las patentes y las personas que cargaban, entre ellos Scarel, entre ellos Lucero y demás personas. Estamos hablando de un gasto que rondaría cerca de los 8 o 9 millones de pesos en un periodo de dos años”, detalló.

También mencionó el caso de “una abogada que trabajaba para la señora Lucero como asistente en su labor de la Cámara de Diputados, pero se le pagaba con fondos del Molino. Facturaba al Molino y además tenía una cuenta de combustible”. En este sentido, el fiscal mencionó que también hay otros casos de “empleados que le servían a ella” (por Lucero), pero eran remuneradas con fondos del Molino. “Eso, por supuesto, era autorizado por alguien, pero ella era partícipe necesaria”, dijo Olguín, con respecto a la acusación en contra de la exdiputada.

Además, el fiscal mencionó que el transporte también fue una de las áreas investigadas. “Hay más de 30 viajes. Algunos directamente dicen al Partido Justicialista y de vuelta al Partido Justicialista. Otros a la Cámara de Diputados y demás circunstancias. Todos viajes pagados con fondos del Molino”, sostuvo, destacando de desde la empresa contratada han colaborado en gran medida con la causa. Además, señaló que el Molino tenía “movilidad propia y choferes propios. O sea, que no hacía falta contratar servicios o cosas por el estilo”.

Olguín adelantó que se está próximo a solicitar la formulación de cargos contra nuevos imputados, aunque aclaró que no puede brindar más detalles debido a que la investigación está en curso. “Tenemos que reconstruir toda la actividad del Molino desde cero. Hay más de cien entrevistas, numerosos oficios y medidas pendientes”, afirmó.

Los acusados actuales en la causa son Joaquín Beltrán, Enzo Lucero, Exequiel Alberto Scarel y Diego Emanuel Torres, quienes fueron denunciados por “violación a los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y peculado”. Según Olguín, también se está investigando el rol de Anabela Lucero, quien podría estar involucrada en el delito de peculado, entre otros posibles cargos.

 

Abogado denuncia irregularidades en causa de usurpación en El Milagro y anuncia juicio político contra la jueza interviniente

El abogado Alejandro Miranda, representante legal de Silvia Lucero y Ceferino Escalante, denunció irregularidades en el marco de una causa de usurpación en El Milagro, tramitada en el Juzgado de Garantías N º 4, a cargo de la jueza Natalia Lazarte Otero. Según Miranda, el proceso presenta inconsistencias graves, lo que lo llevó a anunciar la promoción de un juicio político contra la magistrada.

Durante una conferencia de prensa, Miranda explicó que la causa se inició en 2021 tras una denuncia presentada por Vanessa Migliavacca, quien acusó a Lucero y Escalante de haber usurpado una porción de su campo. Sin embargo, según el abogado, la denunciante no habría acreditado adecuadamente la propiedad ni la ubicación del terreno supuestamente usurpado. “Nunca lo acreditó durante el expediente. Hemos insistido en que se precisara cuál es su campo, la superficie y la zona afectada, pero eso nunca fue demostrado”, afirmó.

Miranda señaló que, pese a la falta de pruebas, la jueza otorgó a Migliavacca el rol de querellante particular y ordenó el desalojo del terreno en disputa. “La jueza dictó una medida cautelar de lanzamiento sin tener certeza de cuál era la zona supuestamente usurpada. Incluso la jueza de paz lego, encargada de ejecutar la medida, informó que no podía hacerlo por la falta de precisión en el oficio”, detalló.

El letrado señaló además que “la juez de Paz le informó a la juez de Garantía que no podía ejecutar la medida porque no había precisado dónde tenía que hacerla”, razón por la cual Lazarte Otero “la excluyó del procedimiento y libró un oficio sin designar cuál iba a ser la autoridad que debía ejecutar esa medida cautelar”.

El letrado también indicó que la orden de la jueza de Garantía afectó a esta familia compuesta por cuatro personas, incluido un menor con discapacidad. Además, aseguró que los abogados de Migliavacca, luego de un oficio mal librado a la comisaría de Villa de la Quebrada, ejecutaron la medida en base a mediciones realizadas de forma particular, sin respaldo en el expediente judicial.

Miranda informó que, junto a sus representados, presentó una denuncia penal contra Lazarte Otero por considerar que se excedió en sus funciones al ordenar el desalojo. “La jueza, sin fundamentos jurídicos ni fácticos, prácticamente expropió esa fracción de terreno en favor de la denunciante y en perjuicio de Lucero y Escalante”, aseguró.

Asimismo, anunció que promoverán un jurado de enjuiciamiento contra la magistrada. “Esto es muy grave. La jueza se arrogó funciones que no le corresponden, vulnerando los derechos de mis clientes”, concluyó.

Aseguran que una funcionaria del Gobierno ha presionado al Poder Judicial en una causa por la supuesta usurpación de un taller mecánico

Esta mañana, el abogado Alejandro Miranda dio a conocer la intervención de una funcionaria del Gobierno provincial en una causa familiar por la supuesta usurpación de un taller mecánico. La causa en cuestión corresponde a la familia Neira, con Raúl (69), denunciando que sus hijos Nicolás y Ezequiel se han quedado con su taller mecánico, ubicado sobre la calle Aristóbulo del Valle. Raúl y su actual esposa, Graciela Ibáñez, denunciaron amenazas por parte de sus hijos, especialmente de Nicolás, quien estaba trabajando junto a su padre en el taller.

Eventualmente, se logró una orden de restricción en contra de Nicolás, pero Graciela asegura que todo eso cambió de repente, tras la intervención de Mariana Talquenca, jefa de Despacho de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable. “Un día en casa, se llega la señora ex esposa, Mónica Fenoglio, a casa. Y llega con Mariana Talquenca, que supuestamente se presentó como que era la doctora, una abogada, supuestamente, y un muchacho que no recordamos el nombre, que dijo que era oficial de justicia. Diciéndole verbalmente a Raúl que no podía entrar a su taller”, relató la mujer, quien aseguró que Nicolás Neira había logrado en el mismo juzgado, el de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia N°3, una orden de restricción en contra de ellos.

“Es una situación extremadamente grave y la gravedad radica en que por intervención de una funcionaria del Gobierno, la juez de Familia N° 3, la doctora Belén Villegas, los funcionarios de la unidad de abordaje y otros funcionarios judiciales no han querido intervenir para que la medida cautelar que dictó la juez el 19 de septiembre se cumpla. Excluyó al hijo de Neira del taller, del lugar de trabajo donde lo agredió y el hijo nunca cumplió esa medida, sino que terminó excluido Neira padre que es la víctima y favorecido Neira el hijo que es el victimario, que es la persona violenta. Es más, hubo una oportunidad en que se presentó en la casa de Neira una mujer que se identificó como abogada, de apellido Talquenca, con un supuesto oficial de justicia a notificarlo de que el excluido era él ahora del taller”, dijo el abogado Alejandro Miranda, en declaraciones a La Gaceta Digital.

“Esta mujer de apellido Talquenca se presentó en el expediente y acá entendemos por qué ninguna autoridad judicial no quiere hacer nada en favor de Raúl Neira y le solicita una audiencia a la juez en el expediente a través de un mail donde ella firma como Mariana Daniela Talquenca, jefa de despacho del Gobierno de la provincia de San Luis. Y le dice en ese mail a la juez que tienen que corregir un oficio que ha librado mal. Esta es la razón por la cual ninguna autoridad judicial quiere reestablecer los derechos de Neira padre, no quiere hacer cumplir la medida cautelar la juez que ella dictó”, continuó al abogado, apuntando a esta funcionaria.

“Esta mujer Talquenca, jefa de Despacho del Gobierno de la provincia, como dice el mail que saqué del expediente, es la que ha provocado esta indefensión de Neira padre, ninguna autoridad quiere dictar una medida a favor de él y en contra del otro Neira, protegido por esta funcionaria”, manifestó Miranda, quien dijo que hay “comentarios” de que Talquenca y Neira serían pareja.

“El padre vive con el producido de ese taller. Hace tres meses que no puede trabajar porque el hijo se apoderó del taller y no tiene con qué darle comer a su familia y esto lo sabe la jueza, lo dijimos en una audiencia. No hay forma de que la justicia reaccione para restablecer los derechos de Neira. No hay una razón jurídica, por más que la hemos buscado, una razón funcional o una razón institucional que justifique el proceder ni de la jueza ni de la unidad de abordaje ni del procurador general ni ninguna autoridad. Ninguna quiere intervenir, pero si la ley les manda tienen deberes a su cargo porque no los cumplen. Entonces tiene que haber una razón extra judicial y esta razón es la injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial”.

La nota de Talquenca que Miranda mostró a la prensa.

Extendieron la prisión preventiva para los acusados de robar y matar a un hombre en el B° Lince

El Tribunal de Impugnaciones de la ciudad de San Luis hizo lugar este lunes al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Instrucción N°3 y amplió a 120 días, el plazo prisión preventiva impuesta a Camila González y Carlos Franco Miranda, imputados por el homicidio de Paulo Daniel Videla (61).

Videla fue encontrado sin vida, maniatado de pies y manos, el 28 de mayo del corriente año en su vivienda ubicada en el barrio El Lince de la ciudad de San Luis. El cuerpo de la víctima presentaba golpes en la cabeza y señas de haber sido asfixiado. Según la hipótesis de la Fiscalía interviniente, los imputados -que eran conocidos de la víctima-, ingresaron a su domicilio con la intención de robar. Al presentar resistencia, Videla fue golpeado, atado y finalmente asfixiado.

El Tribunal de Impugnaciones dejó sin efecto la medida dictada por la jueza de Garantías Nº 2, Dra. Agustina Dopazo Samper, quien había fijado 20 días de prisión preventiva para los acusados. La referida medida se amplió a 120 días, a contar a partir de la fecha 8 de diciembre. El recurso fue interpuesto por el Fiscal de Instrucción N°3, Esteban Roche.

En la audiencia estuvieron presentes la fiscal adjunta Marisol Boschi; la parte querellante Stefanía Soledad Poma de Otaegui, en representación de la Defensoría Oficial Penal N° 3; el defensor oficial penal N° 1, Carlos Guillermo Salazar y el defensor adjuntoDiego González Zunino, codefensores de la imputada Camila González; y Federico Putelli, en representación del imputado Carlos Franco Miranda.

Fuente: Prensa Poder Judicial