La damnificada contó los detalles de lo sucedido.

Una travesti denunció en la fiscalía de turno a policías de la Comisaría 5ª por haberla golpeado y exigirle una “peaje” para dejarla trabajar. También se radicará la denuncia ante el INADI.

El miércoles por la tarde Celeste estaba trabajando junto a una amiga sobre la Ruta 7 hasta que la Policía las interceptó. “Yo estaba trabajando con una amiga y la policía fue a pedirme plata, que teníamos que pagar un peaje. Llamamos al 911, se fueron y a los 20 minutos volvieron enojados y se bajaron cuatro policías a querer pegarme. Me pegaron para sacarme el celular, me lo rompieron porque yo los estaba filmando. Después me llevaron a la comisaría. Me preguntaron de qué forma podíamos arreglar para que no saliera en los medios hablando. Me dijeron que no hiciera nada, que me iban a pegar y me iban a dejar presa. Le dije que no iba a hacer nada para que me dejaran salir”, relató Celeste, quien mostró a la prensa el teléfono celular dañado.

Según el relato de Celeste, los policías volvieron a la Ruta 7 para buscar a su amiga. Le pegaron y la revisaron para intentar encontrar el celular de Celeste. La búsqueda de los efectivos no dio resultado, ya que la amiga de celeste había escondido el teléfono en cercanías de la ruta.

Ante la infructuosa búsqueda, los policías volvieron a la comisaría y le dijeron a Celeste qué se podía hacer para que lo sucedido no se hiciera público. “Me sacaron de la comisaría me hicieron recorrer para ver si mi amiga tenía el teléfono para que yo les borrara el video en la cara de ellos pero ya me la habían borrado ellos y el teléfono ya estaba roto”, comentó Celeste.

A pesar de que el video ya no existe, una cámara de seguridad del Gobierno registró lo sucedido. “En el momento que me querían pegar y llevar, les dije que estaba la cámara arriba. Tiene que estar el video”, concluyó la denunciante.

La travesti se quejó que en todo momento, los uniformados la trataron como si fuera un hombre. Cada vez que un policía le preguntó el nombre y ella le daba el nombre de mujer, el efectivo le exigía su anterior nombre, el masculino. Recordemos que la Ley de Identidad de Género que impulsó el Gobierno Nacional le permite a un travesti plasmar un nombre de mujer en su DNI.

Cuando se le preguntó a Celeste si pudo identificar a alguno de los policías contestó que uno de ellos fue su compañero en la primaria.

“Es la primera vez que hacemos una denuncia contra la Policía. Si bien cuando siempre hemos necesitado, la Policía ha estado pero en este caso estas personas no pueden estar porque manchan a toda la institución policial. Se tienen que tomar medidas y capacitarlos en la Ley de Identidad de Género porque se ha hecho discriminación”, reflexionó Gema Rosales, referente local de la Asociación de Travestis, Transexuales Transgéneros Argentina (ATTA).

“Hay una consideración de la fiscal que podría considerar apriorística, apresurada y hasta de un prejuzgamiento con agravios realmente profundos hacia mi profesionalidad y hacia mí como persona. Hablar de sexualidad con los chicos no es hacer apología ni del uso de estupefacientes ni hacer apología del lesbianismo o hacer corrupción de menores. Frente a esta acusación, no tenga nada que ocultar, yo estoy a disposición de la justicia para declarar”, expresó García Hermelo, quien agregó que “hablar de una relación entre mujeres no es imponer a una adolescente ser lesbiana”.

La causa que involucra a García Hermelo fue impulsada por Zulma Álvarez, quien ahora la remplaza en las horas que dictaba en el Bellas Artes. Álvarez también es docente de la institución y madre de unas de las alumnas de García Hermelo. “Claramente, obedece a algo de más de tinte personal y hasta político”, opinó Romina.

La licenciada en comunicación social manifestó su deseo de volver a dictar clases porque es su trabajo, ya que aunque desde el Ministerio de Educación ahora hay un espíritu conciliador, la suspensión por 90 días aún está vigente.

Una de las medidas que se ordenó en la causa es sacar de circulación el libro en las escuelas. La docente calificó la medida como una barbaridad.

Murió al impactar de frente contra un camión.

Ayer a la mañana, Carlos Rodolfo Barroso, de 38 años, falleció al colisionar de frente con su moto contra un camión VW. El accidente ocurrió poco antes de las 7:00 sobre Ruta Nacional 147.

El motociclista circulaba de oeste a este y, al comenzar a subir el puente, habría intentado superar a un vehículo, por lo que habría invadido el carril contrario por donde circulaba el camión sin acoplado de la empresa Traquer, conducido por Roque Aníbal Ojeda, de 47 años vecino del barrio Francisco Cáceres.

Personal de Accidentología Vial de la Policía que trabajó en el lugar secuestró, a unos 60 metros de la posición final del cuerpo, un casco protector, por lo que no se puede aseverar si lo llevaba con las medidas de sujeción correspondientes.

Barroso viajaba en una moto Cerro 150 cc azul sin dominio. Llevaba una mochila de tela en color negro con herramientas de trabajo y por la documentación que se encontró entre sus pertenencias, tenía domicilio en calle Ejército Argentino, de la ciudad de Juana Koslay.

Su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial a los efectos de realizarse la autopsia de rigor.

En total ya son 230 los ayudas que pasaron a ser contratados.

Ayer, se anunció que 100 ayudas económicas se sumarán a las 130 que en 2012 fueron pasados a contratas por la gestión de Enrique Ponce al frente de la Municipalidad. Según prometieron, se seguirá trabajando en este proceso de blanqueamiento. Los flamantes contratados pasarán a cobrar $2.600 y percibirán aportes previsionales de seguridad social, jubilación y aseguradora de riesgo de trabajo.

Según informaron, los criterios de elección de los 100 contratados fueron la antigüedad, el presentismo, que desarrollen tareas riesgosas y que tengan un concepto positivo de sus jefes o directores de área. “Nosotros no perseguimos ni suspendemos a nuestros trabajadores, tampoco los echamos después de 14 años por reclamar mejoras salariales”, destacaron desde la Municipalidad, en referencia a los pasantes despedidos del Plan de Inclusión Social.

Es con motivo del 10mo aniversario del Plan.

El gobernador, CPN Claudio Poggi, declaró, para el día de hoy, asueto para los beneficiarios de Inclusión Social, pasantes y miembros de Seguridad Comunitaria, con motivo de cumplirse el 10mo aniversario del Plan. La medida fue adoptada mediante la promulgación del Decreto N°3137.

Al conmemorarse un nuevo año de la creación del Plan de Inclusión Social, el titular de la cartera, Federico Tula Barale, informó sobre las actividades que se están realizando en torno al aniversario.

En este sentido, hoy, a las 11:00 en el parque 4to Centenario, se realizará la presentación y puesta en funcionamiento de 10 cooperativas. En la oportunidad, también se firmarán seis convenios con empresas del sector privado que van a incluir a 26 beneficiarios del Plan. Por su parte, la cooperativa Parque Costanera, de Villa Mercedes, firmará un convenio con el Superior Tribunal de Justicia de la ciudad, para el mantenimiento general de espacios verdes, pasillos, baños y limpieza de cristales.

Siguiendo con los festejos, el día 28 se realizará la presentación de un libro que cuenta en primera persona los 10 años del Plan de Inclusión, escrito por una beneficiaria del Plan. En ese acto se homenajeará a los ministros y funcionarios que dejaron su impronta en el Plan.

Además está previsto un concurso de bandas y de murales donde se exprese de qué se trata la inclusión social, en conjunto con el Ministerio de Cultura.

Conozca los precios, horarios y ubicación.

Contrario a lo que informó erróneamente la Dirección de Prensa de la Municipalidad, el programa Pescado para Todos llegará el día de hoy. El camión se instalará en Plaza Pringles, de 9:00 a 20:00 horas. 

Las variedades de pescados que se comercializarán son las siguientes:
– Merluza: $28
– Merluza Mariposa: $28
– Cazuela: $70
– Calamar entero: $30
– Hamburguesa de pescado: $35
– Gatuzo: $37
– Langostino: $75
– Tubo de calamar: $50
– Mariscos: $75

Conozca los detalles del proyecto. El senador Eduardo Mones Ruiz presentó un proyecto de ley para que se reglamente para reglamentar el título Usucapion del Código Civil y Comercial de la Provincia con el objetivo que todos los juzgados tengan un solo criterio en la materia.

“Este proyecto de ley va a regular el procedimiento de juicio de posesión veinteñal que indudablemente está regido por el Código Civil Nacional en cuanto a los requisitos pero el procedimiento se puede aplicar en la provincia.  Hemos estudiado varios procedimiento de distintas provincias y no pareció más acertado es similar al que tiene Córdoba”, explicó Mones Ruiz.

El proyecto estipula que el interesado en tramitar una posesión veinteñal debe acompañar el escrito inicial con un plano se mensura del inmueble o terreno en cuestión realizado por un profesional autorizado y visado por Catastro. También se deberá acompañar un estudio sobre los antecedentes de titularidad del dominio y de la condición catastral del mismo. Se deben agregar los nombres de los colindantes y en lo posible sus domicilios.

La demanda deberá deducirse en un plazo de 20 días expedido el informe pedido previamente por el juzgado al Registro de la Propiedad Inmueble y a Catastro, caso contrario se tendrá por desistida. La acción debe ser dirigida contra la persona que figure como titular del dominio que figure en el informe del Registro de la Propiedad Inmueble y contra quien se considera con derecho sobre el inmueble en cuestión.

Cuando se provea la demanda, se deberá notificar al Registro de la Propiedad Inmueble la existencia del proceso a fin de que tome conocimiento del mismo.

Los demandados serán emplazados a comparecer mediante cédula. En cambio, quienes se crean con derecho sobre el inmueble y no hubiese podido localizarlos, serán citados dos veces por edictos en el Boletín Oficial y en el diario de mayor circulación de la provincia en intervalos de 30 días entre una y otra publicación. Cada edicto se deberá publicar durante tres días. En el edicto a publicar se deberá consignarse carátula, número de expediente, juzgado, secretaría, descripción del inmueble, ubicación superficie, y colindancias.

Los edictos posesorios deberán exhibirse en el juzgado donde tramita la causa y en el municipio donde está ubicado  el inmueble o en el más cercano durante 30 días. Además, el edicto deberá ser publicado en el sitio web del Poder Judicial.

En el inmueble se deberá colocar un cartel como medida previa con una medida mínima de un metro cuadrado con las referencias necesarias sobre la existencia del juicio.

Una vez que el juicio tenga sentencia se deberá oficiar al Registro de la Propiedad Inmueble a fin de que tome conocimiento del nuevo dominio. Pero si la sentencia rechaza la demanda no será impedimento la iniciar un nuevo juicio con el mismo objeto.

La sentencia definitiva deberá ser publicada mediante edictos en el Boletín Oficial y en el diario de mayor circulación de la provincia con las mimas condiciones de publicación que se mencionaron anteriormente pero agregando número y fecha de sentencia.

El Senado le dio sanción definitiva a la iniciativa. La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad y convirtió en ley Plan TuBi- San Luis, mi Provincia en Bicicleta. A pesar de que todavía no fue promulgada todavía, el Gobierno ya empezó con la entrega de bicicletas en el Valle del Conlara.

Las bicis serán destinadas a los alumnos de los distintos niveles educativos públicos, privados y digitales, la entrega de las bicis será a partir de julio, luego de cumplidos los 12 años, edad mínima para circular por la calle en bicicleta, según la Ley Provincial de Tránsito.

A partir de la entrega de las bicicletas se creará un registro de tenedores de las mismas, y se convertirán en propietarios cuando finalicen el secundario.

Como parte del fomento para la adquisición de bicis cuando se compre una ellas en el marco de Plan TuBi se generará un crédito fiscal por el 50% del valor del rodado que será destinado para pagar algún impuesto o sellado de Rentas o cancelación de cuotas de viviendas sociales.

La medida es similar a la que se usó años atrás para la compra de computadoras que incentivó el Gobierno.

También se creará un régimen de fomento para la fabricación y comercialización de bicis en el sector privado que se definirá en la reglamentación

“El libro con esos gráficos pueden crear tendencias que antes no existía en la mente de un adolescente. Me pareció sumamente pornográfico pero no es una doble moral, simplemente me pareció para un adolescente de suma gravedad”, fue la conclusión a la que llegó la fiscal tras leer el libro.

La fiscal dijo que pide la declaración informativa García Hermelo para saber si está habilitada como docente porque tiene entendido que es periodista, si tiene el título de pedagoga o un posgrado en formación docente. García Hermelo es licenciada en comunicación social y fue habilitada por el área del Ministerio de Educación para dictar clases.

Además, la fiscal quiere indagar si el polémico libro está avalado para ser dictado en clase por el Ministerio de Educación.

“Advierto acá conductas que rayana con conductas típicas que están contempladas específicamente en el Código Penal como corrupción de menores respectos a ciertas frases. Acá no se trata de polemizar lo que son actos de adultos entre cuatro paredes y lecturas obligatorias que se les dan a menores de edad cuando dicen frases como ‘hacer el amor, fumando marihuana es mucho mejor’. Eso no se puede hacer de ninguna manera como educadora para desarrollar al chico porque al chico hay que desarrollarlo con valores, con principios. La prevalencia es del interés del niño porque no sabe lo que es bueno y lo que es malo, por eso, llegan a esas perturbaciones de tendencia o conducta desviada. Esto es una apología de alabanza a la corrupción de menores”, expresó Fernández de Vargas.

Este medio le preguntó a la fiscal en qué se basó para concluir en el dictamen “que la temática del libro es suficiente para conducir y depravar al educando”. Fernández de Vargas contestó que “esta afirmación se basa específicamente en los datos de cómo vienen involucradas alabanzas diciendo ‘qué bárbaro leer este libro, la relación de un profesor con una alumna, qué posición toma, cómo deben satisfacerse los alumnos a los compañeros`”.

Más allá de las afirmaciones sin sustento científico que hizo la fiscal sobre el libro, piensa que Hay Una Chica en Mi Sopa, podría provocar en un el chico que “puede tener tendencias o inclinaciones pueden exacerbar todo lo que contiene ese libro, lo cual es harto, ostensible, manifiestamente corrupto”.

Convocaron a una conferencia de prensa para desmentir a medios oficialistas y un informe del Tribunal de Cuentas, pero solo terminaron dándoles la razón.

Una vez más, funcionarios municipales dieron una conferencia de prensa no para hacer anuncios sobre medidas y obras que mejorarán la calidad de vida de los puntanos, sino para salirle al cruce a El Diario de la República y demás medios oficialistas, y también para referirse al informe del Tribunal de Cuentas municipal que se dio a conocer la semana pasada. 

Curiosamente, el asesor letrado, Ricardo Bazla, terminó una vez más reconociendo prácticamente todos los puntos de este informe que tiene a la Gestión Ponce locos de la cabeza. Por ejemplo, ayer admitió que, además del adelanto del 15% del presupuesto de la obra, la Municipalidad le entregó a la empresa encargada, Ceres SA, un monto equivalente al 25% del presupuesto oficial en concepto de “acopio de materiales”. El informe claramente establece que esto no estaba contemplado en el Pliego de Cláusulas Especiales, pero Bazla afirmó lo contrario, aunque sin ofrecer prueba alguna. 

Lo que es más, el asesor letrado dijo ni siquiera saber qué porcentaje se le dio a Ceres SA para acopio de materiales, lo que hace que uno realmente se ponga a pensar para qué convocaron una conferencia para hablar de este tema. Más aún cuando Bazla subrayó que el motivo de la conferencia de prensa para explicar estos asuntos “por tercera vez”.

Otro que tampoco sabía muy bien dónde estaba parado fue el secretario de Hacienda, Esteban Pringles, quien no supo explicar qué pasó con la camioneta que la empresa tenía que entregar al municipio. “La camioneta, la empresa la tiene que entregar al municipio. Si no la ha entregado, los técnicos de la obra tendrán que hacer el planteo correspondiente a la empresa”, contestó el secretario. Siendo la camioneta en cuestión uno de los puntos que más se ha dado a conocer del informe, es incomprensible como el funcionario no tenía preparada una respuesta sobre el tema.

“No hubo una ampliación de partidas porque el presupuesto 2013 fue entregado antes de octubre 2012. Cuando la obra superó el 2012, se tuvo en cuenta que teníamos partidas para obras de las que podíamos disponer. No ahora no podemos decir eso”, fue la poco clara, o demasiado técnica, respuesta que luego dio Pringles cuando se le hizo la simple pregunta de si la obra terminó costando más caro de lo inicialmente presupuestado o no.

Luego llegó el turno de hablar sobre la anciana que cayó en un pozo de la obra de la peatonal. Pero en vez de destacar lo que el municipio ha hecho y está haciendo por ella, primero se dedicaron a hablar de lo que han dicho los medios opositores al municipio. Una vez el secretario de Desarrollo Social, Carlos Jacomet, terminó de quejarse por esto, dio a conocer lo que tendría que haber informado apenas ocurrió el hecho; que la mujer fue acompañada al Hospital por personal del municipio, que le compraron medicamentos, incluyendo una antitetánica que no había en el nosocomio, y que se están asegurando de que el seguro de la empresa le de la compensación correspondiente. 

“Se enmarca esto en una clara campaña de desprestigio que ahora entró en una segunda etapa. Superaron la etapa del desprestigio y pretenden ingresar en la etapa de desestabilización de la gestión del Intendente”, concluyó Bazla, cuando se quedó sin letra para atacar el informe del Tribunal de Cuentas.