Según el Intendente, se realizará de manera “absolutamente pacífica”.

“Hemos armado un equipo especial para llevar adelante todo el esquema que tiene que ver con la regularización de la venta informal de la vía pública e ilegal, lo que usted llama los manteros”, anunció ayer el intendente capitalino, Enrique Ponce. “Ya es abusiva”, opinó sobre la cantidad de puestos y mantas que dificultan el paso en el microcentro y le hacen una competencia desleal a quienes pagan sus impuestos en la zona más cara de la ciudad.

Según precisó, el equipo en cuestión estará compuesto por personal de la Dirección de Fiscalización de Actividades Comerciales, Bromatología, Medio Ambiente, Tránsito y Vía Pública. “Vamos a hacer un operativo todos los días de la semana, incluso los días de la semana para desalojar, de manera absolutamente pacífica a los vendedores”, dijo el jefe Comunal.

De igual manera, Ponce aseguró que se les va a hacer, a los vendedores ambulantes, propuestas para comercializar sus productos en otras zonas, puede ser en las amplias veredas de la escuela Lafinur, donde además, prometió, contarán con el “apoyo del municipio y con un desarrollo urbanístico, para embellecer ese lugar”. “La otra es en la ex terminal de ómnibus, donde también los podemos ayudar y hacer un emprendimiento como hemos hecho en el Paseo del Padre”, agregó.

Paralelo a esto, la Secretaría de Desarrollo Social realizará un censo de los vendedores para estudiar su situación social, “caso por caso” y también “viendo qué hace si no vende eso”. “Y ellos también tendrán que dar una propuesta de cómo lo podemos solucionar”, concluyó el Intendente, mostrándose abierto a las opiniones de los vendedores.

Uno de los imputados es en la actualidad senador provincial del oficialismo.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y declaró la competencia de la Justicia Federal de San Luis para continuar con celeridad el trámite de la causa en la que se investigan al senador provincial y ex ministro de la Legalidad, Sergio Freixes, y al viceministro de la extinta cartera, Mario Zavala, por hechos calificados como coacciones y coacciones agravadas contra una ex camarista plasmadas en cámaras ocultas.

Se les imputa a Freixes y  Zavala, en su carácter de funcionarios, el haberle exigido el  28 de octubre de 2004 a Marina Ziliotto la renuncia anticipada y sin fecha, como condición necesaria para ser designada en el cargo concursado de juez de la Cámara Penal de la provincia.

Las imputaciones no terminan allí, ya que se los acusa de haberle exigido a Ziliotto, el 15 de marzo de 2005, bajo amenaza de presentar y hacer efectiva la renuncia antes de asumir el cargo, desprestigiar y denunciar públicamente a sus colegas  de la Cámara Penal de la provincia, con el objeto  de llevar a cabo un Jury de enjuiciamiento en miras a lograr sus destituciones.

“El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la calidad de funcionarios públicos que revisten tanto los imputados y como las víctimas de los hechos que se investigan en la presente causa, da lugar, de confirmarse los mismos, a un avasallamiento de intereses e instituciones en cuyo resguardo está directamente interesada la Nación, tal como son los relativos a la indispensable independencia del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo, que constituye uno de los presupuestos básicos del principio republicano de gobierno, adoptado por nuestra Constitución Nacional”, dice un extracto de los fundamentos.

La causa no se movía desde hace más de un año.

La evaluación se realizará junto a diversos actores de la comunidad educativa del Bellas Artes. En el marco de la polémica que involucra a la suspendida docente Romina García Hermelo, el Ministerio de Educación convocó a dos expertos internacionales en resolución de conflictos para analizar el caso y evaluar los caminos para resolver conflictos educativos en el Colegio ‘Nicolás Antonio de San Luis’.

Se trata de la Colombiana Jaidivi Núñez Varón y el Ecuatoriano Jacobo Quintero Touma, ambos son expertos internacionales en resolución de conflictos quienes ya han capacitado maestros de San Luis en esta área en anteriores ocasiones.

En ese sentido, el Ministerio de Educación entendió que la presencia de estos profesionales ayudará a analizar, comprender y resolver una situación ocurrida en el Colegio ‘Nicolás Antonio de San Luis’ y así finalmente obtener una guía técnica en el manejo adecuado de las controversias que se suscitan en el campo educativo.

Los profesionales realizarán una facilitación con los diferentes actores (autoridades, directivos, educadores, padres de familia y en especial los estudiantes) de la comunidad educativa, con el objeto de analizar los acontecimientos sucedidos e identificar rutas críticas y alternativas de gestión adecuada de los conflictos educativos desde una perspectiva técnico pedagógica; aprovechando el potencial transformador de las controversias y las capacidades y recursos que tienen los distintos actores que participan en las mismas.

Las conclusiones a las que arribarán Nuñez Varón y Quintero Touma servirán de precedente para este caso puntual y futuras situaciones de conflicto en nuestra Provincia.

Los reconocidos especialistas arribaron a la provincia en el marco de las capacitaciones para aspirantes a cargos jerárquicos que girarán en torno a los temas: ‘Formación en Gestión Efectiva del Conflicto Escolar’ y en ‘La resolución alternativa de conflictos en las instituciones educativas’.

Se elegirán nuevas autoridades el próximo 18 de junio en la casa de altos estudios. La Universidad Nacional de San Luis elegirá nuevas autoridades el próximo 18 de junio. Se podrán en juego todos los cargos unipersonales (rector, decanos y directores de Departamentos) y los representantes de los diferentes claustros a los cuerpos colegiados de gobierno.

En la Facultad de Ciencias Humanas La lista Unidad y Convergencia se presenta para la conducción en el período 2013-2016. La fórmula está integrada por la especialista Ana Lia Cometta, docente e  investigadora del Departamento de Educación y Formación Docente quien cuenta con una vasta experiencia docente y en actividades de gobierno y gestión de la Facultad de Ciencias Humanas y de la UNSL. Mientras que su compañero de fórmula, el especialista Claudio Tomás Lobo, docente e  investigador del Departamento de Comunicación, también ha integrado diferentes órganos de gobierno de la Universidad. Ambos han señalado que la fórmula que integran representa experiencia, convicción y capacidad de gestión. Además de Cometta y Lobo, el espacio político está integrado por docentes, estudiantes, personal de apoyo a la docencia y graduados de la Facultad de Ciencias Humanas.

Loa candidatos señalaron que el diálogo, la tolerancia y un fuerte compromiso social constituirán los ejes a partir de los cuales se sostendrá la gestión desde este espacio político.  Desde Unidad y Convergencia se ha hecho mucho hincapié en el fortalecimiento del diálogo con los demás sectores de la Universidad, especialmente con las nuevas autoridades que asuman en el Rectorado para poder volver a asumir un papel preponderante. “Es necesario generar un espacio amplio y plural que permita re-pensar la Facultad de Ciencias Humanas desde la confluencia amplia de visiones y opiniones” señalaron ambos.

La candidata a decana afirmó respecto al tipo de gestión que se impulsará que “la democracia que sostendremos será una democracia republicana que implique el gobierno de la mayoría y el respeto por las minorías y agregó que “más que pregonarla, la aseguraremos con nuestras acciones, garantizando la participación, la buena convivencia, el diálogo  y la comunicación respetuosa, libre de agravios y sectarismos”.

En este mismo sentido, el candidato a vice-decano señaló que “garantizaremos criterios equitativos y razonables en el tratamiento y decisiones de los diversos asuntos  institucionales, así como la transparencia de todos los actos administrativos”. Lobo también precisó que va impulsar una gestión participativa en la que intervengan representantes de los distintos claustros y sectores, no solo el que gobierna.

A dos semanas de las elecciones, la lista Unidad y Convergencia ya ha presentado a la comunidad universitaria de la Facultad su plataforma de gestión haciendo hincapié en un fuerte compromiso de articulación con todos los sectores de la sociedad. En el documento se dieron a conocer los lineamientos y acciones específicas respecto a la formación de grado, formación continua de docentes y graduados, como así también las políticas respecto a investigación, extensión y servicios. Respecto a la gestión académica, administrativa y la vinculación interinstitucional, los candidatos aseguraron que “una gestión transformadora sólo será posible si se generan las condiciones institucionales de buen trato, respeto y un diálogo permanente de puertas abiertas entre todos los actores sociales tanto al interior de la propia facultad como con los demás sectores de la Universidad”.

Tras las quejas de los abogados de la familia de las víctimas, la causa empezó a moverse en el nuevo juzgado que la tiene a cargo. A pocos días de que el juez de Sentencias se hiciera cargo de la causa de la tragedia de Zanjitas, el expediente empezó a moverse. El magistrado llamó a prestar declaración indagatoria a cinco personas en el transcurso del mes.

Las personas citadas a declarar son:

-Mabel Tyempertyopolus, en orden al delito de Homicidio Culposo y Lesiones Culposo  en Concurso Ideal, determinándose a tal fin la audiencia el día 17 de junio de 2013, a las 8hs.
-Juan José Irrutia y Alberto  Fabio Fernández, en orden al delito de Homicidio Culposo y Lesiones Culposas en Concurso Ideal, el día 24 de junio de 2013, a las 8.00hs.
-Sergio David Coria y Sergio Edgardo Sosa, en orden al delito de Homicidio Culposo y Lesiones Culposas en Concurso Ideal, el día 25 de junio de 2013, a las 8.00hs.

“Lo atendí yo como autoridad porque estaba en la apertura de sobres de una licitación la señora presidenta. Como ustedes verán, hay desagües aquí en el patio y hay muchísimas plantas que caen las hojas a los desagües. Entonces se hace una limpieza permanente para que esos desagües no se tapen. Habían estado limpiando los tanques la gente de mantenimiento. Había salido un poco de agua por la mañana y eso era por lo cual habían decidido hacernos una clausura”, relató Valdivieso.

De acuerdo a la prosecretario, los dos inspectores no quisieron identificarse y, luego de que se les explicó el asunto, se retiraron del lugar, sin siquiera labrar un acta de infracción o dejar la correspondiente multa, ya que el Concejo, en efecto, había estado largando agua a la calle en un horario no permitido. “Lo nos llamó la atención fue la forma, el prepo. Les pedí que hicieran lo que venían a hacer, que hicieran un acta de infracción, a lo cual se negaron”, concluyó Valdivieso, quien no salía de su asombro tras el peculiar episodio.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Ramón Zarrabeitia, dijo no estar plenamente al tanto de la situación, pero asegurando que la intención nunca fue la de clausurar. “Es muy común que por los desagües pluviales, en horas que no son las normales, empiece a salir agua, que se acumula y cuando hay mucho tránsito va rompiendo el pavimento. Estamos en este momento con distintas cuadrillas y apenas se ve agua, por ejemplo al mediodía, van a buscar de donde sale y se labra un acta de infracción”, opinó el funcionario.

“Recibimos del Concejo Deliberante resoluciones e inclusive ordenanzas para que efectuemos un mejor control sobre agua y cloacas y desagües pluviales. Entonces, no es lo más razonable que el Concejo Deliberante, a las 12 del mediodía, largue agua a la calle”, concluyó Zarrabeitia, desmintiendo una vez más la intención de clausura, pero desconociendo por qué motivo no se le labró acta de infracción alguna al Concejo.

Cabe destacar que La Gaceta quiso entrevistar a la jueza sobre su decisión, pero la magistrada nos refirió al siguiente comunicado de prensa, el cual reproducimos en su totalidad a continuación:

“El Juzgado de Familia y Menores Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de la Dra. Viviana Elizabeth Oste, dio a conocer por este medio, las medidas que se han tomado hasta el momento con respecto a la presentación efectuada en esa dependencia en contra de la lectura del libro Hay Una chica en mi sopa, indicado por la Profesora de Lengua y Literatura Romina García Hermelo, quien se desempeña en la Escuela de Bellas Artes “Nicolás Antonio de San Luis”.

La causa se inició con la presentación efectuada por la madre de una alumna de cuarto año del mencionado establecimiento escolar, quien sostuvo que su hija “se sintió mal al leerlo en voz alta por el alto contenido sexual y apología a la droga, donde sino lo leían le pondrían un uno”.

De dicha presentación se corrió vista a la Defensora de Menores –Dra. Marcela Torres Cappiello- y a la Fiscal Nº 2 – Dr. Sonia Fernández de Varga-, quienes manifestaron que el libro no era adecuado para alumnos de 14 años, que el proceder típico de la Profesora Hermelo alaba a la corrupción sexual, ya que la temática del libro es suficiente para conducir y depravar al educando. En este sentido, se consideró que la docente debe ser llamada a prestar declaración informativa (según Art. 179 del Código Procesal). Además, se solicitó que el libro en cuestión sea sacado de circulación en el ámbito escolar.

De todo lo expuesto, se deduce que tanto el Juzgado de Familia como las dependencias del Ministerio Público, acordaron medidas atinentes a velar por la tutela del menor, mientras que el Juzgado de Instrucción se encargará de investigar si hubo un acto cometido contra la Ley”.

Tres importantes cadenas de supermercados adhirieron a la medida que en algunos casos no se cumplió.

A pocos días de su implementación, la Municipalidad y organizaciones sociales, detectaron distintas irregularidades al congelamiento de precios al que adhirieron tres importantes cadenas de supermercados.

En la primera recorrida que efectuaron un inspector que acompaña a cuatro militantes designados, se pudo determinar que no todos los productos están correctamente identificados ni con los valores correspondientes al mes de febrero pasado. Evidenciadas las faltas de las empresas, los gerentes de los comercios se comprometieron a corregir a la brevedad las irregularidades.

En la ciudad son tres los supermercados que adhirieron al programa “Mirar para Cuidar”: Carrefou, VEA y Walmart, que incluye una nómina de 500 productos de consumo básico que permanecerán con precios congelados hasta el próximo mes de octubre.

El ministro de Inclusión Social se refirió al proyecto de los diputados radicales para que los beneficiarios del Plan pasen a planta permanente.

Ayer, el ministro de Inclusión Social, Federico Tula Barale, se refirió al proyecto de ley presentado por el bloque de diputados radicales, el cual propone que pasantes y beneficiarios del Plan de Inclusión Social sean incorporados a la planta permanente de la Administración Pública.
Primeramente, el ministro de mantuvo lo más diplomático posible, simplemente diciendo que no ha “tenido ninguna comunicación formal sobre el proyecto” y que está “dispuesto a dialogar”, a pesar de que, insistió, no ha “tenido ninguna invitación, formal o no formal”.

Cuando la prensa le solicitó una opinión clara sobre el proyecto, Tula Barale rápidamente destacó que “el fin último del Plan de Inclusión y pasantías era otro, ejercer la justicia social, que es una cuestión totalmente distinta”, haciendo hincapié en la creación de cooperativas y convenios de trabajo.

“Me parece una medida demagógica y totalmente electoralista. Me parece que el bloque radical se tendría que poner a trabajar un poco más y brindar proyectos que realmente tengan un sentido social muy importante, no solamente los últimos 6 meses, cuando ya terminan los 4 años electorales. Le vamos a pedir a los muchachos que trabajen un poco más por la gente”, concluyó el ministro.

El profesor Luis “Tochi” Moreno escribió sobre la reciente implmentación de la jornada extendida.

El pasado 30 de mayo la provincia dio inicio al funcionamiento de las escuelas primarias con jornada extendida. Esto ocurrió en la Escuela Nº 139 “Bartolomé Mitre”  ubicada en San Roque, ciudad de Juana Koslay. Acto al que asistió una funcionaria del Ministerio de Educación de la Nación.

Porque la jornada extendida es una forma de trabajo que incrementa en al menos dos horas diarias la presencia y trabajo de los alumnos en su escuela, lo que constituye una buena forma de afianzar y profundizar su educación.

Está  legislada en el Art 28º de la ley 26206 para la totalidad de las escuelas primarias del país y en todos los grados. Posteriormente se acordó que para el año 2010, el 10% de las escuelas de cada provincia debían funcionar con jornada extendida. Meta que por cierto y muy lamentablemente, no se cumplió. Más aún, la mayoría de las provincias, incluida San Luis; a esa fecha no habían dado ningún paso en esa dirección, y sólo unas pocas habían avanzado algo en cumplir la ley.

Los anuncios oficiales señalan que en poco tiempo más se irán incorporando a esta forma de trabajo las restantes escuelas de las diez que a comienzos de año se anunció serían las primeras en contar con esta jornada extendida.

En la Escuela Mitre la jornada se aplica a los grados 4º,5º y 6º. No se conocen aún  precisiones acerca de cuándo se incorporarán los grados restantes, si bien esto habrá de depender de los recursos nacionales. Ésto,  por cuanto la Nación se ha comprometido a proveer  recursos para las ampliaciones edilicias que sean necesarias y para la alimentación de los alumnos.

Es de destacar entonces que el Gobierno Provincial haya decidido  cumplir de una buena vez con la ley con  recursos propios.

Existe una versión, no comprobada; según la cual la Nación giraría fondos para la alimentación de los alumnos, en el orden de los CUATRO O CINCO PESOS por día por alumno. Suma ridículamente baja que de ser cierta la versión, se constituiría en un serio obstáculo.
De los casi

Pero como estamos en San Luis y más aún, en su educación; las buenas noticias no terminan de ser buenas. Siempre las falta algo.

a) La experiencia comenzó a casi siete años de aprobada la ley y sin que antes se haya dado ninguna explicación o razón para esta mora.

b) No recuerdo (y espero equivocarme) que la dirigencia política provincial haya reclamado por este incumplimiento al gobierno provincial, ni haya intentado instalar el tema en la agenda política, ni en el conocimiento del pueblo sanluiseño, para que éste sepa que se le estaba cercenando un derecho educativo.

c) Según lo expresó la Prof. Olga García, Jefa del Programa de Educación Obligatoria; el servicio de la alimentación de los alumnos estará a cargo de la Municipalidad y de la cooperadora. Esta forma puede ser válida para el inicio y es correcto que no se quiera cargar a los docentes con tareas de ecónomas, cocineras, etc. Pero siendo  que la jornada extendida  deberá permanecer para siempre en  nuestra educación, hay que ir previendo con tiempo el personal de planta permanente que se haga cargo de este trabajo: Que no sea éste un nuevo espacio para pasantías, planes asistenciales, etc; que no son sino eufemismos que buscan esconder el trabajo en negro y el clientelismo político.

d) La Prof. García señaló asimismo que las actividades que se desarrollarán en esta jornada extendida serán planificadas por la Universidad de La Punta y estarán a cargo de docentes que esa misma universidad designe como lo hace siempre:  por fuera del Estatuto Docente, sin garantías ni de formación ni de carrera docente.  Es decir, ampliando la precarización de la docencia que viene instalando lenta pero persistentemente desde hace ya
muchos años este gobierno.

El pueblo de San Luis, y el de toda la República, debe saber que tiene el derecho a una educación primaria en jornada al menos extendida (puede ser también completa). Que esta jornada significa una cierta y firme posibilidad de mejorar la educación de nuestros niños. Que las provincias vienen mostrando un inexplicable atraso en cumplir con esta legislación. Que la Nación no está cumpliendo con su compromiso de aportar fondos para edificios y alimentación.

Será muy bueno que para saber cómo se avanza en el cumplimiento de la Ley de Educación Nacional (26206) cada nuevo presupuesto provincial indique con claridad los recursos humanos, edilicios, etc que se irán asignando año a año hasta cubrir la totalidad de las escuelas y grados con esta nueva jornada escolar.

Por lo que nos queda el reclamo incesante para que los gobiernos nacional y provincial, den muestras acabadas de querer cumplir con la ley y todos nuestros derechos.