Un contador confesó el supuesto delito. Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas investigan a Tesorería de la Universidad dela Punta (ULP) por un presunto desfalco por una suma de $18.000 pero se indaga si el monto es mayor. La investigación comenzó por un aviso que hizo el banco Supervielle a la ULP por una supuesta  falsificación de firmas de cheques.

“Preventivamente, toda la Tesorería está siendo investigada, por supuesto suspendida.  El pago a personal de Inclusión Social que trabaja para la ULP y es por allí, donde se ha filtrado este tema”, explicó Velia Guil, directora de la Sala Penal de la Fiscalía de Estado, en el programa de Radio Universidad, Nada Secreto.

La firma falsificada sería la del coordinador de la ULP, cuyo cargo está por debajo de la rectora Alicia Bañuelos. Guil comentó  que luego de la recolección de pruebas se determinará el/los implicados y se determinarán los presuntos delitos como pueden ser por ejemplo, defraudación al Estado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La funcionaria agregó que hay un joven contador confesó el supuesto desfalco pero “que no releva de la responsabilidad penal” y una vez que se haga el juicio puede devolver el dinero.

Lemme señaló que el sector contiguo en el barrio 212 Viviendas Productivas, sobre avenida Fuerza Aérea, es un primer lugar que está apto para la localización de las primeras licitaciones, considerando que existe previsibilidad de cloacas, agua potable y energía eléctrica. Además, la intendenta dijo que se está pensando en más lugares para la construcción de casas.

Por su parte, Poggi dijo que entre diciembre y enero se realizará el llamado a licitación para la construcción de las viviendas y en marzo comenzarían las obras. Además, el jefe de Gabinete dijo que, a partir de la demanda, se determinará la cantidad de viviendas que se construirán.

“Seguramente habrá diferentes rangos. En algunos casos, vamos a trabajar en los lotes por autoconstrucción de viviendas como fue el Plan Lote Eva Perón, en otros casos vamos a trabajar en la línea de cuota de $350 y $500.

Es para discutir temas salariales como el doble cargo y los ítems no remunerativos de los haberes docentes.

Ayer a la mañana, el Frente Gremial Docente convocó a una conferencia de prensa para informar que le han pedido al ministro jefe de Gabinete, Claudio Poggi, que reabra la mesa de diálogo con los docentes de la provincia “para rediscutir el tema salarial”.

De acuerdo a Juan Accornero (secretario general de Sadop), hay dos temas centrales que quieren discutir con Poggi. “Uno es el pago por horas cátedras y cargo que viene a generar una cuestión de inequidad y el desconocimiento de todos estos trabajadores docentes que durante años y años han trabajado en el sistema educativo. El otro tema es la gran cantidad de sumas no remunerativas que tiene el salario, que ya van a superar los $900”, explicó el gremialista, quien recordó que esto último afecta seriamente los aguinaldos de los docentes, al igual que sus aportes jubilatorios y a obras sociales.

“Se lo pedimos al jefe de Gabinete porque ya el ministro de Educación no tuvo voluntad de reunirse desde el principio de año. Y más aún en la posición que se encuentra, un candidato con muchas posibilidades de acceder a la gobernación. Creo que tiene que tener una opinión formada y demostrarle a la sociedad si realmente va a tener voluntad de diálogo con el sector docente, uno de los más castigados por el Gobierno”, agregó Accornero, ofreciendo una explicación de por qué quieren dialogar con Poggi y no con Marcelo Sosa o Rodríguez Saá.

Por su parte, Carlos Rojas, su par de UTEP, recordó que, cuando el Gobierno otorgó el aumento de este año, se fijo un piso salarial superior al del país. “Nosotros estamos planteando la necesidad de mantener la diferencia. Si el piso salarial de la provincia para el sector público era de $2.500 y el piso mínimo para el país era $1.850, queremos mantener la misma relación. Hoy ha aumentado ese piso nacional a $2.300, entonces creemos que es necesario que se produzca del piso salarial docente en la provincia”, disparó Rojas.

En cuanto a las cifras en negro que se les paga a los docentes de San Luis, el gremialista señaló la ironía de que Alberto Rodríguez Saá, a nivel nacional, exige el 82% móvil, pero en su provincia alrededor del 35% de los salarios no tienen aportes. “Vamos a llegar a $930 de cifras sin aportes, una verdadera estafa al Anses. Podemos reclamar el 82% como discurso político, pero si las provincias no hacen los aportes como corresponde eso no se puede sostener”, manifestó.

Para concluir, Rojas volvió a pedirle a Poggi que reabra el diálogo para que no ocurra lo mismo que con las cámaras que instalará el Gobierno en las escuelas públicas, medida sobre la cual el Frente parece no haber sido consultado. “No queremos imposición, queremos que las cosas se hagan como corresponde, en el marco del diálogo”, finalizó el docente.

Lo dijo una funcionara municipal en relación a los controles de tránsito. “Cada 48 horas se le envía al Juzgado de Faltas entre 60 y 100 actas contravencionales de infracciones de tránsito”, lo aseguró la Directora General de Tránsito y Vía Pública, María Isabel Valdivielso, en relación a los controles permanente en diversos horarios por diferentes zonas de la ciudad que realizan los inspectores del área.

En los recientes operativos de tránsito realizados dentro de las 4 avenidas, los inspectores de la Dirección General de Tránsito y Vía Pública efectuaron un fuerte trabajo en conjunto con la Policía de la Provincia en taxis, transportes públicos, semipúblicos, vehículos particulares y motos.

“En el caso de las motos se exige la documentación, como es el caso del seguro obligatorio, la licencia de conducir y el casco reglamentario”, indicó la funcionaria, quien señaló que se retuvieron 10 motocicletas en la presente semana.

En lo que respecta a los taxis, los inspectores del área detectan falencias como la falta de documentación y principalmente se observan chóferes que conducen sin utilizar el cinturón de seguridad y otros lo hacen hablando por celular, según Valdivielso.

Finalmente, la funcionaria señaló que la Municipalidad de la Ciudad de San Luis, lanzó una campaña de concientización en todos los medios para que los conductores de motos utilicen el casco reglamentario y seguro  obligatorio.

De todos modos, cabe destacar que el monto asignado a la construcción de viviendas es sumamente superior al del presupuesto 2011, $372.510.623, en el cual se habían incluido casi 312 millones de pesos pertenecientes a los Planes Federales que desde 2008 la provincia no puede cobrar. Así fue como la inversión real en viviendas en 2011, de acuerdo al presupuesto, ha sido de tan solo $60.798.000.

A su vez, esta suba también pone de relieve que la inexistencia del déficit habitacional es una mentira que el Gobierno ya no puede sostener; como bien lo sabrá la intendenta Alicia Lemme, quien en 2007 basó su campaña política en una promesa de construcción de viviendas que todavía no ha cumplido y que al día de hoy la persigue y le podría costar la reelección en octubre.

Al respecto, cabe destacar que Prensa Gubernamental anunció ayer que el Estado planea construir, con los $413.340.273 ya mencionados, alrededor de 4 mil viviendas que, si se tiene en cuenta que en su mayoría serán destinadas a familias de al menos 4 integrantes, albergarán a unas 15 mil personas que todavía no tienen un techo propio.

Finalmente, cabe aclarar que, como ya bien fue señalado, la partida de $451.373,139 será solo para proyectos viales, lo que ha hecho necesario la asignación de unos 320 millones extra para obras arquitectónicas, las cuales no incluyen, por ejemplo, la construcción o mantenimiento de establecimientos escolares.

A qué se destinarán esos 320 millones que no contemplan ni casas ni escuelas es por el momento una de las grandes interrogantes del presupuesto 2012 que hace temer el regreso de las grandes obras faraónicas a los que Rodríguez Saá nos acostumbró en sus ocho años de Gobierno.

Además, el comisario Enrique Vignale ofreció la versión de la Policía sobre el tan cuestionado emplazamiento del operativo.

“Esperemos que los jueces trabajen”, fue lo primero que dijo Nélida Muñoz, madre Pablo Godoy, el policía que murió atropellado en un control en la Aguada de Pueyrredón, al finalizar la marcha que, junto a las Madres del Dolor, encabezó ayer a la mañana para pedir justicia y celeridad en la causa de su hijo. “El otro juez casi no hizo nada y se perdió un mes y medio”, dijo la mujer sobre las demoras que el caso ya está sufriendo. 

A su vez, Muñoz comentó que participó de la inspección ocular que ordenó la nueva jueza de la causa, Virginia Palaciones, a pesar de que tuvo que ir por cuenta propia luego de enterarse a través de la prensa que se iba a realizar. “Por más queme digan que estaba en una curva, si ya viene con señalización de antemano en la parte de la ruta, usted a una curva no la puede tomar a más de 100km. por hora. Creo que se llevó por delante todo y después lo arrasó a mi hijo, a pesar de que él logró saltar a la orilla un poco, pero lo embistió igual”, contó Muñoz, a quien la jueza Palacios le prometió que iba a hacer las cosas “lo más prolijamente posible”.

Por su parte, el comisario Enrique Vignale, quien ayer se presentó a declarar en la audiencia que terminó siendo suspendida porque uno de los abogados no estaba presente, ofreció la versión de la Policía sobre el tan cuestionado emplazamiento del operativo.

“Las partes tendrán sus pormenores para cuestionar, pero desde la parte policial consideramos que no está establecido en ningún ley en los que deben hacerse (los controles). En cuanto al caso que nos ocupa, desde la instrucción policial se puso referencia a un lugar donde debía hacerse el operativo, pero el que estaba a cargo en ese momento lo podía correr y hacer donde lo considerara más coherente. Nosotros tenemos presente que todos los lugares son peligrosos”, comentó Vignale, quien también sostuvo que había iluminación y móviles para señalar claramente la ubicación del operativo.

La tragedia sucedió en Villa Mercedes. Un niño de un año y medio falleció en Villa Mercedes, tras ser aplastado por la rueda de un camión mientras jugaba, según informó Relaciones Policiales.

En la calle Juan B. Justo al 900 del barrio El Criollo, Isaías Nahuel Escudero niño jugaba debajo de las ruedas de un camión VW 1720 blanco. El chofer del camión Felipe Rufino Miranda (40) arrancó el camión,  y luego de avanzar unos metros aplastó al nene.

La furia de los parientes de Isaías hizo que el chofer se refugiara en la Comisaría Seccional Novena con un ataque de nervios. Miranda fue sometido a un test de alcoholemia que le dio cero grado de alcohol en la sangre pero está detenido a disposición del Juzgado del Crimen Nº 3 de la Segunda Circunscripción Judicial.

La necropsia, horas después, reveló como causal de deceso “aplastamiento por pérdida total de masa encefálica”

Asumirá en las próximas horas.

El senador Eduardo Mones Ruiz asumirá en las próximas horas como titular del Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto, cartera que en los últimos meses estuviera a cargo de la responsable del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Humano, Gladys Bailac de Follari.

El anuncio lo hizo ayer, el jefe de Gabinete, C.P.N. Claudio Poggi, comentando que “con el visto bueno del señor Gobernador se ha resuelto proponerle al Dr. Mones Ruiz este cargo y él ha aceptado, por lo que en las próximas horas se formalizará el acto institucional de asunción”.

Hace un par de días, el Gobernador se negó a confirmar el rumor de que Mones Ruiz sería el nuevo ministro de Gobierno. También cabe destacar que el flamante funcionario es hijo de Gastón Mones Ruiz, candidato opositor a gobernador.

El funcionario agregó que “se trata de un profesional de Villa Mercedes, que recientemente se desempeñara como coordinador de la Municipalidad de esta ciudad, contribuyendo enormemente a la gestión de dicha comuna y anteriormente como coordinador del ministerio que ahora estará a su cargo. Se trata de una valiosa incorporación valoramos mucho, por lo que desde ya le damos la bienvenida al equipo y le deseamos éxito en su gestión”.

El aumento también alcanza a otros empleados de la Municipalidad.

Ayer, en horas de la tarde, se produjo un nuevo milagro de época de campaña, cuando la intendente, Alicia Lemme, anunció un incremento de los montos de los subsidios que perciben los trabajadores de Ayudas Económicas, Incentivo de Capacitación y Trabajo, e Incentivo Mantenimiento y Embellecimiento de la Ciudad, quienes se desempeñan en distintas tareas relacionadas con el servicio municipal.

Al respecto, Lemme, cada vez más complicada de cara a las próximas elecciones, explicó que todos los beneficiarios de los subsidios mencionados cobrarán 150 pesos más de lo que cobraban con anterioridad, sumando un total de 1.203 pesos.

Del mismo modo, la Intendente aclaró que no se trata de un pago único sino de un incremento de los subsidios que cada trabajador comenzará a percibir desde el corriente mes de agosto, dada la correcta administración de los fondos municipales.