El arresto se produjo a la madrugada en la terminal.

Ayer, a las 5.10 de la madrugada, personal de la División Toxicomanía detuvo a un individuo de 30 años de edad, oriundo de nuestra ciudad, cuando bajada, en la terminal, de un colectivo de larga distancia proveniente de Córdoba. En un bolso personal, el hombre transportaba más de 7 kilos de droga.

Luego de ser sorprendido e interceptado por los uniformados, le secuestraron 7 panes de marihuana y medio pan de cocaína. De acuerdo a la Policía, “este importante operativo es el corolario de una tarea investigativa desarrollada tiempo atrás que llevó a cabo personal de esta división”.

El detenido está incomunicado y a disposición del juzgado federal de San Luis por Infracción a la ley 23.737 de estupefacientes.

El dirigente de la Democracia Cristina asegura que el partido no apoya la candidatura a presidente del Gobernador.

El día de ayer, el dirigente de la Democracia Cristina, Luis “Tochi” Moreno, emitió un comunicado de prensa para dejar bien en claro que no quiere ser relacionado de manera alguna a la campaña presidencial de nuestro gobernador, Alberto Rodríguez Saá.

El comunicado fue motivado por una nota aparecida en la edición de ayer de El Diario de la República “señalando las adhesiones que recibe su candidatura a presidente de la Nación” y dando “a entender que el Partido Demócrata Cristiano le suma su apoyo”. Por ende, el comunicado de Moreno quiere dejar estas cosas bien en claro:

“De entrada vemos el manejo tendencioso de la noticia, ya que apoyo del partido es una cosa y apoyo de dirigentes es otra muy distinta y menor. Al respecto, afirmo categóricamente lo siguiente:

1) El Partido Demócrata Cristiano de San Luis no está en condiciones legales de participar en estas elecciones convocadas para octubre de este año. Por lo tanto no puede adoptar ninguna adhesión de ningún tipo a candidaturas, frentes o alianzas.

2) A nivel nacional el Partido Demócrata Cristiano no ha adoptado hasta el momento ningún a decisión en cuanto a candidaturas nacionales.

3) Si la adhesión es de dirigentes en forma individual o grupal, debe ser hecha sin mencionar para nada al Partido, mientras éste no tenga decisión oficial y legal.

4) Si las adhesiones son personales, debieran darse a conocer sus nombres a fin de poder precisar y evaluar el grado de representación partidaria”.

Hace un año fue baleada en la cabeza cuando entraba a su casa.

El día viernes 3 de junio de 2011 a las 11 horas, en la Galería de la Memoria de Rectorado la UNSL, se realizará un homenaje en memoria de la Dra. Adriana Masi, como así también una marcha con destino al Poder Judicial de la provincia. 

“Al conmemorarse un año del trágico ataque incidente en que la Dra. Masi resultara herida de bala, es una oportunidad más para honrar su memoria y mantener vivo nuestro reclamo de justicia, por este caso y otros muchos que permanecen aún sin resolución”, dice el parte de prensa universitario.

Además, se invita a participar de la Santa Misa por el eterno descanso de Adriana, mañana a las 19 horas, en Iglesia Catedral.

La iniciativa establece un protocolo de acción. La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad un proyecto de ley que establece un protocolo para que organismos públicos detecten y asistir a las víctimas de la trata de personas.

“Tenemos que evitar casos como el de Débora Di Falco que no haya más el caso de Guadalupe. Legislando es una forma de confirmar nuestra preocupación”, expresó la senadora Beatriz Ochoa.

El  mencionado protocolo, de carácter obligatorio, deberá ser aplicado por la Policía, personal de Salud  pública y privada, personal de centros de educación pública y privada y los agentes fiscales.

Según el proyecto con media sanción, el protocolo deberá consignar “en lo posible un diagnóstico inmediato de su estado de salud. A tal fin se ordenará la intervención de profesionales del Hospital Público más cercano, a los fines de constatar enfermedades venéreas, HIV, evidencia de golpes, laceraciones, lesiones óseas, hematomas, desnutrición, problemas médicos y odontológicos no tratados y toda otra patología física”.

Por otra parte se deberá realizar una pericia psicológica de la posible víctima para determinar “grado de afectación de la persona, desórdenes y stress postraumático”. En caso de que hubiera menores o adolescentes involucrados, se deberán tomar medidas protectivas.

Si la víctima de la trata de personas no es de la Provincia se comunicará la situación a las policías provinciales, Federal, Dirección Nacional de Migraciones, Ongs (vgs. Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Niños. Por otra parte, se arbitrarán los medios necesarios para encontrar albergue temporario para la víctima hasta se ubique a su familia o se logre la reubicación.

Conozca cuáles serán las localidades beneficiadas.

Este miércoles, en la Sala de Situación de Terrazas del Portezuelo, se concretó la firma de los contratos de obras que establecen la puesta en marcha de obras de pavimentación y repavimentación de 420 cuadras en el interior provincial, lo que demandará una inversión superior a los 28 millones de pesos. Las obras beneficiarán directamente a los ciudadanos de 26 localidades del interior y se enmarcan en el Acuerdo Quinquenal del Bicentenario. El plazo de ejecución es de 120 días.

Según informó el Ministro de Obra Pública e Infraestructura, Juan Mario Klusch, las obras tendrán un presupuesto de $28.456.955 y se realizarán en conjunto con los municipios, ya que los mismos aportarán el 50% del costo de las obras, a través del Fondo Federal Solidario, y el resto lo pagará el Gobierno de San Luis.

Además, Klusch no descartó continuar pavimentando cuadras de otras localidades y señaló que, próximamente, se incorporarán Villa Mercedes y La Carolina.

Las cuadras estarán destinadas de la siguiente manera:
Departamento Ayacucho: Candelaria, Quines, Leandro Allen y San Francisco.
Departamento Chacabuco: Cortaderas, Papagayos, San Pablo, Tilisarao, Villa del Carmen y Villa Larca.
Departamento Junín: Los Molles, Carpintería y Lafinur.
Departamento Pedernera: Justo Daract.
Departamento Pringles: La Toma y El Trapiche.
Departamento Pueyrredon: Beazley, Juana Koslay, La Punta, Potrero de Los Funes, Zanjitas y El Volcán.
Departamento San Martín: San Martín
Departamento Dupuy: Fortuna y Unión.
Departamento La Capital: Alto Pencoso

Cabe señalar que, en los próximos días, harán lo propio otros 10 municipios que ya firmaron el Acuerdo Quinquenal del Bicentenario y que, durante la jornada de este miércoles, asistieron igualmente al acto. “Hay diez municipios que firmarán después de la primera tanda la ampliación del contrato en los próximos días. Hoy estamos ejecutando 250 cuadras que, más las 420 que involucran a estos municipios, más 90 de los municipios que ya tenemos el compromiso firmado, habrán 760 cuadras de pavimento en la provincia firmadas bajo esta modalidad de un fondo común”, recordó el ministro Jefe de Gabinete en la oportunidad.

Cuando se trató el proyecto hubo gritos de los palcos cada vez que hablaba un legislador opositor.

Diputados aprobó por 26 votos positivos y 9 negativos el proyecto de enmienda de la Constitución Provincial  que incorpora como derechos la inclusión social y digital como nuevos derechos humanos. Por otro lado, se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios, “comprendiendo sus derechos consuetudinarios preexistentes”.

La enmienda incorpora el Artículo 11 Bis a la Constitución Provincial con lo derechos mencionados anteriormente. Una vez que la iniciativa sea aprobada por el Senado, el 23 de octubre, los votantes deberán ratificar la enmienda con su sufragio.

El tratamiento del proyecto se caracterizó por los gritos que provenían de los palcos cuando hablaban los legisladores opositores, quienes criticaron al Gobierno. Por su parte, la presidenta de Diputados hizo poco y nada para que cesaran los gritos del palco.

En el uso de la palabra, la legisladora Ana María Nicoletti,, cuestionó entre otras cosas que el proyecto no define el concepto de inclusión social. La diputado resaltó que si se refiere al Plan de Inclusión Social “deja mucho que desear”. Por otra parte, hizo hincapié en aspectos de la Constitución Provincial que según la visión de la diputada no se cumplen, como por ejemplo el derecho a la vivienda.

El macabro hallazgo lo hizo personal de la planta de residuos. La semana pasada, personal de la planta de procesamiento de residuos de Tilisarao encontró un feto humano con placenta, según informó el colega Remigio Aimale. Se estima que feto tenía entre cinco y seis meses de gestación.

El periodista comentó que la causa está caratulada como averiguación de aborto. “Se iba a practicar la autopsia al feto para determinar si ha nacido vivo y ha muerto por abandono sería cambiada la carátula. Por otro lado, hay que ver en qué condiciones quedó la madre y el entorno familiar”, comentó Aimale.

El pedido de informe hizo hincapié en la posibilidad de que el depósito que se quemó no estaba habilitado por el municipio y que posteriormente se habría emitido la habilitación comercial con el objetivo de cobrar el seguro con fecha alterada anterior al siniestro. Otra hipótesis que se maneja, es que la empresa podría haber usado la habilitación de otro local con el objetivo de hacerla pasar por la del depósito incendiado. De acuerdo al concejal Raúl Ruffa, la pañalera habría cobrado el seguro.

Silvia Rapisarda, secretaria de Gobierno de la Municipalidad, manifestó que el pedido de informe parte de suposiciones falaces. La funcionaria aclaró que la habilitación municipal no existió en el predio del incendio cuyo dueño es la firma Polo Industrial y está habilitado a Maxicomsumo. “No existió una habilitación municipal en el lugar objeto del siniestro, nunca pudo haber una adulteración de documentación y no la hay, ni antes, ni después”, comentó Rapisarda, quien agregó que no existe en la Justicia ninguna causa penal contra la Municipalidad, ni ningún funcionario.

La secretaria de Gobierno explicó que Maxiconsumo nunca denunció ante la Municipalidad el hecho que el depósito era utilizado por Kimberly-Clark y la pañalera nunca tramitó una habilitación en el lugar mencionado. Según consta en expedientes municipales, Maxiconsumo denunció que el depósito como un espacio techado no utilizado.

Rapisarda informó que Kimberly Clark tiene dos plantas habilitadas, una en ruta 7 y la otra en la 147. La primer planta se habilitó en 1988 y la segunda en 2001. Por su parte, el depósito en cuestión, propiedad de Maxiconsumo.

“Hemos descubierto que existe una superposición de locaciones entre los inmuebles que Polo Industrial le había alquilado simultáneamente a Maxiconsumo y a Kimberly Clark”, disparó Rapisarda.

Guillermo Godoy, secretario de Transporte a cargo de Servicios Públicos, que en el momento del incendio, el depósito propiedad de Polo Industrial, estaba alquilado a Maxiconsumo. El funcionario dijo que ninguna de las dos firmas, declaró la existencia de algún otro contrato de locación con respecto a otra empresa en el mismo predio.

“Los primeros días de mayo, Polo Industrial informó que había un contrato de vieja data respecto de la empresa Kimberly Clark en el mismo galpón que estaba habilitado para Maxiconsumo. Esto motivo que se inicie una investigación para determinar la responsabilidad de la empresa Maxiconsumo en la omisión o falseamiento de datos declarados”, explicó Godoy.

El secretario interino de Servicios Públicos comentó que personal municipal constató que el depósito no era utilizado pero al momento del incendio había bienes de Kimberly Clark, empresa que no tenía habilitación en el predio.

En caso de comprobarse lo mencionado por Godoy, Maxiconsumo pude ser sancionada con perder la habilitación comercial y multas.

El objetivo es que profesionales de la salud se arraiguen en diversos puntos del interior puntano.

Este martes, el Ministerio del Progreso presentó en la Legislatura Provincial el proyecto de ley “Radicar Salud”, mediante el cual se procederá a la construcción de viviendas destinadas a médicos y demás profesionales sanitarios, tanto públicos como privados, con el objetivo de que se radiquen en los diversos puntos del interior puntano.

La ministra Natalia Zabala Chacur detalló que los aspirantes deberán cumplir con diversos requisitos, entre ellos contar con título universitario, no poseer inmueble en el territorio sanluiseño ni haber sido adjudicatario en ningún plan provincial. “La documentación que presenten va a ser evaluada por una comisión interdisciplinaria que va a estar integrada por personal del Ministerio de Progreso y del Ministerio de Salud, el cual es, en definitiva, quien va a solicitar o definir la localización de las viviendas y la especialización técnica que necesita cada localidad”, explicó la funcionaria.

Por otra parte, ratificó que la obligación a cumplir será la de ejercer la profesión en el lugar donde se encuentre la vivienda adjudicada, cuya escritura podrá ser tramitada siete años después de cancelado el inmueble. En cuanto al valor de las cuotas, el mismo todavía no ha sido fijado, pero la ministra estima que no superará el 15 o 20% de los sueldos actuales. A su vez, las viviendas se podrán financiar en hasta 25 años.

En ese mismo marco, Zabala Chacur adelantó que este miércoles, junto a funcionarios del Programa Vivienda, mantendrá una reunión con jefes comunales del interior, a los efectos de avanzar en la futura aplicación del plan, que será regido en conjunto con el Ministerio de Salud.

Finalmente, la ministra adelantó que el pan de viviendas para docentes podría ingresar a la Legislatura la semana que viene.