Las denuncias eran en contra de los jueces Jorge Sabaini Zapata y María Eugenia Bona.
En el día de ayer, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios desestimó la última denuncia por mal desempeño que el abogado Carlos Alberto Salomón formuló en contra el juez Jorge Eduardo Sabaini Zapata, titular del Juzgado de Instrucción en lo Penal, Correccional y Contravencional Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial).
De acuerdo al Centro de Información Judicial, la acusación de Salomón está referida a las actuaciones realizadas por Sabaini Zapata en las siguientes causas:
• “Imp. López Carriedo Omar Alberto – Damnif. Portillo Omar Ezequiel (menor) – Lesiones Culposas (mala praxis)” recaratulado “Portillo Eliseo Omar” Expte. PEX Nº 41870/8.
• “Gutiérrez Luis Aníbal (DEN.) Tapia Chávez María José (DEN.) Guevara Gustavo Javier (DEN.) – usurpación (AR)” Expte. PEX Nº 72731/10.
• “Contreras Indolfo (DAM.) – Abigeato” Expte. PEX Nº 82843/10.
De todos modos, el Jurado de Enjuiciamiento advirtió que “en todos los expedientes se ha cumplido con el trámite establecido por el art. 27 de la Ley VI-0478-2005” y “comprobó que en cada una de las causas acumuladas se ha cumplido con la instrucción sumaria y en todas ellas se ha respetado la etapa procesal y se ha dado participación a cada una de las partes, incluido el Procurador General”.
Asimismo, el Jurado señaló que “no se tipifica la conducta de mal desempeño del Juez denunciado, debido a que no se comprobó ineptitud o insolvencia moral en la prestación del servicio de justicia por parte de Sabaini Zapata”.
Por último, el Jurado de Enjuiciamiento entendió que el Salomón “ha hecho abuso de las prerrogativas conferidas por el art. 23 de la Ley de Enjuiciamiento, por lo que decidió aplicar un apercibimiento al letrado”.
Por su parte, la jueza María Eugenia Bona, titular del juzgado Laboral N° 2, corrió la misma suerte que Sabaini, ya que el Jury desestimó una denuncia formulada en su contra por el abogado Sergio Alejandro Torres, quien sostenía que la magistrada había incurrido en la causal denunciada en el Art. 22 de la Ley VI-0478-2005, la cual establece que “será causal de remoción 3 nulidades declaradas por la Cámara respectiva y/o el Superior Tribunal de Justicia, de decretos, resoluciones y/o sentencias de un juez o funcionario durante un año calendario”.
Al respecto, el denunciante enumeró 11 resoluciones de la magistrada, donde la Cámara habría decretado la nulidad de la sentencia de primera instancia durante el año 2009, manifestando de este modo que Bona incurrió en un mal desempeño de su función de juez.
El Jury, una vez producidas las pruebas de ambas partes, concluyó en que las nulidades decretadas por el Tribunal de Alzada se fundaron en cuestiones procesales, “que son según la doctrina y la jurisprudencia materia opinable; no verificándose que dentro del universo de opciones interpretativas válidas, haya apartamiento del derecho vigente, ni vicios graves que conlleven indudablemente a la nulidad del acto declarado, ni que se exhiba por parte de la magistrada denunciada, una repetición sistemática de desaciertos, que pongan en duda su aptitud para ejercer el cargo”.
En consecuencia, el Jurado rechazó la denuncia formulada por el Dr. Torres y ordenó el archivo de las actuaciones. Asimismo, el Jury consideró en sus fundamentos que, la eventual remoción de un magistrado es excepcional y restrictiva, solo se deben aplicar cuando se evidencia un error reiterado y gravísimo, un verdadero desvío del poder jurisdiccional. Solo se debe dar curso a la eventual remoción de un magistrado, cuando se le imputan hechos de gravedad extrema e inequívocos, o cuando hay presunciones serias que ponen en duda su conducta, capacidad o equidad
para aplicar el derecho y dirigir el proceso.


Luego de la reunión mantenida, a finales de mayo, entre autoridades judiciales y el intendente de Juana Koslay, Andrés Vallone, en la cual se acordó la creación de una Sede del Centro de Mediación Judicial y Extrajudicial para que funcione en dicha localidad, mañana quedará formalmente inaugurada esta dependencia destinada a brindar una herramienta alternativa para resolver los conflictos de los vecinos.
José Luis Dopazo, abogado de Franco Farrero (18), el joven que atropelló y mató al el auxiliar de Policía Pablo Eugenio Godoy, afirmó que el primer elemento de causa de la tragedia fue el lugar donde se encontraba el control policial. Además, el letrado habló de las varias extracciones de sangre que se le hicieron a su joven cliente.
Mañana en el BAS XX,I se desarrollará entre las 10 y 19 horas, el casting para la película “Larguirucho y Soledad”. La producción seleccionarán hombres, mujeres, familias con niños y niñas (de 5 a12 años). Además, se elegirán malabaristas, zanquistas, murgas, comparsas y bailarinas.
El ministro de Hacienda Pública, José María Emer, anunció que los trabajadores de la administración pública provincial cobrarán de manera conjunta el sueldo del mes de junio y el aguinaldo.
Ayer a la tarde, en una conferencia realizada en el hotel Quintana, el ministro jefe de Gabinete y precandidato a gobernador por el justicialismo, Claudio Poggi, presentó a quienes serán algunos de sus compañeros de fórmula: Fernando Salino, ex ministro de Educación, para intendente, y María Angélica Torrontegui, ex intendenta ilegal, para senadora provincial por el departamento Pueyrredón.
Ayer a la mañana, la jueza Mirtha Esley dio detalles del procesamiento que le dictó Jorge Barroso y Walter Ferreyra, dos de los sospechosos del asesinato de Antonio Ferrara, jefe del Programa VIH-SIDA. El tercer sospechoso, hermano de Walter, fue liberado porque, cuando se cometió el crimen, él era menor de edad.
Página 12 publicó una encuesta que ubica a Alberto Rodríguez Saá en el antepenúltimo lugar en la intención de voto entre los candidatos a la presidencia. El puntano aparece en la preferencia de los encuestados por debajo de Cristina Fernández de Kirchner, Ricardo Alfonsín, Eduardo Duhalde y Hermes Binner, respectivamente. 