Esta tarde, como siempre ocurre para esta época del año, el Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis aprobó la Emergencia Económica, Financiera, Administrativa, del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros, Emergencia Hídrica y del Sistema de Provisión de Agua Potable. La medida, que regirá desde el 1 de diciembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2025, fue sancionada por 8 votos afirmativos del oficialismo contra 7 negativos de la oposición.

El presidente del bloque oficialista, Mario Silvestri, defendió la declaración de emergencia argumentando que responde a una situación crítica que atraviesa el municipio. Silvestri afirmó que factores como la “recesión económica y caída del consumo” impactaron gravemente los ingresos municipales, tanto por coparticipación como por otros rubros vinculados al movimiento económico.

A esto le sumó las clásicas críticas a la gestión de Sergio Tamayo. “Recordar también cómo se recibió este municipio, en situación crítica financiera. Aún no se equilibró el barco”, dijo el único oficialista que habló sobre el tema, mencionando cuestiones como “las deudas de Transpuntano” y el estado “deplorable” de las plantas potabilizadoras de agua.

Silvestri también remarcó que la emergencia permitirá al municipio cumplir con sus “obligaciones para el bienestar común de todos los ciudadanos” y mencionó, en lo referido al cuidado del agua, que fue parte del proyecto Salt River Project, que se ocupa de la provisión del líquido elemento a la desértica ciudad de Phoenix, Arizona, en Estados Unidos, lo que se convirtió en el objetivo de múltiples comentarios sarcásticos de la oposición.

Por su parte, Juan Martín Divizia, presidente del bloque del PJ, reconoció las dificultades económicas, pero cuestionó la falta de planificación del Ejecutivo municipal: “Nadie desconoce este problema que está teniendo la Argentina. Necesitamos que empiecen a aplicar políticas públicas claras, nos hemos cansado de pedirlo, necesitamos una mirada a futuro del intendente, basta de hablar de la gestión anterior”.

El edil opositor pidió mayor claridad sobre el manejo del transporte público y planteó la necesidad de una postura firme frente a la proliferación de servicios ilegales. También criticó la falta de planificación en relación al abastecimiento de agua, aludiendo a los problemas en el acueducto que conecta a San Luis con Juana Koslay, asegurando que la localidad vecina le quita el recurso a la Capital. “El intendente no es el alcalde de Phoenix, Arizona. Y acá Toti Videla maneja que el norte y sur de San Luis tengan agua. Es el mismo acueducto, es un caño y le sacan antes, y el que saca antes tiene el caño lleno de agua”, disparó Divizia.

Desde la oposición, Andrés Russo fue categórico en su rechazo al proyecto y señaló inconsistencias en los argumentos del oficialismo y las críticas a la gestión anterior. “La emergencia está calcada (a la de la gestión anterior). El manejo del agua, si era tan malo, ¿por qué lo hacen igual?”.

También acusó al Ejecutivo de ocultar recursos financieros. “Están forrados en plata y no lo quieren mostrar”, dijo Russo, quien repasó el superávit del municipio que ha mencionado en múltiples sesiones y el hecho de que “no pusieron los 6 mil millones que les regaló papá Poggi”.

Russo cuestionó además la falta de transparencia del gobierno municipal, destacando que hay 1.004 decretos que no han sido publicados porque “ahí se verían que tienen la plata, cómo hacen contrataciones directas a mansalva” y el hecho de que funcionarios cobran sobresueldos a través de Transpuntano, como ya publicó este medio, o viáticos de viajes.

Sin mediar palabra alguna del resto de los concejales del oficialismo, el proyecto se aprobó por la mayoría oficialista.

Luego, Juan Martín Divizia pidió el tratamiento sobre tablas de un proyecto del PJ para declarar la emergencia ambiental, que también rechazó el oficialismo, como pasó con los proyectos de la banca joven que hoy pasaron por el Concejo. Acto seguido, mientras se trataba una cuestión de privilegio planteada por Russo en contra de los miembros del Tribunal de Cuentas, el oficialismo se retiró, la sesión quedó sin quórum, poniéndole fin a uno de los años más vergonzosos de la historia del Concejo.

“Este bochorno que acaban de hacer es, ni más ni menos, que la consagración de cómo se han dedicado a destruir la institucionalidad de este Concejo Deliberante”, les dijo Alejandro Cordido, quien en la sesión de hoy habló más de 2 horas. En el tintero quedó el reclamo de los taxistas, que la oposición pidió que se trate hoy y la presidenta del Concejo, Agustina Arancibia, les dijo que debían esperar al final de la sesión para incorporarlo al orden del día.

Dos docentes manifestaron su indignación con un nuevo bochorno que se vivió hoy en el Concejo Deliberante durante la banca joven y la banca del vecino. “Es horrible sentir que te basurean acá”, dijo una de ellas.

El primer caso fue durante un ambicioso proyecto presentado por alumnos de la escuela autogestionada Modelo, haciendo uso de la banca joven. El proyecto pedía la “Implementación de un gobierno abierto y transparente en la Municipalidad de San Luis” y la oposición pidió su tratamiento sobre tablas.

Desde el oficialismo, claramente acorralados, dijeron que el proyecto “merece el tratamiento”, pero que hay que “identificar las partidas y quiénes van a hacerlo, pero me parece que hay que verlo bien”. El opositor Andrés Russo le contestó que “ya existe la plataforma” informática para implementar algunas de las cuestiones planteadas en el proyecto, como postear declaraciones juradas de funcionarios y legisladores, y que no lo aprueban porque no los dejan. “No me dejan, mi papá Hissa no me deja aprobar esto”, les dijo el opositor a los oficialistas.

Ese fue, quizás el momento más serio del debate, el cual duró más de una hora y se fue a cuestiones como el transfuguismo de Laura Sánchez, electa por el PJ que en su primer día se pasó al oficialismo, la gestión de Sergio Tamayo, los malos modales de las concejalas del PJ y mucho más. Inclusive hubo un larguísimo debate porque pidieron el cierre del debate.

Al final, el oficialismo logró su objetivo, rechazando el tratamiento sobre tablas y mandando el proyecto a una comisión de la que, seguramente, nunca saldrá. Lorenzo, uno de los chicos que presentó el proyecto, les recordó que lo que pide el proyecto “es un derecho para todos” y que fue “absurdo” no aprobarlo por algo técnico.

 

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“Nunca pensé que mis alumnos iban a quedar en medio de este debate”, manifestó la docente Jimena Serrano, quien trabajó con los chicos en el proyecto y que además ya presentó anteriormente distintas iniciativas, como uno sobre ingresos y egresos seguros de las escuelas, que jamás prosperaron. “La voz de mis alumnos es la voz de todos los argentinos, queremos una política transparente y acceder a la información”, les dijo la docente a los concejales.

Más de dos horas después, luego de un innecesario debate sobre si debían adelantar el tratamiento de la emergencia que ha pedido la Municipalidad, tuvo lugar la banca del vecino, donde la profesora Sandra Nancy Pedernera Rodríguez, rectora del nivel secundario del colegio San José del Instituto de las Hermanas Misioneras San Francisco Javier, pidió designar con el nombre “Plaza Madre Isabel al espacio existente entre calles Europa y Antártida Argentina”, ubicado en la zona conocida como el “barrio Procrear”.

En una situación más que inusual, el oficialismo se negó, con el presidente de la bancada oficialista Mario Silvestri alejando que desde Catastro le informaron que ese espacio no está a nombre del municipio, sino que pertenece al banco Hipotecario, que es el que implementó esa etapa del plan Procrear. Russo aseguró que esto no es así, que está a nombre del municipio, pero el oficialismo no cedió y el proyecto, luego de otro fuerte cruce entre oficialismo y oposición, fue girado a la comisión de Obras Públicas.

“Es horrible sentir que te basurean acá” les dijo la docente a los ediles después de todo lo vivido.

Volviendo a la banca joven, también fueron enviados a comisión proyecto para instalar alarmas sonoras, presentado por alumnos del instituto Aleluya, y uno solicitando la “adaptación de las unidades de transporte público urbano para personas con discapacidad motriz en la ciudad de San Luis”, de alumnos del instituto San José.

“No quiero irme sin que una banca joven sea realidad”, dijo Agustina Gatto, la impulsora de la ordenanza que creó la banca joven, quien solicitó preferencia para tratar estos proyectos en las primeras sesiones del año que viene, pero el oficialismo se negó rotundamente.

Tal como adelantó ayer La Gaceta Digital (LGD), el Senado sancionó este jueves por unanimidad la ley de creación del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas que consiste en una base de datos que contribuya al esclarecimiento de delitos y encontrar personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas. Se tomarán las huellas de víctimas, cadáveres no identificados, personas imputadas, personal de las fuerzas de seguridad y del Ministerio Público, entre otros.

La información del del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas y de acceso exclusivo para las autoridades públicas competentes en materia de prevención, investigación y sanción de delitos. Esta base de datos no puede ser consultada para otros fines a los establecidos en este proyecto.

Para conformar la base de datos del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas se incorporarán:

• Las huellas asociadas a la evidencia obtenida en una investigación policial, judicial, proceso penal o contravencional y que no se encuentren asociadas a personas determinadas.
• Huellas genéticas de las víctimas de un delito o contravención, siempre que no se hubieran opuesto a su incorporación.
• Huellas genéticas de cadáveres o restos humanos no identificados y material biológico presumiblemente proveniente de personas extraviadas.
• Huellas genéticas de personas que, teniendo un familiar desaparecido o extraviado, acepten donar una muestra biológica útil para su identificación.
• Huellas genéticas de personas imputadas, procesadas o condenadas en un proceso penal o contravencional, menores declarados penalmente responsables y de personas no condenadas por mediar una causa de imputabilidad.
• Huellas genéticas del personal perteneciente a la policía de la provincia de San Luis, Servicio Penitenciario Provincial, Policía Judicial, funcionarios y personal del Poder Judicial y del Ministerio Público que intervengan en la investigación penal, incluyendo contratados y demás fuerzas de seguridad que operen en el territorio provincial.
  Huellas genéticas de toda persona que voluntariamente manifieste su deseo de incorporar su perfil genético al registro.
• Huellas genéticas de directivos, propietarios, socios, asociados y personal de empresas de seguridad privada en el territorio provincial y huellas de condenados con sentencia firme.

Al igual que sucedió la semana pasada, en la sesión de hoy el poggismo y aliados lograron impedir el tratamiento sobre tablas de tres proyectos de interpelación presentados por el peronismo. En la última sesión ordinaria de 2024, los proyectos para interpelar al ministro de Hacienda e Infraestructura Pública, Néstor Ordoñez; al ministro de Educación, Guillermo Araujo; y a la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, también pasaron a la comisión correspondiente, donde seguramente perderán estado legislativo.

Un proyecto de interpelación, una vez aprobado, obliga al funcionario en cuestión a comparecer ante los legisladores para responder sobre el contenido de la iniciativa.

El primero de los proyectos de interpelación que se pidió tratar sobre tablas fue el del ministro Ordoñez. La opositora Silvia Sosa Araujo fue quien brindó los argumentos para tratar esta iniciativa y salió con los tapones de punta. Hizo referencia a otro proyecto de interpelación a Ordoñez presentado tiempo atrás. “Está cajoneado como todos los diferentes tipos de proyectos que ha presentado este bloque (Justicialista) a lo largo del año, porque solamente han sacado o han movido los que les interesa al oficialismo”, criticó la legisladora.

Sosa Araujo detalló que el proyecto que su bloque pretendía que se trate en la sesión de hoy tenía tres puntos. “Uno es cuánto le costó al Consejo Federal de Inversiones (CFI) al Gobierno de la Provincia. Todavía no nos ha comunicado ni el Secretario de Comunicación ni el Ministro de Hacienda Pública ni el Fiscal de Estado cuál fue el costo real que debió pagar la provincia de San Luis para ingresar al CFI, costo que ya nosotros estimamos en más de $8.000 millones solamente para el 2024, teniendo en cuenta que solamente van a ingresar a partir de marzo, febrero del año que viene, $2.500 millones en créditos que después hay que devolverle al CFI”, dijo la diputada.

Otro punto de la iniciativa es que se debe dar cumplimiento cada 30 días en la Legislatura a todas las modificaciones del presupuesto que realice el Ejecutivo, según lo establece la ley.

El tratamiento sobre tablas del proyecto de interpelación al ministro de Hacienda se rechazó por 24 votos a 17.

Sonia Delarco fue quien argumentó sobre el tratamiento de la interpelación al ministro de Educación, Guillermo Araujo, haciendo referencia a una crisis en la calidad educativa, la situación alimentaria en escuelas y el futuro de las escuelas generativas. En este caso, por 26 votos negativos contra 16 positivos, se rechazó que se trate sobre tablas este proyecto.

El tercer proyecto de interpelación, cuyo tratamiento sobre tablas se rechazó este miércoles, fue a la ministra de Seguridad, Nancy Sosa. La titular del Bloque Justicialista, Claudia Pinelli, mencionó diversos proyectos de pedidos de informe a la cartera de Seguridad sobre la inseguridad en la provincia. “Invitamos nuevamente a que venga la ministra de Seguridad y nos cuente cuál es el plan que tienen de seguridad. Porque en lo que vamos del año, y desde que este Gobierno comenzó, tenemos cada vez más situaciones de inseguridad, más violencia, más delitos. Lo único que están haciendo es sacar leyes, como el narcotest que no lo cumplen, sacando distintas leyes que no hacen a la seguridad en sí”, manifestó Pinelli.