Diputados aprobó la creación del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas, pero vuelve al Senado

En la última sesión ordinaria del año, la Cámara de Diputados, por unanimidad, aprobó con modificaciones el proyecto de ley de creación del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas. Este proyecto tenía media sanción del Senado, pero como fue modificado en Diputados, deberá ser tratado nuevamente en la cámara de origen.

La oficialista Marisa Patafio fue la encargada de brindar los fundamentos y explicar la iniciativa. “Esta es una ley muy positiva que crea el registro de huellas genéticas digitalizadas en dependencia del Poder Judicial de la Provincia de San Luis. Su finalidad es contribuir al esclarecimiento de los hechos de una investigación criminal individualizando a las personas responsables por su perfil genético, identificar y dar con el paradero de las personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas. Discriminar las huellas de todo el personal que interviene en el lugar del hecho y en la investigación para que no se contamine la evidencia; o sea, se toman las huellas del personal de seguridad, policial, del servicio penitenciario y del personal del Ministerio Público y el Poder Judicial”, explicó la diputada.

La información de este registro es reservada. El acceso es exclusivamente para las autoridades públicas competentes en materia de prevención, investigación y sanción de delitos. Esta información no puede ser consultada para otros fines a los establecidos en este proyecto.

En detalle, para este registro se incorporarán:

  • Las huellas asociadas a la evidencia obtenida en una investigación policial, judicial, proceso penal o contravencional y que no se encuentren asociadas a personas determinadas.
  • Huellas genéticas de las víctimas de un delito o contravención, siempre que no se hubieran opuesto a su incorporación.
  • Huellas genéticas de cadáveres o restos humanos no identificados y material biológico presumiblemente proveniente de personas extraviadas.
  • Huellas genéticas de personas que, teniendo un familiar desaparecido o extraviado, acepten donar una muestra biológica útil para su identificación.
  • Huellas genéticas de personas imputadas, procesadas o condenadas en un proceso penal o contravencional, menores declarados penalmente responsables y de personas no condenadas por mediar una causa de imputabilidad.
  • Huellas genéticas del personal perteneciente a la policía de la provincia de San Luis, Servicio Penitenciario Provincial, Policía Judicial, funcionarios y personal del Poder Judicial y del Ministerio Público que intervengan en la investigación penal, incluyendo contratados y demás fuerzas de seguridad que operen en el territorio provincial.
  • Huellas genéticas de toda persona que voluntariamente manifieste su deseo de incorporar su perfil genético al registro.
  • Huellas genéticas de directivos, propietarios, socios, asociados y personal de empresas de seguridad privada en el territorio provincial y huellas de condenados con sentencia firme.

Además de las huellas, se sumarán otros datos de estas personas, como el nombre, apellido, apodo, foto, domicilio, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, y trazado caligráfico con firma y aclaración.

Patafio contó que, por recomendación de los opositores Gloria Petrino y Federico Berardo, se le hicieron dos modificaciones al proyecto y agradeció los aportes de sus pares. En las modificaciones se eliminaron disposiciones transitorias, sacando dos artículos (el 25 y 29) e incorporando al artículo 20 de la reglamentación “la facultad a la autoridad de aplicación, que es el Superior Tribunal, de determinar la progresividad de la toma de las muestras”, explicó la legisladora.

La diputada Maia Loredo mencionó que la base actual que tiene la Provincia de San Luis sobre los delitos sexuales cuenta con 60 personas identificadas. La provincia de Mendoza tiene 1.100 casos resueltos gracias a la base de datos de huellas genéticas. En la provincia de La Pampa se resolvieron cuatro casos gracias a la base de datos de huellas genéticas de la Provincia de Mendoza.

La creación del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas se aprobó por el voto positivo de los 40 diputados presentes. El Senado probablemente la sancione mañana cuando se retome la sesión iniciada el martes.

Hissa presenció el inicio de la repavimentación de 600 metros de Martín de Loyola

El intendente de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa, presenció este miércoles al mediodía, el inicio de obra de la repavimentación de 600 metros de la calle Martín de Loyola y la colocación de 160 luminarias LED en la zona.

“En el marco del plan Mejorando Tu Cuadra, hemos comenzado con las arterias que necesitan urgente atención. Ya con esta obra que se inicia hoy, estamos interviniendo la cuadra número 91 de las 100 que nos propusimos como objetivo antes de terminar el año. Estamos convencidos de que vamos a llegar a la meta de las 100 cuadras pavimentadas antes de diciembre”, explicó Hissa.

El intendente detalló que las obras se están llevando a cabo en la calle Martín de Loyola, entre Sucre y Justo Daract. “Son seis cuadras que se van a repavimentar por tramo, por cuadra. Se va repavimentando una cuadra, se habilita, se corta así. No interrumpe el tránsito de manera considerable y no genera molestias a los vecinos”, agregó.

Hissa destacó la importancia de esta inversión, que supera los $250 millones. “Este plan, Mejorando Tu Cuadra, lleva adelante 91 cuadras que engloban 23 obras viales de repavimentación. Este es el número 23. Nos quedan pocas cuadras para culminarlo y seguiremos con el plan de bacheo integral”, afirmó.

En cuanto al programa Iluminando Tu Barrio, Hissa informó sobre el recambio de luminarias de sodio a tecnología LED. “Hoy colocamos 160 luminarias, sumando un total de 3.560 luminarias en el marco del plan. Estas se están instalando en la zona de Avenida España, Avenida Parque y Río Bamba, reemplazando luminarias de sodio por LED o luminarias LED quemadas por nuevas que funcionen mejor”, explicó.

El intendente pidió paciencia a los vecinos ante posibles interrupciones del tránsito. “Si alguna vez ven interrumpido el tránsito, lo informaremos con anterioridad, pero necesitamos hacerlo para mejorar la calidad del pavimento”, concluyó Hissa.

 

Certificados truchos: Hissa confirmó casos en la Municipalidad de San Luis

En el marco de la causa judicial por los certificados médicos truchos, de los cuales se han detectado decenas presentados en el Gobierno provincial y otras instituciones, el intendente capitalino, Gastón Hissa, confirmó que se detectaron casos en la Municipalidad de San Luis. Esta semana se comenzó una auditoría a fin de determinar la cantidad de trabajadores que presentaron estos certificados.

La Gaceta Digital (LGD) preguntó este mediodía al intendente si se han detectado certificados médicos apócrifos presentados en la Municipalidad de San Luis. Hissa comenzó respondiendo que instruyó a la Dirección de Recursos Humanos para que cruce la información. “Previo a tomar alguna acción o determinación, vamos a realizar una auditoría interna para conciliar, para que sea veraz y para no cometer ningún tipo de error humano respecto a las decisiones que podamos llegar a tomar”, dijo.

Hissa afirmó que “sí hay casos, hay que hacer una auditoría interna para constatar la veracidad de los mismos”. LGD preguntó cuántos casos serían. “No tengo el número, estamos en esa etapa, estamos auditándolos. La hemos comenzado esta semana, seguramente la próxima semana vamos a poder tener un número aproximado de los que se van a auditar y constatar si han infringido la ley o no”, respondió.

En el Ejecutivo provincial se detectaron hasta el momento cerca de 100 casos de certificados médicos truchos, de los cuales se les dieron de baja a 68 contratos de trabajadores y se suspendió por 90 días sin goce de haberes a 33 empleados de planta permanente.

Respecto a la causa judicial, este martes se dictó la prisión preventiva por 30 días a Paola Valeria Tonelli y José Augusto Toledo (quien era empleado público de planta permanente) por los delitos de asociación ilícita y defraudación en la administración pública. Graciela Apaza Señani quedó imputada por falsificación de documentos públicos y privados y asociación ilícita. Deberá firmar el libro de la Fiscalía por 90 días y tiene la prohibición de salir del territorio provincial.

El Gobierno avanza la implementación del Plan Tubi 2025

Este martes, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el gobernador Claudio Poggi recibió a empresarios del ciclismo para comenzar a trabajar en el lanzamiento del Plan Tubi 2025. Esta nueva edición, además de buscar fomentar la actividad física en los estudiantes, también será una oportunidad para que los proveedores generen más puestos de trabajo y reactiven la economía local.

Durante el encuentro, los empresarios dialogaron e intercambiaron ideas sobre el futuro diseño de las bicicletas que serán para uso urbano y/o recreativo. “Lo que nos ha pedido el Gobernador es armar esta mesa de trabajo donde escuchemos a todos los bicicleteros de la provincia de San Luis. La idea es escucharlos a ellos, que son los que conocen sobre cuál es el modelo necesario para poder avanzar en esta implementación de lo que va a ser el Plan Tubi 2025”, explicó el secretario de Transporte, Víctor Cianchino.

También, el Secretario invitó a los proveedores a que se sumen a trabajar en conjunto. “A partir de mañana estará en la página web oficial del Gobierno de la Provincia el link para inscribirse y que se pueda convocar a todos los bicicleteros de la provincia, para empezar a trabajar en las primeras reuniones y diseñando lo que va a ser el Plan. Solamente tener en cuenta que los requisitos son que residan en la provincia y que tengan dos años en el rubro”, dijo.

El Plan Tubi es una política de estado que el gobernador Claudio Poggi lanzó durante su gestión anterior. En esta nueva edición, Cianchino anticipó que “van a estar destinadas a aquellos alumnos del quinto año de la secundaria y se las iremos entregando entre los primeros meses del año que viene hasta agosto o septiembre”.

También, el Secretario aseguró que esta iniciativa “es para que los bicicleteros tengan otra fuente de ingreso, los chicos hagan deporte, que es fundamental sacarlos del sedentarismo, y tengan un medio de transporte que sea económico y sustentable. Es decir, es un plan que no consiste solamente en la entrega de rodados, sino que también al bicicletero lo va a ayudar a reactivar un poco más la economía”, concluyó.

Alejandro Saavedra fue uno de los proveedores que viajó desde Quines para estar en la mesa de trabajo. Contó que estuvo convocado en la primera edición y celebró que nuevamente el Gobierno los tenga en cuenta para este lanzamiento. “Nos parece muy bueno porque vamos a poder trabajar nuevamente todos y dar trabajo a otras personas también. La verdad que formar parte nuevamente y que se hayan acordado nosotros, nos llena de satisfacción”, dijo.

Por otro lado, Federico Sosa también participó de la reunión y dijo que el Plan Tubi será muy importante para todos los trabajadores del rubro. “Estamos muy emocionados y con deseos a futuros de que esto se cumpla y se logre. A todos los bicicleteros nos va a servir muchísimo. Ahora vamos a empezar con las reuniones para poder llegar a un acuerdo de cuál va a ser la mejor bicicleta, ya sean con los temas de los accesorios y de los cuadros. Nos van a quedar más o menos unas cinco o seis reuniones para decir, ‘la nueva Tubi es esta’”, señaló.

Sosa también destacó el recibimiento que tuvieron por parte del Gobernador: “Creo que está muy bueno poder hablar con él, no suele pasar seguido en ningún lado. Siempre terminamos hablando con gente que está a su alrededor. Esta vez pudimos hablar con el Gobernador y con todos los funcionarios que estuvieron . Esto generará trabajo no solo para una bicicletería, sino para todas”, concluyó.

Fuente: ANSL

Tras identificar a sus familiares, la Justicia dejó a Tizi al cuidado de su abuela materna

El Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial comunica que la niña Tizi fue entregada en guarda provisoria a su abuela materna, en la noche de ayer, alrededor de las 23 horas.

Tras la difusión de la imagen de la niña y una exhaustiva búsqueda mediante las cámaras de seguridad de la ciudad, se identificó a la abuela paterna, quien estaba bajo el cuidado de la menor. Esta fue trasladada a la Comisaría de Atención a la Niñez de la Policía de la provincia de San Luis, donde formuló la correspondiente declaración informativa. Posteriormente, al tomar conocimiento del caso a través de los medios de comunicación, se presentaron en la sede policial la madre de la niña, la abuela materna y una tía paterna, quienes también realizaron sus declaraciones informativas para esclarecer el contexto familiar en el que vive la menor.

Esta guarda será provisoria hasta que se expidan los organismos encargados de la tutela de los derechos de los niños, así como la Defensoría de Niñez, Adolescencia e Incapaces. Los hechos ocurridos en el día de la fecha, junto con las constancias obtenidas, han generado dudas sobre el ejercicio de la responsabilidad parental por parte de los progenitores.

En su dictamen, la jueza interviniente, Alejandra Ponce Navelino, intimó a los progenitores a asistir al “Área Promoción, Protección de Derechos y Fortalecimiento Familiar”, dependiente de la Dirección Primera Infancia y Familia, con el fin de recibir atención psicoeducativa grupal dirigida a padres con hijos en situación de riesgo bio-psico-social. El objetivo es trabajar sobre las adversidades emergentes, brindando herramientas psicoeducativas para la armonización familiar dentro de los nuevos paradigmas. La comparecencia de los progenitores deberá ser acreditada ante la mesa de entradas del juzgado y mantenerse regular hasta su alta definitiva, conforme a los requerimientos del organismo.

Tras el hallazgo de los familiares de la niña, Ponce Navelino agradeció a los organismos y operadores del Estado que “aportaron su esfuerzo para que esto llegara a buen puerto”.

“Quiero destacar y agradecer la disposición de la Oficina de Prensa del Poder Judicial, a los prosecretarios de las Oficinas de Gestión Unificada de los juzgados de Familia (OGU), que aun estando de licencia colaboraron con la búsqueda de expedientes, a las Secretarias de Violencia de la O.G.U., que aún fuera de turno se abocaron al estudio de los casos, a la Defensora de Niñez, Marcela Torres Cappiello, por su habitual compromiso en la tutela de los derechos de Tiziana, al Leonardo Corica por su colaboración desde el Poder Ejecutivo Provincial, y esencialmente a la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF) de la Policía de la provincia de San Luis, que contuvo a la pequeña desde el mediodía y la acompañó en lo más esencial. Este organismo sigue trabajando en la recepción de las diversas declaraciones de los familiares que se acercaron”, concluyó la magistrada.

Fuente: Prensa Poder Judicial

El Frente Gremial de Estatales pidió una recomposición salarial y sostiene que el mínimo debería ser $1.080.781

SIJUPU, APTS, UTEP SL, SIEP, ATE y APEL elevaron un nuevo petitorio al Gobernador de la Provincia, solicitando urgente recomposición salarial y un bono de fin de año “contundente” para todos los trabajadores y trabajadoras provinciales.

En la nota, los gremios dan cuenta de la gran pérdida del poder adquisitivo de los y las trabajadoras estatales. Teniendo en cuenta que el último aumento de la gestión Rodríguez Saá fue en octubre de 2023, el Frente Gremial expresa que frente a la inflación acumulada desde noviembre de 2023 a octubre del 2024, que suma un 290,64%, y el magro aumento de 45% en lo que va del año, “los salarios han quedado pulverizados, por lo que resulta imprescindible una recomposición salarial urgente acorde a la inflación”.

“Al considerar estas cifras, el salario más bajo en noviembre de 2023, que era de $372.000 y superaba la canasta básica de ese momento, hoy debería estar en $1.080.781 para mantener el mismo poder adquisitivo. Sin embargo, el salario actual estimado apenas alcanza los $571.994, lo que representa una pérdida del 47% del poder adquisitivo en menos de un año”, dice la nota del Frente.

“Por todo lo expuesto, solicitamos una recomposición salarial urgente que permita recuperar el poder adquisitivo perdido, garantizando que los salarios superen los valores de la canasta básica total y un bono no remunerativo contundente, que actúe como salvavidas inmediato para las economías familiares, castigadas por la inflación y las deudas acumuladas desde el desdoblamiento salarial”, continúa la nota.

Desde el frente gremial, además se remarca que el “responsable máximo” de garantizar un salario digno a los y las trabajadoras estatales de la provincia es el Gobernador. “Sr. Gobernador, el bienestar de las y los trabajadores estatales es responsabilidad directa de su gestión. Hacer frente a esta situación es un verdadero acto de coherencia que no solo reforzará la confianza de los trabajadores en sus instituciones, sino que también enviará un mensaje claro de que su gobierno está dispuesto a priorizar las necesidades reales de la población”, concluye la nota, mientras que, mediante un comunicado de prensa, desde el Frente aseguraron que “hay disposición para dialogar y contribuir a solucionar este gran problema salarial”.

La Punta: Poggi y Ayala dieron inicio a la obra de infraestructura para la construcción de 20 viviendas

El intendente de La Punta, Luciano Ayala, recibió este martes al gobernador Claudio Poggi, para poner en marcha la obra de infraestructura para la construcción 20 viviendas en el sector Sur del Barrio 36 Viviendas, ubicado entre Módulo 8 y Bº 125.

La construcción de estas viviendas es una reparación histórica que lleva adelante el Gobierno Provincial para los programas Progreso y Sueños de 2011 y con estas acciones se salda una deuda que la administración anterior no cumplió.

Durante el acto, Poggi señaló que estas 20 viviendas forman parte de 1.300 viviendas en toda la provincia, lo que representa un avance sustancial en materia de desarrollo habitacional.

“Agradecer al gobernador que va a cumplir con lo que hace 13 años él comenzó y que hubo un gobierno y que hubo un gobierno que le dio la espalda a los vecinos que hubo un gobierno que le dio la espalda a los vecinos que no construyeron esas casas que ustedes tenían las cuotas pagas entonces creo que es un día para para festejar y para agradecer también”, dijo el intendente.

El jefe comunal, subrayó la importancia trabajar codo a codo con el Gobierno Provincial y dar continuidad a políticas habitacionales como el programa Progreso y Sueños, que garantizan el acceso a ser propietarios. “Tuvieron que pasar más de 10 años para hoy comenzar una nueva etapa es de poder construir veinte viviendas por gestión municipal. Esta obra representa un avance para darle respuestas concretas al vecino, además de generar empleo para unas 40 familias de la construcción reactivando la economía local”, afirmó Ayala.

 

Es ley la adhesión a la ley de Barrios Populares y media sanción para la creación del municipio de El Suyuque

Este mediodía, el Senado provincial dio sanción definitiva a la adhesión a la Ley Nacional de Barrios Populares y a la Ley de Prevención contra las Violencias Físicas y Digitales, pero no dio tratamiento a la reforma del Código Contravencional de San Luis, el cual está íntimamente ligado a este último proyecto. Además, le dio media sanción a la creación del municipio de El Suyuque (aunque el proyecto solo dice “Suyuque” a secas).

“El principal objetivo de la ley 27.453 es la regularización dominial de los barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares, el RENABAP. Así se busca atacar la pobreza estructural que sí existe en San Luis y reducir la desigualdad habitacional ofreciendo seguridad jurídica y mayores oportunidades a los vecinos de los mencionados barrios”, dijo el senador oficialista Martín Olivero, quien fue el miembro infórmate de este proyecto.

“En la provincia de San Luis contamos con 32 barrios populares distribuidos en 8 municipios y se estima que en ellos viven alrededor de 4.000 familias”, agregó el legislador, quien repitió las cifras que el oficialismo mencionó cuando se trató el proyecto en Diputados. “En la provincia de San Luis contamos con 32 barrios populares distribuidos en 8 municipios y se estima que en ellos viven alrededor de 4.000 familias. Según un relevamiento de la Dirección de Barrios Populares del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de San Luis, realizado en los 13 barrios populares de la ciudad de San Luis, el 41% de las familias que allí habitan no cuentan con un servicio formalizado de electricidad, agua, gas ni cloacas y el 32% tiene solamente uno de esos servicios”, mencionó.

Más allá de estas cifras, la frase “pobreza estructural” caló hondo en los senadores del Partido Justicialista y marcó el resto del debate. “Dijeron algunas cuestiones sobre que en la provincia de San Luis tenemos problemas de pobreza estructural. Yo creo que no. Los números dicen otra cosa”, dijo el opositor Hugo Olguín, quien como ejemplo mencionó que el 74,5% de la población tiene acceso a cloacas y que el resto cuenta con pozo ciego o cámara séptica. “Lo doy a título de ejemplo de que la pobreza estructural no existe casi en la provincia de San Luis. Pero también hay que buscar algunas cuestiones que son, creo que cuando estamos hablando de vivienda y que hay que ver de qué soluciones les podemos dar”, añadió.

Acto seguido, Olguín se refirió al último informe de pobreza del Indec. “La pobreza social estaba en 36,9 y hubo un aumento del 17%, que hoy estamos en 53,8%, y la de indigencia de 5,6 a 9,8”, dijo el opositor, quien pidió “hacer un plan integrador, porque creo que la pobreza social conlleva a la pobreza estructural”.

“No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y tratar realmente de ocultar lo que fueron los ocho años anteriores de un gobierno que emprobeció a San Luis que es realmente lamentable. Le voy a decir al senador Olguín, que no tiene por qué saberlo porque representa a otro departamento, que puede ir al barrio La vecindad, Tibiletti, Estrella del Sur, La República, Quinto Centenario, 9 de Julio, y ahí se va a dar cuenta lo que es la pobreza estructural, y lo que es vivir sin ningún servicio”, le respondió Olivero, para el aplauso de vecinos de barrios populares que asistieron a la sesión.

“Hay que invitar al gobierno de la provincia, que si queremos combatir esta pobreza social, que destine los fondos que corresponden a atacar este flagelo”, dijo Olguín cuando tuvo la palabra de nuevo. Hubo un par más de estos intercambios hasta que, finalmente, el proyecto se aprobó por unanimidad.

También se aprobó por unanimidad la Ley de Prevención contra las Violencias Físicas y Digitales. El debate sobre este proyecto no aportó nada que no se hubiese dicho ya en Diputados. Lo llamativo fue que el oficialismo se negara a tratar el proyecto que acompaña a esta Ley y que ya obtuvo media sanción, por unanimidad, en la Cámara Baja. Se trata de la reforma del Código Contravencional de San Luis, el cual incluye sanciones para agresiones en entornos de salud y educación, así como para actos de violencia digital, otorgando a los jueces de contravenciones la posibilidad de imponer multas y trabajos comunitarios.

Sabiendo que al proyecto ya le habían bajado el pulgar desde el oficialismo, Olguín pidió el tratamiento sobre tablas del proyecto, pero el poggismo votó en contra sin mediar palabra alguna.

“Realmente es una situación lamentable, las problemáticas digitales están afectando a toda la población de San Luis, haciendo foco en las infancias, el acoso digital, el ciberbullying, la suplantación de identidad, están dañando la psiquis de los niños y las niñas, en algunos casos integridad física también y sin lugar a dudas los cuerpos normativos no están preparados o actualizados para combatir estas nuevas problemáticas y era urgente la actualización normativa, específicamente lo que es contravenciones. Tuvo un trabajo profundo en diputados, con las juezas presentes, una redacción que es prácticamente la mejor que podíamos generar para San Luis porque se hizo desde el consenso con especialistas en la materia tanto judicial como por fuera y sin embargo seguimos con las mezquindades del oficialismo”, opinó la diputada opositora Fernanda Spinuzza, quien en este año impulsó múltiples iniciativas en materia de violencia digital, una de las cuales fue tomada para la elaboración del proyecto de modificación del Código Contravencional.

Por otro lado, la diputada mencionó lo ilógico que es la aprobación de la Ley de Prevención contra las Violencias Físicas y Digitales sin la aprobación de esta modificación. “Con la negativa a la ley de contravenciones lo que están haciendo es quitar las herramientas al Poder Judicial para que actúe y, al quitarle las herramientas al Poder Judicial, todos los esfuerzos preventivos son, casi te diría, gastos innecesarios”, añadió.

Cambiando de tema, en una sesión que duró alrededor de 2 horas, lo cual es maratónico para el Senado provincial, se aprobó la creación del municipio de El Suyuque, el cual va a incluir a las localidades de Los Molles, Suyuque Nuevo, El Milagro y La Loma, en el departamento Belgrano.

“El crecimiento se ha desarrollado de manera desorganizada, con nula planificación en cuanto a infraestructura pública y diseño urbanístico, impactando directa y negativamente en la población residente, sobre todo en lo que respecta a la provisión de servicios básicos, como electricidad, agua potable, recolección de residuos, entre otros. Otro eje relevante del presente proyecto de ley es la necesaria reubicación del límite entre los departamentos Juan Martín de Pueyrredón y Belgrano, ello a fin de incorporar a Suyuque Nuevo en el nuevo municipio”, dijo Juan Carlos García, el justicialista aliado del poggismo que expuso sobre este tema.

Este proyecto obtuvo media sanción por unanimidad y pasó a la Cámara de Diputados para obtener su sanción definitiva. Cuando se apruebe, nuestra provincia pasará a tener 68 municipios.

Para finalizar se pasó a un cuarto intermedio para continuar la sesión este jueves y así darle sanción definitiva a iniciativas que se tratarán este miércoles en Diputados, como Ludopatía Digital y la Adhesión a la Ley Nacional N° 27.348 Complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, entre otras.

Padres reclaman estabilidad en la escuela de equinoterapia y desde el Gobierno alegaron conflictos entre los docentes

Escuela Equinoterapia. Imagen de archivo.

Un grupo de padres de niños con discapacidad que asisten a la escuela de equinoterapia de San Luis manifestó su preocupación por los constantes cambios de docentes y la falta de comunicación por parte de las autoridades. Paula Catánea, representante del grupo, expresó: “Los profes han puesto toda la garra y lo mejor de ellos, pero desde las personas que están a cargo no se ve lo mismo. No los conocemos, no se dieron nunca a conocer.”

Catánea agregó que los cambios repentinos en los encargados del tratamiento son especialmente difíciles para los niños. “De golpe nos íbamos encontrando con que la persona a cargo del tratamiento no estaba más. Si conocemos algo de discapacidad, sabemos que para nuestros hijos es muy difícil los cambios, y más si son repentinos.” Además, afirmó: “Por lo que sé, a la persona que tenía a cargo mi hijo la echaron de golpe. Nadie ha dado la cara hasta el momento.”

Estos cambios permanentes y otras cuestiones han conducido, según Paula, a un ambiente “dificilísimo”. “Para los chicos nuestros calculo que es peor todavía, porque ellos tienen la parte sensorial mucho más desarrollada que uno. Uno por ahí, estando con toda la locura de lo que es tener hijos con discapacidad, por ahí ni lo ve o no lo notan. Pero en este caso sí se nota y los chicos calculo que lo deben notar mucho más”, comentó.

Por su parte, el secretario de Personas con Discapacidad, Luis Giraudo, negó los rumores sobre el cierre de la escuela. “Se les transmitió a los papás que no se va a cerrar equinoterapia. Esto va a continuar, hay presupuesto para el año que viene”, dijo el funcionario, en declaraciones a Reporte San Luis, donde también expresó que “el grupo de docentes es espectacular” y que le “gustaría que continúen los mismos”.

Por otro lado, Giraudo atribuyó los motivos de los reclamos a conflictos internos entre los profesores. “Hay una ida y trae entre un grupito de docentes y otro, donde dicen que hay acoso laboral y hostigamiento. Eso no debe existir. Para eso me he venido a hablar, a ver de qué se trata”, sostuvo.

Actualmente, la institución atiende a unos 80 chicos y la lista de espera es de más de 100. En este sentido, señaló lo largo que son estos tratamientos. “Sí, va lento y necesitamos más espacio, más lugar. Pero bueno, a la gente le gusta, lo quiere y no es plata malgastada”, manifestó.

“Yo les explicaba a los padres que estoy en toda la provincia, viajo a Arizona, como viajo a Quines o Candelaria. Entonces voy viajando de acuerdo a la demanda que hay de personas con discapacidad. Que me he encontrado con personas con discapacidad que no tienen DNI. Entonces voy a decir, bueno, también hay que priorizar a los pueblos que no tienen nada. Los pueblos no tienen ONG, no tienen alguien que empuje. No tienen este equipo de padres que van pechando, van pechando. Que está bien. Entonces yo tengo que tener la presencia de los pueblos. Pero bueno, voy a tener más presencia acá. Esto lo voy a seguir de cerca. De cerca porque los chicos lo quieren y es el bien para ellos”, finalizó Giraudo.

Certificados truchos: prisión preventiva para la pareja e imputaron a una tercera persona

Este martes, la jueza de Garantía Nº 2 de la ciudad de San Luis, Agustina Dopazo, hizo lugar al pedido de ampliación de cargos solicitado por la Fiscalía para Paola Valeria Tonelli y José Augusto Toledo por los delitos de asociación ilícita y defraudación en la administración pública y dictó la prisión preventiva para ambos por el término de 30 días, en el marco de la investigación por la emisión de certificados médicos falsos.

La magistrada también dio por formulados los cargos contra Graciela Apaza Señani por falsificación de documentos públicos y privados y asociación ilícita, a quien le ordenó, como medidas coercitivas, la firma del libro de Fiscalía por noventa días y la prohibición de salir del territorio provincial.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal representado por la Fiscal Adjunta de la Primera Circunscripción, María Quiroga Nassivera, hizo una reseña de las medidas coercitivas que se les impuso a la pareja. Además mencionó que el 11 de octubre se aportó a la investigación un nuevo certificado médico falso emitido por los acusados, por lo que se realizaron nuevas pesquisas a los teléfonos de ambos, lo que dio por resultado la aparición de una tercera persona, de apellido Apaza Señani, encargada de imprimir los documentos apócrifos. También se refirió a la emisión de un nuevo certificado falso el 24 de octubre.

Ambas acciones llevadas a cabo por los imputados se realizaron con posterioridad a las medidas dispuestas por la jueza en la audiencia de formulación de cargos realizada el 26 de septiembre.

La Fiscalía consideró que puede afirmar que tenían un acuerdo previo y una clara división de tareas donde Tonelli ofrecía los certificados y Toledo recibía los pagos y además hacía uso para beneficio personal de los certificados apócrifos. Además dijo que ambos cumplieron las medidas de coerción de forma parcial y sumado a ello, continuaron con su actividad delictiva. En cuanto a la calificación legal provisoria sostuvo la asociación ilícita, la falsificación de documentos públicos y privados en concurso real para Tonelli y para Toledo, la defraudación en la administración pública, falsificación de documentos privados en concurso ideal y asociación ilícita en concurso real.

El fiscal de Instrucción N° 3, Esteban Roche, fundamentó el pedido de la prisión preventiva en la existencia de riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación. “Estamos hablando de una asociación ilícita. El comportamiento de ambos, luego de que se le dictaron medidas coercitivas, fue el de continuar con la reiteración delictiva. Hay peligro de entorpecimiento ya que pueden destruir evidencias que son importantes para esta causa y influenciar sobre testigos directos”, dijo el representante del Ministerio Público Fiscal.

La querella, representada por Santiago Calderón Salomón, adhirió a la calificación y al encuadre legal de la Fiscalía. También coincidió en cuanto a las medidas coercitivas solicitadas y agregó la prohibición de salida de la provincia para Apaza Señani.

Federico Farías, abogado defensor de Toledo y Tonelli, cuestionó la calificación legal de la Fiscalía y se opuso al pedido de prisión preventiva. “No se cumplen los requisitos de la asociación ilícita ni tampoco el de la defraudación porque en el informe que acompañaba el querellante en el que se detalla que las faltas son injustificadas, no justificadas. No está acreditado el peligro de fuga ya que siempre estuvieron acá, ni tampoco cuentan con medios económicos para hacerlo”. Además, dijo que la pareja tiene problemas de adicciones. “Son personas enfermas”, expresó.

En la misma línea, el Defensor Oficial en lo Penal Adjunto Nº 1 de San Luis, Diego Zunino, representante de Apaza Señani, dijo que para acusar a su defendida de asociación ilícita “faltan la mayoría de los elementos para la acusación de este delito”, pero que no se iba a oponer a la formulación de cargos ni a las medidas coercitivas solicitadas.

Fuente: Poder Judicial