La jueza del Juzgado de Garantía Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial, Luciana Banó, hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y prorrogó por 90 días la prisión preventiva de José Horacio Giménez, conocido en la ciudad de San Luis como “Chanchito Picarón”, quien se encuentra imputado en una causa por un hurto cometido mediante engaño contra una adulta mayor y por resistencia a la autoridad.
Durante la audiencia, el fiscal de Instrucción en lo Penal Nº 2, Ricardo Barbeito, informó que alcanzó un acuerdo con el abogado defensor Guillermo Levingston para proponer un juicio abreviado, en el que se pactó una pena de prisión de cumplimiento efectivo.
La causa se inició a partir de dos hechos ocurridos en junio de este año en la ciudad de San Luis. El principal episodio investigado tuvo como víctima a una adulta mayor a quien, según la acusación, Giménez habría engañado para ingresar a su vivienda y apoderarse de $600.000 que acababa de retirar de una entidad bancaria.
El pedido de prórroga
Al fundamentar su solicitud, el fiscal Barbeito sostuvo que continúan vigentes los motivos que dieron lugar a la prisión preventiva dispuesta durante la audiencia de formulación de cargos. En particular, señaló que subsisten los riesgos procesales, entre ellos el peligro de fuga y el riesgo para las víctimas.
Además, informó que Fiscalía y defensa arribaron a un acuerdo para proponer un juicio abreviado y que la presentación correspondiente ya fue firmada.
En ese contexto, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que la prisión preventiva fuera prorrogada por 90 días, con el objetivo de mantener la medida cautelar hasta que el Juzgado pueda fijar la audiencia en la que se tratará el acuerdo alcanzado.
Por su parte, el abogado defensor Guillermo Levingston no se opuso a la continuidad de la prisión preventiva, pero cuestionó el plazo solicitado por la Fiscalía. Sostuvo que, al existir ya una propuesta de juicio abreviado, únicamente resta su tratamiento por parte del tribunal, por lo que consideró suficiente una prórroga de 30 días.
Al resolver, la jueza Luciana Banó entendió que resulta necesario continuar cautelando los riesgos procesales y puso especial énfasis en la protección de las víctimas, por tratarse de personas adultas mayores.
La magistrada también tuvo en cuenta la organización y las competencias asignadas a los Juzgados de Garantías, aunque señaló que los procesos que involucran a personas privadas de la libertad tienen prioridad y adelantó que próximamente se fijará la audiencia para tratar el juicio abreviado.
En consecuencia, Banó hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y prorrogó por 90 días la prisión preventiva que cumple Giménez.
El acuerdo alcanzado entre Fiscalía y defensa todavía deberá ser tratado judicialmente, por lo que la pena de prisión efectiva pactada por las partes aún no constituye una condena.
El hecho investigado
La causa tuvo su origen en un episodio ocurrido el 8 de junio, alrededor de las 11:45, en una vivienda ubicada sobre calle Aristóbulo del Valle al 1500 de la ciudad de San Luis.
Según la investigación, Giménez se habría presentado ante una mujer adulta mayor como una persona enviada por una amiga de su confianza. En ese contexto, la mujer le comentó que debía dirigirse al banco para realizar un trámite y el hombre se ofreció a acompañarla y posteriormente trasladarla nuevamente hasta su domicilio a bordo de un Fiat Uno blanco.
Una vez en la vivienda, Giménez le habría pedido que dejara su saco en el interior de la casa y luego la condujo hacia una galería con el argumento de que debía reparar una cañería.
Mientras la mujer permanecía en ese sector, el imputado habría ingresado nuevamente a la vivienda y se habría apoderado de $600.000 que la víctima acababa de retirar del banco.
Minutos después, le habría manifestado que debía buscar herramientas para continuar con el supuesto trabajo y se retiró del domicilio. Cuando la mujer regresó al interior de la vivienda, advirtió que el dinero ya no se encontraba.
Para sustentar la imputación, el Ministerio Público Fiscal presentó oportunamente la denuncia de la damnificada, declaraciones testimoniales, registros de cámaras de seguridad y material fílmico aportado por la víctima y vecinos de la zona.
El segundo hecho atribuido a Giménez ocurrió el 11 de junio, cuando personal policial interceptó el Fiat Uno blanco en el que circulaba debido a que el vehículo registraba un pedido de secuestro vigente en otra causa.
Según sostuvo la Fiscalía durante la audiencia de formulación de cargos, Giménez habría reaccionado de manera agresiva ante los efectivos, los habría insultado e intentado volver a subir al automóvil para retirarse del lugar, por lo que debió ser reducido para concretar su detención.
Por ambos episodios, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos provisoriamente contra Giménez por los delitos de hurto y resistencia a la autoridad.
El 12 de junio, la jueza Luciana Banó tuvo por formulados los cargos y ordenó 60 días de prisión preventiva. En aquella oportunidad, valoró especialmente la situación de vulnerabilidad de la víctima, los antecedentes condenatorios del imputado por delitos contra la propiedad y la existencia de riesgos procesales, principalmente el peligro de fuga.
Ahora, mientras continúa privado de la libertad, Fiscalía y defensa alcanzaron un acuerdo para intentar concluir el proceso mediante un juicio abreviado, que deberá ser tratado en una próxima audiencia.
Fuente: Prensa Poder Judicial
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