El Gobierno mejorará los nodos de la Autopista de la Información en tres localidades

La Gira Institucional que lleva adelante este viernes el gobernador Claudio Poggi comenzó en el edificio del Data Center provincial, en La Punta, donde se interiorizó acerca de la labor diaria que realiza la Autopista de la Información (AUI) para mantener a San Luis entre las provincias con mejor conectividad.

Antes de un recorrido por el edificio, el presidente de la Agencia de Ciencia, Tecnología y Sociedad San Luis, Pablo Guerreiro, firmó un llamado a licitación destinado a la ejecución de mejoras en los nodos de la AUI ubicados en Villa de Merlo, Concarán y Tilisarao.

La iniciativa forma parte del plan de fortalecimiento de la infraestructura tecnológica provincial, con el objetivo de optimizar la conectividad y garantizar un funcionamiento más eficiente de la red que sostiene múltiples servicios digitales del Estado.

Según la explicación técnica y respecto de las obras ejecutadas que le presentaron al Gobernador, Guerreiro indicó que el edificio no ha recibido intervenciones importantes durante más de dos décadas. “Se hizo una obra de mantenimiento y una refuncionalización. Se reemplazó el piso, la alfombra, se realizaron trabajos de pintura, mejoras en la seguridad perimetral y adecuaciones internas pensando en futuras ampliaciones”, precisó.

En materia tecnológica, anunció la incorporación de nuevo equipamiento para aumentar la capacidad operativa del Data Center. Además, esta actualización permite gestionar mayores volúmenes de operaciones y respaldo de datos mediante tecnología avanzada que optimiza el flujo de información.

“Se compró un nuevo servidor que nos da mayor capacidad de procesamiento y almacenamiento para acompañar el crecimiento de los servicios digitales”, sostuvo.

Sobre la red provincial, el director destacó que San Luis dispone de “7.700 kilómetros de fibra óptica”, una infraestructura que “permite conectar el ciento por ciento de las comisarías, centros de salud y escuelas”. En ese sentido, aseguró que “somos la provincia mejor conectada del país” y remarcó que el objetivo es que “hasta un paraje pueda recibir la misma calidad de servicio que un usuario en la Ciudad de Buenos Aires”.

También informó que la provincia cuenta con “1.936 antenas Wi-Fi” que brindan conectividad a alrededor de “300 mil personas”, y explicó que el crecimiento del consumo de internet exige nuevas inversiones. “La gente usa más servicios digitales, hace más trámites online, estudia, trabaja y utiliza inteligencia artificial. Eso hace que el consumo sea cada vez mayor”, señaló.

En ese contexto, anunció la ampliación de la red troncal mediante nuevos anillos de fibra óptica. “Lo que estamos haciendo es generar una nueva autopista para los datos. Esto nos permitirá aumentar la capacidad de transmisión y garantizar el servicio aun cuando exista un corte en alguno de los enlaces”, explicó.

Finalmente, Guerreiro destacó que el Data Center aloja servidores de empresas como Google, Meta y Netflix, lo que mejora el rendimiento de la red provincial. “Hemos hecho convenios para que sus servidores estén instalados acá. Eso evita que el tráfico tenga que salir del país, mejora la velocidad y nos permite ahorrar una parte importante del ancho de banda que compra la provincia”, concluyó.

Anillos estratégicos y nuevas obras de ampliación
Con el objetivo de responder a la creciente demanda de datos impulsada por el uso de trámites digitales, capacitaciones en línea e inteligencia artificial, la provincia inició la Fase 3 de ampliación de la red. Esta etapa permitirá cerrar nuevos anillos de fibra óptica (conectando sectores como Merlo y Cortaderas ), lo que garantiza la redundancia del sistema.

“Es fundamental cerrar los anillos. Si por alguna razón se interrumpe un tramo principal, el tráfico de datos se redirige automáticamente por otra vía de alta velocidad sin afectar el servicio de los ciudadanos”, dijo.

Para finalizar el encuentro, el Gobernador acotó que San Luis ratifica el cumplimiento del derecho constitucional de acceso a la conectividad. Esto asegura que un habitante de un paraje alejado reciba la misma calidad de servicio digital que las grandes ciudades del país.

Fuente: ANSL

Un hombre se encuentra en estado crítico luego de ser rociado con combustible y prendido fuego

Un hombre permanece internado en estado crítico luego de haber sufrido graves quemaduras durante un violento episodio ocurrido en una vivienda del barrio La Ribera, en la ciudad de Villa Mercedes.

El hecho fue reportado alrededor de las 23:43 de este jueves 30, cuando el Centro de Operaciones recibió un llamado alertando sobre una presunta situación de violencia familiar en el lugar. Minutos más tarde, se informó que la víctima habría sido rociada con combustible y prendida fuego, por lo que se solicitó de inmediato la presencia del servicio de emergencias médicas.

Personal del SEMPRO asistió al hombre y lo trasladó de urgencia al hospital, donde permanece internado con aproximadamente el 50% de la superficie de su cuerpo afectada por quemaduras. De acuerdo con los primeros informes médicos, su estado es crítico y su vida se encuentra comprometida.

Según las actuaciones policiales, el hecho ocurrió en el interior de una vivienda del barrio La Ribera. Asimismo, se estableció que, al momento del ataque, el combustible utilizado también habría provocado el incendio de una cama ubicada en el domicilio, propagándose posteriormente las llamas al resto del inmueble. Debido a la intensa presencia de humo, los moradores no pudieron ingresar al lugar.

En el sitio trabajaron efectivos policiales, personal de Bomberos, del servicio de salud y de Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes.

Por disposición de la fiscal de Instrucción interviniente, Gisela Milstein, la investigación quedó a cargo de la División Homicidios, que continúa con las diligencias para el esclarecimiento del hecho y la localización de las personas señaladas como presuntas autoras, quienes se retiraron del lugar tras el episodio.

La causa continúa en etapa investigativa y las autoridades trabajan para determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

El Gobierno otorgó anticipos de coparticipación por $55 millones a Potrero de los Funes y San Pablo

El Gobierno provincial otorgó anticipos de coparticipación por un total de $55 millones a las municipalidades de Potrero de los Funes y San Pablo, luego de que ambas comunas solicitaran asistencia financiera para afrontar déficits temporales de caja provocados por la disminución de los recursos provenientes de la coparticipación nacional, según se conoció este viernes con la publicación de los decretos en el Boletín Oficial.

Potrero de los Funes recibió un anticipo de coparticipación de $30 millones, mientras que para la Municipalidad de San Pablo, (ubicada en el Valle del Conlara a 140 kilómetros al noreste de la ciudad capital), se autorizó un desembolso de $25 millones.

En ambos casos, los municipios fundamentaron sus pedidos en la necesidad de atender déficits temporales de caja derivados de la “profunda fluctuación en los giros de coparticipación provocada por la merma en la distribución de los recursos nacionales”, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios esenciales y de las políticas públicas municipales.

Las medidas fueron oficializadas mediante los decretos Nº 7496-MHIP-2026 y Nº 7483-MHIP-2026, firmados por el gobernador Claudio Poggi, el ministro de Hacienda e Infraestructura Pública, Néstor Ordoñez, y el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain.

Los decretos señalan que el Ministerio de Hacienda e Infraestructura Pública prestó conformidad al otorgamiento de los anticipos, que serán desembolsados y reintegrados de acuerdo con las condiciones establecidas en las actuaciones administrativas correspondientes. Además, facultan a esa cartera a modificar la modalidad de reintegro mediante resolución ministerial.

El Gobierno nacional adjudicó el Tramo Puntano: el peaje será de $1.440,08 más IVA cada 100 kilómetros y será actualizado

La gestión de Javier Milei adjudicó la concesión del denominado Tramo Puntano de la Red Federal de Concesiones a la unión transitoria de empresas integrada por BASAA S.A. y CECOSA S.A., que tendrá a su cargo durante los próximos 20 años la explotación, administración, mantenimiento y mejora de un corredor vial de aproximadamente 720 kilómetros que atraviesa las provincias de San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

La medida fue dispuesta mediante la Resolución 1186/2026 del Ministerio de Economía, que adjudicó cuatro corredores viales correspondientes a la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones. En el caso del Tramo Puntano, la propuesta ganadora fue la oferta Nº 27, presentada por BASAA y CECOSA, con una tarifa de $1.440,08 más IVA cada 100 kilómetros. Ese monto está expresado a valores de julio de 2025, tal como ocurrió en todos los renglones de la licitación. Por ese motivo, antes de la puesta en marcha de la concesión el importe deberá ser actualizado para determinar cuál será el valor efectivo que pagarán los usuarios en las estaciones de peaje.

En territorio puntano, la concesión comprende un tramo de aproximadamente 30 kilómetros de la Ruta Nacional 8, entre Vizcacheras y Villa Mercedes, que forma parte del corredor vial licitado por el Gobierno nacional.

Según informó La Nación, BASAA es una constructora cordobesa vinculada a Horacio Miró y Walter Poplawski. Miró ocupó un cargo en la función pública durante la gestión del exgobernador cordobés José Manuel de la Sota, cuando estuvo al frente de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF), mientras que la empresa también tuvo una importante participación en la obra pública durante la administración de Juan Schiaretti.

 El proceso licitatorio

 La adjudicación pone fin al proceso licitatorio iniciado meses atrás para el Tramo Puntano. A comienzos de julio, el Ministerio de Economía había aprobado la etapa de precalificación y habilitado la apertura de las ofertas económicas luego de que ocho propuestas superaran la evaluación técnica y administrativa.

Las empresas que habían quedado precalificadas eran:

  • Rovella Carranza S.A. – JCR S.A.
  • IEB Construcciones S.A. – Trading MRG S.A.U.
  • CN Sapag S.A. – Víctor M. Contreras y Cía. S.A.
  • CPC S.A.
  • Luciano Construcciones S.A.
  • BASAA S.A. – CECOSA S.A.
  • Panedile Argentina S.A.I.C.F. e I. – Supercemento S.A.I.C. – Eleprint S.A.
  • José J. Chediack S.A.I.C.A. – Benito Roggio e Hijos S.A.

En aquella instancia, la Comisión Evaluadora había desestimado las ofertas de Vial Agro S.A. y de la UTE conformada por Autovía Construcciones y Servicios S.A. y Guigivan S.R.L., por no cumplir con los requisitos establecidos en el pliego.

Además, el Ministerio de Economía hizo lugar a una impugnación presentada por la unión de empresas Creditech S.A. – Plantel S.A., que finalmente también fue incorporada al proceso tras la revisión de su situación económico-financiera.

 Qué comprende la concesión

 La concesión del Tramo Puntano incluye la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento del corredor vial, además de la prestación de servicios a los usuarios y el desarrollo de explotaciones complementarias.

De acuerdo con el esquema definido por el Gobierno nacional, las concesiones se ejecutarán sin subsidios estatales, con financiamiento privado para la operación y el mantenimiento de las rutas, mientras que los ingresos provendrán del cobro de peajes y de otras explotaciones previstas en los contratos.

Banó hizo lugar al planteo de las defensas y remitió la causa contra exfuncionarios de Rodríguez Saá al juez Flores Leyes

La jueza de Garantía Nº 4, Luciana Banó, hizo lugar al planteo de incompetencia presentado por las defensas de los exministros de Seguridad Luciano Anastasi y Claudio Latini, el exintendente de La Toma y actual diputado nacional Ernesto Alí, y los exintendentes Jeremías Vivas y Mario Canali, todos imputados por presuntas maniobras de fraude contra la administración pública durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá. En consecuencia, resolvió remitir el expediente al Juzgado de Garantía Nº 3, a cargo de Marcos Flores Leyes, al considerar que es el juez natural de la causa.

La decisión fue adoptada este jueves, un día después de la audiencia en la que los abogados defensores solicitaron que Banó dejara de intervenir en el expediente y antes de que se analizaran los pedidos de sobreseimiento presentados por los imputados. Con esta resolución, será Flores Leyes quien deba continuar con el trámite de la causa y fijar una nueva audiencia para resolver esos planteos.

En los fundamentos de su resolución, Banó recordó que la investigación ingresó originalmente al Juzgado de Garantía Nº 3 porque era el tribunal que se encontraba de turno cuando se formularon las denuncias, en diciembre de 2023. Posteriormente, la entonces jueza provisoria Natalia Lazarte Otero se excusó de intervenir por mantener una relación de vecindad con uno de los imputados, el exministro Latini, lo que dio origen a una contienda de competencia que fue resuelta por el Tribunal de Impugnaciones, que confirmó la intervención del Juzgado de Garantía Nº 4.

Sin embargo, la magistrada sostuvo que la situación cambió con la reincorporación de Marcos Flores Leyes como titular del Juzgado de Garantía Nº 3.

“Al haberse reincorporado en sus funciones el juez titular del Juzgado de Garantía Nº 3, Dr. Marcos Flores Leyes, desaparece de esta manera la causal de excusación”, afirmó Banó al fundamentar su decisión.

En consecuencia, consideró procedente el planteo formulado por las defensas y resolvió declinar su competencia e inhibirse de continuar interviniendo en el expediente, ordenando su remisión al Juzgado de Garantía Nº 3.

En la resolución, Banó desarrolló un extenso análisis sobre el principio constitucional del juez natural y recordó que la competencia judicial es de orden público, improrrogable e indelegable.

La magistrada sostuvo que la garantía del juez natural exige que las causas sean resueltas por los órganos jurisdiccionales previamente establecidos por la ley y remarcó que el sistema de turnos constituye un criterio objetivo para la asignación de los expedientes. También citó doctrina especializada para señalar que ese principio no puede desvincularse de la persona física del magistrado cuando desaparecen las circunstancias excepcionales que motivaron su apartamiento.

La resolución se conoció un día después de que Banó prorrogara por otros 30 días las medidas de coerción que pesan sobre los cinco imputados, mientras resolvía el planteo de incompetencia formulado por las defensas.

En esa audiencia, los abogados Cristóbal Ibáñez, Alejandro Cordido, Nedo Gómez y Cecilia Cabello sostuvieron que el regreso de Marcos Flores Leyes al Juzgado de Garantía Nº 3 hacía desaparecer el motivo que había originado el traslado de la causa al Juzgado de Garantía Nº 4. La Fiscalía y la Fiscalía de Estado se opusieron al planteo por considerar que la cuestión ya había sido resuelta por el Tribunal de Impugnaciones y que el pedido era extemporáneo.

La investigación

Los cinco exfuncionarios fueron imputados en septiembre de 2025 por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Según la acusación fiscal, durante las gestiones de Luciano Anastasi y Claudio Latini al frente del Ministerio de Seguridad se firmaron convenios con distintos municipios para ejecutar refacciones en comisarías, cuarteles de bomberos y otras dependencias policiales. La Fiscalía sostiene que se realizaron transferencias de fondos públicos por montos superiores a los previstos, pese a que las obras no comenzaron, quedaron inconclusas o nunca fueron ejecutadas. Posteriormente, los convenios fueron rescindidos invocando la situación económica, aunque gran parte del dinero ya había sido girado a los municipios.

Con el expediente nuevamente radicado en el Juzgado de Garantía Nº 3, será ahora el juez Marcos Flores Leyes quien deberá resolver los pedidos de sobreseimiento presentados por las defensas y definir la continuidad del proceso.

Elecciones 2027: el Partido Justicialista convocará a su Congreso Provincial para el 22 de agosto

El Partido Justicialista (PJ) de San Luis informó, a través de un comunicado, que el próximo Congreso Provincial se realizará el sábado 22 de agosto, en el marco del proceso de organización interna con vistas a las elecciones de 2027.

Según el comunicado partidario, la decisión fue adoptada este jueves durante una reunión del Consejo Provincial del PJ junto a la Mesa Directiva del Congreso Provincial, de la que participó el presidente del partido, Alberto Rodríguez Saá.

La convocatoria será comunicada formalmente a los congresales de toda la provincia, de acuerdo con los procedimientos y plazos previstos en la Carta Orgánica y en las normas vigentes del Partido Justicialista.

De acuerdo con lo informado por el PJ, el Congreso tendrá como objetivo “comenzar a preparar al justicialismo provincial para las próximas elecciones y establecer los mecanismos políticos e institucionales que permitirán la participación del partido en el próximo período electoral, en la totalidad de los cargos electivos que se disputen en la provincia de San Luis”.

En el comunicado, el Partido Justicialista sostuvo además que la convocatoria forma parte de su “proceso de organización institucional” y reafirmó su compromiso con la participación democrática y la construcción de una propuesta política para la provincia.

La jueza Banó renovó las cautelares a los ex funcionarios de Rodríguez Saá mientras define su continuidad en la causa

La jueza de Garantía Nº 4, Luciana Banó, prorrogó este miércoles por otros 30 días las medidas de coerción que pesan sobre los ex ministros de Seguridad Luciano Anastasi y Claudio Latini, el ex intendente de La Toma y actual diputado nacional Ernesto Alí, y los ex intendentes Jeremías Vivas y Mario Canali, todos imputados por presuntas maniobras irregulares durante el ejercicio de la función pública.

La audiencia prevista originalmente para analizar los pedidos de sobreseimiento presentados por las defensas no pudo avanzar sobre ese punto, ya que horas antes de su realización los abogados Cristóbal Ibáñez, Alejandro Cordido, Nedo Gómez y Cecilia Cabello presentaron escritos solicitando que la magistrada se declare incompetente para continuar al frente del expediente.

Ese planteo fue formalizado durante la audiencia y Banó informó que resolverá la cuestión en un plazo de 48 horas. Recién una vez definido ese aspecto procesal se fijará una nueva audiencia para tratar los pedidos de sobreseimiento.

Las defensas sostienen que la causa debe volver al Juzgado de Garantía Nº 3, ya que originalmente estaba a cargo de ese tribunal. El expediente había pasado a manos de Banó luego de que la entonces jueza subrogante Natalia Lazarte se excusara por mantener una relación de vecindad con uno de los imputados. Esa excusación fue finalmente avalada por el Tribunal de Impugnaciones, que confirmó la intervención de Banó. Sin embargo, los abogados argumentan que, tras el regreso del juez Marcos Flores Leyes al Juzgado de Garantía Nº 3, desapareció el motivo que había originado aquel apartamiento y el expediente debe volver a su juez natural.

Mientras tanto, la jueza hizo lugar al pedido formulado por la Fiscalía de Instrucción Nº 6 y prorrogó por otros 30 días las medidas de coerción que pesan sobre los cinco imputados. Entre ellas se mantienen la obligación de firmar el libro de imputados y la inhibición general de bienes por el plazo previsto en la normativa registral.

Respecto de la prohibición de salir de la provincia, Banó recordó que la restricción continúa vigente para la mayoría de los acusados, aunque Luciano Anastasi ya había sido exceptuado anteriormente de esa medida. En el caso de Ernesto Alí, precisó que nunca se le impuso esa limitación debido a sus fueros como diputado nacional.

Asimismo, informó que ordenó librar oficio a los registros de la propiedad para dejar sin efecto la prohibición de contratar que había sido dispuesta al momento de la formulación de cargos, en septiembre de 2025, en cumplimiento de lo resuelto oportunamente por el Tribunal de Impugnaciones.

¿Por qué se los investiga?
Los cinco exfuncionarios fueron imputados en septiembre de 2025 por presuntas maniobras de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Según la imputación fiscal, durante la gestión de Luciano Anastasi al frente del Ministerio de Seguridad se firmaron convenios con distintos municipios para ejecutar refacciones en comisarías, cuarteles de bomberos y otras dependencias policiales. Los contratos fueron adjudicados de manera directa y contemplaban anticipos de hasta el 40% del monto de obra. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que se realizaron transferencias por montos superiores a los previstos sin que las obras comenzaran, avanzaran o fueran finalizadas.

Posteriormente, ya con Claudio Latini como ministro, esos convenios fueron rescindidos de común acuerdo invocando la inestabilidad económica y la inflación, pese a que gran parte de los fondos ya había sido transferida. De acuerdo con la acusación, inspecciones e informes técnicos realizados entre 2023 y 2024 constataron que las obras nunca se ejecutaron y que los edificios continuaban en estado de abandono.

Para la Fiscalía, los hechos responden a un mismo esquema de actuación consistente en celebrar contratos, liberar fondos públicos y posteriormente rescindir los convenios sin que existieran rendiciones suficientes ni ejecución efectiva de los trabajos comprometidos.

En ese marco, Luciano Anastasi y Claudio Latini fueron imputados por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real. Por su parte, Ernesto Alí, Jeremías Vivas y Mario Canali fueron imputados como coautores de fraude en perjuicio de la administración pública y abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal.

Concejo Deliberante: el oficialismo aprobó las cuentas de inversión 2025 y el peronismo denunció falta de transparencia

Foto: Prensa Concejo Deliberante.

El Concejo Deliberante capitalino aprobó este jueves las cuentas de inversión correspondientes al ejercicio 2025 de la Municipalidad de San Luis por 9 votos contra 6, luego de casi tres horas de debate. La sanción era previsible debido a la mayoría con la que cuenta el oficialismo en el cuerpo. El peronismo criticó al oficialismo alegando una falta de transparencia en las cuentas de inversión.

El miembro informante del oficialismo, Diego Videla, defendió el despacho favorable y sostuvo que la mayoría del Tribunal de Cuentas concluyó que la información presentada reflejaba “razonablemente” la situación económica, financiera y presupuestaria del municipio al cierre del ejercicio. Destacó que, luego de los ajustes incorporados durante la auditoría, el ejercicio cerró con un resultado positivo de $858 millones, que las modificaciones presupuestarias representaron el 21,23% del presupuesto inicial, por debajo del límite legal del 30%, y que no se detectaron sobregiros en las partidas presupuestarias. Agregó que el pasivo exigible quedó determinado en $944 millones, al que se sumaron $900 millones de gastos reapropiados, lo que dejó un remanente financiero positivo de $18 millones.

Videla también repasó algunas de las principales políticas financiadas durante 2025. Señaló que el Municipio destinó $8.006 millones a Transpuntano para sostener el servicio de transporte urbano, el boleto estudiantil gratuito y el beneficio para jubilados. Además, destacó los aportes realizados al Centro de Logística y Servicios Municipal para programas ambientales, mantenimiento de espacios públicos y el plan Volvé a Tu Plaza, así como los recursos destinados al Ente de Cultura y Turismo y al Ente de Comunicación.

La oposición cuestionó la falta de información

La principal crítica de la oposición estuvo a cargo del concejal Andrés Russo, quien sostuvo que la documentación remitida por el Ejecutivo no contiene el nivel de detalle necesario para ejercer un adecuado control sobre la ejecución presupuestaria.

El edil afirmó que las cuentas presentan menos información que en ejercicios anteriores porque no detallan adecuadamente los gastos y recursos. También aseguró que detectaron diferencias contables sin explicación por $53 millones, ajustes presupuestarios posteriores sin respaldo administrativo y gastos extrapresupuestarios que, según afirmó, no fueron aprobados por el Concejo Deliberante ni por el intendente. Además, cuestionó que el Ejecutivo no enviara funcionarios para responder las observaciones realizadas en la reunión que hubo con integrantes del Tribunal de Cuentas.

Russo sostuvo además que la transparencia requiere “más información y no menos” y remarcó que las actuales cuentas de inversión contienen menos datos que las presentadas en años anteriores. Según expresó, esa falta de información impide conocer con precisión cómo se ejecutó el presupuesto y dificulta el control de los recursos públicos, por lo que anticipó el voto negativo de su bloque.

Por el bloque justicialista, Paulina Calderón sostuvo que las cuentas de inversión “no son una rendición de cuentas sino un ejercicio de ocultamiento” y definió la gestión municipal en tres ejes: “falta de transparencia, espejismo y amnesia”.

La concejal cuestionó que el expediente no permita conocer cuánto se ejecutó en programas específicos porque las partidas no están desagregadas. Como ejemplo, señaló que no es posible determinar cuánto se destinó a asistencia alimentaria, discapacidad, adultos mayores, bacheo, mantenimiento de plantas potabilizadoras, Zoonosis o pauta publicitaria.

También criticó gastos vinculados con la compra de aires acondicionados, impresoras y sillones para el bloque oficialista y sostuvo que la rendición “omite información”, constituye “un dibujo contable” y se aparta de los principios de transparencia que el actual oficialismo reclamaba cuando era oposición.

El oficialismo defendió la gestión de Hissa

La presidenta del bloque Ahora San Luis, Lizbeth Huatay, respondió a las críticas de la oposición enumerando distintas políticas impulsadas por la gestión del intendente Gastón Hissa, entre ellas las recomposiciones salariales otorgadas a los trabajadores municipales.

Durante su discurso también cuestionó con dureza a los bloques opositores, a los que calificó como “jinetes del apocalipsis” y acusó de llevar adelante una “oposición despiadada”. Asimismo, dedicó parte de su intervención a destacar la gestión del jefe comunal.

Tras las exposiciones de Videla, Russo, Huatay y Calderón, también hicieron uso de la palabra los concejales justicialistas Gastón Témoli, Agustina Gatto, Julieta Ponce y Juan Divizia. Luego Russo y Huatay hablaron nuevamente hasta que la legisladora pidió el cierre del debate. En la votación, el oficialismo impuso su mayoría y logró la aprobación las cuentas de inversión 2025 por 9 votos contra 6.

La Provincia invertirá más de $1.650 millones para refaccionar dos rotondas de Villa Mercedes

El gobernador Claudio Poggi firmó este jueves los decretos de adjudicación de dos obras viales en Villa Mercedes que demandarán una inversión superior a los $1.650 millones. Los trabajos estarán destinados a la puesta en valor de la rotonda ubicada en la intersección de la ruta nacional Nº8 y la avenida de Circunvalación, y a la reconstrucción de la rotonda de la ruta provincial 2B, conocida como “Interfábricas”, uno de los principales accesos a la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) y al parque industrial de la ciudad.

Según informó el Gobierno provincial, ambas intervenciones apuntan a mejorar la seguridad vial y las condiciones de circulación en sectores con un importante tránsito de vehículos particulares y transporte de cargas. La obra sobre la ruta nacional Nº8 demandará una inversión de $720 millones y tendrá un plazo de ejecución de 90 días, mientras que la de la ruta provincial 2B requerirá $934 millones y un plazo de 180 días.

Al referirse a las obras, Poggi sostuvo que ambas surgieron de planteos realizados durante las mesas sectoriales con representantes del sector productivo. “Las reuniones que hacemos con los sectores productivos no son para la foto, son para escuchar las demandas y necesidades, y cómo podemos articular la parte pública y la parte privada para que San Luis y Villa Mercedes sigan creciendo”, expresó durante el acto realizado en la rotonda de la ruta 2B.

En el caso de la rotonda ubicada sobre la ruta nacional Nº8 y la avenida de Circunvalación, los trabajos comprenderán la renovación integral del sistema de iluminación mediante tecnología LED, el reemplazo del cableado y los tableros eléctricos, la reparación de sectores deteriorados del pavimento y la colocación de barandas metálicas para proteger las columnas. Además, se incorporarán dispositivos antivandálicos para resguardar las nuevas instalaciones.

El Gobernador explicó que esa intervención responde a reclamos de vecinos, productores y dirigentes de la zona por los problemas de iluminación y seguridad vial. “Hoy venimos a dar respuesta a eso”, afirmó, y agregó que la Provincia busca recuperar la infraestructura existente. “Nuestros accesos a los parques industriales, nuestras salidas y nuestras rutas provinciales tienen que estar en condiciones. Hoy la prioridad no es hacer rutas nuevas, sino conservar bien, restaurar y dejar como nuevo lo hecho”, señaló.

Durante la actividad, Poggi también adelantó que el Ejecutivo impulsa un proyecto para crear consorcios camineros integrados por productores agropecuarios que se harán cargo del mantenimiento de los caminos rurales. Según indicó, la iniciativa ya fue consensuada con las entidades del sector y, una vez aprobada por la Legislatura, permitirá descentralizar esa tarea para brindar respuestas más rápidas.

La segunda obra comprende la reconstrucción integral de la rotonda de la ruta provincial 2B, conocida como “Interfábricas”, un punto clave para el acceso a la Zona de Actividades Logísticas y al parque industrial de Villa Mercedes. El proyecto contempla el fresado de la carpeta asfáltica, bacheo superficial y profundo, reconstrucción de la base granular, colocación de una nueva carpeta de cinco centímetros de espesor y obras complementarias de drenaje, iluminación y señalización.

“Es una obra vial que da seguridad en el tránsito y suma competitividad a todas las industrias de la zona”, afirmó Poggi, quien además la consideró “un antes y un después” para los trabajadores y empresas que utilizan diariamente ese corredor.

Por su parte, el intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, sostuvo que se trata de una intervención “histórica” porque hasta ahora “siempre se arregló de una forma parcial, emparchándola y no llegando a la solución de fondo”. También señaló que el proyecto había sido solicitado por la Cámara de Industria y aseguró que contribuirá a mejorar la seguridad vial y reducir los accidentes en ese sector.

El RIPEE tiene como objetivos atraer inversiones y generar empleo

 El Gobierno de San Luis remitió a la Legislatura el proyecto del RIPEE (Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo), según Clarin. El régimen combina exenciones impositivas escalonadas de hasta 15 años, acceso a inmuebles del dominio privado provincial y subsidios de empleo vinculados al plan de Inclusión Social, con el objetivo declarado de ordenar y promover la inversión privada en un amplio espectro de sectores productivos y de servicios.

Lo que el RIPEE significa para las empresas de entretenimiento digital

Brenda Grilli, estratega de contenido y especialista en marketing digital con foco en mercados hispanohablantes, sigue de cerca cómo las empresas de servicios digitales evalúan los marcos de promoción antes de decidir dónde radicarse. Desde su posición en Apuestas.Guru, observa que las exenciones multianuales y el acceso a inmuebles fiscales, exactamente el tipo de condiciones que el RIPEE contempla para actividades tecnológicas y de servicios, aparecen sistemáticamente en los criterios que estas compañías ponen sobre la mesa.

Entre los actores que, a su juicio, prestan atención a este tipo de incentivos figuran las plataformas de apuestas deportivas online, que construyen y consolidan sus audiencias publicando contenidos específicos como los pronósticos de UFC.

“Los marcos de promoción con exenciones plurianuales y acceso a infraestructura provincial son exactamente el tipo de señal que las empresas de servicios digitales leen antes de evaluar una radicación. No es solo el ahorro fiscal: es la previsibilidad.”

Grilli subraya que su lectura es la de una observadora del sector, no la de una participante en las apuestas.

Los dos programas centrales y cómo funcionan

El RIPEE articula dos mecanismos principales de incentivo fiscal, excluyentes entre sí para un mismo sujeto y proyecto.

El primero es el Programa de Fomento a las Nuevas Inversiones. Otorga exenciones en Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario y Automotores en una escala decreciente a lo largo de 15 años: 100% durante los primeros cinco años, 75% entre los años seis y diez, y 50% entre los años once y quince. El esquema apunta a que la ventaja fiscal sea más intensa en la etapa de instalación, cuando los proyectos suelen enfrentar mayores costos iniciales.

El segundo es el Programa de Incentivos Fiscales. Para acceder, el solicitante debe acreditar una inversión mínima equivalente al doble de los impuestos provinciales devengados en los doce meses anteriores a la presentación. A cambio, recibe un crédito equivalente al 50% de los impuestos provinciales devengados en los doce meses posteriores a la aprobación. Ese crédito es nominativo, intransferible y solo puede utilizarse para cancelar obligaciones tributarias provinciales del propio titular.

Además, todos los actos, contratos, instrumentos y trámites administrativos vinculados a proyectos aprobados quedan exentos del Impuesto de Sellos y de tasas administrativas, desde la aprobación hasta la efectiva puesta en marcha.

Quiénes pueden acogerse al régimen y en qué actividades

El universo de beneficiarios es amplio en términos tanto sectoriales como jurídicos. El RIPEE comprende actividades agropecuarias, apícolas, frutihortícolas, mineras, industriales, de la construcción, energéticas, logísticas, comerciales, turísticas, culturales, tecnológicas y de servicios. La propia norma incluye una cláusula abierta que extiende la cobertura a cualquier otra actividad económica desarrollada o proyectada en el territorio provincial. Pueden acogerse personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro.

Para los contribuyentes con actividad industrial, el régimen prevé una exención de Ingresos Brutos sobre lo efectivamente producido en San Luis. El acceso está condicionado a la presentación de un proyecto de inversión y al cumplimiento anual de compromisos en materia de personal, producción, inversión y encadenamientos con proveedores y clientes locales.

Inmuebles fiscales, alivio tributario y financiamiento complementario

El RIPEE incorpora herramientas de alivio fiscal que van más allá de las exenciones directas. Uno de los mecanismos es el bloqueo fiscal de cinco años para contribuyentes de Ingresos Brutos: la fiscalización quedará limitada a los últimos dos períodos fiscales y, cuando las diferencias detectadas sean inferiores al 10% respecto de la base imponible declarada, se presumirá la exactitud de las declaraciones no inspeccionadas. Se trata de una garantía de estabilidad que reduce la incertidumbre frente a auditorías retroactivas.

Otro instrumento concreto es la conversión de saldos a favor. Los contribuyentes de Ingresos Brutos y los comprendidos en el Convenio Multilateral con sede en San Luis podrán solicitar, hasta el 31 de marzo de 2027, la conversión de hasta el 80% de los saldos a favor declarados al 31 de mayo de 2026 en certificados nominativos y transferibles para cancelar obligaciones tributarias provinciales.

En materia de inmuebles, el Poder Ejecutivo podrá destinar bienes del dominio privado provincial a proyectos de inversión mediante concesión de uso, locación, comodato, derecho real de superficie, venta u otros instrumentos. Las concesiones, locaciones y comodatos pueden extenderse hasta veinte años.

El régimen también prevé un paquete financiero complementario que incluye líneas de crédito de fomento, bonificación de tasas, períodos de gracia, subsidios para capacitación, fondos de garantía, fideicomisos y otros instrumentos públicos, privados o mixtos.

El incentivo de empleo y las condiciones que los proyectos deben cumplir

El RIPEE conecta los beneficios de radicación con la generación efectiva de trabajo registrado. Las empresas que incorporen personas provenientes del plan provincial de Inclusión Social recibirán un aporte decreciente a lo largo de dos años: hasta el 100% del beneficio social vigente durante el primer año, hasta el 75% durante el primer semestre del segundo año, y hasta el 50% durante el segundo semestre. La condición es clara: la incorporación debe representar un aumento neto del plantel. No puede tratarse de un reemplazo de personal existente.

Los proyectos que soliciten beneficios tributarios deben precisar compromisos formales de inversión, empleo, producción y vinculación con actores económicos provinciales. La aprobación y el otorgamiento de los beneficios se formalizan por decreto del Poder Ejecutivo, lo que implica que cada proyecto queda sujeto a evaluación individual y que los incentivos se condicionan al cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos. El régimen no opera de manera automática: es la verificación del cumplimiento la que sostiene el acceso a los beneficios a lo largo del tiempo.