El abogado defensor de la ex secretaria de Deportes Cintia Ramírez, Marcos Juárez, aseguró que su clienta es inocente y que el exgobernador Alberto Rodríguez Saá no se autoincriminó en lo relativo a la compra del colectivo para San Luis FC, ya que actuó de manera legítima.

La jornada de este miércoles del juicio a la ex secretaria de Deportes tuvo uno de los momentos de mayor expectativa con la declaración de Rodríguez Saá. El exgobernador afirmó que tuvo “absoluto conocimiento, absoluta responsabilidad y absoluta decisión” en la compra del colectivo usado, sobre el cual se sospecha que tuvo un multimillonario sobreprecio. La Fiscalía consideró que se estaba autoincriminando y pidió que se declare nula la declaración, pero el Tribunal rechazó ese planteo y dio lugar a la postura de Juárez.

“El doctor Rodríguez Saá es abogado, él conoce bien los derechos que le asisten, amparados en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Y, por otro lado, uno no se puede autoincriminar de hechos en los cuales actuó de forma legítima. Él estaba legitimado para otorgar un subsidio. Entonces, no me puede decir un fiscal a mí que me estoy autoincriminando cuando hay documentación que avala que el subsidio que yo otorgué fue legítimo y legal. Entonces, es una ridiculez”, argumentó Juárez en declaraciones a este medio.

Para el letrado, el exgobernador en su declaración confirmó lo que acredita la prueba documental. “Él autorizó el subsidio para la compra del colectivo y, además, se siguieron todos los mecanismos legales para otorgar un subsidio de esa magnitud. Pasó por Asesoría Legal, el Ministerio de Hacienda —donde salió la plata—, Fiscalía de Estado, Secretaría General de la Gobernación; es decir, se cumplieron todos los pasos, incluso hasta Contaduría”, consideró.

En la cuarta jornada del juicio, Juárez contó que también declaró Javier Santagata, quien era el director del Ente Deportes cuando Ramírez lo presidía (al mismo tiempo era secretaria de Deportes y presidenta de San Luis FC). El abogado señaló que, en su declaración, Santagata confirmó que los pagos de bienes y servicios destinados a San Luis FC se realizaron dentro de la ley.

Para este viernes está previsto que sean los alegatos de las partes y que se conozca la sentencia del tribunal para la acusada. La Fiscalía pidió una pena de cinco años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Ramírez.

En el marco del juicio contra Cintia Ramírez, este miércoles declaró la martillera Marina Rizzotto, quien realizó la tasación del colectivo Volvo B450 adquirido para San Luis Fútbol Club en febrero de 2024, pocos meses después de la compra de la unidad.

Durante su testimonio, Rizzotto brindó detalles técnicos sobre el estado del vehículo y explicó los criterios utilizados para determinar su valor, en una exposición que puso el foco en el desgaste, las fallas mecánicas y los costos de mantenimiento.

La martillera señaló que los colectivos de pasajeros “son un universo aparte”, ya que su valuación está directamente vinculada a la vida útil de la unidad, que la normativa nacional establece en 10 años. En ese sentido, explicó que el vehículo estaba compuesto por un chasis Volvo modelo 2018 y una carrocería de fabricación nacional, marca Metalsur, de gama intermedia, con un equipamiento que calificó como “bueno”.

En cuanto al estado general, indicó que el interior se encontraba en buenas condiciones, aunque detalló una serie de problemas mecánicos relevantes. Entre ellos, mencionó una pérdida de aceite, una correa “totalmente deteriorada” y dificultades para poner en funcionamiento la unidad. “Iba a cortarse en cualquier momento. No había manera de sacarlo”, afirmó sobre la correa.

Debido a la complejidad del sistema electrónico, Rizzotto explicó que fue necesario solicitar la intervención de un perito especializado de Volvo, ya que en San Luis no había personal capacitado. El técnico fue convocado desde Mendoza y realizó un diagnóstico a través de la computadora del vehículo.

Según detalló, ese análisis arrojó múltiples fallas: necesidad de cambio completo del kit de embrague, reemplazo de pastillas de freno delanteras, pérdida de aceite, presencia de aceite en el depósito de agua y fallas en los seis inyectores. Además, indicó que la unidad registraba más de 850.000 kilómetros.

En ese contexto, sostuvo que el colectivo requería el denominado “service de la media vida”, un mantenimiento de alto costo que, según explicó, suele llevar a que muchos propietarios opten por vender la unidad en lugar de realizarlo. También mencionó la necesidad de cambiar la correa de distribución, realizar alineación y balanceo, renovar filtros y recargar el sistema de aire acondicionado.

Rizzotto agregó que las cubiertas se encontraban en mal estado y recapadas, mientras que el alternador presentaba un rendimiento inferior al esperado, lo que también incidía en la condición general del vehículo.

A partir de estas características, la martillera explicó que aplicó un método de depreciación que combina una caída inicial del valor del 20% en cuanto sale del concesionario y una reducción progresiva del 10% anual a lo largo de la vida útil, estimada en 10 años según la normativa vigente. Con ese cálculo, fijó un valor base de 160.000 dólares para la unidad. Sin embargo, a ese monto le descontó el costo de las reparaciones necesarias, que —de acuerdo a un presupuesto elaborado a partir del informe del perito de Volvo— asciende a 30.000 dólares. Ese “castigo” sobre el precio responde al deterioro del vehículo y a la falta del mantenimiento correspondiente.

Con estos parámetros, Rizzotto determinó que el valor del colectivo, al momento de la tasación realizada el 23 de febrero de 2024 y tomando el tipo de cambio oficial de aquella fecha, era de 114.783.500 pesos. El subsidio para la compra del colectivo fue de 290 millones.

Por otro lado, calculó el valor de un 0 kilómetro en 500.000 dólares. “Lo tomé de los presupuestos que envió la empresa sueca por el chasis, de 160.000 dólares, y respecto al carrozado, un carrozado equivalente al que tiene esta unidad es de 340.000 dólares, esto hace un total de 500.000 dólares”, explicó la martillera, señalando que cuando realizó la pericia no había precios comparables.

En este sentido cabe destacar que La Gaceta Digital, cuando dio a conocer este caso en diciembre de 2023, en Mercado Libre encontró un Volvo B450 (el mismo que compró SLFC) modelo 2022, con 75.000km, por 275.000; y un modelo 2024, 0km, a 280.000 dólares. Hoy en día, hay modelos Volvo en Mercado Libre 0km, incluyendo carrocería, por 280.000 dólares. Todos estos montos contrastan enormemente con lo manifestado por la martillera.

En relación al mercado, explicó que, tras la devaluación de diciembre de 2023, los precios se incrementaron en torno a un 40%, aunque aclaró que en el caso de las unidades usadas la suba fue de aproximadamente un 15%. También señaló que, dentro del rubro, “es mucho mejor un colectivo Scania o Mercedes”, en comparación con el modelo analizado porque poseen mayor de revento, al haber mejor disponibilidad de repuestos y de personal capacitado para reparaciones.

Por último, indicó que fue contratada para realizar la tasación por una persona de apellido Álvarez, a quien identificó como empleado de la “Secretaría o del Ente de Deportes”, aunque no pudo precisar su nombre de pila.

Al finalizar el testimonio de Rizzotto, el abogado defensor de Ramírez, Marcos Juárez, criticó múltiples cuestiones, como el hecho de que la mujer no sabía que era la guía de oficial de precios de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). “Ni siquiera tuvo en consideración la lista de precios que justamente da mensualmente la ACARA donde están claramente los precios de referencia, ni siquiera sabe lo que es la ACARA. Lo primero que hace uno en perito es ver qué dice la ACARA y cuáles son los valores referencia y no sabía ni qué era la ACARA”, disparó el defensor.

Además, recordó que el colectivo estuvo desaparecido varios días, hasta que el Gobierno lo encontró. “Hay un acta de un escribano del gobierno que recibe el colectivo, ese colectivo va andando y además tenía la oblea para circular de la Comisión Nacional de Transporte. A ver, en ese intermedio, ¿qué pasó? No lo sabemos, no sabemos si lo rompieron en ese intermedio, si el motor se rompió, si la carrocería tuvo golpes o si las cubiertas se la cambiaron, es decir. Tenemos un acta de cuándo se entrega el colectivo y se entrega funcionando. Después, ¿qué pasa con ese colectivo? En ese ínterin no lo sabemos”, dijo Juárez, señalando que pasaron varios días y que “no sabemos” donde estuvo.

Otro punto que remarcó es la enorme diferencia entre el valor de un colectivo 0km que expresó Rizzotto, U$S 500.000, con el de uno usado; criticando también el índice de depreciación de 10% anual que dijo la martillera. “¿Qué clase de valuación puede tener en cuenta con un índice de del diez por ciento anual? Este vehículo, en diez años, no vale nada, cero, te lo regalan, te lo dejan en la puerta. Entonces, vamos todos a recibir el vehículo en diez años, que no vale nada”, dijo Juárez, quien añadió que espera que este viernes se puedan dar los alegatos finales de la causa.

Y hablando de colectivos, por tercer día consecutivo un colectivo con un cartel que dice “el último gran robo”, con la foto de Rodríguez Saá y Cintia Ramírez y las cifras de lo que se habrían “robado” estuvo estacionado en plaza Independencia, frente a Tribunales. El colectivo fue dejado ahí por el medio poggista El Puntano y ya ha causado el enojo de muchas personas que critican la impunidad de poder dejarlo en pleno centro puntano, molestando, por tantos días. Al colectivo se sumó maíz que los militantes albertistas regaron alrededor de la unidad, y en la vereda de Tribunales, en clara referencia al caso de El Caburé.

Este miércoles, debido a las ausencias de algunos testigos de la querella, finalmente se produjo la declaración del exgobernador Alberto Rodríguez Saá en el marco de la causa contra Cintia Ramírez por los delitos de peculado y la polémica compra de un colectivo para San Luis Futbol Club, el equipo femenino que llego a la máxima división de su categoría. Gran parte del interrogatorio a Rodríguez Saá se centró en torno al funcionamiento del Ente de Deportes que presidía la acusada, que también era secretaria de Deportes y presidenta de San Luis Futbol Club.

Antes que nada, cabe explicar que los entes desregulados son una gran herramienta de los gobiernos que buscan evitar controles excesivos, ya que sus gastos no deben pasar por el mismo proceso de aprobación, ni de control, que los de un ministerio. La excusa de todos los gobiernos que los utilizan, tantos actuales como pasados, es la necesidad de dar respuestas rápidas a distintos requerimientos que vayan surgiendo dentro del área que tiene a cargo.

Justamente en esa línea, Rodríguez Saá los definió como “un centro de imputación presupuestaria para que tenga rapidez”, comparando el largo proceso de imputación presupuestaria que lleva, por ejemplo, hacerle la cancha a un club local; con el hecho de que venga “una campeona de natación que la acaban de invitar a Colombia a participar de un juego”. “Y es parte de nuestra política, y queremos que la chica vaya y compita, y está bien. Entonces vos necesitás la celeridad y la Secretaría de Deporte con el ente que pueda resolver esa situación. Esas emergencias son enormes, y no lo aprendimos del deporte, eso lo aprendimos de cultura, donde teníamos el problema de los festivales”, argumentó el exgobernador.

En este contexto, le pareció “natural” que Ramírez haya sido secretaria de Deportes y presidenta del ente al mismo tiempo. “La Secretaría de Deporte dicta las políticas, ejecuta y dirige lo que fuere, y quien ejecuta eso mismo es el ente, que es la misma persona”, dijo el exgobernador. “Lo ha hecho el estado provincial en toda su historia, no hay ninguna prohibición legal. Al contrario, se hizo, se sigue haciendo, la ley lo permite, no hay ningún impedimento, y sería hasta negativo, una mancha para para el gobernante, que despreciara tener una política activa en el deporte”, añadió.

Consultado por el abogado de la defensa, Marcos Juárez, si era posible que saliera “un solo peso del ente o de la Secretaría de Deportes sin que tuviera el control de todo el trámite legal”, Rodríguez Saá sostuvo que era “imposible”, asegurando que pasa por múltiples instancias de control, como Fiscalía de Estado, Secretaría General y el Tribunal de Cuentas, aunque este último solo analiza los gastos del Gobierno previo a la presentación de las cuentas de inversión en la Legislatura.

Pasando al tema del controversial colectivo, Juárez le preguntó si tenía conocimiento del subsidio que se le dio al club para la compra del mismo. “Absoluto conocimiento y absoluta responsabilidad y absoluta decisión”, fue la respuesta de Rodríguez Saá, que luego fue interrumpido por el fiscal adjutor de Fiscalía de Estado, Rafael Berruezo, quien pidió que “se suspenda la declaración del testigo toda vez que se estaría autoincriminando”. El fiscal del Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial, Francisco Assat, adhirió al pedido.

“Entiendo que eso es una decisión exclusiva del doctor (Rodríguez Saá), decir, reiterando que es un letrado y conoce acabadamente la constitución nacional y las garantías que le que le otorga esa normativa”, respondió el defensor Juárez. El presidente del tribunal que lleva el juicio, Fernando De Viana, estuvo de acuerdo con Juárez, y permitió a Rodríguez Saá continuar con su explicación.

Según contó, luego de que ganaran el campeonato y ascendieran a primera división, Rodríguez Saá estaba en un encuentro “con las chicas de San Luis Futbol Club”, en el que “puede o no haber estado Cintia”, hablando sobre las problemáticas que enfrenta el club. “Les pregunto, ‘chicas, ¿qué necesitan? Las quiero ayudar, esto es extraordinario, estoy tan feliz, hemos cumplido el sueño, chicas’. Y habló la capitana, y habló el técnico, y dijeron bueno: ‘el colectivo, porque eso nos da la viabilidad económica y nos permite que la campaña que tenemos que hacer el año que viene la podemos hacer tranquilas, porque lo demás se arregla, pero el colectivo no’”, relató Rodríguez Saá, destacando que cuando un club local viaja a Buenos Aires, el traslado hasta el hotel, canchas y regreso cuesta “prácticamente 5, 6, 7 mil dólares el viaje”.

“Bueno, en esa misma reunión, ahí (digo) ‘llamen al ministro de Economía, llamen al secretario General de la Gobernación, que es el organismo de donde depende la Secretaría de Deporte y el ente. Llamen al ministro de Gobierno por todo el tema de la legalidad y ver que hicieran los trámites’. Se incorporan (los ministros) a la reunión, (les digo) repitan la pregunta, pídaselo al ministro de Economía, y la chica le dice al ministro de Economía: ‘queremos un colectivo, blablablá’. Y se sorprende, dice, ‘bueno, sí, es posible, por el triunfo que han tenido, algo así’. Y yo digo, ‘bueno, está bien, vamos a hacerlo’”, relató el exgobernador, remarcando que “la señora, ahí, Cintia, no abrió la boca”.

“Tomé una decisión dentro de la ley, dentro de la tradición de San Luis, dentro de la Constitución de la provincia, frente de los objetivos del Gobierno de la provincia, de promocionar, promover el deporte, el deporte femenino y San Luis Futbol Club. De lo cual, no solo que no es un delito, sino que estoy absolutamente orgulloso”, agregó Rodríguez Saá.

Acto seguido, Juárez le preguntó por las instancias de control que debe haber tenido este trámite. “Mínimo, tiene que haber pasado por Secretaría General, obviamente. Bien. Y por el Ministerio de Economía. Quizás también al Ministerio de Gobierno puede ser, o como se llamara en ese momento, este, con control seguramente por Fiscalía de Estado. Y después el control posterior del Tribunal de Cuentas, que se realizó y las cuentas han sido aprobadas, y también por la Legislatura de la provincia de San Luis, que aprobó las cuentas de mi gestión”, dijo Rodríguez Saá, cometiendo una grave equivocación, ya que las cuentas de inversión de su último año de gestión no fueron aprobadas, sino rechazadas.

“Para llegar a mi firma, tenía que haber pasado todos los controles. Así que, si está mi firma en el expediente del colectivo, es porque ha pasado todos los controles. Era un requisito”, agregó.

Luego vinieron las preguntas del fiscal Assat, arrancando por el lado de parentesco que tiene con Ramírez. De la forma más enredada posible, Rodríguez Saá reiteró, porque ya lo había dicho al comienzo, que Ramírez tiene una hija con su sobrino Adolfo Rodríguez Saá (hijo del exgobernador Adolfo Rodríguez Saá); pero insistiendo que la conoce porque ella de joven fue una gran jugadora de ajedrez.

Luego vino una pregunta sobre cómo se dio la creación del ente y acá es cuando el exgobernador se empezó a ofuscar, a trabarse aún más y repetir muchísimas palabras, dando además una imagen de que no controlaba plenamente muchos aspectos de su gestión. “Me lo tienen que haber sugerido Secretaría General, o puedo haberlo sugerido yo, este, la verdad que no me acuerdo, pero de cualquier manera estoy absolutamente de acuerdo, lo considero que es una creación espectacular”, dijo sobre la creación del ente.

Assat luego le mostró una nota, firmada por Ramírez, solicitando la creación del ente. “Le estoy explicando que yo daba la directiva general, y después había un proceso de trabajo, y en los otros ministerios o lo que fuere, y se ponían de acuerdo y ahí debe haber… esa nota tiene que haber existido, puede haber existido, porque era parte de decir, ‘agréguenle al organigrama general esto’”, respondió, visiblemente molesto.

Ante las repreguntas del fiscal, el exgobernador, que no podía leer las notas y que por “coquetería” no llevo anteojos, se enojó aún más. “No sé si existe esa nota en los expedientes. Es una nota suelta que no entiendo. Bien. No estoy diciendo que no exista ni que exista. Las notas cuando tienen formalidad suficiente, vienen dentro de un expediente, vienen con una carátula, lo que fuere, y se me presentan. Los demás trámites son todos trámites que se hacen virtuales, la conformación del expediente, y esa nota virtual nunca, o sea, tiene que, no sé si existe, si no existe, si ha llegado a mí, si no ha llegado a mí, no tengo la menor idea”, respondió.

Assat luego le preguntó si el ente se formó por una ley o decreto, pero la respuesta de Rodríguez Saá fue que no sabía. Assat le mostró luego una copia del decreto de creación y le preguntó si lo reconocía, a lo que Rodríguez Saá respondió: “Perdóneme, esto es un borrador. ¿Yo qué tengo que ver con un borrador?”. El fiscal le dijo que no era un borrador y reiteró la pregunta.

“No, no la puedo contestar, no la puedo contestar, es evidente que no la puedo contestar. Dice que son las fotocopias. ¿Qué sé yo si es eso? Yo no tengo que reconocer una ley o un decreto”, continuó, enojado, Rodríguez Saá, quien acusó a Assat de querer un “minuto de gloria”.

En ese momento, los albertistas y miembros de SLFC que seguían la sesión fuera de la sala estallaron en aplausos para con Rodríguez Saá y comentaron cosas como “el Alberto lo sacó a pasear al fiscal”. Otros, opinaron lo contrario.

Ahí fue cuando el juez De Viana le echó una mano, acotando que si el decreto fue publicado en el Boletín Oficial “entendemos que no hace falta el reconocimiento”. “Civil I, publicación de las leyes”, le dijo el exgobernador a Assat, luego del salvavidas de De Viana.

De ahí, las preguntas del fiscal se centraron en si Rodríguez Saá conocía el monto del subsidio, pero las respuestas del exgobernador fueron en la misma sintonía. “El monto del subsidio se estableció por la Secretaría General. San Luis Futbol Club tenía que presentar con el pedido, supongo yo, los presupuestos, porque iba dirigido a la compra de un colectivo, no a otra cosa. Tenía que traer los presupuestos de los colectivos, que tengo entendido, me parece recordar, que no era posible comprar un colectivo nuevo o con las características que querían por la inflación galopante. No había precio. Y entonces compraron uno más barato, o un usado, o lo que fuese. Yo no participé en la creación de nada. ‘Compren el colectivo de acuerdo a la ley, señor Secretario General, de acuerdo a la ley, al presupuesto, lo que fuese, blablablá’. Y así lo hicieron”, respondió.

Assat volvió a preguntar por el monto y Rodríguez Saá respondió que pidió que se compre por “el monto que fuere”. Esto último, “el monto que fuere”, fue repetido por Assat, quien cerró su ronda de preguntas.

Luego vinieron las preguntas de Fiscalía de Estado, encabezadas por Santiago Calderón Salomón, quien inquirió si Rodríguez Saá sabía que Ramírez era presidenta de SLFC. “Que haya sido o no, era irrelevante, y no lo he tenido en cuenta. Puedo o no haber tenido conocimiento, y no, la verdad que no me interesaba quién era la presidenta, y si era ella o no. Es un tema irrelevante”, respondió.

Calderón luego le preguntó si recuerda otros clubes de San Luis que solicitaran de la misma modalidad un colectivo. Acá, Rodríguez Saá dio respuestas mucho más sólidas. “Nunca escuché a un club que viniera a pedir un colectivo. Los clubes piden infraestructura y piden plata para pagarle a los jugadores. Eso es lo que exigen los clubes y te ponen a en una situación de tensión, pero no te piden colectivo”, respondió.

“Todos los clubes de San Luis son asociaciones civiles. Todas han recibido los beneficios, todas, y mucho mayores al que recibía San Luis Fútbol Club, con ningún resultado o muy pocos resultados. Y con enormes resultados, San Luis Fútbol Club (recibió) mucho menos. Al club Estudiantes le hicimos todo el estadio nuevo, al club Juventud le hicimos todo el estadio nuevo, al club Victoria le hicimos una tribuna, la cancha de césped, y ahora el césped sintético. Le hemos hecho el césped sintético a todas las canchas San Luis, a todas. A San Luis Futbol Club muchísimo menos. Y si vemos los resultados, tendría que ser muchísimo más. Más o menos una relación, si (le dábamos) 100 a Estudiantes, 60 más o menos, u 80 como mucho a San Luis Futbol Club. Y si contamos el estadio completo, nada a San Luis Futbol Club”, añadió Rodríguez Saá, para el aplauso de sus seguidores y dando por concluido el interrogatorio.

Inmediatamente, Rodríguez Saá se retiró de la misma manera que ingresó, sin hablar con los medios de prensa.