Presentaron la “Canasta de Fin de Año”. Cuesta entre $5.700 y $16.000

La directora de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Cecilia Hissa, presentó la Canasta de Fin de Año, cuyo precio oscila entre $5.700 y $16.000, dependiendo de la cantidad y las marcas de los productos. En toda la provincia hay 30 comercios adheridos, varios de los cuales ofrecen promociones bancarias que permiten ahorrar hasta un 50%.

La funcionaria explicó que todas las canastas incluyen productos como pan dulce, sidra, garrapiñada, maní con chocolate y budín. Las canastas más costosas también contienen vinos o gaseosas. Hay opciones con productos de primeras y segundas marcas. “Tenemos comercios que han presentado dos canastas. Por ejemplo, en un comercio pueden tener una canasta más barata y otra con Coca-Cola, vino o espumante”, señaló Hissa.

Desde este martes, las canastas están exhibidas en góndolas diferenciadas. “Hay muchísimas promociones bancarias. Cuando vayan a hacer la compra, fíjense porque hay promociones donde la canasta está incluida. Si tienen una canasta de $9.900 pesos y le aplican un 50% de descuento, estén atentos porque les va a quedar a la mitad”, aconsejó la funcionaria.

Desde hoy, se pueden consultar los comercios adheridos por localidad y los precios de las canastas en el sitio oficial del Gobierno de la Provincia, www.sanluis.gov.ar.“El gobierno de la provincia de San Luis, junto con todos los comercios, lanza hoy lo que es la ganancia del fin de año, con el objetivo de que todas las familias sanluiseñas puedan disfrutar estas fiestas con productos tradicionales a un precio accesible. La verdad es que estamos muy contentos”, manifestó la directora.

Los 30 comercios adheridos hasta el momento se encuentran en las localidades de ciudad de San Luis, Villa Mercedes, Merlo, Luján, Quines, San Francisco, Santa Rosa, La Punta, Juana Koslay y Concarán.

Dieron de alta al 2° paciente trasplantado en el Hospital Ramón Carrillo

Miguel Cruceño, el segundo paciente en recibir un trasplante de riñón en San Luis, comenzó una nueva etapa con mayor esperanza y calidad de vida, tras recibir el alta este martes 17 de diciembre, fecha que quedará guardada en su memoria y de sus seres queridos. También para los profesionales del Hospital Central Ramón Carrillo, que vivieron el momento como un nuevo hito en el sistema público de salud de San Luis.

El gobernador Claudio Poggi y la ministra de Salud, Teresa Nigra, acompañaron al paciente, que vive en Villa Mercedes, quien el pasado lunes 9 de diciembre recibió un trasplante de riñón en un procedimiento realizado por los profesionales del Hospital Central ‘Dr. Ramón Carrillo’, cortando una larga espera de 25 años en diálisis.

Las autoridades provinciales visitaron a Miguel en su habitación de internación, dialogaron sobre cómo llevó esta enfermedad durante tanto tiempo y los planes y proyectos que pondrá en práctica de ahora en adelante.

Seguidamente, en las aproximaciones del ingreso principal del complejo sanitario, médicos, enfermeros, personal administrativo y familiares realizaron un pasillo de aplausos para reconocer a Cruceño y su lucha, celebrada también por su hermana Alicia, quien expresó su felicidad y agradecimiento tras el trasplante.

“Estamos felices y tranquilos, esperamos 25 años este momento. Desde los 15 años, cuando perdió otro riñón, estuvimos esperando este momento, así que gracias a Dios estamos muy agradecidos con todo el hospital y con el Gobernador”, señaló.

“Es un hombre trabajador, tiene un hijo, una señora, siempre ha trabajado, es muy guapo y mejora su calidad de vida enormemente, hace 25 años que dependía de una máquina, pero ahora cambió totalmente su vida”, afirmó Alicia, quien valoró la importancia del rol de la comunidad.

“Como familia que lo hemos acompañado todo este tiempo, es fundamental la donación de órganos y que sea acá en la provincia es un paso grandísimo para todos, porque antes viajaba constantemente a Córdoba y lamentablemente los costos eran muy elevados, pero gracias a Dios siempre tuvimos colaboración del Municipio y de mucha gente. Tenerlo acá es un paso inmenso, estamos agradecidos con todos”.

Fuente: ANSL

El abogado del hombre acusado por la muerte del delivery asegura que su cliente “sufrió una crisis de ausencia”

Jhonathan Valera Salazar tenía 28 años, era venezolano y cursaba el primer año de Licenciatura en Enfermería.

Este martes, Cristóbal Ibáñez, el abogado de Mariano Mourelle, el hombre que atropelló y mató al delivery Jhonatan Vera Salazar, reiteró a la prensa que su cliente, que está con prisión domiciliaria desde la semana pasada, sufre de una condición médica que condujo a este accidente. “Recordemos que mi defendido es una persona que tiene una patología crónica. Tiene una enfermedad hace más de 20 años, en la cual toma 8 pastillas diarias y estas pastillas, el día del trágico accidente, fue a Orellano, que es un laboratorio muy conocido en la Ciudad de San Luis, en el que se sacó sangre, justamente para cambiar la medicación. Su médico neurólogo le dijo que se tenía que sacar sangre para ver qué medicación iba a tomar”, dijo Ibáñez.

El abogado relató además que Mourelle ha tenido problemas con su mutual, DOSPU, y ha visto discontinuado su tratamiento. “En el día del hecho, él sufrió una crisis de ausencia. Una crisis de ausencia que está acreditada con la historia clínica. Yo en la audiencia se lo mostré a la jueza, le mostré al certificado de particular damnificado, y le mostré al fiscal para que vea la historia clínica y el diagnóstico, que es la epilepsia crónica desde más de 20 años con ausencias sufridas por él”, sostuvo Ibáñez. “La crisis de ausencia es como si vos te pones en modo avión, se te apaga el sistema neurológico y entonces vos no dirigis tu voluntad. Tu cuerpo hace cosas que vos no le das las órdenes. Esto es algo muy técnico”, añadió.

El abogado de Mourelle aseguró que va a corroborar que esta crisis de ausencia “se produjo por la descontinuación de los medicamentos que venía tomando”. Además, reiteró que el accidente se produjo cuando el hombre volvía del trabajo, sin haber ingerido alcohol o drogas ilegales.

Asimismo, criticó que el fiscal haya pedido prisión domiciliaria por considerar que hay un peligro de fuga. “Imagínense el peligro de fuga de una persona que le pegaron por todos lados, le pegaron con los cascos, le fisuraron las costillas, le pegaron en la cabeza, tiene los ojos morados, tiene una costilla rota y la mandíbula fisurada. ¿Qué peligro de fuga me habla el fiscal?”, manifestó.

“Él terminó la crisis de ausencia, se bajó del auto y recibió todos estos golpes por parte de esta gente que se encuentra viralizado en los videos que vimos por todos lados. Es más, el video que circuló las últimas semanas, vos fíjate que cuando el auto viene haciendo esa maniobra, que vos lo ves como un accidente, lo cortan en una parte. O sea, eligen que mostrarte como en una película, no muestra ni el inicio ni el final. Eligieron mostrar eso, a los videos hay que mostrarlos completos, con su inicio y su finalización. Y lo que vieron es solamente para indicar que venía haciéndo cosas que no es la realidad y como esta defensa lo está demostrando con los comprobantes médicos, porque vos imagínate, yo no puedo inventar una historia clínica, una patología, un tratamiento, todo eso está corroborado por historias clínicas, medicamentos y tratamientos que vienen siguiendo hace más de 20 años”, continuó el defensor de Mourelle, quien sostiene que “no hay acción” para generar el delito.

“Uno de los primeros elementos para analizar un conducto delictivo es si hay acción. Si vos hiciste algo para generar ese daño o ese delito. Para esta parte, al tener una crisis de ausencia mi defendido, no hay acción, que es el primer elemento que se analiza para tipificar. Mira, hay una generalidad que la gente cree que todos los accidentes de tránsito son homicidios culposos. Bueno, este es un caso que es la excepción. Es algo que el no quiso, porque nunca tuvo voluntad, nunca manejó su voluntad y sus hechos para tener ese resultado que fue el trágico pérdida de una vida de una persona tan joven”, agregó el letrado.

Ibáñez comentó además que, por recomendaciones médicas, todavía no ha hablado en profundidad con su cliente.

El Registro Civil habilitó la solicitud de actas por vía digital

El Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas tiene como una de sus principales prioridades la federalización de la entidad para llegar a toda la provincia y que los vecinos no se vean obligados a trasladarse hasta las sedes físicas. En ese contexto, el director del organismo, Guillermo Valdevenitez, oficializó este martes desde el Salón Cultural de Concarán la puesta en marcha de una propuesta que permitirá solicitar actas desde la virtualidad.

“Hoy presentamos formalmente la expedición de certificados digitales, es un trámite sencillo que pueden hacer todos los ciudadanos de la provincia ingresando a la https://registrocivilsanluis.sanluis.gob.ar/“, expresó Valdevenitez, quien además detalló que la iniciativa contempla certificados de nacimiento, matrimonio, unión convivencial y de defunción, lo cual puede ser utilizado para hacer tramitaciones de doble ciudadanía, escolares, de PAMI, ANSES, salidas del país, entre otros.

En la misma ceremonia, el Ejecutivo provincial, representado en la rúbrica del ministro de Gobierno, Facundo Endeiza, firmó un convenio de cooperación recíproca con los colegios de abogados y procuradores de San Luis, Villa Mercedes y Concarán, que tiene como objetivo beneficiarse mutuamente de la digitalización de trámites e información relativa a sus rubros de trabajo. “El primer punto que acordamos fue intercambiar charlas y capacitaciones informativas entre nuestro personal y los profesionales. Por otra parte, establece que ellos nos puedan proveer de un padrón de matriculados para que tanto abogados como clientes puedan tener acceso a estos documentos en formato digital”, explicó Valdevenitez.

Fuente: ANSL

 

Con la Superintendencia de Salud cerrada por vacaciones, paciente oncológica denunció a MediSalud por retrasos en su tratamiento

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Estefanía Celi, una paciente oncológica con diagnóstico de cáncer vasoinfiltrante desde 2023, denunció las reiteradas demoras de su obra social MediSalud para entregarle la medicación necesaria que le permite continuar su tratamiento. A esto se sumó un nuevo obstáculo, ya que hoy intentó realizar un reclamo en la Superintendencia de Salud, pero se encontró con el organismo cerrado por vacaciones.

“Hoy he tocado fondo”, expresó Estefanía, quien relató las dificultades que enfrenta desde el inicio de su diagnóstico. La paciente tuvo que esperar un mes para comenzar con la quimioterapia debido a las demoras burocráticas. Según contó, tras presentar la medicación y el plan de tratamiento que le indicó su oncóloga, la obra social le informó que debía viajar a San Juan para una auditoría médica. “El médico de San Juan me dijo que necesitaba tratamiento inmediato, rápido”, afirmó Celi, quien comenzó con la quimioterapia el 13 de mayo de este año, aunque con medicación prestada por el Centro Oncológico provincial.

La situación, lejos de mejorar, continuó con demoras que afectan la efectividad de su tratamiento. Actualmente, Estefanía necesita colocarse la droga Trastuzumab cada 21 días, pero la obra social no cumple con los plazos establecidos. “Ya me tendría que haber colocado 10 aplicaciones y llevo 8 porque ellos se demoran”, afirmó, y agregó que la efectividad del tratamiento depende de la puntualidad en las aplicaciones.

La paciente explicó que el problema reside en que MediSalud no entrega la medicación a tiempo. “El 12 de noviembre presenté el pedido y todavía no me la dan”, detalló, al tiempo que señaló las consecuencias graves de estas demoras: “Si no tomo la medicación, las células cancerígenas se van a reproducir en cualquier parte del cuerpo”, según le indicó su oncóloga.

A la situación con la obra social se sumó el inconveniente de hoy en la Superintendencia de Salud, donde Estefanía buscó respuestas. “Estaba cerrado por vacaciones”, lamentó, y explicó que en varias oportunidades recurrió a este organismo en busca de soluciones, ya que no cuenta con el dinero para contratar un abogado y enviar una carta documento cada vez que se produce algún tipo de demora porque ya no va a “cobrar el sueldo”.

“Cada vez que presento un pedido, tengo que esperar. Presenté el 12 de noviembre y ya presenté el que necesito para el 6 de enero. No sé cómo seguir”, concluyó Estefanía, quien aseguró que no descartará tomar medidas legales si la situación no se resuelve.

La denuncia de Estefanía Celi pone en evidencia las dificultades que deben afrontar muchos pacientes oncológicos para acceder a tratamientos esenciales y el impacto emocional y físico que generan las demoras burocráticas.

Remiten al Jurado de Enjuiciamiento la causa contra el fiscal adjunto Salas, acusado de violencia de género

En la mañana de este martes se realizó la audiencia de elevación a juicio oral por la causa que tiene como imputado al fiscal adjunto Andrés Salas por las denuncias de violencia de género e incumplimiento de órdenes judiciales, en perjuicio de su ex pareja e hijas. Tras la finalización de esta audiencia, la Procuración General de la Provincia informó que se remitirá la causa al Jurado de Enjuiciamiento, según confirmó Prensa del Poder Judicial.

La medida se tomó en virtud de las causales de remoción establecidas en los apartados III y V del artículo 22 de la Ley Nº VI-0478-2005. Estas causales son:
– Inconducta: específicamente por la presunta comisión de actos inmorales o indecorosos que podrían generar descrédito público.
– Comisión de delitos comunes y otras posibles causales que surjan de los hechos expuestos en la acusación fiscal.

La remisión al Jurado de Enjuiciamiento constituye un paso procesal clave en este tipo de casos, donde se evaluará la conducta y las responsabilidades del funcionario denunciado en el ejercicio de sus funciones. El procedimiento continuará su curso en las instancias correspondientes, con el objeto de garantizar el debido proceso y esclarecer los hechos denunciados.

Poggi inauguró Alarma Ciudadana en los barrios Lucas Rodríguez y Manuel Lezcano

El gobernador Claudio Poggi encabezó el acto de presentación del sistema de dispositivos de Alarma Ciudadana en la zona sur de la ciudad capital. Apuntan a fortalecer la respuesta ante hechos delictivos y situaciones críticas mediante la agilización de las líneas de comunicación con las fuerzas de emergencia.

En total, hubo siete instalaciones en el Lucas Rodríguez y otras tres en el Manuel Lezcano. “Si cada dispositivo cubre un radio de acción para aproximadamente 100 familias, estamos hablando de entre 4.000 y 5.000 personas que hoy se incorporan al sistema de combate contra la inseguridad”, destacó Poggi, quien también subrayó que vincula directamente una provincia más segura con las oportunidades de trabajo. “Nadie invierte en un San Luis inseguro, entonces es tarea de todos contribuir con esta causa”, manifestó.

De igual manera, la ministro de Seguridad, Nancy Sosa, explicó que el sistema de seguridad debe funcionar de manera articulada para ser efectivo. En ese sentido, aseguró que “necesitamos de todos, de los preventores que recorren las calles, de los operadores del 911, de las herramientas tecnológicas, de la Municipalidad que aporta luminaria. Pero fundamentalmente necesitamos de los vecinos, de los ciudadanos, que nos pueden decir de primera mano cómo está funcionando todo. Es fundamental trabajar coordinadamente”,.

Alarma Ciudadana fue pensada para ser de fácil acceso y uso para todos, indistintamente de edades o niveles de conocimiento sobre la tecnología. Por eso, la Agencia de Ciencia, Tecnología y Sociedad diseñó un software sencillo que puede ser descargado como aplicación en cualquier teléfono celular. En su interior, cada vecino puede encontrar un botón del 911 que, al ser pulsado, activa inmediatamente la alarma más cercana y permite establecer comunicación directa con un agente policial para comenzar a resolver la situación.

“Esta dinámica acorta los tiempos de respuesta y permite que los despachos, ya sea policial, ambulancia o de bomberos, se activen con mayor rapidez”, explicó Sosa, quien además hizo hincapié en que la iniciativa surgió como respuesta a uno de los cuatro ejes que marcó Poggi al asumir la gobernación. “Ese discurso y diagnóstico previo hoy está respaldado en acciones concretas”, remarcó.

Como en cada evento, una vecina del barrio fue elegida para realizar una prueba piloto, a modo de demostrar cómo funciona Alarma Ciudadana. María Eugenia Escudero, del Lucas Rodríguez, fue quien hizo la demostración. “Me parece bárbaro esto porque hemos sufrido mucho con la inseguridad, por suerte se lo planteamos al Gobernador en una anterior visita y ya lo tenemos. Nos une como vecinos ante un objetivo en común”, expresó tras el éxito en la prueba.

Previamente, el director de Prevención y Gestión de la Emergencia, Marcos López, brindó detalles acerca del balance de Alarma Ciudadana en el año y los próximos destinos a los que llegará el proyecto. Resaltó que de los 130 dispositivo instalados, 69 corresponden a barrios de la capital, 48 son de Villa Mercedes y los 13 restantes de la Villa de Merlo. “Vamos a inaugurar otras próximamente en el barrio Pueblo Nuevo, ATE I y un fragmento de la zona céntrica”, indicó.

Fuente: ANSL

El Gobierno controlará la disponibilidad de productos para celíacos en supermercados

La Dirección de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial del Ministerio de Gobierno presentó este martes en conferencia de prensa la Resolución 269, en adhesión a la Ley Nacional N° 26.588, cuyo objetivo principal es proteger a los consumidores celíacos en la provincia de San Luis. Se realizarán controles para asegurar la disponibilidad de productos sin TAC en comercios de ventas de alimentos.

La normativa garantiza la disponibilidad de productos aptos para celíacos, es decir, sin TAC o sin gluten, en las góndolas de supermercados, hipermercados y otros comercios habilitados. Esto se logrará a través de controles e inspecciones a estos establecimientos.

La resolución también busca evitar la contaminación cruzada y asegurar que los productos estén correctamente etiquetados. Sin embargo, no contempla el control de los precios de estos productos.

“La celiaquía es una enfermedad que afecta a un porcentaje significativo de la población, y es importante que tomemos medidas para proteger a estos consumidores. Nosotros trabajamos coordinadamente con los municipios que tienen normativas que exigen esto”, declaró María Cecilia Hissa, directora de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.

Según estadísticas, el 1% de los argentinos padece de celiaquía, y se estima que en San Luis hay alrededor de 1.700 personas diagnosticadas.

Fuente: ANSL

La jueza Bona falló a favor del Colegio de Abogados de Villa Mercedes en un amparo contra el Superior Tribunal

En un fallo de trascendencia institucional, la jueza María Eugenia Bona, a cargo del Juzgado Laboral N° 2, resolvió hacer lugar al amparo colectivo presentado por el Colegio de Abogados de Villa Mercedes (CAVM), a través de su presidenta, Mariela Blengino; contra el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia de San Luis. El amparo había sido iniciado a raíz de la crisis judicial denunciada por la entidad, que incluyó la mora estructural en la 1ra y 2da circunscripción judicial.

El Colegio de Abogados argumentó que la demora en los procesos judiciales afecta gravemente a los justiciables y a los profesionales del derecho, al punto de vulnerar derechos constitucionales como el acceso a la justicia y el derecho al trabajo. La jueza Bona reconoció la legitimación del CAVM al considerar que representa no solo a los abogados, sino también a la comunidad jurídica y a los ciudadanos que sufren las consecuencias de un sistema judicial colapsado con una mora estructural “en todas las instancias”.

“Están legitimados también para promover esta acción los abogados, ya que son operadores del sistema de justicia y la mora afecta directamente su derecho de trabajar, protegido por el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Sus honorarios son de carácter alimentario, y la situación que se detalla incide en su derecho a percibirlos y en sus tiempos de regulación y ejecución”, señala la magistrada.

En su resolución, la magistrada exhortó al Superior Tribunal a convocar “en el más breve lapso” a un foro de debate con abogados, magistrados y representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo. El objetivo es analizar en conjunto la crisis judicial y evaluar posibles reformas a la Ley Orgánica de Administración de Justicia y sus reglamentaciones. “Esa Ley Orgánica que viene del país del COVID y es anterior a los principios del estado de la Ley Bases no ha sido exitosa, y ya no se ajusta a las necesidades de la realidad de hoy”, sostiene Bona.

Asimismo, la jueza solicitó que se remita copia de la sentencia al vicegobernador, al ministro de Gobierno y al gobernador de la provincia, para que arbitren las medidas necesarias y estudien posibles reformas legislativas que permitan optimizar el servicio judicial. Bona subrayó que las soluciones deben centrarse en el “factor humano”, incluyendo la formación profesional y la responsabilidad ética de todos los operadores jurídicos.

Durante el proceso, la jueza destacó la gravedad de las pruebas aportadas, que incluyeron testimonios de abogados y justiciables afectados por las demoras judiciales. Además, mencionó que el problema persiste pese a la implementación de reformas recientes, como las Oficinas de Gestión Unificada (OGU), las cuales, según el fallo, no han logrado resolver la mora estructural.

“La justicia debe dar respuesta, y sin justicia no hay paz social”, expresó la jueza Bona en uno de los fundamentos de su sentencia. También remarcó que, si bien no puede ordenar reformas específicas, su fallo busca visibilizar una situación crítica y propiciar un espacio de diálogo entre los distintos actores involucrados.

Cerca del final de su fallo, la jueza advirtió “que no solo el CAVM cuestiona esta situación”, y apuntó al amparo presentado por tres jueces en septiembre de este año también contra el STJ, “por la designación de un coordinador de las OGU por acordada que modifica la Ley Orgánica y el CPC”.

Finalmente, la sentencia aclara que el fallo no adjudica responsabilidades individuales y dispone que las costas del proceso sean por su orden.

Inició el juicio para volver a juzgar a la esposa e hijos de un hombre asesinado

Este lunes por la mañana comenzó un nuevo juicio oral en el que Eliana Manzur y sus dos hijos, Julio Lucero y Daniel Lucero, vuelven a ser juzgados por el homicidio de Julio Daniel Lucero, ocurrido entre la noche del 29 de octubre y las primeras horas del 30 de octubre de 2010 en la vivienda familiar ubicada en el Paraje San Antonio, sobre la Ruta 147.

Aunque los acusados fueron absueltos en el primer juicio llevado a cabo en 2013, el Superior Tribunal de Justicia anuló ese fallo en 2016 y ordenó un nuevo debate. La decisión se basó en un recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto por el fiscal de Cámara N° 2, Fernando Rodríguez, quien señaló inconsistencias y falta de coherencia en los fundamentos de la sentencia original.

Durante la primera audiencia del nuevo juicio, Julieta Lucero, hija de la víctima y que al momento del hecho tenía 16 años, se auto incriminó por el homicidio de su padre. En su declaración, admitió haber disparado la carabina calibre 22 mientras su progenitor dormía. Dijo que lo hizo porque estaba cansada de abusos psicológicos y sexuales que sufría por parte de su padre y de un tío.

Según el informe forense, Julio Daniel Lucero falleció como consecuencia de un traumatismo cráneo encefálico producido por un proyectil de arma de fuego. Las personas acusadas enfrentan un pedido de condena de prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por el vínculo, por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas.

El tribunal encargado de este nuevo juicio está integrado por los jueces Ariel Parrillis, Adriana Lucero Alfonso y María Eugenia Zabala Chacur. El fiscal Fernando Rodríguez, quien impulsó la anulación de la sentencia original, representará nuevamente al Ministerio Público Fiscal.

Rodríguez dijo en sus alegatos de apertura que la imputada Eliana Manzur manipuló la carabina y le disparó a quemarropa a su pareja, en complicidad de sus hijos.

Fuente: Prensa Poder Judicial