Esta tarde, el oficialismo provincial logró convertir en ley el proyecto de necesidad de reforma de la Constitución provincial. Y lo hizo no con los 29 votos que necesitaba para lograr los dos tercios, sino con 30, ya que la justicialista Florencia Palacios terminó acompañando.

El debate comenzó con Fabiana Zárate, quien explicó algunos de los pasos del proceso y reiteró muchas de las consignas que el oficialismo provincial ha destacado en los últimos meses, como “transparencia”, “limitar el ejercicio del poder” y “dotar de mayor institucionalidad” al sistema provincial. Zárate también, al igual que otros que hablaron después, destacaron los méritos de la Constitución de 1987, que incorporó derechos de tercera generación, garantías procesales y “consagró la autonomía municipal”.

La diputada oficialista puso luego un énfasis en la limitación del poder, rememorando que la del 87 estableció las reelecciones indefinidas, mientras que la enmienda de 2006 fijó el sistema actual, el cual también permite reelecciones indefinidas, siempre y cuando no haya más de dos mandatos seguidos. En este contexto, Zárate consideró que el límite de dos mandatos totales que establece el proyecto de necesidad de reforma “tiene que ver con el fortalecimiento de las instituciones, evitar la perpetuidad en el poder y fundamentalmente posibilitar la alternancia”.

“Muchos años y mandatos en el poder lo que produce es la apropiación de los recursos del estado, mecanismos clientelares que determinan una determina cultura política en la que los ciudadanos en un punto nos transformamos en súbditos y creemos que el líder, que es personalista y fuerte, es el dueño de esos recursos y que cada bien o fondos del Estado que asigna son dados desde su patrimonio personal y no desde el Estado mismo”, añadió la legisladora.

Luego fue el turno de Lucas Caymes, presidente del bloque Justicialista, el cual presentó su despacho por minoría. Caymes criticó con dureza lo que calificó como un “tratamiento exprés” del proyecto de reforma constitucional, advirtiendo que la iniciativa “no acredita la necesidad institucional” requerida para avanzar. Según el legislador, el proceso se ha llevado a cabo de manera unilateral y sin buscar consensos, limitando la participación de la Cámara de Diputados a una sola comisión que fue “meramente informativa”, a diferencia del Senado que contó con cinco o seis. Caymes denunció que el verdadero trasfondo de esta modificación, plasmado en el artículo 147, es la “proscripción de distintos sectores y de distintos candidatos o posibles candidatos”, ignorando además los reclamos de gremios y sectores productivos que solicitaron formalmente ser escuchados.

Asimismo, el diputado comparó la situación con la reforma nacional de 1994, señalando que en aquella ocasión el trasfondo real fue la reelección presidencial. En este caso, recriminó que los reformadores no se olvidaron de incluir la “autoprórroga del mandato” de los legisladores cuyos periodos vencen en 2029 y 2031, calificándolo como un “premio pagado en 24 cuotas”. Finalmente, rechazó que la “fatiga electoral” se deba a la frecuencia de los comicios, argumentando que esta se produce cuando la ciudadanía no es escuchada, y concluyó catalogando al proyecto como “incompleto, centralista, oportunista y proscriptivo”.

Luego fue el turno de la presidenta del oficialismo, Eugenia Gallardo, quien defendió la trascendencia del proyecto, al que calificó como “trascendental para la vida política, para la vida institucional, social y hasta le diría para la vida económica” de San Luis, rechazando categóricamente que se trate de un “tratamiento exprés”. Gallardo aseguró que el bloque oficialista debatió e invitó a la oposición a participar durante más de cuatro meses, acusando a los representantes de dicho sector de no asistir a las reuniones de la comisión de Asuntos Constitucionales.

A continuación, repitió muchas de las consignas que dijo Zárate, argumentando que la reforma busca “dotar de mayor institucionalidad” a la provincia y establecer condiciones que “eviten la perdurabilidad en el tiempo de gobernantes”, destacando que, bajo la cláusula transitoria propuesta, “el único proscripto para un tercer mandato es el gobernador Claudio Poggi”.

Al respecto, cabe aclarar que el proyecto incluye una cláusula que cuenta el mandato actual de Poggi como si fuera su primero, aunque en realidad es su segundo. Como las leyes se aplican a futuro, sin esta cláusula Poggi podría ser electo dos veces más a partir de la aprobación de la reforma, llegando a un total de 4 mandatos. Esta cláusula que cuenta el mandato actual como “el primero” implica que al gobernador le queda solo una reelección, en vez de dos, y un máximo posible de tres mandatos.

Volviendo a Gallardo, la legisladora fundamentó la necesidad de la alternancia citando a pensadores como Tocqueville, quien sostenía que el reemplazo periódico “evita la cristalización de una casta burocrática insensible”, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que descarta la “reelección indefinida porque no la considera un derecho humano”. Con esta reforma, afirmó, se busca decirle “no al atornillamiento eterno en el poder y a Dios al retorno perpetuo”. Explicó que el nuevo texto se adapta a la realidad multipartidista actual mediante la incorporación del “ballotage” para garantizar “una mayoría social de origen”, y detalló reformas clave como la “renovación total de ambas cámaras cada 4 años”.

De aquí en más, el debate siguió una estructura que ya se ha visto en muchas otras ocasiones. Distintos miembros del oficialismo tomaron la palabra para reiterar lo ya dicho por Zárate y Gallardo, o para explayarse sobre distintos puntos del proyecto, como lo que establece en relación a la Justicia, el agua o la inteligencia artificial. Podés conocer todos estos detalles ingresando a esta nota.

Por el otro lado, desde la oposición se insistió con que el proyecto busca proscribir a gobernadores pasados. “El proyecto habilita a modificar el artículo 147 y establece expresamente que el periodo 2023-2027 del actual gobernador será considerado como su primer mandato. Sin embargo, no dice con la misma claridad qué ocurrirá con los mandatos ejercidos anteriormente por otros gobernadores. Entonces, tenemos que hacer una pregunta concreta. ¿La nueva regla se aplicará hacia adelante para todos o se utilizará para contar hacia atrás los mandatos de algunos?”, dijo el diputado Darío Neira, quien luego fue apoyado por su compañera de bloque Silvia Sosa Araujo.

La respuesta a este planteo fue la misma que dio el oficialismo en el Senado y también el gobernador, aclarando que la nueva Constitución se aplicará desde su sanción en adelante y que ambos hermanos Rodríguez Saá podrán volver a ser gobernadores por dos periodos más, si es que resultan electos y sus edades lo permiten.

Otro de los puntos que remarcó la oposición fue la ampliación por dos años de los mandatos de los legisladores electos en 2025, para de ese modo poder eliminar las elecciones de medio término. “La gente no nos votó para eso. La Constitución actual no dice que tenemos que quedarnos dos años más porque tuvimos la suerte de ser elegidos en el 2025. ¿De esta prórroga nadie habla o es el costo que sale la votación de esta ley?”, planteó Silvia Sosa Araujo, quien propuso una cláusula transitoria que establezca una “elección excepcional para elegir diputados por dos años”. Además, recordó cómo Poggi dio marcha atrás con la eliminación del Senado que tanto promocionó en 2023.

La mejor respuesta a este planteo vino del diputado Walter Córdoba, electo por el partido Tercera Posición y hoy una figura clave para el poggismo que necesitaba 29 votos para aprobar este proyecto. Como ya informó La Gaceta Digital, el núcleo duro del oficialismo y sus partidos aliados son 27 legisladores. Para llegar a los 29 votos necesarios eran clave los votos de Córdoba y de Carlos González D’Alessandro. Este último pasó, en poco más de dos años y medio, de peronista/albertista a ultramileista y ahora a promover la figura de Dante Gebel, con un importante acercamiento al poggismo que ha promocionado donde ha podido.

De igual manera, volviendo a Córdoba, el legislador se refirió a la extensión de los mandatos de los diputados electos en 2025. “Yo espero que los que reclamaron ya tengan redactada la renuncia, sino sería de una deshonestidad intelectual enorme”, dijo Córdoba, logrando algunos aplausos desde las gradas.

Luego vino el turno de D’Alessandro, quien en primer lugar se definió como “oposición al Gobierno”, recordó que ha criticado “varios temas”, como las TuBi y el PANE, y aclaró que no le “disgusta” la reforma que propone Poggi. A esto le sumó que “no es una Constitución para el futuro”, sino que lo es “para el pasado, remediando problemas que se tendrían que haber arreglado en el pasado”.

“No estamos evaluando la corriente migratoria que va a recibir la Argentina, no estamos evaluando la computación cuántica que se va a implementar a partir del 2029, no estamos evaluando la robotización, la domotización y la inteligencia artificial que va a hacer que el trabajo se disocie del empleo. Estamos discutiendo cosas viejas”, dijo D’Alessandro, quien luego recordó su pasado político, con su paso por el PJ y luego por la Libertad Avanza, donde, aseguró, se sintió “bastante incómodo”.

D’Alessandro también comentó que el nació en otra provincia, lo cual fue luego tristemente retomado por Silvia Sosa Araujo, tomando una página de la xenofobia de Alberto Rodríguez Saá en 2016, año en que impulsó, como bien informó este medio, la creación del polémico Registro de Empleo Puntano (REP), el cual proponía crear una oficina que cobrara a las empresas una tasa equivalente al 10% del salario bruto de cada trabajador que no sea de San Luis, o que tenga menos de 5 años de residencia en la provincia. El REP fue aprobado por el albertismo en la Legislatura, pero nunca se llevó a la práctica.

“Quieren cambiar la Constitución personas que no son de San Luis. Claramente dijeron ‘venimos de otro lado’. Por lo menos déjennos opinar a quienes somos de San Luis, queremos San Luis y defendemos San Luis”, dijo luego Sosa Araujo.

A raíz de esto, el diputado oficialista Carlos Pereira pidió aplicar el artículo 136, el cual establece sanciones para quienes incurran “en alusiones incultas, indecorosas, agraviantes, injuriosas o improcedentes”; por las declaraciones “xenófobas que (Sosa Araujo) ha hecho en relación a aquellos legisladores que no han tenido la dicha de nacer en el marco de la provincia pero que han sido electos por el pueblo de la provincia de San Luis”.

Tras tres horas de debate, el proyecto fue aprobado no por 29 votos, como muchos esperaban, sino por 30, ya que la diputada justicialista Florencia Palacios, la misma que fue seleccionada por el poggismo para integrar el Jury de enjuiciamiento, acompañó el proyecto.

El constitucionalista Cristian Altavilla fue uno de los profesionales que trabajó en la elaboración del proyecto que declara la necesidad de una reforma parcial de la Constitución de San Luis, que ya obtuvo media sanción del Senado y este miércoles podría ser tratado por la Cámara de Diputados. Tras exponer este martes ante una reunión ampliada de la comisión de Asuntos Constitucionales, dialogó con La Gaceta Digital sobre el proceso previo que derivó en la iniciativa, el alcance de su participación y los fundamentos jurídicos de algunos de los cambios propuestos, incluida la polémica extensión de los mandatos de los legisladores electos en 2025.

Altavilla, profesor de Derecho Público Provincial y Municipal y de Derecho Constitucional, explicó que fue convocado por el gobernador Claudio Poggi y el vicegobernador Ricardo Endeiza para brindar asesoramiento técnico. Los lineamientos y temas que se pretendían incorporar a la reforma fueron definidos por el Ejecutivo y, a partir de ellos, su tarea consistió en elaborar “una serie de dictámenes, fundamentos y derecho comparado” para dotar de contenido técnico-jurídico a la propuesta.

El punto de partida, según relató, fue analizar las casi cuatro décadas transcurridas desde la reforma de 1987, que no fue parcial sino que dio lugar a una nueva Constitución provincial. “La idea del gobernador fue no reemplazar esa Constitución, sino mejorarla”, explicó Altavilla, quien consideró que se trató de una carta magna “de avanzada para su época” y sostuvo que varios de sus principios continúan vigentes.

La propuesta actual, señaló, apunta fundamentalmente a introducir modificaciones sobre la organización del Estado y el funcionamiento de sus instituciones. Entre los objetivos mencionó avanzar hacia “una Constitución más transparente, con instituciones más fuertes”, una mayor institucionalización de la provincia y nuevos límites al ejercicio del poder.

El modelo de Estados Unidos para limitar los mandatos del gobernador
Uno de los cambios centrales incluidos en el proyecto es la limitación de la reelección del gobernador. La propuesta habilita solamente dos mandatos en total, sean consecutivos o alternados, de manera que quien complete ambos períodos no pueda volver posteriormente al cargo.

Altavilla destacó que se trata de una diferencia importante respecto de otros sistemas. “En la mayoría de las provincias vos tenés el sistema de que podés ser reelecto por un período y después dejás pasar un período y podés volver. Lo mismo sucede a nivel nacional”, explicó.

En cambio, señaló que la propuesta puntana toma como referencia el esquema de Estados Unidos, donde existe un límite total de dos períodos presidenciales. “El único sistema en el que no podés volver nunca más es el sistema de Estados Unidos y, en ese sentido, San Luis adopta ese sistema, que creo que es el más sano de todos desde el punto de vista republicano”, opinó.

Para el constitucionalista, esa limitación no supone necesariamente el retiro de la actividad pública de quien haya ocupado la Gobernación. La persona puede continuar aportando su experiencia “desde una fundación, desde una escuela de gobierno o incluso en la misma función pública”, por ejemplo como legislador provincial o nacional, pero dejando abierta la máxima responsabilidad ejecutiva a nuevos dirigentes.

Altavilla vinculó este aspecto con un problema que, a su entender, excede a San Luis. Señaló que la posibilidad permanente de regresar al principal cargo ejecutivo genera tensiones dentro de los propios espacios políticos y dificulta la renovación de dirigentes. “Está más que comprobado que, cuando una persona tiene la posibilidad de volver y ha sido gobernador, gobernadora o presidente, genera una tensión en el sistema y eso impide la formación de cuadros dirigentes”, sostuvo.

En ese sentido, puso como ejemplo la experiencia nacional desde el retorno de la democracia en 1983 y consideró que, independientemente de partidos e ideologías, ha resultado difícil que los expresidentes se aparten completamente de las disputas por la conducción. A su criterio, “todos han estado con la tentación de volver” y esa dinámica genera “desgastes en la sociedad, desgaste en los partidos políticos y desgaste en las propias instituciones”.

Instituciones, inversiones y desarrollo económico
Altavilla sostuvo que los cambios institucionales propuestos no deberían analizarse únicamente desde el derecho constitucional, ya que considera que la calidad de las instituciones termina repercutiendo sobre la economía.

“Si vos no tenés instituciones sólidas, no vas a crecer económicamente”, afirmó. Para lograr esa fortaleza institucional, enumeró como condiciones necesarias “un poder despersonalizado”, mecanismos de control, instituciones creíbles y “un Poder Judicial independiente” y eficiente.

En ese marco ubicó varias de las modificaciones incluidas en el proyecto y aseguró que una mayor previsibilidad institucional puede favorecer tanto las inversiones locales como la llegada de capitales externos. Para fundamentar esa relación mencionó los trabajos de economistas como Daron Acemoglu y Douglas North, que han estudiado el papel de las instituciones en el desarrollo económico.

La reforma del Consejo de la Magistratura y otra “autolimitación” del Ejecutivo
Entre los ejemplos concretos, Altavilla mencionó las modificaciones previstas para el Consejo de la Magistratura y el mecanismo de selección de integrantes del Poder Judicial. La propuesta apunta a que la evaluación otorgue mayor peso al mérito y que la terna elevada al Ejecutivo tenga carácter vinculante.

Para Altavilla, allí aparece otro de los mecanismos de “autolimitación del gobernador” incluidos en la iniciativa. La intención es que el orden de mérito quede determinado fundamentalmente por el desempeño de los postulantes en el examen y reducir el peso que actualmente puede adquirir la entrevista.

Según explicó, con el esquema vigente una entrevista puede otorgar una cantidad de puntos suficiente para alterar significativamente el resultado previo del examen. La modificación busca limitar esa discrecionalidad y fortalecer criterios objetivos en la conformación del orden de mérito.

La eliminación de las elecciones de medio término y las polémicas extensiones de mandatos de diputados
Otro de los aspectos que generó cuestionamientos desde que se conoció el proyecto es la posibilidad de extender por dos años los mandatos de los diputados provinciales elegidos en 2025, en caso de que la futura Convención Constituyente decida eliminar las elecciones legislativas de medio término.

Altavilla explicó a La Gaceta Digital la lógica jurídica utilizada para incluir esa posibilidad. Si la Constitución es modificada para que la Cámara de Diputados deje de renovarse parcialmente cada dos años y pase a elegirse en su totalidad, sería necesario establecer un mecanismo de transición que permita unificar los mandatos. Ese mecanismo es la extensión hasta 2031 de los mandatos de los legisladores electos en 2025, que originalmente terminarían en 2029. 

Frente a las críticas que despertó esa posibilidad, Altavilla marcó una diferencia jurídica entre reducir y extender esos períodos. “Si vos lo acortás, ya tenés precedentes jurisprudenciales que han dicho que acortar los mandatos es inconstitucional”, explicó.

En cambio, sostuvo que una prórroga destinada exclusivamente a hacer coincidir la renovación de todas las bancas no tendría ese impedimento. “Extenderlos por dos años más para compatibilizarlo con el resto de la Cámara no es una medida inconstitucional, porque no le estás dando privilegios a nadie en particular”, argumentó.

También remarcó que la decisión final no estará en manos de la actual Legislatura, sino de la futura Convención Constituyente, cuyos integrantes serán elegidos por voto popular y a la que los actuales legisladores no podrán postularse. A su entender, esto impide que quienes eventualmente resulten alcanzados por la extensión puedan decidir sobre su propio mandato.

“Quienes estarían beneficiados por esta norma, porque quedarían dos años más, lo son de forma meramente aleatoria, al azar, como si fuera por un sorteo”, sostuvo Altavilla. Según explicó, el objetivo no sería beneficiar “a una persona en particular ni a ningún partido en particular”, sino resolver el período de transición necesario para que en el futuro la Cámara de Diputados pueda renovarse en su totalidad.