La Fiscalía de Instrucción N° 5 de la Primera Circunscripción solicitó la pena de prisión perpetua para la mujer acusada de asesinar a su esposo en la zona de Los Molles y la causa fue elevada a juicio. Además, la Justicia dispuso prorrogar la prisión preventiva de la imputada por 60 días.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 19 de julio de 2025 en una vivienda ubicada en esa localidad, a unos 30 kilómetros de la ciudad de San Luis. En ese contexto, la imputada, Mónica Barrientos, habría atacado con un cuchillo a su esposo, José Domingo Arce, tras una discusión que se habría originado luego de varias horas de consumo de alcohol.

De acuerdo a la reconstrucción fiscal, el ataque se produjo entre las 21 y las 22 horas, cuando la mujer habría dirigido una agresión directa a la cabeza de la víctima. Arce intentó defenderse, pero sufrió heridas cortantes de gravedad. Una de ellas, en el antebrazo izquierdo, le provocó la sección de una arteria y una vena, lo que derivó en una hemorragia masiva.

El hombre fue trasladado de urgencia al hospital de la ciudad de La Punta en un vehículo particular, pero falleció poco después a causa de las lesiones. La médica forense determinó que la muerte se produjo por una hemorragia externa producto de una herida punzocortante.

La Fiscalía considera a Barrientos autora del delito de homicidio agravado por el vínculo, previsto en el Código Penal, y sostuvo que actuó con pleno dominio de sus actos. En ese marco, solicitó que se le imponga la pena de prisión perpetua.

Por su parte, la defensa oficial cuestionó la acusación y adelantó que sostendrá una hipótesis distinta de los hechos durante el debate oral.

Tras la audiencia de control, el juez de Garantía N° 1 de la Primera Circunscripción dio por elevada la causa a juicio, lo que implica el cierre de la etapa investigativa y el pase del caso a un tribunal donde se analizarán las pruebas y se determinará la responsabilidad penal.

En la misma resolución, el magistrado hizo lugar al pedido de la Fiscalía y prorrogó la prisión preventiva de la imputada por un plazo de 60 días.

Fuente: Prensa Poder Judicial

Luego de que este lunes a la noche fuera encontrado sin vida Fernando Gil, quien era intensamente buscado desde el viernes, su hermano Andrés y su cuñada Johana brindaron un crudo testimonio sobre el caso y cuestionaron con dureza el accionar policial y judicial.

En una entrevista realizada por el medio Megacable en la zona sur de la ciudad, cerca de la Penitenciaría provincial, Andrés aseguró: “He venido a buscar cámaras de seguridad de toda la zona, porque yo creo que la policía no está haciendo absolutamente nada. No han pedido las cámaras de la zona”, y planteó: “¿Cómo sacaron el cuerpo de mi hermano? Porque yo estoy seguro de que lo mataron acá adentro”.

Según relató, Fernando había salido el jueves por la noche a ver el partido de Boca junto a un amigo. “Mi hermano salió el día jueves a ver el partido en este lugar con su amigo y el sospechoso”, dijo, y agregó: “Lo último que sé es que entró con vida y salió como muerto de acá adentro”. El cuerpo fue hallado a unos 150 metros del lugar donde había estado, que era la casa del padrastro de su amigo Brian.

Por su parte, Johana también cuestionó la actuación de las autoridades. “La verdad que es indignante lo que está pasando, porque la justicia no dio respuesta hasta el día de hoy”, afirmó, y agregó que la familia comenzó a buscarlo desde la madrugada del jueves sin recibir asistencia. “La policía no tuvo aportes con nosotros hasta el día de ayer, que fue día lunes hábil”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que hubo irregularidades desde el inicio. “Hubo una falta de respeto total de parte de la policía con la familia, porque primero salieron a decir cosas malas de este chico cuando en vez de ayudarnos”, dijo Johana, quien definió a Fernando como “un chico de 25 años, un joven de acá de San Luis, sin antecedentes, y trabajador”.

Sobre las circunstancias de la muerte, Andrés indicó que el cuerpo fue encontrado con la ropa con la que había salido, pero sin su teléfono celular. “El teléfono no lo tenían”, afirmó.

Además, la familia puso en duda la versión de que Fernando habría pedido un vehículo a través de una aplicación. “Creemos que nunca salió de este lugar, que todo eso lo están inventando para desviar la información”, expresó Johana.

En relación al principal sospechoso, Andrés contó que ingresaron a la vivienda donde estuvo Fernando en busca de respuestas. “Entramos a la casa, a la fuerza, porque yo del día 1 supe que había pasado algo acá”, dijo, y señaló que la persona dio distintas versiones sobre lo ocurrido. “Después él se confunde de versiones, va cambiando las versiones. Dice que primero que Fernando se fue de su casa sin avisar, después dice ‘no, yo le alcancé la campera’. No tiene una estabilidad en su versión”, dijo Johana. Si bien inicialmente dijeron que entraron a la fuerza, el hombre y la mujer luego comentaron que el dueño de casa les permitió el ingreso.

Por otro lado, también denunciaron la falta de avances en la investigación. “No tenemos respuesta de la justicia”, afirmó la mujer, que luego agregó: “Quienes más nos han ayudado son los periodistas”.

Andrés, en tanto, insistió en la necesidad de reconstruir lo ocurrido. “No han entregado la necropsia, nada, ni la han comunicado, no han entregado el cuerpo. Yo no veo gente buscando las cámaras de seguridad”, cuestionó.

En uno de los momentos más duros de la entrevista, el joven pidió justicia y apuntó directamente contra las autoridades. “Hagan justicia y quiero que la ministra de Seguridad se presente hoy en la tarde en la Comisaría Sexta, porque es pésimo el accionar”, dijo. “Se burlaron, salieron a ver versiones falsas, de que mi hermano había estado por el 292 comprando cocaína cuando mi hermano no consume ningún tipo de droga”, añadió.

Sobre el estado del cuerpo, Johana aseguró que presentaba signos de violencia. “Él está todo golpeado. Esto no fue un accidente, esto no fue un accidente”, dijo, y agregó: “No puede aparecer un cuerpo de un chico todo golpeado en la vera del río”.

Por último, Andrés recordó a su hermano: “Un buen tipo, laburador, un hincha de Boca. Solamente salió a ver el partido de Boca y no lo vimos nunca más”, expresó, visiblemente afectado.

Este martes, en el salón Malvinas Argentinas, el Gobierno de San Luis lanzó el Plan Ruralidad Segura, una iniciativa que por un lado implicará una capacitación para el personal policial y que por otro busca fortalecer la prevención y el abordaje del delito en zonas rurales. Está destinado a efectivos de la Policía provincial a través de una amplia capacitación y nuevas herramientas.

También, durante el acto el gobernador Claudio Poggi firmó el decreto de adjudicación para la compra de 10 camionetas 4×4 equipadas para el accionar rápido en zonas alejadas de los centros urbanos.

“En diciembre de 2023 había tres camionetas rurales. Tres destruidas en un taller. En pocos meses tuvimos seis y a finales de 2025 compramos cuatro. Hoy sumamos 10 más para llegar a 19. Hemos sextuplicado la cantidad de camionetas para la ruralidad”, aseguró Poggi luego de su anuncio.

En ese sentido, el Mandatario hizo un repaso por las acciones concretas que lleva adelante el Gobierno a través del ministerio de Seguridad con el objetivo de reforzar las fuerzas policiales y aseguró que “estamos en un proceso de profesionalización de la policía y la Ruralidad Segura es una nueva especialidad que hoy comienza y a la que se le suma el equipamiento. Nos escuchamos y conversamos. Yo estoy del lado de la seguridad y no del delincuente”.

Luego el subdirector de Foros de Relaciones con la Comunidad, Ignacio Nieto, expuso cuáles serán los ejes que tendrá la formación destinada al personal provincial, que constará de tres módulos virtuales y presenciales, tendrá una duración de dos meses y finalizará en junio.

“Vamos a tener un primer módulo y un segundo módulo que van a ser virtuales. En el primero veremos el tema del territorio productivo. En el segundo módulo el control sanitario y el transporte agropecuario; y en un tercero, que va a ser presencial del 1° al 5 de junio, vamos a ver toda la parte de operatividad e investigación. La modalidad va a ser por la plataforma educativa Moodle, que tiene el ministerio de Seguridad. Semanalmente se va a subir un video y una cartilla de lectura obligatoria y durante la parte presencial nos van a estar acompañar capacitadores de La Pampa, Córdoba y Santa Fe que pertenecen a las respectivas policías”, explicó.
Cada uno de los efectivos, podrá realizar la parte teórica virtual a través de la página del Ministerio, accediendo por el usuario personal que se les envía por mail una vez que completaron la inscripción.

Por último, el funcionario destacó que cada una de las camionetas que va a adquirir el Gobierno tendrá computadoras, impresoras y antenas satelitales Starlink para la confección inmediata de actas y denuncias. “Es una acción nueva que tendrá el Ministerio. También vamos a tener un canal de WhatsApp directo con los productores para que se puedan comunicar y pedir auxilio de la policía. Les pedimos por favor que se vuelvan a inscribir, los que no se inscribieron”, aseguró.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Nancy Sosa, comentó que se ideó un plan integral para abordar los problemas de la seguridad rural y que era una necesidad la especialización dentro de la Policía de San Luis.

“La idea es que el personal primero se interiorice con toda la información disponible, lo administrativo en cuanto a los controles y la parte específica relacionada con el delito de abigeato, el más difundido en el campo, que es el robo de carne y la distribución clandestina. Pero también aprenderán todos los enfoques que se le da a un delito rural, como el daño a la propiedad, el daño a la salubridad. Son cuestiones que también la Justicia tiene que entenderlas como un todo para que, llegado el momento cuando se identifiquen los autores, se puedan tomar otro tipo de medidas y no deliberadamente que los delincuentes terminen en libertad. Luego va a haber una parte práctica que la vamos a hacer en la Sociedad Rural de San Luis. La idea es que el personal tome contacto directo con el elemento con el que va a trabajar y en este sentido va a haber exámenes prácticos y luego, por supuesto, un examen teórico”, comentó.

Sosa destacó también la colaboración de distintos ministerios y secretarías (Desarrollo Productivo, Medio Ambiente), incluso el Ministerio Público Fiscal, para interpretar correctamente la suma de delitos asociados (daño, venta clandestina, etc.) y evitar que los autores queden libres. “Empezamos un camino donde seguramente vamos a tener algunos ‘rasponcitos’, pero todo va a ser en busca de buenas soluciones. Ustedes nos van a ayudar y nosotros vamos a tener que hacer lo que tenemos que hacer y que hasta ahora no se ha podido”, dijo.

Por último, la funcionaria habló sobre la adquisición de nuevos móviles preparados para el abordaje dentro de las zonas rurales y aseguró: “El señor Gobernador firmó la adjudicación de 10 camionetas específicas. Son específicas porque tienen un equipamiento especial para la tarea rural. Primero son 4×4, no como las camionetas convencionales de la policía. Además, vienen equipadas con malacate, con antenas de Starlink, con computadora y la impresora para que el procedimiento se haga en el lugar. Van a tener conexión directa con el despacho policial, eso significa una conexión directa con el 911 para poder pedir el apoyo o para poder consultar las necesidades específicas. Además de tener comunicación directa con el Ministerio Público Fiscal para tomar las medidas en el lugar”.

Fuente: ANSL

Desde Prensa del Poder Judicial de San Luis confirmaron este martes la identidad de la persona hallada sin vida en inmediaciones del Río San Luis. Se trata de Fernando Edilson Gil, de 26 años, sobre quien pesaba un pedido de búsqueda de paradero vigente.

De acuerdo a la información difundida por el Juzgado de Instrucción en lo Penal N° 4 de la Primera Circunscripción Judicial, la identidad del joven fue corroborada por sus familiares.

El cuerpo había sido encontrado el domingo luego de un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre la presencia de una persona en el lugar. En el sitio trabajó personal policial junto a la División Homicidios y autoridades judiciales.

La causa se encuentra en etapa investigativa y, por el momento, no se pudo determinar la causa del fallecimiento. La médica forense Patricia Gallardo realizó la necropsia correspondiente, pero se aguardan los resultados de estudios complementarios sobre las muestras tomadas.

Cabe recordar que el joven era buscado desde la semana pasada, luego de que su familia denunciara su desaparición. Según había informado el Ministerio de Seguridad de San Luis, se había ausentado de su domicilio el jueves 2 de abril por la tarde.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 4, con el objetivo de establecer las circunstancias del hecho.

El Colegio de Abogados y Procuradores de la ciudad de San Luis realizó este lunes de la presentación oficial del 1° Congreso Provincial de Derecho del Trabajo y el 51° Encuentro del Foro Federal de Derecho del Trabajo (FOFETRA), que se desarrollará los días 16 y 17 de abril en la provincia.

La actividad, que reunirá a destacados disertantes de todo el país, es organizada de manera conjunta por los tres colegios de abogados de la provincia de San Luis, el Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales, la Escuela de Especialización para Magistrados y Funcionarios Juan Crisóstomo Lafinur y FOFETRA, con la adhesión de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Cuyo sede San Luis.

Durante la conferencia de prensa, el presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de San Luis, Gabriel Alessandro, destacó el trabajo interinstitucional que hizo posible el evento. “Nos llena de orgullo porque ha sido producto de la colaboración y del esfuerzo de de muchas instituciones”, dijo Alessandro. “Convocamos a toda la comunidad jurídica, a todos los abogados, jueces y magistrados a participar de este congreso, que seguramente va a ser de mucho provecho para la profesión”, añadió.

El congreso se llevará a cabo en dos jornadas, los días 16 y 17 de abril, con una modalidad de cuatro módulos distribuidos entre la mañana y la tarde. La inscripción se realizará de manera online a través del siguiente enlace y el costo para acceder al certificado será de 29.000 pesos. La actividad está destinada a profesionales, magistrados, integrantes del Poder Judicial y público en general interesado en la temática.

En cuanto al contenido académico, el referente del FOFETRA, Matías Molinaro, explicó que el congreso se estructurará en torno a tres ejes centrales, comenzando por “la reforma laboral de la ley 27.802, la conocida comúnmente como la ley de Modernización Laboral”.

El segundo eje estará vinculado a los riesgos del trabajo, un tema de especial relevancia en la provincia tras la adhesión local y los cambios normativos recientes. “Ha traído muchas modificaciones para el ejercicio y para los reclamos en materia de riesgo”, indicó Molinaro, quien también mencionó la incidencia del decreto 549 de 2025 en la modificación del baremo para la determinación de incapacidades laborales.

Finalmente, el tercer eje abordará el procedimiento laboral y las nuevas tendencias tecnológicas. “Va a estar relacionado a lo que es el procedimiento laboral dentro de la provincia y también las nuevas tendencias en materia de inteligencia artificial, prueba electrónica y prueba digital”, explicó.

Por su parte, la jueza Agustina Dopazo Samper, secretaria de Capacitación del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales, subrayó la importancia del congreso en el contexto actual. “Deviene en base a la modificación a la ley laboral, que se publicó en el boletín oficial el mes pasado, así que es muy reciente”, señaló, y destacó que estos cambios “nos interpelan a todos a capacitarnos, a armar mesas de diálogo entre todos los operadores del sistema judicial”.

En ese sentido, remarcó el valor del trabajo conjunto entre instituciones. “Es muy importante el diálogo interinstitucional, y por eso es que también desde el Colegio Magistrados apoyamos este trabajo con el Colegio de Abogados y otras instituciones”, dijo Dopazo Samper, quien agregó que las capacitaciones son “la única forma de llevar un servicio de justicia eficiente para todos”.

El intendente de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa, encabezó este lunes una nueva edición del operativo “La Muni más Cerca” en el barrio ATE 1, donde además se refirió a las reuniones mantenidas con comerciantes de rubros como verdulerías, carnicerías y pollerías para avanzar en un sistema de recolección diferenciada de residuos.

En ese sentido, el jefe comunal destacó que el primer encuentro, realizado la semana pasada, tuvo una amplia participación del sector. Según explicó, el objetivo fue abordar una problemática recurrente vinculada a la disposición de residuos en la vía pública. “Muchos de los vecinos me comentan o reclaman respecto de la disposición de ese tipo de residuos en la vía pública, que generalmente viene de estos rubros”, señaló.

A partir de ese diagnóstico, el intendente planteó una propuesta para que los comerciantes formen parte de la solución. “Los invité a que no solo seamos parte del problema, sino también parte de la solución”, expresó, en relación a un plan de recolección diferenciada para este tipo de desechos.

La iniciativa contempla que los comercios adquieran contenedores propios —de alrededor de 1.000 litros, aunque el tamaño puede variar según la actividad— y que el Municipio realice la recolección en franjas horarias específicas. “El municipio se los va a desgravar del pago de las tasas o del pago del canon comercial”, indicó Hissa.

El intendente remarcó además la buena recepción de la propuesta. “Adhirieron prácticamente todos, fue una reunión muy amena en donde hubo mucha recepción, buena predisposición del sector”, afirmó.

Estas reuniones continuarán en distintos puntos de la ciudad. “La segunda la vamos a orientar a la zona norte, más precisamente en la zona de las rotondas, y la tercera en la zona sur”, adelantó.

En paralelo, Hissa encabezó la edición número 71 de “La Muni más Cerca”, que en esta oportunidad se desarrolló en el barrio ATE 1. “Hemos vuelto a recepcionar las inquietudes de los vecinos y también con nuestros servicios”, explicó.

El operativo incluyó la presencia del tráiler de zoonosis, el de Atención Primaria de la Salud, unidades de Transpuntano y distintos servicios municipales para la realización de trámites.

Durante la jornada, el intendente también supervisó trabajos realizados en el barrio, entre ellos el recambio de 20 luminarias en las calles internas del ATE 1, una intervención solicitada por los vecinos para mejorar la iluminación en sectores con cableado subterráneo.

Además, mencionó que continúan las tareas vinculadas al alumbrado, el arreglo de calles en el marco del plan Mejorando tu Cuadra y el refuerzo en la recolección de residuos voluminosos, una de las principales problemáticas detectadas en la zona.

“Siempre hay reclamos e inquietudes”, señaló Hissa, y destacó la importancia de estos operativos para mantener el contacto directo con los vecinos y ajustar los servicios municipales en función de las demandas de cada barrio.

El Ministerio de Seguridad comunicó que personal policial trabaja en un espejo de agua de la zona sur de la ciudad de San Luis, tras un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre la presencia de un cuerpo en el agua.

Según la información preliminar, una persona que recorría el lugar observó lo que sería un cuerpo y dio aviso a las autoridades.

En el sitio trabaja personal policial junto a la División Homicidios. En el lugar del hallazgo del cuerpo, se hicieron presentes Paula Antonella Romagnoli, fiscal adjunta de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial; Javier Amitrano, fiscal de Instrucción en lo Penal Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial; y Patricia Gallardo, médica forense del Cuerpo Profesional Forense del Poder Judicial de San Luis.

Tras realizar las actuaciones correspondientes y el trabajo pericial en el lugar, las autoridades judiciales dispusieron el levantamiento del cuerpo para continuar con las diligencias de rigor.

La Dirección Provincial de Ingresos Públicos (DPIP) informó que se han iniciado juicios a deudores de impuestos provinciales por un monto de $9.113.260.440,70.

El organismo detalló que la política tributaria impulsada por el Gobierno tiene como uno de sus objetivos principales fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones impositivas mediante incentivos y mecanismos de promoción destinados a quienes así lo realicen.

En dicho contexto se llevaron a cabo diferentes acciones de administración tributaria como los descuentos por Contribuyente Cumplidor y por pago contado, y se implementaron herramientas fiscales con el objetivo de que los contribuyentes puedan regularizar sus deudas, como la moratoria dispuesta por la Ley N° VIII-1116-2024.

No obstante se advierte una alta evasión tributaria, lo que constituye una de las principales fuentes de inequidad en un sistema tributario que debe estar asentado en el tratamiento igualitario de aquellos contribuyentes que reúnen iguales características.

La deuda reclamada involucra 5.219 juicios desde septiembre de 2024 y la DPIP trabaja activamente para continuar con el inicio de acciones judiciales en el marco de las disposiciones de los Artículos 82°, 120° cc. y ss. del Código Tributario de la Provincia de San Luis, Ley VI-0490-2005 y modificatorias.

En este sentido, la Dirección señaló que es un hecho que hay sectores que no suelen pagar en tiempo y forma sus impuestos, a pesar de tener capacidad contributiva.

Asimismo, recalcaron que nada habilita, suspende o atenúa los intereses, las multas y las sanciones que se imponen a aquellos que no cumplan con el pago de impuestos. “Siempre es muy importante demostrar voluntad de pago, suscribir planes, reducir la deuda, para que la misma no llegue a instancias judiciales”, subrayaron desde el organismo.

Fuente: ANSL

El secretario general de ATE San Luis, Fernando Gatica, presentó una denuncia penal contra el gobernador Claudio Poggi, la ministra de Seguridad Nancy Sosa y el jefe de Policía Juan Carlos Serrano, a raíz de la represión ocurrida el pasado 1 de abril en las inmediaciones de la Legislatura provincial, durante la apertura de sesiones ordinarias. Cabe recordar que los incidentes se produjeron luego de que la Policía impidió exclusivamente el paso de los miembros de ATE, habiendo permitido, tan solo minutos antes, la libre circulación de la gente de UTEP y APTS.

Según informó el gremio, la denuncia apunta a que se investigue la responsabilidad de las máximas autoridades en el operativo de seguridad, al considerar que hubo un “exceso en el uso de la fuerza pública” contra manifestantes que se encontraban protestando de manera “pacífica”.

En una publicación difundida en redes sociales, ATE sostuvo que ellos se encontraban ejerciendo su “legítimo y constitucional derecho a la huelga y la protesta de manera totalmente pacífica”, y que la única intención era visibilizar el reclamo por “salarios de dignidad para las y los trabajadores provinciales, municipales y del plan de inclusión”.

Sin embargo, denunciaron que fueron “destinatarios de una brutal represión”, en la que la Policía “se excedió en el uso de la fuerza, disparando y rociando gas pimienta y gas lacrimógeno de forma temeraria, para luego arremeter a golpes contra nosotros sin que hubiera ninguna situación de peligro que lo justificara”.

En ese marco, el gremio decidió avanzar con una denuncia penal dirigida a las autoridades provinciales. “Exigimos que se investigue a las máximas autoridades provinciales, ya que como garantes sobre el uso de la fuerza pública, son responsables por la cadena de mando que planificó, ordenó, toleró o instigó este accionar”, señalaron.

En diálogo con La Gaceta Digital, Gatica explicó que la presentación judicial busca que “se investigue la responsabilidad de la brutal represión que hubo el primero frente a la Legislatura”, y afirmó que “ha habido exceso en el uso de la fuerza pública, que no había ningún motivo para reprimir y mucho menos golpear como nos golpearon”.

El dirigente también aseguró que la manifestación no tenía intenciones de generar disturbios. “No era intención nuestra llevar adelante ningún tipo de desmanes, sino manifestarnos como lo hacemos siempre”, dijo, y agregó que el objetivo era acercarse a las vallas “donde la única intención era panfletear”.

En ese sentido, sostuvo que llevaban “solamente panfletos” junto con banderas y pasacalles con reclamos salariales. “Eso era el reclamo”, afirmó. Esto pudo ser confirmado luego del violento episodio y del cacheo que realizó la Policía para luego permitir el paso.

Gatica también planteó que existió un trato diferencial hacia su organización. “Claramente había una cuestión contra ATE, porque el resto de los sindicatos habían podido pasar y cuando llegamos nosotros fue que no nos dejaban llegar hasta las vallas”, dijo.

Sobre su situación personal, Gatica contó que, aparte de golpes, recibió “insultos mientras estaba en el piso”, y reiteró que buscan que la Justicia investigue lo ocurrido.

Desde el sindicato señalaron además que varios manifestantes resultaron con lesiones de distinta consideración producto del accionar policial y del uso de gas pimienta, lo que requirió asistencia médica.

Como parte de la presentación judicial, ATE indicó que ya aportó “videos y fotografías” donde, según sostienen, “queda en evidencia la agresión directa que sufrimos”, y solicitó que se requiera a la Policía los registros del operativo y el detalle del armamento utilizado, así como material audiovisual de medios de comunicación.

“Es con diálogo y consensos, no con intolerancia y represión”, expresaron desde el gremio, al tiempo que advirtieron sobre la situación salarial de los trabajadores estatales, a quienes definieron como afectados por un “plan de ajuste” que los obliga a “sobrevivir con salarios de pobreza”.

Por último, manifestaron que esperan que lo ocurrido “sea un hecho aislado y no la determinación de reprimir de ahora en más a quienes luchamos por que se respeten nuestros derechos”.