Por: Ana María López, abogada, M.P. 675 – CAPSL

A la comunidad jurídica, a los poderes del Estado y a la ciudadanía de San Luis:

Frente al reciente proyecto de ley que propone la eliminación de la feria judicial en nuestra provincia, y luego de mantener conversaciones al respecto con innumerables colegas en la profesión, transmito y comparto la profunda preocupación y rechazo masivo, a una medida que, lejos de mejorar el servicio de justicia, amenaza con debilitarlo estructuralmente.

Desde los albores de la organización judicial en nuestro país, la feria conforme al modelo europeo, fue concebida como un mecanismo racional que articula descanso, planificación institucional y continuidad del servicio de justicia mediante guardias de urgencia.

En la actualidad, todos los poderes judiciales del país, tanto a nivel federal como provincial,  sin excepción, contemplan en sus normativas la existencia de la feria judicial. Su existencia ha sido refrendada por múltiples acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y normas procesales tanto nacionales como provinciales. No se trata de una excepción o de un privilegio sectorial, sino de un pilar estructural del funcionamiento judicial argentino.

La feria judicial no implica un cese absoluto de actividad, sino un régimen de funcionamiento diferenciado que garantiza la atención de situaciones urgentes y la tutela judicial efectiva en casos que no admiten demora. Esto permite, por un lado, atender la necesidad de mantenimiento, actualización tecnológica, reorganización administrativa y planificación de gestión del Poder Judicial, y por otro, asegurar condiciones laborales mínimamente dignas para quienes integran el sistema.

En este punto, resulta imprescindible destacar que los y las abogadas litigantes, actores fundamentales del servicio de justicia, no gozan de vacaciones pagas ni de los derechos laborales reconocidos a trabajadores y trabajadoras formales. El ejercicio de la abogacía litigante está signado por exigencias constantes: plazos perentorios, audiencias, demandas, recursos, caducidades, y una presión laboral ininterrumpida que, sin la existencia de la feria, se volvería insostenible. El período de feria constituye el único espacio de descanso real en el año, necesario para preservar su salud física y mental, y garantizar un ejercicio profesional ético y eficiente.

Esta realidad se agrava cuando la analizamos con perspectiva de género: las mujeres abogadas, que además de litigar asumen mayoritariamente las tareas de cuidado, ven severamente restringidos sus derechos más elementales. Incluso la maternidad se transforma en un obstáculo: no existen mecanismos automáticos de suspensión de términos en ejemplos tales como embarazo y parto, enfermedad o atención de los hijos, etc., y muchas colegas deben enfrentar situaciones tan injustas como la “obligación” de  atender sus casos en el posparto inmediato o durante internaciones clínicas propias o de sus hijos. La existencia de la feria, aunque insuficiente, es al menos un paliativo indispensable en un sistema que aún no ha resuelto estas inequidades estructurales.

Además, no es posible obviar que el Poder Judicial se encuentra actualmente colapsado. La mora judicial es una realidad insoslayable que afecta a todas las jurisdicciones. Pretender que la eliminación de la feria resolverá este problema constituye una falacia: lejos de aliviar la situación, incrementará exponencialmente la mora, acumulando causas sin solución y sobrecargando aún más un sistema que ya se encuentra al límite de sus capacidades.

Desde una mirada constitucional y con perspectiva de derechos, la feria judicial es una herramienta de equidad institucional. Su eliminación implicaría una regresividad inaceptable en materia de derechos laborales, de acceso a la justicia en condiciones humanas y en el funcionamiento integral del sistema judicial.

Finalmente, es necesario aclarar con énfasis que la tan postergada reforma del sistema judicial no tiene vínculo alguno con la eliminación de la feria. Pretender que una reforma profunda del Poder Judicial, puede o debe comenzar por la supresión de la feria, es un argumento falaz y engañoso. Tal afirmación desinforma deliberadamente a la ciudadanía, que no conoce el sistema por dentro y desvía la atención respecto de las verdaderas transformaciones estructurales que nuestra justicia necesita.

Por todo ello, hago un llamado a la reflexión, al discurso veraz y al diálogo informado, exigiendo la protección de una institución que no es obstáculo, sino condición de posibilidad para un servicio de justicia eficaz, accesible y humano.

San Luis, mayo de 2025.

Se envió la presente, a las correspondientes Presidencias de ambas Cámaras Legislativas, a sus efectos

El juez de Garantía N° 1, Juan Manuel Montiveros Chada, ordenó la elevación a juicio de una causa por un hecho ocurrido la mañana del 30 de enero de 2024 y que tiene como imputados a tres integrantes del gremio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

En la audiencia de control de acusación realizada este miércoles a la mañana, el fiscal de Instrucción N° 1 de la Primera Circunscripción, Francisco Assat Alí, solicitó dos años de prisión para Fernando Gatica, Florencia Mendoza y Walter Barroso acusados del delito de daños agravados por ser contra bienes del Estado (articulos183 primer párrafo en relación al artículo 184 inciso 5) en calidad de coautores. Los acusados fueron representados por el abogado Francisco Guasconi, mientras que en representación de la Municipalidad, actuó Cristóbal Ibáñez.

Assat dijo en la narración del caso, que ese 30 de enero, alrededor de las 9 de la mañana, se realizó una marcha multisectorial en la ciudad de San Luis en rechazo al DNU y la ley Ómnibus y que entre los participantes de la movilización se encontraban las tres personas imputadas.

“Luego de marchar por otras partes de la ciudad, se presentan en la puerta de la Municipalidad de San Luis, en San Martín 590, solicitando ser atendidos por las autoridades. Ante la negativa, comienzan a insultar y a incitar a todos los manifestantes a ingresar al edificio público. Ante dicha situación, el escaso personal policial que se encontraba en ese lugar intenta apaciguar a la multitud”, dijo el fiscal.

Según consta en la investigación, Gatica, Mendoza y Barroso habrían forzado la puerta principal del municipio, una estructura de madera de valor histórico, y provocaron daños en sus bisagras y marco. Una vez abierta, alrededor de cuarenta personas ingresaron por la fuerza al interior del edificio, donde permanecieron en el patio interno hasta horas de la tarde. El episodio fue registrado por cámaras de seguridad del municipio y por videos tomados por testigos, material que ya forma parte de la causa judicial.

Las defensas de Tatiana Yacarini y Diego Olivieri solicitaron la prescripción de la acción penal respecto a dos de los delitos que se les imputan: lesiones leves e incumplimiento de una orden judicial. Marcos Juárez, abogado de la imputada, fue quien realizó el planteo en una audiencia de control de la prueba realizada este martes ante la jueza de Garantía N° 4 de la ciudad de San Luis, Natalia Lazarte. La fiscal especializada N° 2, Antonella Córdoba, pidió que se rechace la pretensión judicial de la parte demandada.

Olivieri está acusado de distribución indebida de correspondencia, amenazas y lesiones leves calificada por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real. Yacarini, por su parte, enfrenta cargos por distribución indebida de correspondencia, amenazas, lesiones leves e incumplimiento de una orden judicial en concurso real.

Los delitos son en perjuicio de Gabriela Fernández Aberastain, ex pareja de Olivieri. De acuerdo con la acusación fiscal realizada por Ricardo Barbeito, de la Fiscalía de Instrucción N° 2, Diego Oliveri hostigó y persiguió a la víctima durante marzo y abril de 2020. Fernández Aberastain habló con La Gaceta Digital sobre estos hechos en 2020 y en 2021, cuando se realizó la primera indagatoria. 4 años después, la causa no ha concluido.

Juárez fundamentó que los plazos legales máximos para la persecución penal para ambos delitos ya habrían vencido, al no haberse verificado actos interruptivos en tiempo oportuno. Según la defensa, entre el primer llamado a indagatoria (10 de agosto de 2021) y el requerimiento de elevación a juicio (7 de agosto de 2023) transcurrió más de un año sin que existieran actos que interrumpieran la prescripción, por lo que consideraron que la acción penal debía darse por extinguida.

La defensa de Olivieri, representada por el Defensor de Juicio N° 2, José Luis Guiñazú, adhirió a lo expresado por Juárez y dijo que la prescripción penal es una figura “clave del sistema judicial porque garantiza seguridad jurídica”, es decir, que las personas sepan hasta cuándo pueden ser perseguidas por un delito.

Sin embargo, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó el rechazo del planteo. Sostuvo que hubo varios actos interruptivos válidos, como el llamado a indagatoria, la formulación de la acusación y la citación a juicio (11 de agosto de 2023). La fiscal explicó que, si bien los delitos tienen penas bajas, el artículo 62 del Código Penal establece que la prescripción no puede ser inferior a dos años. Por tanto, la acción penal se extinguiría recién en agosto de 2025. Santiago Olivera Aguirre, abogado de la parte damnificada, adhirió a la posición de la Fiscalía.

Después de escuchar a las partes, la jueza Lazarte solicitó un nuevo informe de RNR (certificado de antecedentes) pasó a cuarto intermedio para resolver los planteos realizados.

La audiencia de este martes se realizó en el marco de un planteo realizado por el fiscal de Juicio N° 2, Fernando Rodríguez, quien explicó que todas las partes del proceso (Fiscalía, querella y defensas) ya presentaron sus pruebas entre noviembre de 2023 y mayo de 2024. Como se trata de una causa residual que fue trasladada al nuevo sistema de juicio oral, y aún no se ha dictado la resolución que admite esas pruebas, el expediente se envía al juez para que se avance con ese paso.

La causa
Según la investigación judicial, Oliveri la agredió y amenazó a través de mensajes de texto y redes sociales, se presentó reiteradamente en su domicilio y la intimidó con amenazas de muerte y con la difusión de videos íntimos. Finalmente, cumplió sus amenazas y publicó dicho material de contenido sexual, el cual se viralizó rápidamente, “generando un gran desequilibrio emocional no solo por su conducta agresora y por publicar las fotografías y videos íntimos, sino también por todas las conductas de malos tratos y comportamientos agresivos”, dice un fragmento de la acusación.

Además, el fiscal determinó que Oliveri compartió ese contenido con su actual pareja, Tatiana Yaccarini, quien también fue imputada. Yaccarini presuntamente difundió los videos desde cuentas falsas y además amenazó de muerte a Fernández y a sus hijos menores. Estas acciones ocurrieron a pesar de que existía una orden judicial de restricción que le prohibía cualquier contacto con la víctima.

Fuente: Prensa Poder Judicial

El juez de Garantía N° 1 de la Tercera Circunscripción Judicial, Nicolás Coppola, dio por formulados los cargos contra Ramón Eulogio Cruz, intendente comisionado de Villa de Praga, imputado por peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Cruz ya fue imputado en marzo por hechos similares ocurridos durante su gestión como intendente comisionado de Las Aguadas. Además, su hijo, Ramón Ezequiel Cruz (el “intendente indigente“), también fue imputado por delitos similares, que habrían sido cometidos cuando, valga la redundancia, también fue intendente de Las Aguadas.

A pedido del fiscal César Salazar Molina y la fiscal adjunta Silvina Argüello, se dispusieron medidas cautelares: prohibición de salida de la provincia e inhibición general de bienes, ante el riesgo de fuga y de entorpecimiento del proceso. El plazo de investigación se fijó en 120 días.

La querella, representada por los abogados Santiago Calderón Salomón y Juan Trusendi, adhirió a la acusación del Ministerio Público y detalló las actuaciones del Tribunal de Cuentas ante la falta de presentación de balances por parte de Cruz, situación que motivó el inicio del juicio de responsabilidad.

El imputado se abstuvo de declarar. Su defensor, Juan Orlando Villegas, anunció que presentará como descargo documentación contable contenida en un pendrive, cuya incorporación no fue posible por dificultades técnicas. El juez ordenó que la Fiscalía arbitre los medios necesarios para su incorporación.

Los hechos investigados
La causa se inició tras una denuncia presentada por la Fiscalía de Estado de la Provincia, conforme al artículo 70 de la Ley VI-0166-2004. Según consta en el expediente, Cruz no presentó los balances económicos y financieros correspondientes a varios trimestres de 2021, a pesar de reiteradas intimaciones del Tribunal de Cuentas, incumpliendo lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley XII-0622-2008.

Los períodos observados son:
– Primer trimestre de 2021: $5.162.237,48
– Segundo trimestre de 2021: $5.946.944,49
– Tercer trimestre de 2021: $6.707.690,44

A estas cifras deben sumarse los intereses y montos actualizados.

Las abogadas Luciana Paola Bano y Natalia Belén Lazarte Otero prestaron juramento este martes como juezas de los juzgados de Garantía N° 4 y N° 3, respectivamente, ambos pertenecientes a la Primera Circunscripción Judicial.

La designación de Bano fue dispuesta por el Poder Ejecutivo Provincial mediante el Decreto N° 6564-MG-2025, comunicado electrónicamente el 14 de mayo. Por su parte, Lazarte Otero fue nombrada de manera provisoria tras haber sido calificada como Recomendable por el Consejo de la Magistratura en el concurso correspondiente, el 10 de mayo de 2024.

El acto de juramento se realizó en la Sala de Acuerdos del Palacio de Justicia y fue presidido por el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Levingston, junto a los ministros Eduardo Allende, Guillermo L’Huillier, Carolina Monte Riso y Cecilia Chada. La secretaria administrativa del Alto Cuerpo, Mónica Corvalán, certificó la ceremonia.

Fuente: Prensa Poder Judicial