Los abogados Maximiliano y Sebastián Pipitone realizaron una extensa investigación y denunciaron en la Justicia provincial una presunta asociación ilícita que se dedica a la usurpación, posesión de inmuebles, terrenos, mediante la falsificación de documentación y testigos para que el Poder Judicial de San Luis otorgue legalmente cientos de importantes propiedades en la provincia. La denuncia la hicieron hace más de dos años y los abogados decidieron hacer público el caso a través de La Gaceta Digital (LGD).

“Esta denuncia tiene por objeto investigar una posible asociación ilícita, donde hay un montón de inmuebles que han sido adquiridos de forma fraudulenta, utilizando la Justicia para obtener la escritura. Entonces la Justicia ha sido estafada o es parte de esta asociación. Te puedo asegurar, que hay gente que ha comprado y ha sido engañada. Ha comprado una cosa robada”, dijo Maximiliano a LGD.

Para el abogado, este caso de presunta asociación ilícita es de una “gravedad absoluta. Es transversal a la administración de Justicia, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo porque mencionan decretos que no existen, firman personas que no han firmado, se falsifican, se adulteran escrituras; una solución no muy alocada sería una revisión completa de lo que está haciendo el Poder Judicial”.

Esta presunta asociación ilícita opera con un método que requiere a muchas personas. Obtiene el dato de alguna propiedad de importante valor cuyo titular haya fallecido o pertenezca a una empresa en quiebra, proveniente de la base de datos de Catastro. Se toma posesión o se usurpa el terreno o inmueble e inicia en proceso de posesión o escrituración en la Justicia. Se presenta documentación apócrifa (falsificación de boletos de compraventa, cesiones de derecho, firmas de escribanos, sellos, exposiciones policiales, timbrados, etc.), que se crea para tal fin (más adelante en este artículo se explicará en detalle) y se presentan testigos falsos. Los abogados detectaron que aproximadamente un grupo de no menos de 20 personas que rotan en sus roles en los diversos expedientes. En algunos son los que inician la demanda, en otras son testigos, y viceversa.

“Para asegurarse que la sentencia salga como esperan, denuncian lo que sería lo que llamamos domicilio seguro, es decir, donde van a notificar el traslado de la demanda. Allá no va a haber nadie porque va a ser un domicilio inexistente o porque es un domicilio que está bastante relacionado con estas personas”, explicó Sebastián, quien agregó que estos domicilios están relacionados al abogado Juan Cruz Domínguez.

Por lo tanto, al no haber una parte que se les oponga, el juez la declara en rebeldía, y luego dicta la sentencia favorable para que se queden con la propiedad legalmente.

Los letrados aseguran que tienen “visualizados 25 casos en los que se hicieron apropiaciones de propiedades bajo la misma metodología, pero presumen que podrían ser más de 1.000, según información que obtuvieron del sistema informático de la Justicia provincial porque varios de los involucrados figuran en esos cientos de expedientes.

“Es innumerable la cantidad de apropiaciones e inmuebles que ha habido bajo este mecanismo asociativo. La denuncia la hemos hecho hace dos años, hemos comprobado, hemos hecho que la Justicia vea un montón de pruebas y hasta el día de hoy no ha suspendido ni paralizado el trámite de ningún expediente”, agregó Maximiliano en referencia a los trámites por las propiedades denunciadas.

El abogado mencionó que en la causa judicial por los certificados médicos truchos, la Justicia actuó con rapidez. Sin embargo en su causa “no ha pasado nada. Ninguna cautelar que tienda a desbaratarlos, avisarles a los jueces, ‘no dicte sentencia acá porque posiblemente es falso el documentó´”.

“El abogado de todas estas causas, y de todas estas personas particularmente, es el doctor Juan Cruz Domínguez. Hasta ahí no sería más que el abogado de estas personas, pero sí podemos decir que este doctor tiene parentesco en el Superior Tribunal de Justicia. La doctora Cecilia Chada es cuñada, la pareja de él, que trabaja en la Cámara de Villa Mercedes. También es un abogado que ha participado en la defensa de 11 municipios”, apuntó Sebastián.

Esta causa tiene como a Francisco Asat como fiscal y actualmente está tramitando en el Tribunal de Impugnaciones.

“Realmente nos agobia. Como el Poder Judicial no estaría investigando tanto, tenemos que colaborar. Pero cuando la colaboración se vuelve tan larga, tan difícil por la cantidad de partícipes en la maniobra, esto amerita que se haga una comisión también. La ley que faculta al Procurador General de la Provincia armar comisiones especiales cuando el delito es tan difícil como este. Porque tenemos que descartar personas, no porque no participen, sino por el tiempo que nos llegue a la investigación, porque se va a prescribir la acción”, señaló Maximiliano.

Los primos Pipitone consideran de suma importancia que se levante la reserva del expediente para que la sociedad entera tome conocimiento de esta presunta asociación ilícita. Que el expediente permanezca reservado perjudica la investigación, según los abogados denunciantes.

Tiempo atrás, una mujer perjudicada denunció penalmente una asociación ilícita que involucra a las mismas personas, pero la causa prescribió.

La punta del iceberg

La punta del iceberg de la presunta asociación ilícita se detectó ante el intento de usurpación de un terreno de una hectárea que la familia de los abogados tiene frente al predio San Luis Feria en la Ruta Provincial 3. Tiraron parte del alambre perimetral e instalaron un pequeño puente para acceder al terreno. Hay que mencionar que el terreno de la familia Pipitone se lo prestó a un hombre llamado Germán Sosa para que llevara sus caballos de San Luis Feria a pastar.

Para salvaguardar la propiedad del terreno, los abogados hicieron la denuncia policial e interpusieron un interdicto de posesión. Juan Cruz Domínguez “se presenta de manera misteriosa en el expediente” en nombre de un tercero, alegando que su cliente era el dueño de la propiedad, relató Maximiliano Pipitone. Este tercero se llama Hugo Alberto Guzmán.

En la presentación en nombre de Guzmán se presentan una serie de pruebas de posesión del terreno de hace más de 20 años. “Es absolutamente falso. El terreno hasta ese momento lo estaba utilizando Germán Sosa, que vive en San Luis Feria, para que pasten sus caballos y siempre ha sido propiedad de nuestra familia”, sentenció el abogado.

Las pruebas en cuestión “son una serie de recibos de gente que cortaba el pasto. Advertimos que nos intentaron usurpar dos: Sergio Correas y Javier Ochoa”. Los recibos de quien cortaba el pasto figuran a nombre de Ochoa.

Los abogados Pipitone, al tener acceso al sistema electrónico de la Justicia Provincial, empezaron a buscar causas donde Correas y Ochoa sean parte. “Vimos que participaban en un sinfín de causas. Estas mismas personas se ofrecían como testigos y presentaban documentación. Una era el que hacía el juicio y el otro el testigo; en otro momento, era el testigo el que hacía el juicio y el otro el que le había cortado el pasto. Guzmán le cortaba el pasto a Ochoa en una casa, pero Ochoa le cortaba pasto a Guzmán en otra casa al mismo tiempo. Es fácil de demostrar la falsedad”, reveló Maximiliano, quien remarcó que los recibos son informales.

“Tan truchos son los recibos que cuando pone en la aclaración los números de documento se equivoca y pone el número de documento del otro amigo. Es gracioso”, expresó el abogado. En una causa, las pruebas supuestamente son del año 2001 y 2002.

Pipitone también señaló que en dos causas judiciales (la original es la del terreno familiar) se presentaron pruebas de dos denuncias policiales con el mismo día y mes, pero que solamente se les cambiaba el año. “Manifiestan lo mismo. ‘Una persona que se llama Albornoz viene y me avisa que una empresa de transporte Bustos quiso descargar arena, yo le dije que se fuera’. Una de las dos denuncias es falsa porque relata lo mismo, las mismas personas, los mismos vecinos”, dijo el letrado.

Una de las pruebas en cuestión es la denuncia ante la Comisaría Tercera firmada por el subcomisario Jorge Hernán Díaz, y se demostró la falsedad de la misma. Los abogados averiguaron con la Policía que esta persona existe, pero que en el año 2001 ni siquiera estaba cursando en el Instituto de Seguridad, ya que ingresó en 2004. Incluso, a través de un oficio, se demostró que Díaz nunca estuvo prestando servicio en la Comisaría Tercera como supuestamente dice en la causa.

Maximiliano afirmó que a través de pericias se demostró que ambas denuncias son falsas porque se utilizaron escaneo e impresión de buena calidad. Incluso, el sello de las denuncias dice Comisaría Cuarta, pero en la hoja dice Comisaría Tercera.

El abogado continuó su relato contando que Guzmán presentó en otra causa “una denuncia igual que la que presenta en nuestra causa el mismo día, a la misma hora, mismo año en otra comisaría. Es imposible. Estás aquí o allá. Eso es fruto de la falsificación”.

Para el letrado, Guzmán es usado por su edad avanzada y “es prácticamente impune”. Había sido empleado rural y “no puede justificar la cantidad de operaciones inmobiliarias que hace bajo la modalidad de cesión de derechos. Ni el flujo de dinero que maneja”.

Descubriendo la posible asociación ilícita

Habiendo detectado este patrón mencionado, sumado a que estas personas estaban involucradas en juicios de escrituración en los que la otra parte era declarada en rebeldía, Pipitone solicitó a la Secretaría Informática del Poder Judicial que informe advirtiendo sobre una posible asociación ilícita. Se puso en conocimiento del Superior Tribunal y el presidente Guillermo Levingston autorizó que se brinde un informe.

A los abogados se les entregó una planilla con 64 páginas que contenía los números de expediente y carátulas en las que figuran Guzmán, Sergio Correas y Javier Ochoa. En las planillas figuran más de 1.000 expedientes que han sido cargados en el sistema de la Justicia Provincial.

“Es una asociación porque las personas son siempre las mismas en diferentes causas, y el fin es siempre el mismo: la apropiación de una propiedad inmueble con papeles truchos que los llevan a un juzgado donde el juez no advierte que el contrato es falso y emite una sentencia casi siempre en rebeldía procesal de la parte demandada”.

Otra arista de las pruebas falsificadas es que se presentaban certificaciones de escribanos fallecidos. Uno de los casos fue el del escribano Rafael Echenique. Con registros del Colegio de Escribanos, se demostró que los tres sellos registrados de Echenique no eran los mismos que los de las causas judiciales que investigaban los Pipitone. Había diferencias en el uso de mayúsculas y minúsculas en el título. La firma tampoco coincidía con la de Echenique.

También se falsificó la firma y el sello de otro escribano fallecido, Avelino Villegas. Un dato común es que la firma falsificada de Villegas es la misma que la falsificada de Echenique.

“En algunas cosas que hemos visto, son buenos falsificadores. La apariencia confunde, pero en estos detalles te das cuenta de las falsificaciones”.

Las propiedades de la escribana fallecida

Otro caso que dieron a conocer los abogados es que, tras el fallecimiento de la escribana Sara del Carmen Quevedo Quiroga, le usurparon la casa. En el expediente de sucesión aparece un boleto de compraventa por las cinco propiedades de la escribana. Este boleto tiene fecha del 1° de junio de 2018, tiene sello de Rentas con fecha del 8 de junio y un ticket del pago del Banco Supervielle con la fecha mencionada.

“El primer problema es que se transfieren cinco inmuebles. Le vendió el patrimonio de toda la vida a una persona. ¿A quién? A Alberto Guzmán. El mismo que nos estuvo turbando el derecho a nosotros. El señor que corta el pasto y compra todas las propiedades de San Luis sin plata”, reveló Maximiliano.

En el contenido del boleto se indica que Quevedo Quiroga vende las propiedades en carácter de heredera de acuerdo al auto interlocutorio 401 del expediente 318846 de 2018. Pipitone descubrió que este auto interlocutorio es de fecha del 30 de agosto de 2018, tres meses después de la venta de las propiedades.

“Es falso el contrato, el sellado de Rentas, el ticket del Supervielle y es falsa la firma de la propietaria de los inmuebles. Como son falsificadores y no conocedores del derecho, teniendo los sellos de la escribana Quevedo, hicieron que en el documento se certifique ella misma. Los escribanos no tienen permitido certificarse la firma ellos mismos”, detalló el abogado.

Pipitone también reveló que Quevedo renunció a su matrícula como escribana en mayo de 2014.

“Esto fue informado al juzgado. ¿Dónde quedó? No hicieron nada. Te puedo asegurar que la Policía los conoce y te puedo asegurar que en los juzgados los conocen. No pasa nada. A no ser un hecho aislado, al ser una práctica sistemática, permítanme desconfiar. La Justicia no los persigue ni los persiguió nunca”, dijo Pipitone.

Lavadero de escrituras

“Con esta investigación, con las cosas que ya están probadas en la causa, amerita la intervención del Poder Judicial. Lavaron escrituras por un tubo. Nadie lo advirtió. Ha sido denunciado por gente y nadie recogió el guante. ¿Quién está para investigar? La tarea que estamos haciendo es impropia. A nosotros nos ha movido el interés que justo nos han tomado un terreno familiar. Hemos empezado a investigar tirando el hilo y hemos llegado a lugares que ni queríamos llegar. Es demasiado extenso el tema”, reflexionó Maximiliano.