Municipalidad de San Luis: los trabajadores tendrán un piso salarial de $300 mil de bolsillo, pero los empleados no levantan el paro

El presidente del Concejo Deliberante, Gastón Témoli, y el secretario de Gobierno, Andrés Russo, anunciaron este jueves por la tarde que los trabajadores de la Municipalidad de San Luis no tendrán un salario inferior a los $300.000 de bolsillo que se empezará a cobrar que la próxima liquidación salarial. A pesar del anuncio, los trabajadores que se manifestaron fuera del edificio municipal no quisieron levantar el paro reclamando que la suba salarial se aplique en el salario básico.

“Ningún trabajador municipal de la Ciudad de San Luis va a percibir un ingreso inferior a los 300.000 pesos netos de bolsillo a partir del mes de septiembre que se liquida en los próximos días. El detalle de la liquidación concreta, los rubros, los adicionales y demás, les pido 24 horas, 48 horas. Van a tener mucha más precisión.”, anunció Témoli.

La mejora salarial se financia con recursos municipales y el aporte que realizará el Gobierno provincial. Este jueves a las 13, se firmará el Terrazas del Portezuelo el convenio para recibir el financiamiento y confirmaron que estará presente el intendente Sergio Tamayo.

Hasta el momento no se conoce el monto del aporte que realizará el Ejecutivo ni tampoco de cuánto será lo que ponga el Municipio de fondos propios.

Mientras se realizaba la conferencia de prensa sonaba como fondo los aplausos y bombo de la protesta de los trabajadores. Teniendo eso en cuenta y sumado a que Témoli contó que habló con ellos antes del anuncio a los periodistas, surgía que los empleados no querían levantar el paro.

A la salida de la conferencia de prensa, los periodistas salieron por la puerta de calle Belgrano y los esperaban cerca de un centenar de empleados municipales. “No nos vamos nada, que nos echen a patadas”. “Queremos el básico, fueron algunos de los cantos que se escucharon.

Algunos empleados manifestaron a este medio que la medida de fuerza se levantará si la suba salarial va en su totalidad al básico.

Piden pena en suspenso para acusado de atropellar y causar la muerte de una motociclista

Santiago Cabanay Sasso comenzó a ser juzgado este miércoles por la muerte de Marcela Castro, una motociclista de 24 años que fue embestida por una camioneta Toyota Hilux conducida presuntamente por el imputado. El hecho ocurrió el 1° de febrero de 2017 a la noche en la intersección de Autovía Eva Perón y San Juan de la ciudad de San Luis y la joven falleció trece días después por las heridas sufridas en el impacto.

En la audiencia de hoy, la fiscal de Juicio, María Eugenia Zabala Chacur, solicitó a la Cámara Penal N° 2 Residual de la Primera Circunscripción que la causa que se investiga concluya bajo el procedimiento de juicio abreviado y que el acusado sea condenado a 3 años de prisión en suspenso y 5 años de inhabilitación por el delito de homicidio culposo en accidente de tránsito, agravado por la violación a la señalización de los semáforos.

“Esta Fiscalía considera que hay elementos suficientes para estimar que al encartado le correspondería la imposición de una pena inferior a seis años”, dijo Chacur. En su requisitoria fiscal, la funcionaria explicó que el Código Penal Argentino prevé para este tipo de delitos una pena mínima de tres años y una máxima de seis, y ante la falta de antecedentes condenatorios del acusado, conforme informe del Registro Nacional de Reincidencias, y de no advertir circunstancias agravantes, la pena propuesta se ajusta a derecho.

El pedido de Chacur contó con el consentimiento de Cabanay Sasso y el Defensor Oficial en lo Penal, Esteban Sala. El abogado querellante, Víctor Lazarte, se opuso al acuerdo. En las próximas horas el tribunal, integrado por su presidente, Hugo Guillermo Saá Petrino, y las vocalías de Adriana Lucero Alfonso y Julio Fernando De Viana, informará si homologa o no el acuerdo arribado entre las partes.

El juicio abreviado es una de las formas alternativas de culminar un proceso penal mediante el cual el acusado de un delito reconoce la existencia del hecho, su participación como autor, cómplice o instigador y acepta la calificación legal que le otorga a ese hecho el fiscal.

Cabanay, de 27 años, reconoció el hecho, admitió su participación y responsabilidad y aceptó la propuesta presentada por Fiscalía.

Castro trabajaba como vendedora en una zapatería ubicada en 9 de Julio casi Colón. Cuando se produjo el choque volvía a la casa que compartía con su novio, en el barrio Faecap. Transitaba en su Motomel azul 110 hacia el norte, por calle San Juan, cuando la chocó la Toyota Hilux.

El informe pericial elaborado en el marco de la causa, estableció que el conductor de la camioneta se conducía por la autovía Eva Perón en dirección de este a oeste a una velocidad superior a los 65 kilómetros por hora y al llegar a la intersección con calle San Juan traspasa el cruce de las arterias correspondientes sin atender a la luz roja del semáforo que le impedía el paso.

“Dicho cruce antirreglamentario resultó ser la causa eficiente del impacto de la motocicleta que, habilitada por el semáforo, cruzaba dicha intersección”, dice un fragmento de la acusación fiscal. El informe médico determinó que la muerte de la víctima se produjo como consecuencia de la gravedad de las lesiones producidas en el choque y que incluyeron traumatismos de tórax y encefalocraneano.

El Gobierno propuso aportes económicos para que los municipios no paguen salarios por debajo de $300.000

El gobernador Alberto Rodríguez Saá estuvo reunido este jueves por la tarde con un grupo de intendentes en La Toma y propuso que el Ejecutivo haga aportes a todos los municipios para que sus trabajadores no tengan salarios por debajo de $300.000.

Según confirmaron desde el Gobierno, cada intendente deberá decidir si acepta el aporte económico del Ejecutivo provincial.

Sin dudas, los municipios con intendentes del oficialismo aceptarán la propuesta, en especial los que tienen reclamos salariales de sus trabajadores como el de San Luis, pero probablemente los opositores también lo acepten.

“La política de la provincia y de los municipios ha sido siempre ir por encima de la inflación. Acá venimos con una propuesta voluntaria -cada municipio lo decide- consta de un acuerdo para juntos combatir la pobreza, la indigencia y tomar las medidas similares a las del Poder Ejecutivo”, manifestó el gobernador, y explicó: “La Provincia se compromete a pagar en este acuerdo, el 50% más de lo que hoy está coparticipando, para atender esta cuestión del salario, pobreza e indigencia y los municipios se comprometen a establecer un aumento salarial del 30%, pero con una cláusula de que ningún empleado municipal puede ganar menos de $300.000”, dijo Rodríguez Saá.

La firma de los convenios será este jueves a las 13 en Terrazas del Portezuelo.

“Los fondos van exclusivamente a los salarios, no es un aumento de coparticipación, es una suma que se va a establecer extra a la coparticipación y se tiene que dirigir exclusivamente al salario para que esté por encima del nivel de pobreza”, remarcó el primer mandatario provincial.

“Es muy bueno para los hermanos trabajadores municipales porque estarían ganando por encima del nivel de la pobreza”, concluyó.

Elecciones 2023: qué patrimonio declararon Milei, Bullrich, Massa, Schiaretti y Bregman

Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:

  • Según la presentación de los candidatos ante la Oficina Anticorrupción, Schiaretti es el postulante que más patrimonio declaró (más de $ 80 millones), seguido por Bullrich ($ 24,6 millones), Milei ($ 21,1 millones), Massa ($ 19,3 millones) y Bregman ($ 888 mil).
  • Schiaretti y Milei fueron los únicos postulantes que declararon ahorros en dólares (US$ 20 mil o más), mientras que Massa y Bullrich dijeron poseer más de un inmueble.
  • Los inmuebles en las declaraciones juradas se presentan a valor fiscal, es decir, al precio que le asigna el Estado para el cobro de impuestos, y no representan el valor de mercado de las propiedades. 

Por Manuel Tarricone y José Giménez, para Reverso. Publicado en La Gaceta Digital como parte de nuestra alianza con Reverso. 

Todos los candidatos y candidatas a cargos nacionales -ya sean ejecutivos o legislativos- deben presentar su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción (OA) una vez que se oficializan las candidaturas, luego de las elecciones primarias. En estas declaraciones los postulantes deben detallar sus ingresos y sus bienes.

Esta semana se publicaron los documentos oficiales que dan cuenta de los patrimonios de los 5 candidatos presidenciales: Javier Milei (La Libertad Avanza), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio), Sergio Massa (Unión por la Patria), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda y de Trabajadores). Los datos presentados corresponden al cierre del ejercicio 2022. 

¿Qué bienes declararon los 5 candidatos presidenciales?
Según las declaraciones presentadas, quien más dinero declaró es Schiaretti. El gobernador de Córdoba reportó bienes por más de $ 80 millones (equivalentes a US$ 457.462 al dólar oficial o US$ 231.706 al blue, según las cotizaciones del 30 de diciembre de 2022). Más de la mitad de ese patrimonio corresponde a una casa de 567 metros cuadrados en el Barrio Chateau Carreras, en la ciudad de Córdoba.

Esa propiedad, de acuerdo con la presentación de Schiaretti ante la OA, está valuada en $ 44,2 millones, y -según pudo averiguar Reverso, alianza coordinada por Chequeado y AFPfue declarada a valor de adquisición y no a valor fiscal (es decir, se tiene en cuenta la base que usa el fisco para el cobro de impuestos y no el valor real de la propiedad), como suele hacerse en estas presentaciones y como hicieron los demás candidatos. Desde la OA aclararon a este medio que el sistema de carga de información ofrece ambas opciones: valor de adquisición y valor fiscal.

En su presentación como gobernador de Córdoba, Schiaretti declaró esa casa en US$ 250 mil, el equivalente a $ 44,2 millones de acuerdo con la cotización oficial al 31 de diciembre de 2022, que era de $ 175,25.

Además, Schiaretti declaró casi $ 30 millones en 2 seguros de retiro (que también informó en moneda extranjera en su reporte provincial), ahorros en pesos por $ 673 mil y US$ 23.400. Se trata del candidato que más patrimonio en moneda extranjera declaró.

En comparación con el patrimonio declarado a comienzos de 2022, Schiaretti presentó un incremento patrimonial del 0,7% real (es decir, contemplando el efecto de la inflación). En dólares, la suba fue del 0,75% respecto del dólar oficial y del 4,3% según el valor del blue.  

En segundo lugar se ubica Patricia Bullrich, que reportó un patrimonio de $ 24,6 millones (equivalentes a US$ 140.494 al dólar oficial o US$ 71.160 al blue). Según los datos oficiales, el patrimonio de la candidata de Juntos por el Cambio también está representado en gran medida por inmuebles. Informó un departamento con cochera de 120 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, valuado en $ 12,7 millones; una cochera en la Ciudad valuada en $ 491 mil; y el 33% de un campo que heredó en el partido de Los Toldos, Provincia de Buenos Aires, valuado en $ 8 millones.

Además, Bullrich informó la posesión de una camioneta Ford Ecosport valuada en $ 1,3 millones. Respecto de sus ahorros, declaró casi la totalidad en pesos: informó que tiene $ 733 mil y sólo US$ 82.

Respecto al período anterior, Bullrich incrementó su patrimonio un 5,1% real en pesos, el mismo valor en dólares y el 8,9% en dólar blue.

Milei es el tercer candidato que más bienes declaró. Informó un patrimonio de $ 21,1 millones. Se compone de una casa en la Ciudad de Buenos Aires de 100 metros cuadrados y valuada en $ 6,6 millones. Además, declaró 2 vehículos: una camioneta Mercedes Benz Sprinter, fabricada en 2015 y valuada en $ 2,4 millones, y un Peugeot Rcz Coupé, hecho en 2013 y valuado en $ 3,6 millones. Por último, informó ahorros por $ 2,1 millones y US$ 20 mil.

Comparado con el período anterior, Milei declaró una caída real del 4,7% en pesos; igual porcentaje de caída en dólar oficial y del 1,3% en dólar blue.

Por su parte, Massa declaró bienes por $ 19,3 millones. El Ministro de Economía informó la titularidad de 2 casas ubicadas en Tigre, que en conjunto suman mil metros cuadrados y un valor fiscal de $ 14,4 millones. También posee una camioneta Volkswagen Tiguan modelo 2011 valuada en más de $ 2 millones y ahorros por casi $ 462 mil y sólo 33 centavos de dólar.

En comparación con el inicio del período, de la presentación de Massa se deduce que incrementó su patrimonio un 4,3% real en pesos, el mismo porcentaje respecto al dólar oficial y el 8% respecto del dólar blue.

Finalmente, Bregman es la candidata que menor cantidad de patrimonio declaró: casi $ 888 mil al cierre del año 2022. La diputada nacional informó la titularidad del 25% de una propiedad ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, por un valor fiscal de $ 30.500; depósitos en pesos por $ 843 mil y casi US$ 77.

Declaraciones juradas: valuaciones fiscales y patrimonios alejados de los reales

Sin perjuicio de que se trata de documentos oficiales y legales, las declaraciones juradas patrimoniales que se presentan ante la OA, en gran medida, no representan los patrimonios reales de los funcionarios. La razón principal de esta distancia entre la documentación oficial y la realidad es que los inmuebles y los vehículos se declaran a valor fiscal, es decir, el precio que le asigna el Estado para el cobro de impuestos, y no al valor de mercado. La Ley 26.857, que regula la presentación de las declaraciones juradas, equipara la información que debe presentarse ante la OA con la que se presenta ante la AFIP.

Las diferencias entre ambas valuaciones (fiscal y de mercado) son significativas. Sebastián Domínguez, contador público y socio de SDC asesores tributarios, explicó a Chequeado que la valuación fiscal es menor a la valuación de mercado porque las jurisdicciones provinciales no realizan la actualización de los valores de las propiedades todos los años.

Por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires la ley dispone que el revalúo debe realizarse “al menos una vez cada 10 años”. La última modificación se realizó en 2016 y comenzó a aplicarse en 2018.

“Es difícil que el Estado pueda pedir que no sean a valor fiscal. Lo que está mal es el valor fiscal que le pone el Estado a las propiedades y a los autos. Me parece que la discusión tiene que pasar por ahí y no porque pongan un valor real, porque el valor real también es muy relativo. Con un departamento, vos podés poner el valor de cuando lo compraste, por ejemplo, pero no vas a saber cuál es el valor en este momento si no lo vendés efectivamente, por eso se manejan con los valores fiscales. Habría que preguntarse por qué el Estado no actualiza esos valores en particular”, explicó a Reverso Pablo Secchi, director ejecutivo de la ONG Poder Ciudadano.

La ley que regula el sistema está vigente desde 2013. Fue impulsada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria) e incorporó algunas cuestiones positivas, como la ampliación del universo de funcionarios alcanzados y la publicidad activa en la web de la OA. Sin embargo, especialistas consideran que en algunos puntos significó un retroceso. “La ley entorpeció el sistema principalmente porque no se puede ver el patrimonio de los familiares”, explicó Secchi, quien señaló que Poder Ciudadano presentó un amparo contra la ley por este punto y lo ganó, aunque la OA argumenta que es necesaria una reforma de la ley para volver al sistema anterior, en el que sí estaban incluidos los bienes de los familiares en el anexo público. Con el sistema actual, esos bienes están en el anexo reservado, al que no se puede acceder.

Un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señala que la actual ley “posibilita que el acceso a cierta información muy relevante sea restringida a través de la reglamentación”. La ley estableció que la declaración jurada debía tener un anexo secreto con la información sensible. “Si interpretáramos textualmente la letra de la ley, sólo debería resguardarse en el anexo reservado aquella información considerada sensible, como los números de cuentas bancarias, los domicilios de bienes inmuebles y las patentes de automóviles, por citar algunos ejemplos. Sin embargo, al haber sido establecido en la reglamentación que los anexos públicos serían iguales a los formularios de la AFIP, y éstos no contienen información patrimonial de los familiares del declarante, la información referida a los cónyuges e hijos del sujeto obligado pasaron a integrar el anexo reservado”.

Lo mismo ocurrió con la información que da detalle de los empleos anteriores del funcionario, “la cual es muy útil para mantener el control sobre posibles conflictos de interés”, señaló la ACIJ. Y concluyó: “La posibilidad de controlar las variaciones del patrimonio de los familiares del sujeto obligado es muy útil para detectar eventuales casos de enriquecimiento injustificado y, asociado a ello, casos de corrupción”.

Esta nota es parte de Reverso, el proyecto periodístico colaborativo coordinado por Chequeado y AFP que une a medios y empresas de tecnología para intensificar la lucha contra la desinformación durante la campaña electoral. Las vías de contacto para sumarse son:

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Solicitan 10 años de prisión para un hombre acusado de abusar de su hija adoptiva

La fiscal de Juicio, Virginia Palacios Gonella, solicitó este miércoles al tribunal de la Cámara Penal N° 1 Residual de la Primera Circunscripción, que la causa que investiga el delito de abuso sexual con acceso carnal, donde el acusado es un hombre de 65 años, concluya bajo el procedimiento de juicio abreviado y que el imputado sea condenado a 10 años de prisión efectiva.

La víctima actualmente tiene 18 años, pero los presuntos hechos ocurrieron entre sus 11 y 15 años, cuando se encontraba bajo la guarda del imputado y su esposa. “Primero fueron tocamientos y después las situaciones fueron en aumento. El acusado aprovechaba siempre la ausencia de su mujer y también de la hermana de la víctima para perpetrar los abusos”, relató Palacios.

De acuerdo a la denuncia, los ataques contra la integridad sexual de la víctima sucedieron en la casa que la familia habitaba en el barrio Paso del Cerro de la capital puntana. En diciembre de 2019 la joven asistió a El Trapiche a un campamento organizado por la Fundación Alas y allí le contó a una de las docentes encargadas de dar una charla sobre violencia, todo lo que vivía en su casa.

El acusado reconoció los abusos, su participación y la calificación legal otorgada por el Ministerio Público Fiscal.

“Ese día ella rompió el silencio y con alto grado de angustia contó que era abusada desde los 11 años. Los hechos están cabalmente comprobados y no hay dudas que el acusado cometió esos abusos”, sostuvo la fiscal ante el tribunal.

Respecto al acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre las partes, la fiscal explicó que se buscó la no revictimización de la adolescente y que pueda cerrar esta etapa de su vida. “Ya es mucho para ella seguir escuchando lo que vivió. Creemos que a partir de ahora le damos fin a este conflicto y espero que pueda empezar una nueva vida, por eso presentamos esta solución alternativa para la culminación de la causa”, dijo Palacios.

La víctima permaneció al lado de la fiscal y cuando el tribunal le concedió la palabra prestó su conformidad para la aplicación del juicio abreviado. Al acusado se le imputa el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la condición de guardador y la situación de convivencia preexistente.

El pedido de Palacios contó además con el consentimiento del imputado y abogada defensora, Yanina Maluf. También estuvo presente María Aparicio, representante de la Secretaría de la Mujer. En los próximos días el tribunal, integrado por su presidente, Hugo Guillermo Saa Petrino, y las vocalías de Adriana Lucero Alfonso y José Luis Flores, informará si homologa o no el acuerdo arribado entre las partes.

Más obras para clubes: Unión San Luis inauguró un moderno sistema de iluminación

Este martes, Unión San Luis volvió a disfrutar de un día histórico. Alrededor de las 20:00 se prendieron las cuatro torres de iluminación que permitirán que el club del barrio Eva Perón pueda extender sus actividades durante la noche, además de generar nuevos recursos por el alquiler y cesión de su cancha principal.

Se trata de un moderno sistema de iluminación artificial con tecnología LED de vanguardia, que posee 400 watts de potencia y flujo luminoso de 52 mil lúmenes.

Ya en septiembre de 2019, a partir de un ambicioso plan de obras para clubes deportivos ejecutado por el Gobierno de San Luis, a través del Ministerio de Obras Públicas y el entonces Programa Deportes, Unión había dado un paso fundamental al inaugurar sus tribunas, vestuarios, baños, un SUM, oficinas y dos canchas auxiliares de césped sintético.

“Es muy importante que la gente que está en el Gobierno nos atienda el teléfono. Gracias por eso, porque siempre que necesitamos una mano, nos atendieron y pudimos solucionarlo”, remarcó emocionado el tesorero del club, Javier Azcurra.

La secretaria de Deportes, Cintia Ramírez, participó de la inauguración, felicitó a los dirigentes por los logros conseguidos en los últimos años y dijo: “Es muy importante que se desarrollen obras y los clubes crezcan, pero más importante es que el club esté lleno de niños, como pasa en Unión, porque ellos son el alma de los clubes”.

“Hasta el último día vamos a seguir trabajando para que todos puedan cumplir sus sueños y avanzar en el desarrollo de sus programas deportivos”, concluyó la titular de Deportes.

Sin debate, Diputados volvió a suspender la ley del 50% del presupuesto para gastos corrientes y 50% para obras públicas

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la suspensión para el presupuesto 2024 de un inciso de artículo 2 de la Ley Permanente de Presupuesto. Este inciso establece que el presupuesto provincial debe destinar una mitad del total del dinero a los gastos corrientes, como pago de salarios y servicios básicos; y la otra mitad a obras de capital. El proyecto se aprobó sin debate

Es importante mencionar que no es la primera vez que se suspende el inciso B del artículo 2 de la Ley Nº VIII-0252- 2004. Como informó La Gaceta, a fines de agosto 2020, la Legislatura sancionó la suspensión para el ejercicio económico 2021 y para el Presupuesto Plurianual 2022-2023. Por este motivo se realizó la nueva suspensión.

Al igual que en 2020, la oficialista Anabela Lucero fue la encarga de brindar la informante sobre el proyecto aprobado. Manifestó que la iniciativa salió del a Comisión de Finanzas con despacho por unanimidad. Además, en la reunión de labor parlamentaria, previa a la sesión, hubo acuerdo entre los bloque para la aprobación.

“Teniendo en cuenta las fluctuaciones macroeconómicas que por supuesto impactan sobre la economía de la provincia, el Gobierno justamente decide suspender nuevamente la vigencia del artículo 2 inciso B de la Ley Romano VIII, 52 del año 2004, Ley Permanente del Presupuesto para el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Provincial para el ejercicio 2024”, dijo Lucero en parte de su alocución.

A diferencia de 2020, en la sesión de hoy no hubo debate como se mencionó al principio de esta nota. Es decir, no hizo falta que el oficialismo defendiera el proyecto y el poggismo no lo criticó. Un motivo para la ausencia de crítica tal vez sea que el poggismo asumirá el diciembre con un presupuesto 2024 (se tratará próximamente en la Legislatura) aprobado.

 

 

Reforma Ley de Ganancias: Poggi ausente, Ponce y Zabala Chacur votaron a favor, Cacace y Bachey en contra

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó por 135 votos positivos, 103 negativos la reforma de la Ley de Ganancias. Dos de los votos a favor fueron de legisladores que representan a San Luis del oficialismo, los dos negativos son de opositores y el gobernador electo Claudio Poggi no concurrió a la sesión.

La reforma del impuesto a las ganancias establece que sólo pagarán el tributo los ingresos superiores a 15 sueldos mínimos mensuales, que actualmente representan alrededor de $1.770.000. El proyecto pasó el Senado para su sanción.

En la sesión de este martes, votaron a favor Natalia Zabala Chacur y Carlos Ponce del bloque Frente de Todos, mientras que los votos negativos fueron de Karina Bachey (PRO) y Alejadro Cacace (Evolución Radical). La ausencia de Poggi (Avanzar San Luis) fue una de las 18 que hubo en la sesión de ayer.

Hay que mencionar que el proyecto al que se le otorgó la media sanción es del oficialismo nacional y no sorprendió que los diputados que responden a Alberto Rodríguez Saá votaran a favor. Siguiendo esta lógica tampoco sorprendió que Cacace y Bachey votaran en contra.

 

Trabajan una mejora salarial para empleados de la Municipalidad de San Luis

Durante las primeras horas de la tarde se hizo público que desde la Municipalidad de San Luis se trabaja en una oferta de mejora salarial para los trabajadores municipales en un contexto de un paro iniciado por autoconvocados. Se reclama un piso salarial de $350.000 que es una mejora similar como las que anunció en gobernador Alberto Rodríguez Saá el pasado viernes.

La medida de fuerza inició el lunes y continúa hoy. Desde la mañana trascendió que hubo una reunión en Terrazas del Portezuelo con el objetivo de dar una solución al reclamo e incluso se rumoreó que habría anuncios, algo que al momento de publicación de esta nota no se materializó.

Pasadas las 15 horas se conoció un video que muestra al presidente del Concejo Deliberante, Gastón Témoli y al secretario de Gobierno, Andrés Russo, hablando con los trabajadores en la puerta de la Municipalidad de San Luis. Plantearon a los empleados que permitieran levantaran la protesta por 24 y 48 horas y se habilitara el tránsito mientras se trabaja en una oferta salarial. Otra petición que hicieron es que se permitiera el ingreso de los empleados al edificio municipal

Los trabajadores se negaron a levantar la protesta y habilitar el tránsito, pero aseguraron que no se impedía el acceso de los trabajadores al municipio, siempre que ingresaran por calle Belgrano.

“Es importante que trabajemos en un clima de paz social. Estamos trabajando, dénnos 24, 48 horas. Pido un voto de confianza”, dijo Témoli a los empleados, pero recibió negativas como respuesta.

“Estamos trabajado en esto, estamos del lado de los trabajadores, entendemos su reclamo, pero tenemos que trabajar para hacer una propuesta razonable dentro de las finanzas municipales”, respondió Russo cuando una mujer le preguntó si cobrarían fin de mes un aumento de salario.

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Es ley el alcohol cero al volante en las rutas de San Luis

El Senado puntano sancionó este martes la adhesión de la Provincia de San Luis a la Ley Nacional Alcohol Cero al Volante que consiste en la prohibición de poseer un nivel de alcohol en sangre superior a cero al momento de manejar cualquier tipo de vehículo por las rutas provinciales. Con la sanción de hoy, San Luis es la provincia 18 en prohibir al alcohol para conducir. Resta esperar que la ley sea promulgada por el Gobierno sanluiseño.

Conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente o habiendo tomado estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir. Asimismo, queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a cero (0) miligramos por litro de sangre. La autoridad de aplicación realizará el respectivo control mediante el método adecuado aprobado a tal fin por el organismo competente”, dice parte del artículo que se sancionó este martes.

Cabe recordar que a mediados de abril, el Senado de la Nación, sancionó la Ley Nacional Alcohol Cero al Volante para conductores que circulen por rutas nacionales, y la ley comenzó a regir en mayo. Por lo tanto, cuando la ley provincial sea promulgada, quedará prohibido el consumo de alcohol para conducir tanto por rutas provinciales y nacionales.

Como dice una nota de La Gaceta cuando la ley se aprobó en Diputados el 30 de agosto, una estadística de la Agencia Nacional de Seguridad Vial indica que uno de cuatro siniestros viales fatales se detectó alcohol en sangre en alguna de las personas conductoras.

Alcohol cero en otras provincias

Es importante mencionar que hay 17 provincias con leyes vigentes de alcohol cero al volante: Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Chaco, La Rioja, Buenos Aires, y posterior a la promulgación de la ley nacional se adhirieron Formosa, Santiago del Estero y Neuquén.. A las provincias mencionadas hay que sumarle la prohibición en rutas nacionales.

Provincias vitivinícolas como Mendoza y San Juan no tienen leyes de alcohol cero. Incluso sus legisladores nacionales no apoyaron la ley nacional cuando se trató en el Congreso. Lo que es más, Mendoza afirma que no adhiere al alcohol cero en rutas nacionales.