En una audiencia realizada ante el Juzgado de Garantía Nº 4, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra el ex juez civil Agustín Ruta, el ex secretario judicial Marcos Figueroa y el abogado Juan Cruz Domínguez, investigados por presuntas irregularidades vinculadas a la tramitación de una ejecución de sentencia derivada de una causa civil contra el banco Macro.

La audiencia fue presidida por la jueza de Garantía Nº 4, Luciana Banó. Actuó en representación del Ministerio Público Fiscal el Fiscal de Instrucción en lo Penal Nº 3, Esteban Roche. También participó como querellante, en representación de la familia de Néstor Nóbile, el abogado Marcos Juárez.

Comparecieron además los imputados junto a sus respectivas defensas: Marcos Figueroa, asistido por la defensora Oficial en lo Penal Nº 2, Nadia Agúndez; Juan Cruz Domínguez, acompañado por sus abogados defensores Gabriel Varela y Hugo Scarzo; y Agustín Ruta, representado por el abogado Carlos Bianchi Durán.

Según la teoría del caso expuesta por la Fiscalía, los hechos investigados se originan en un litigio civil iniciado en 2010 entre la empresa Codapri SA, representada por Domínguez, y el banco Macro, patrocinado por los abogados Néstor Nóbile y Claudia Rocha. Los hechos de esta causa fueron dados a conocer por La Gaceta Digital y su actuación en ella fue una de las razones por las cuales Agustín Ruta fue destituido como juez.

Tras años de trámite judicial, Codapri obtuvo una sentencia favorable y, paralelamente a los recursos interpuestos por el banco, se inició un incidente de ejecución de sentencia destinado a obtener el cobro de los montos reconocidos judicialmente.

En ese contexto, la acusación sostiene que el 10 de diciembre de 2020 se habría confeccionado un acta extraprocesal, es decir, un documento elaborado por fuera de las actuaciones ordinarias del expediente para dejar constancia de una supuesta reunión mantenida en el Juzgado Civil Nº 4 entre representantes de ambas partes.

De acuerdo con el contenido del acta, los abogados Juan Cruz Domínguez y Néstor Nóbile habrían acordado no recurrir determinadas decisiones judiciales vinculadas al embargo, el plazo fijo y la disponibilidad del dinero. Cabe señalar que Domínguez es el mismo abogado que también fue imputado por la causa conocido como la “Mafia de las Escrituras”, que también fue dada a conocer por este medio, y ha sido señalado como el líder de esta organización criminal.

La Fiscalía sostiene que esa reunión nunca existió y que el acta es falsa. Uno de los puntos centrales de la acusación es que el documento sólo aparece firmado por el entonces secretario Marcos Figueroa, sin la firma de los supuestos participantes.

Además, la acusación destacó un dato considerado especialmente relevante: el acta fue incorporada al expediente recién el 1° de septiembre de 2021, aproximadamente nueve meses después de la supuesta reunión y con posterioridad al fallecimiento del abogado Néstor Nóbile, quien aparecía mencionado en el documento como una de las personas que habría prestado conformidad al acuerdo.

Según la Fiscalía, esa circunstancia adquiere especial importancia porque, entre la fecha de la supuesta reunión y la incorporación del acta al expediente, falleció quien podía confirmar o negar directamente el contenido atribuido al documento.

Entre los elementos mencionados como indicios de que el delito se habría cometido figuran también informes de trazabilidad elaborados durante el período de restricciones sanitarias por Covid, que no registrarían el ingreso de algunos de los supuestos asistentes al edificio judicial; análisis técnicos sobre el archivo digital del acta; declaraciones de empleados judiciales; y testimonios de familiares de Néstor Nóbile, quienes afirmaron que el abogado permaneció con ellos durante la mañana del 10 de diciembre de 2020 debido a que era su cumpleaños.

La fiscalía sostiene que el documento fue luego utilizado para respaldar decisiones adoptadas dentro del incidente de ejecución de sentencia, particularmente aquellas relacionadas con la liberación y transferencia de fondos millonarios. Según la acusación, el ex juez Ruta se apoyó en la supuesta existencia de un acuerdo entre las partes para considerar consentidas determinadas resoluciones judiciales y avanzar con movimientos de dinero en favor de Codapri S.A.

En ese marco, la Fiscalía atribuyó a Agustín Ruta y Marcos Figueroa, en carácter de coautores, los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica, mientras que a Juan Cruz Domínguez le imputó falsedad ideológica, aclarando que se trata de una calificación legal provisoria.

Por su parte, las defensas cuestionaron la hipótesis acusatoria desde distintos enfoques. Por ejemplo, la defensa de Domínguez, ejercida por Hugo Scarzo, planteó la “atipicidad manifiesta de los hechos”, es decir, sostuvo que, aun tomando como ciertos los hechos descriptos por la Fiscalía, estos no configuran delito ni encuadran en los tipos penales imputados. Además, afirmó que el acta careció de efectos perjudiciales dentro del expediente civil y argumentó que el documento no fue determinante para las resoluciones vinculadas al movimiento de fondos.

La defensa de Ruta sostuvo que las actuaciones atribuidas al ex magistrado se encuadraron en el ejercicio de sus deberes jurisdiccionales y remarcó la diferencia entre el decreto judicial dictado por el juez y la constancia confeccionada por Secretaría.

En el caso de Marcos Figueroa, la defensa oficial no formuló objeciones a la formulación de cargos, al considerar cumplidos los requisitos previstos en el artículo 110 del Código Procesal Penal, aunque dejó expresamente aclarado que ello no implicaba admitir los hechos ni la participación atribuida a su asistido.

Tras escuchar a las partes, la jueza Luciana Banó tuvo por formulados los cargos e hizo lugar a las medidas de coerción solicitadas por la Fiscalía. La medida impuesta consiste en la obligación de los imputados de presentarse a firmar una vez por mes el libro de procesados durante 120 días, con el objeto de asegurar su sujeción al proceso mientras continúa la investigación penal preparatoria.

Este jueves comenzó el juicio que investiga el accionar de Jonathan Raúl Andrada Villagra, acusado de delitos contra la integridad sexual, física y psicológica de ocho mujeres. Por la complejidad de la causa, el debate se dispuso bajo una modalidad particular ya que fue organizado, con acuerdo de las partes, en bloques de dos víctimas por jornada.

De este modo, durante el primer día de audiencia la fiscal de Juicio, Virginia Palacios, en conjunto con la fiscal de Género N° 1, Delia Bringas, desarrollaron la teoría del caso correspondiente a esas dos víctimas, instancia en la que también se recepcionó sus testimonios y las declaraciones de los testigos que propuso la Fiscalía vinculados a esos hechos. La misma dinámica se repetirá durante las próximas jornadas consecutivas hasta completar la totalidad de las damnificadas.

El tribunal a cargo del debate está integrado por José Luis Flores, en la presidencia, y las juezas Adriana Lucero Alfonso y María Eugenia Zavala Chacur, en las vocalías.

Andrada Villagra, de 35 años, enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal, privación ilegítima de la libertad, lesiones leves y lesiones graves, agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, además de daños; todos en concurso real.

Los delitos que se le endilgan se cometieron presuntamente entre el 2014 y 2025 y según la investigación llevada adelante por la Fiscalía, el acusado contactaba a las víctimas a través de las redes sociales y que una vez que se ganaba la confianza ejercía todo tipo de violencia.

El primer testimonio que recepcionó el tribunal fue el de una mujer que conoció a Andrada por Facebook en 2013. Dijo que con el tiempo comenzaron a salir a correr y así entablaron un vínculo cercano. En su relato, atravesado por momentos de llantos, la mujer dijo que entre el 2014 y 2016, fue víctima de hechos de violencia sexual presuntamente cometidos por el imputado.

La joven relató que sufrió situaciones de hostigamiento, intimidaciones y amenazas que generaron un contexto de sometimiento y vulnerabilidad, y que, a mediados de 2016, fue interceptada en la vía pública y trasladada por la fuerza a un domicilio, donde habría sufrido agresiones físicas, amenazas con un arma de fuego, abuso sexual y privación ilegítima de la libertad durante varias horas. De acuerdo con el relato, la mujer logró retirarse del lugar aprovechando una circunstancia que le permitió escapar y poner fin a la situación denunciada.

La psicóloga del Blanca Quiroga del Departamento de Psicología del Poder Judicial también declaró en el debate y dio detalles de la pericia que le realizó a la primera denunciante.

La segunda víctima en declarar dijo que conoció a Andrada entre 2017 y 2018 y que mantuvo una relación de pareja con el imputado, iniciada a partir de un contacto por redes sociales. Según su relato, durante el vínculo se habrían registrado reiterados episodios de violencia física, sexual y psicológica ejercidos por el acusado, en un contexto de agresiones, amenazas y conductas destinadas a ejercer control y sometimiento sobre la víctima.

Entre los hechos relatados se incluyen amenazas que pusieron en riesgo su integridad física y nuevas agresiones ocurridas hacia el final del vínculo, una de ellas presenciada por un menor de edad. Tras un episodio de violencia que requirió atención médica, la mujer logró alejarse definitivamente del imputado y cesó todo contacto con él.

El joven investigado se abstuvo de declarar y en algunos pasajes de los alegatos de apertura que realizaba la fiscal Virginia Palacios se reía y movía la cabeza. Hizo lo mismo cuando declaró la primera denunciante, actitud que fue reprendida por el juez Flores.

El imputado está privado de la libertad en el Complejo Penitenciario N° 1 desde principios de 2025 y llega a juicio con un pedido de pena de 25 años de prisión.

El defensor de Juicio Esteban Sala, quien ejerce la defensa de Andrada, cuestionó la solidez de la acusación fiscal y sostuvo que la cantidad de hechos atribuidos no implica necesariamente un mayor respaldo probatorio. En ese sentido, expresó: “La cantidad no significa calidad” y afirmó que la Fiscalía “se ha empecinado por traer múltiples acusaciones a juicio, las cuales carecen en su mayoría de sustento probatorio siquiera para estar en esta instancia”.

Asimismo, señaló que el paso del tiempo dificulta el ejercicio de la defensa, al indicar que su asistido “más de diez años después, tiene que venir a defenderse de cuestiones alejadas en el tiempo”. Por otro lado, adelantó que la estrategia defensiva buscará cuestionar la versión sostenida por la acusación y señaló que intentará demostrar “el concierto de al menos algunas de las víctimas en denunciar exactamente el mismo día”.

Finalmente, ratificó la postura de la defensa respecto de la inocencia del acusado, indicando que “esta defensa sostiene la inocencia del señor Andrada Villagra solicitándose ya la absolución”, y adelantó la presentación de testigos durante el desarrollo del debate. El juicio continuará mañana a las 9 horas.

Fuente: Prensa Poder Judicial

Este jueves, después de dos audiencias fallidas, el Juzgado de Garantía Nº 3 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo del juez Marcos Flores Leyes, tuvo por formulados cargos contra Nicolás Vicente Anzulovich, investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito mientras se desempeñó como funcionario público del gobierno de la provincia de San Luis, declaró la causa como compleja y dispuso medidas cautelares de control y patrimoniales. Sin embargo, rechazó el pedido de prisión preventiva impulsado por la querella y la suspensión laboral solicitada por la Fiscalía.

La audiencia fue impulsada por la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 1, representada por el fiscal Francisco Assat y el fiscal adjunto Juan Pablo Estopiñán. Participó además como querellante la Fiscalía de Estado de la Provincia, representada por el abogado Santiago Calderón Salomón. La defensa del imputado estuvo a cargo de los abogados Cristóbal Ibáñez y Nedo Gómez.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal expuso su hipótesis del caso y sostuvo que la investigación se centra en un presunto incremento patrimonial no compatible con los ingresos declarados por Anzulovich durante el período 2019–2023.

Según la acusación, Anzulovich se desempeñó en distintos cargos dentro del Poder Ejecutivo provincial entre 2013 y 2023. El período bajo investigación corresponde a las funciones que ejerció primero como coordinador de DOSEP y posteriormente como ministro de Desarrollo Social.

Fiscalía explicó que la causa se inició a partir de una denuncia presentada por una empleada del Plan de Inclusión Social. A raíz de ello, Anzulovich fue intimado a presentar una declaración jurada patrimonial, la cual fue sometida a una auditoría realizada por una perito contable del Poder Judicial. De ese análisis —según la acusación— surgieron inconsistencias entre los ingresos formalmente registrados, la evolución patrimonial observada y el nivel de vida atribuido al investigado.

Los fiscales remarcaron que, por la propia naturaleza del delito de enriquecimiento ilícito, este tipo de investigaciones no se limitan a comparar ingresos declarados y bienes registrados, sino que requieren reconstruir integralmente el circuito patrimonial, identificar posibles “personas interpuestas” —es decir, terceros que podrían figurar formalmente como titulares de bienes o negocios pertenecientes en realidad al investigado—, analizar relaciones económicas indirectas, activos registrados a nombre de otras personas y eventuales mecanismos de ocultamiento patrimonial.

En esa línea, Assat y Estopiñán argumentaron que la investigación aún se encuentra en una etapa preliminar y que restan medidas probatorias vinculadas con pericias complementarias, informes bancarios, reconstrucción patrimonial, identificación de bienes y eventuales acciones orientadas al recupero de activos.

La Fiscalía solicitó además que la causa fuera declarada compleja -es decir que el trámite de la causa se extienda por más tiempo del estipulado en el Código Procesal Penal-, al considerar que el caso presenta características propias de investigaciones sobre criminalidad económica y corrupción pública, donde suelen intervenir estructuras patrimoniales difíciles de reconstruir y diligencias técnicas que demandan plazos superiores a los ordinarios.

Asimismo, requirió medidas de coerción destinadas a garantizar el sometimiento del imputado al proceso: firma periódica del libro de imputados, prohibición de salida de la provincia, suspensión preventiva de sus funciones judiciales e inhibición general de bienes.

Respecto del pedido de suspensión laboral, la acusación sostuvo que Anzulovich actualmente trabaja dentro del Poder Judicial y posee conocimiento del funcionamiento institucional, acceso a sistemas internos y vínculos funcionales que, según Fiscalía, podrían representar un riesgo potencial para el normal desarrollo de la investigación.

La Fiscalía de Estado, en carácter de querellante, adhirió íntegramente a la formulación de cargos y al planteo de causa compleja.

El abogado Santiago Calderón Salomón sostuvo que lo investigado no es simplemente un incremento patrimonial, sino la eventual ausencia de justificación adecuada del patrimonio en relación con los ingresos declarados, en el marco del deber especial de rendición de cuentas exigible a quienes ejercen funciones públicas.

La querella afirmó que la investigación recién comienza y que aún deben profundizarse líneas vinculadas con terceros relacionados, sociedades, comercios, vehículos, bienes no registrados y otras estructuras patrimoniales indirectas.

En materia cautelar, acompañó los pedidos de Fiscalía e incluso requirió prisión preventiva —o subsidiariamente prisión domiciliaria—, argumentando que las restantes medidas resultarían insuficientes frente al eventual riesgo de entorpecimiento procesal.

La defensa de Anzulovich rechazó de manera integral la formulación de cargos, cuestionó severamente la pericia contable oficial y sostuvo que el análisis patrimonial sobre el que se apoya la acusación contiene errores metodológicos, inconsistencias técnicas y conclusiones equivocadas.

Los defensores remarcaron que la diferencia patrimonial atribuida por la pericia rondaría aproximadamente los nueve millones de pesos, monto que consideraron insuficiente para configurar un incremento patrimonial “apreciable” en los términos del artículo 268 del Código Penal.

Asimismo, rechazaron todas las medidas cautelares solicitadas por Fiscalía y querella, invocando falta de proporcionalidad, inexistencia de peligro de fuga y ausencia de riesgo concreto de entorpecimiento.

Sostuvieron además que el imputado es objeto de un “hostigamiento desmesurado” y una “estigmatización”, cuestionando que el ejercicio de recursos, planteos procesales y exigencias vinculadas al debido proceso hayan sido interpretados como maniobras dilatorias o conductas obstructivas.

Los defensores afirmaron que todas sus intervenciones procesales se limitaron al ejercicio legítimo del derecho de defensa y rechazaron cualquier insinuación respecto de una supuesta voluntad de evitar la audiencia o frustrar la investigación.

La decisión del juez
Al resolver, el juez Marcos Flores Leyes consideró que la audiencia de formulación de cargos posee naturaleza preliminar y que los cuestionamientos defensivos vinculados a la prueba y al monto investigado no resultaban suficientes, en esta etapa, para impedir el avance del proceso.

En consecuencia, tuvo por formulados cargos contra Anzulovich y declaró la investigación como causa compleja, habilitando un plazo ampliado de investigación.

En materia cautelar, el magistrado rechazó la prisión preventiva y la prisión domiciliaria subsidiaria solicitadas por la querella, al entender que no se acreditaron riesgos procesales suficientes para justificar la medida más gravosa del sistema.

No obstante, hizo lugar a medidas de menor intensidad: dispuso firma periódica ante Fiscalía entre los días 1 y 10 de cada mes por seis meses, prohibición de salida del territorio provincial por igual plazo e inhibición general de bienes.

En cambio, rechazó la suspensión preventiva de las funciones judiciales del imputado, al considerar que no se acreditó, al menos por el momento, un riesgo concreto de entorpecimiento derivado de su actividad laboral. También ponderó que una medida de esa naturaleza podría afectar derechos laborales y alimentarios, además de involucrar competencias propias del Superior Tribunal de Justicia.

Fuente: Prensa Poder Judicial