El secretario general de ATE San Luis, Fernando Gatica, hizo declaraciones sobre la orden de restricción de acercamiento al intendente capitalino, Gastón Hissa, que le impuso la Justicia provincial por 60 días en el marco de la causa por la protesta en el edificio de la Municipalidad de San Luis. Además, el sindicalista reiteró el reclamo para que se reincorporen 250 trabajadores municipales despedidos y el pago del premio anual que no se realizó hasta el momento.

“Quieren desviar el foco de atención en esto de judicializar la protesta y no tratar el verdadero problema. El intendente Hissa lo que tiene que hacer es solucionar los problemas de los trabajadores y no tendría ninguno de estos inconvenientes. Evidentemente todos estos miedos, todos estos fantasmas que tiene el intendente Hissa, y los funcionarios, los tendrían que tratar en terapia, tendrían que ver cómo lo solucionan y no a través de la justicia.

Como publicó La Gaceta este jueves, el juez de Garantía N° 1, Juan Manuel Montiveros Chada, fue quien dispuso la orden de restricción de acercamiento para que Gatica y dos integrantes de la comisión de ATE, no puedan acercarse a menos de 300 metros del jefe comunal ya sea cuando esté en la Municipalidad, su hogar o lugar de esparcimiento.

“Es tan ridículo esto que expone también Hissa a la Justicia. A nosotros nos coartaría cualquier tipo de libertades que tenemos para reclamar y para manifestarnos, derechos constitucionales. La ridiculez de usar la Justicia en este sentido. Nosotros vamos a ir a la Justicia también para manifestarnos en contra de esta decisión y vamos a recusar al juez, obviamente, porque hay un exceso en la determinación que se ha tomado. Este juez se ha apurado en tomar esta decisión, quizás para quedar bien con el gobierno actual y que ha tomado una decisión totalmente para nosotros equivocada”, consideró Gatica.

Cuando se le realizó la entrevista al gremialista, la Justicia no lo había notificado sobre la restricción de acercamiento.

El sindicalista mencionó que es la primera vez se le impone este tipo de medida judicial incluso cuando se han tomado medidas “que rozan con lo que no se debe hacer” para defender a los trabajadores. Para el secretario es “mucho más violento echar 250 trabajadores y que en ese grupo que haya mujeres embarazadas”.

Hace varios días, Hissa envió una carta documento a Gatica intimándolo a que pague $6.800.000 por la rotura de las bisagras de la puerta de la Municipalidad. Gatica definió la suma como “ridícula”.

Por otra parte, reiteró que la Municipalidad de San Luis adeuda el pago a sus trabajadores del premio anual. También debe dos meses de los aportes sindicales que por ley corresponden a ATE, a pesar que les hicieron los descuentos en los salarios.
[adinserter block=”1″]

El Ministerio de Economía de la Nación emitió un comunicado en el que anunció la eliminación del Fondo Compensador del Interior, que es el subsidio a las empresas de transportes del servicio urbano e interurbano de pasajeros del interior del país. Desde el Gobierno provincial manifestaron preocupación por la quita del subsidio porque en San Luis representa el 38% del valor del boleto.

Desde el Gobierno nacional comunicaron que se subsidiará el boleto directamente a los usuarios “que más lo necesitan” a través de la SUBE. Por otra parte, hay que mencionar que las empresas de transporte interurbano en San Luis no están actualmente en el régimen de la SUBE. En este sentido, el Ejecutivo provincial días atrás decidió avanzar al respecto.

En la actualidad en la provincia de San Luis, por cada $100 que ingresan a las empresas de colectivos, $45 los aporta el Estado provincial, $38 el Estado nacional y los $17 restantes provienen de la tarifa que paga el usuario.

El Gobierno Nacional, cumpliendo con uno de los objetivos trazados al inicio de la gestión, ha decidido disminuir el subsidio a las empresas prestatarias (oferta) de Jurisdicción Nacional, para concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa, canalizando dicha asistencia a través de SUBE”, dice parte del comunicado de Nación.

El secretario de Transporte de la provincia, Víctor Cianchino, manifestó: “La medida la conocimos en horas del mediodía, estamos preocupados por lo que significa presupuestariamente para el sistema. Seguramente en los próximos días podremos acceder a mayor información, algo que nos brinde claridad sobre la decisión tomada por Nación. Siendo que somos un país que se reconoce como federal, nos llama la atención que se informe que la medida afecta solo al interior, tal como dice el comunicado de prensa, desconociendo si esta resolución u otra similar, afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”.

“Claramente en estos momentos nuestra principal preocupación ésta enfocada en la sostenibilidad del sistema de transporte público de pasajeros, los usuarios y la estabilidad laboral de los trabajadores”, destacó el titular de la cartera.

Durante el año 2023, la Nación aportó en concepto de subsidios un total al $1.774 Millones, de los cuales, la empresa que gestiona el transporte urbano de la capital provincial, Transpuntano, recibió $886.480.000 para el funcionamiento del servicio.

En este contexto, la secretaría de Transporte solicitó con carácter de urgente una nueva audiencia con el secretario de Transporte de la Nación. El propósito es abordar en detalle la preocupante reducción de los subsidios nacionales y avanzar de manera inmediata en la implementación de la tarjeta SUBE en San Luis.

Tres empleados de la librería Galerna, ubicada en Riadavia y 9 de Julio, se manifestaron en la puerta del local para visibilizar lo que les sucede. Afirman que desde hace varios días la librería está cerrada, se les niega acceso al lugar de trabajo, no han cobrado sus salarios, y la patronal no les aclara la situación laboral.

Galerna es una cadena nacional de librerías, editorial y distribuidora de libros fundada en 1967. Tiene 17 sucursales, según dice su sitio web.

Durante el mediodía de este jueves, la librería estaba con custodia policial mientras se retiraban libros del local. A pocos metros estaban los tres empleados dando a conocer lo que les sucede.

Bruno, uno de los trabajadores, contó que el lunes 29 de enero, fue al local sin previo aviso el gerente general de la cadena Galerna con un acta y una lista de libros supuestamente faltantes para tener una causa de despido. “No quisimos firmar, nos echaron con nuestras cosas, le pusieron un candado. Han pasado nueve días y hasta ahora no nos ha llegado ni un telegrama de despido para clarificar el asunto, no nos han pagado el sueldo”, detalló el trabajador.

Durante los días que la librería ha permanecido cerrada, Bruno sostiene que en una camioneta de Galerna se han estado llevando libros. “Están vaciando todo y no nos dan ninguna respuesta”, manifestó.

Patricia, otra de las empleadas de la librería, comentó que no había manera de corroborar que los libros que les pedían de la lista no estuvieran en el local “porque nunca tuvimos acceso ni manera de controlar ese stock. Eran muy burdos los faltantes de algunos libros que habían llegado hace muy poquito tiempo y nos decían que faltaban un montón”.

“Es todo muy irregular, está todo por fuera de la ley, al nosotros no tener un telegrama de despido todavía estamos vinculados a la empresa. Entonces ellos pueden inventar un montón de cosas como causarles despidos que son mentiras”, expresó Enzo.

Los tres trabajadores están en blanco. En el caso de Patricia y Enzo hace cinco años y medio que son empleados, mientras que Bruno hace cuatro y medio.

Otro detalle que aportó Patricia es que desde hace 15 días comenzaron a imponerles sanciones y suspensiones.

La Gaceta les preguntó si les habían dicho o escuchado algún rumor de cierre de la librería. Bruno respondió que les habían manifestado que se iban a mudar de local.

“Lo que estamos pidiendo básicamente es que nos manden el telegrama con todo lo que ellos aleguen, pero que nos paguen primero y principal, y legalmente el sueldo”, sintetizó Patricia.

El próximo paso que tomarán los empleados es mandarles carta documento a la empresa para que les aclare su situación laboral.
[adinserter block=”1″]

La Justicia dispuso que el secretario general de ATE San Luis, Fernando Gatica, y otros integrantes del gremio, no pueden acercase al intendente capitalino, Gastón Hissa, por el término de 60 días en una distancia menor a 300 metros. La medida restrictiva incluye al edificio municipal, hogar de Hissa, lugar de esparcimiento, etc. Otro aspecto de la medida es que impide que puedan contactar al intendente por cualquier vía como puede ser telefónica o virtual.

La medida judicial fue ordenada por el juez de Garantía N° 1, Juan Manuel Montiveros Chada por pedido de un fiscal adjunto en el marco de la causa judicial que Hissa, y un par de funcionarios municipales, le iniciaron a Gatica e integrantes de ATE por una manifestación en protesta por decenas de despidos en la municipalidad de San Luis.

La protesta comenzó en la vereda de la Municipalidad y terminó con Gatica forzando las puertas del edificio que permitió con los manifestantes ingresaran al edificio donde permanecieron por varias horas.

Además de Gatica, las otras personas incluidas en la orden de restricción de acercamiento son Florencia Gisella Mendoza y Walter Damián Barroso.
[adinserter block=”1″]

El juez Juan Manuel Montiveros Chada volvió a extender la prisión preventiva de Jonathan Sandoval, el hombre acusado de homicidio simple por atropellar y matar a la joven Rocío Amancay Pedernera. La nueva preventiva que le impuso el juez es de 50 días.

“El señor juez entendió que aún existe el riesgo procesal. Se ha planteado la acusación de una calificación legal con una pena bastante sustanciosa, sumado a ciertas actitudes que hubo durante el comienzo de la investigación por parte del imputado, hacen prever el peligro procesal”, detalló Augusto Aguilera, abogado de la familia de Amancay.

En la audiencia de este jueves, la Fiscalía pidió que la preventiva sea extendida por 90 días y la querella adhirió al pedido. Sandoval está con prisión preventiva desde agosto de 2023. Inicialmente se le impusieron 120 días, y en diciembre, se le extendió la preventiva por 60. Esta mañana se agregaron 50 días.

El abogado estimó que en caso de ser declarado culpable por el homicidio simple de Amancay le podría caber a Sandoval la pena de 16 años de prisión.

“La familia ha hecho un pedido de Justicia y la Justicia le tiene que ser servida, le tiene que responder. Espero que de modo rápido y del modo en que esperamos”, concluyó Aguilera.
[adinserter block=”1″]

La investigación del fiscal Guillermo Marijuan indica hasta el momento, que en 20 distritos de Argentina, más de 9.000 personas cobraron el plan social nacional Potenciar Trabajo y al mismo tiempo se desempeñaban como empleados públicos provinciales. En San Luis se habrían detectado 46 personas que cobraron este beneficio, según surge de un artículo publicado por Infobae. El monto que se percibe por Potenciar Trabajo es el 50% al monto del salario mínimo vital y móvil. En enero el beneficio fue de $78.000.

El fiscal solicitó a fiscales y magistrados de los distritos donde se detectaron las incompatibilidades que “se proceda a ordenar al área del Ministerio de Capital Humano, que actualmente gestiona el Programa Potenciar Trabajo, que suspenda los planes involucrados, sin perjuicio de un reempadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del Programa” para “hacer cesar los efectos del delito procediendo a la suspensión y/o baja de estos beneficios percibidos en clara transgresión a la normativa y al espíritu perseguido por el Estado Nacional al momento de su creación”.

El desfalco estimado al Estado nacional es $705.198.000 por mes y cercano a los $8.000 millones al año.

A nivel nacional en San Luis es por ahora donde se detectó la menor cantidad de casos. En Buenos Aires (2.243), Tucumán (1.135) y La Rioja (1.060) se registraron la mayor cantidad de irregularidades.

La cifra de 9.000 a nivel nacional no es definitiva, ya que falta la información de Tierra del Fuego, Chubut, La Pampa y Catamarca.

8.000 bajas del plan provincial

A mediados de enero, el Gobierno provincial dio de baja 8.055 beneficiarios del Plan de Inclusión por incumplimientos de los requsitos para acceder al beneficio. En la información relevada, se detectó que había 12 personas fallecidas, 252 que no residían en la provincia, 110 menores de edad y 2.619 ciudadanos que excedían el límite etario requerido por la legislación para acceder a los diferentes planes destinados a los jóvenes.

A estos 2.993 casos que venían cobrando sin cumplir con los requisitos legales para la percepción de los mismos, se suman 5.062 personas que no se presentaron de manera personal durante los días previstos para el censo, ni durante los días de prórroga que se otorgaron para tal fin.

Finalizadas las bajas, el Plan de Inclusión quedó con 35.515 beneficiarios a enero de 2024.
[adinserter block=”1″]